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Dos semanas después de declarar lo contrario, la Secretaria de Seguridad Nacional se une al Fiscal General para separar a niños de sus padres y conseguir así un dudoso intento de disuasión

 

Tal Kopan, de CNN, informó ayer que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, adoptó una política pública que requerirá que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “refiera a toda persona (incluyendo a quienes buscan asilo) que sea capturada cruzando la frontera sin documentos, a fin de ser procesada, una práctica que resultaría en la separación de más padres de sus hijos en la frontera”.

Según un memorándum interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la política se está adoptando para lograr un efecto de disuasión entre los inmigrantes. Pero según un artículo de Dara Lind, de VOX, las estadísticas que el gobierno está utilizando para justificar sus acciones están erradas, como lo comprueban los datos del propio gobierno.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Thomas Homan, explicó que, de hecho, las familias son separadas “cuando procesamos”. Los niños son separados de sus padres y puestos en custodia del gobierno a través de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que recientemente confirmó que perdió la pista a 1,500 niños migrantes que se supone debía supervisar.

La política pública de la secretaria Nielsen se ajusta a un reciente memorándum del Departamento de Justicia en el que se requiere a los fiscales federales procesar todos los casos referidos por ingresar al país sin documentos. Se produce también dos semanas después de que la propia Nielsen dijo al Congreso que “el estándar es, en cada caso, mantener a las familias juntas, en tanto sea operacionalmente posible”, y su portavoz declaró que “el DHS no tiene una política de separación de familias en la frontera para fines de disuasión”.

Aunque esta política pública ahora es oficial, no es nueva. En menos de dos meses del gobierno de Trump, el entonces Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, declaró que estaba considerando separar a las familias como medida de disuasión. Si bien se retractó después, continuaron diversos esfuerzos por instituir esta política pública y fueron puestos en práctica durante cinco meses el año pasado, precisamente para mostrar su efecto disuasorio. Además, según datos oficiales obtenidos por The New York Times, la agencia ya ha separado a 700 niños de sus padres, cantidad que incluye más de 100 niños menores de cuatro años.

Esta nueva política pública ha sido adoptada oficialmente a pesar de los diversos esfuerzos que ha hecho la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) por explicar el trauma que causa en los niños. El presidente de la AAP, Dr. Colleen Kraft, dijo la semana pasada: “La práctica que realiza el gobierno de separar a los niños de sus padres en la frontera es contraria a todas las recomendaciones científicas que he hecho a las familias que buscan forjar, no perjudicar, el desarrollo intelectual y emocional de sus hijos”.

Además, esta política pública no ofrece excepción alguna para quienes buscan asilo, lo cual, como lo señaló la oficina del Inspector General del DHS, podría violar los compromisos internacionales y la ley estadounidense.

Para una cronología del desarrollo de esta política pública, consulte aquí.

Ur Jaddou, Directora de DHS Watch, un nuevo proyecto de America’s Voice, dijo: “Conociendo el trauma que causa en los niños, es más que cruel quitárselos a sus padres y ponerlos en custodia del gobierno, especialmente si se considera la dudosa naturaleza del efecto disuasorio. Además, esta cruel política pública podría violar tanto los compromisos internacionales como la ley estadounidense, además de constituir un terrible uso de los recursos oficiales. Creará miles de niños necesitados de asistencia gubernamental, un sistema ya afectado, y creará necesidades especiales para niños que serán traumatizados innecesariamente por esta cruel política pública”.