La falta de una reforma migratoria a nivel legislativo limita los mecanismos para que las personas emigren hacia Estados Unidos de manera regular, y cuando se establecen programas ejecutivos y administrativos, como lo es el permiso para que estadounidenses auspicien a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) que llenen ciertos requisitos, de inmediato la oposición republicana se activa para bloquearlos.
La respuesta es clara: para los republicanos es solo un juego político cuyo único propósito es oponerse a todo lo que huela a minorías, sobre todo si provienen de la región latinoamericana. Para quienes buscan soluciones desde el punto de vista humanitario es incluso un asunto de vida o muerte, en el que las vidas humanas son precisamente la prioridad.
El 24 de agosto hay una audiencia del caso Texas v. DHS sobre la demanda interpuesta por Texas y otros 20 estados republicanos en contra de este programa, que se inspira en el creado para los ucranianos a raíz de la guerra con Rusia en abril de 2022. En octubre de ese mismo año se establece un programa similar para venezolanos, y el 5 de enero de 2023 se amplía para incluir a ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua.
En ese momento, ante el inminente fin del Título 42, la idea de la administración de Joe Biden era quitarle presión a la frontera y evitar que más personas siguieran arriesgando sus vidas en las travesías hacia Estados Unidos. Con este programa, un estadounidense puede auspiciar a un inmigrante que llene ciertos requisitos; y si su solicitud se aprueba, la persona obtiene un permiso de dos años para residir en el país.
Pero los estados gobernados por republicanos argumentan que el programa se implementó sin seguir los procesos establecidos y “constituyen el uso no autorizado” de la autoridad legal de permisos. Lo curioso es que, como hemos dicho, esos mismos estados no se quejaron cuando el programa se creó para los ucranianos, pero lo hacen cuando los beneficiados son latinoamericanos.
El caso se dilucida en el Distrito Sur de Texas en Victoria, ante el juez Drew Tipton, nombrado por Donald Trump, quien ya ha bloqueado iniciativas migratorias de Biden. El Departamento de Justicia solicitó, sin éxito, que el caso cambiara de jurisdicción. El juez denegó la moción indicando que era especulativo afirmar que estaría prejuiciado en contra de la administración Biden.
En marzo siete ciudadanos estadounidenses que han solicitado patrocinar no ciudadanos o están en proceso de hacerlo, radicaron una moción para que se les permita figurar como acusados en el caso junto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para defender la legalidad del programa. Son representados por el Justice Action Center, RAICES y el Center for Immigration Law and Policy (CILP), de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Los Ángeles.
Uno de esos patrocinadores es el profesor Germán Cadenas, un ciudadano estadounidense de origen venezolano, quien logró traer a su tío Nelson a través de este programa.
“Mi tío siempre fue una persona que apoyó a mi familia toda mi vida y siempre fue como una figura paterna. Es una persona muy importante que de verdad se merece una oportunidad aquí en Estados Unidos”, indicó el doctor Cadenas.
Para el profesor asistente en el programa de consejería en psicología de la Universidad Lehigh, el programa de permisos es importante porque es una vía para que las familias se reunifiquen ante la falta de mecanismos legales para hacerlo, dada la ausencia de una reforma migratoria. Sobre todo cuando son personas que están atravesando situaciones difíciles en sus países de origen.
“Me parece que este programa es necesario, positivo, bueno, especialmente para familias que tienen (seres) queridos donde hay crisis bastante graves. Es un paso hacia adelante para tener un sistema de inmigración más humanitario”, indicó Cadenas.
“Por eso es que este programa es tan importante, porque está ayudando a muchas familias a que estén unidas de nuevo. En los últimos 20 años, el tiempo que he estado en EEUU, las leyes de inmigración se han vuelto más y más restrictivas, más estrictas y más antiinmigrantes a nivel federal”, agregó.
Señala que, obviamente, es un buen primer paso, pero no es suficiente, porque “las personas que llegan a la frontera buscando asilo, también deben tener la oportunidad y el derecho de buscar un refugio y poder salir de situaciones difíciles; y también tenemos más de 11 millones de inmigrantes indocumentados aquí en Estados Unidos —yo fui uno de ellos por muchos años—, que no tienen ninguna opción para ajustar su estatus migratorio y no ha habido una reforma migratoria en décadas”.
El doctor Cadenas, en ese sentido, dice que es lamentable que el racismo influya en “leyes que estؘán motivadas para excluir y limitar las oportunidades de las personas que vienen de otros países que no son europeos”. Ese rechazo, admite el académico especializado en psicología de los inmigrantes indocumentados, se traduce directamente en “depresión, más ansiedad y menos bienestar en la parte psicológica de los migrantes”.
Ese contraste que se hace cada vez más evidente en la actualidad se contradice con los valores de justicia, libertad, derechos humanos y justicia social en los que el profesor Cadenas cree firmemente. Dice: “Muchos venimos a este país porque estamos buscando esos derechos, y es muy lamentable que estén siendo atacados”.
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