Esta semana marcará contrastes en el Congreso federal. Mientras beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que forman parte del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) llevan a cabo dos días de cabildeo visitando legisladores, en el Comité Judicial de la Cámara Baja los republicanos continuarán perdiendo el tiempo con su teatro político para tratar de destituir al Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas. ¿Su “argumento”?: “Abandono del deber” en su manejo de la frontera.
Las prioridades son cada vez más evidentes: quienes luchan por un Estados Unidos incluyente, fuerte, próspero, diverso y democrático tocan puertas para solucionar problemas y avanzar; quienes prefieren a la supremacía como estilo de vida cierran esas puertas y asumen posiciones inquisitoriales para destruir la idea y la imagen de un país con esperanza.
Es decir, mientras hay tantos asuntos pendientes en el frente migratorio que necesitan soluciones sensatas y prontas, como es el caso de los beneficiarios del TPS, o de DACA, o los 11 millones de indocumentados, los republicanos que controlan la Cámara Baja y, por ende, los comités clave, se dedican a fabricar crisis en donde no las hay para complacer a su base política antiinmigrante.
Se trata únicamente de utilizar la mayoría para destilar veneno contra los inmigrantes y contra un funcionario que dicho sea de paso llegó a este país procedente de Cuba como refugiado, que es hispano y judío; de manera que los detalles racistas de las intenciones republicanas no pasan desapercibidos. Después de todo, son los mismos republicanos que emplean lenguaje de supremacistas blancos para atacar a los inmigrantes y a funcionarios como Mayorkas,
En el fondo de eso se trata el circo que los republicanos han montado contra un migrante que al paso de los años se convirtió en parte de un gabinete demócrata. Es decir, la idea es deshacerse de él políticamente porque “no los representa”. Es la misma actitud que el ala conservadora más recalcitrante mostró con Barack Obama como presidente, y que aún hoy no se reponen de que un afrodescendiente haya llegado por la vía democrática a la Casa Blanca.
Más aún, dicen que hay que destituir a Mayorkas por “abandonar” su deber de controlar la frontera en momentos en que las cifras de detenciones y cruces fronterizos están en sus niveles más bajos en la presidencia de Joe Biden, y cuando el fin del Título 42 no generó el caos que ellos anticipaban.
Y lo hacen cuando los únicos que están generando una crisis migratoria a nivel humanitario y económico son gobernadores republicanos como Greg Abbott, en Texas, y Ron DeSantis, en Florida. Abbott se cree con el derecho de intervenir en la ley federal de inmigración a gusto y gana instalando boyas o alambre de concertina en la frontera; o violentando la humanidad de los migrantes negándoles agua, devolviéndolos al Río Grande o enviándolos como mercancía a su suerte a ciudades y estados gobernados por demócratas.
Por su parte, DeSantis, experto en esto último, promulgó una ley que, aparte de la crisis humanitaria, está afectando la economía de su estado. Pero el daño en Florida y, por ende, en todo el país ya está hecho. Y aunque a los republicanos más racistas y xenófobos parece no importarles lo que diga la nación y el mundo, debido a su arrogancia en toda la extensión de la palabra, el tejido social que también los cobijaba a ellos se ha ido deshilachando poco a poco, sin que de su parte exista la intención de enmendarlo.
Mientras estos republicanos optan por el racismo, la xenofobia, la obstrucción y la mala fe en el frente migratorio, el mundo real sigue su curso y los migrantes que ejercen funciones vitales en nuestra economía y diario vivir siguen adelante con un empeño digno de admirar. De hecho, son el mejor ejemplo de lo que significa el espíritu estadounidense, ese que entrega todo por el bien común, que se solidariza con las causas más nobles y que no teme abrirse paso ante la adversidad.
Nos referimos a migrantes como Norma, una beneficiaria de TPS, de El Salvador, quien lleva más de 23 años en Estados Unidos. Ella es una trabajadora esencial en Los Ángeles, California, que ha cuidado a personas de la tercera edad a domicilio durante los pasados 15 años. Pertenece al Local 2015 del SEIU, es dueña de su propia casa. Vive con su esposo, y sus dos hijas son beneficiarias de DACA.
Norma visitará a legisladores en el Congreso con una clara misión: “Me gustaría que así como yo fui beneficiada con el TPS, hay muchas familias que también necesitan esa oportunidad. Especialmente los de Guatemala y los países de Centroamérica que podrían calificar para el TPS”.
Los participantes de estos dos días de cabildeo solicitan apoyo de los legisladores para que el presidente Biden redesigne el TPS para El Salvador, Nicaragua, Honduras y Nepal, y lo conceda a Guatemala y otras naciones que lo requieran.
“Sé que si les dan una oportunidad a esas familias y se les otorga el TPS, ellas podrán desarrollarse y aportar plenamente a la economía de Estados Unidos”, agregó. “Nosotros, los inmigrantes, llegamos a trabajar duro a este país. Hemos contribuido a este país desde que se nos dio ese permiso. Pagamos nuestros impuestos. Cumplimos con la ley”.
“Ningún trabajo nos hace arrugas. No importa lo que sea, mientras que nos valoren y respeten como trabajadores y seres humanos, vamos a trabajar duro”, concluyó.
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