Algunas medidas migratorias enfrentan una carrera contrarreloj, mientras el Congreso se prepara para un receso de cinco semanas en el mes de agosto, previo a una elección intermedia donde los demócratas se juegan el control de ambas cámaras legislativas.
¿Existe alguna posibilidad real de que “algo” avance en el frente migratorio antes del cierre del presente Congreso? Los proyectos de ley están ahí; solo falta saber si hay la suficiente voluntad política para llevarlos a buen puerto.
Una medida adversa, la extensión del Título 42 de la era de Trump —que expulsa individuos antes de que puedan solicitar asilo en Estados Unidos—, es una propuesta republicana que tiene el apoyo de varios demócratas. Pero también hay dos medidas positivas para legalizar a los Dreamers y a ciertos trabajadores agrícolas que figuran en la lista de pendientes que el Senado sigue negociando y que el Congreso podría considerar.
En año electoral el receso de verano cobra especial atención por una poderosa razón: es muy raro que al retorno en septiembre el Congreso apruebe medidas, sobre todo controversiales, pues toda la Cámara Baja (435 escaños) y una tercera parte del Senado (34 de los 100 escaños) están enfrascados en hacer campaña política. Y tras las elecciones, si hay cambio de mando, el partido que gana no tiene apetito de colaborar con el partido que pierde.
En ello radica la urgencia de mirar hacia ese segmento humano que ha tenido que desplazarse de un lugar a otro en busca de refugio; de esos otros que se han instalado ya, pero cuya aceptación es aún muy endeble; y aquellos más que, a sabiendas de lo esenciales que son para sostener la dinámica socioeconómica del campo estadounidense, suelen ser invisibilizados por la retórica antiinmigrante, que además ha entrado en una campaña grosera y deshonesta basada en la racista teoría conspirativa de la “invasión”.
Asimismo, los republicanos están muy confiados en que le arrebatarán a los demócratas una o ambas cámaras legislativas, y no existe el incentivo de colaborar para aprobar medidas, sobre todo si no son de su interés, como la inmigración.
Es decir, lo que no se apruebe en estos días antes del receso o al retorno en la llamada sesión de Congreso saliente (lame duck) es poco probable que vea la luz del día en este Congreso que culmina oficialmente el 3 de enero de 2023; y en el próximo Congreso hay que partir de cero y con nuevo liderazgo, en caso de que haya cambio de mando. Ese escenario sería aún menos propicio para los migrantes, dado que la parte conservadora que todavía respalda al Trumpismo ha hecho y hará todo lo posible por que ninguna iniciativa demócrata sea aprobada.
El controversial Título 42, por ejemplo, fue activado por Donald Trump con la excusa de que la pandemia ameritaba que los solicitantes de asilo fueran expulsados de Estados Unidos e hicieran su petición fuera del país. Más de dos millones de personas han sido expulsadas de Estados Unidos sin la posibilidad de solicitar asilo, a pesar de que esta orden que data de los años 40 del siglo pasado nada tiene que ver con migración, sino con el área de la salud pública.
Aunque la administración demócrata de Joe Biden eliminó el Título 42, los tribunales federales han impedido que lo haga, por lo cual todos estos migrantes permanecen en un limbo, muchos varados en México y algunos más en otros países. Su situación no ha sido nada fácil, pues mientras han esperado tanto tiempo sin respuesta han sido víctimas de la violencia y la corrupción que impera en la franja fronteriza.
En realidad, la intención republicana para invocar el Título 42 no es otra que minar las leyes de asilo. Con eso en mente, los republicanos, junto a algunos demócratas moderados y conservadores, sometieron una enmienda a un proyecto de ley de salud que lidia con los precios de los medicamentos recetados, a fin de extender la implementación del Título 42 hasta que se elimine la amenaza del Covid fuera de Estados Unidos. Sí, pero dentro del país la situación sigue fluctuando con más de 167,000 casos nuevos, y contando, algo que no se toma en cuenta al señalar al exterior como “único” responsable para pretextar y extender la implementación del Título 42.
Por otra parte, los planes para legalizar a los Dreamers y a algunos trabajadores agrícolas siguen considerándose aunque sus posibilidades reales de aprobación en esta sesión del Congreso son escasas.
La Ley de Modernización de la Fuerza Trabajadora Agrícola se impulsa como medida independiente, y aunque fue aprobada dos veces en la Cámara Baja, todavía no queda claro si en el Senado cuenta con los votos para su avance. Esta medida permite que los agricultores contraten trabajadores agrícolas todo el año a través del programa de visas H2A y no únicamente por cortos periodos de tiempo. De hecho, se cree que la medida contribuirá a combatir la escasez de mano de obra en esta industria abaratando los precios al consumidor. Pero la escasez de mano de obra no es solo en la agricultura, sino en las procesadoras de pollo y carne, que no pueden reclutar trabajadores a través del programa H2A.
Es decir, es un estira y afloje en donde se cuida más la permanencia del legislador que el merecido beneficio de millones de seres humanos y sus familias que lo han dado todo, desde hace mucho tiempo, por mantener viva la dinámica social y económica de Estados Unidos. No en vano se ha calculado que los inmigrantes indocumentados ya contribuyen con más de $30 mil millones en impuestos y más de $200 mil millones en poder adquisitivo a través de sus pequeñas empresas. ¿Qué es exactamente lo que no ven los republicanos de estas cifras? O en todo caso, ¿por qué quieren ocultarlo? Conveniencia política pura.
En el caso de los Dreamers, ya sabemos de memoria las múltiples veces en que los esfuerzos por legalizarlos se han hecho sal y agua porque los republicanos, por un lado alaban las contribuciones de estos jóvenes, pero por el otro los usan como piezas de cambio para avanzar sus medidas migratorias más restrictivas. Trump eliminó DACA y su truculento asesor Stephen Miller y otras figuras republicanas han supeditado conceder 600 mil visas para los Dreamers a cambio de mayores restricciones a las leyes de asilo, eliminar las protecciones para los menores que llegan solos a la frontera, fondos para construir el muro y reducir drásticamente las visas familiares y de diversidad.
Las vidas de los Dreamers y las de millones de indocumentados son para estos republicanos fichas de su retorcido juego de ajedrez político.
La dura realidad es que es una práctica muy común en el Congreso esperar a que estén a punto de entrar en receso o de cierre de sesión para tratar de aprobar medidas a última hora o presentar proyectos de ley que no pasarán del intento, únicamente para decirle a sus representados y a los electores que “al menos trataron”. En este Congreso, que culmina el 3 de enero de 2023, la oposición republicana en bloque a la agenda de Biden ha tenido el apoyo de un grupo de demócratas moderados y conservadores liderados por los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, de West Virginia y Arizona, respectivamente, quienes han paralizado las propuestas y promesas del presidente.
La sólida oposición republicana a soluciones sensatas a nuestros dilemas migratorios ha sido asistida por este grupo de demócratas que han minado las posibilidades de avance. En los próximos días y meses veremos hasta qué grado.
Para leer la versión en inglés de este artículo consulte aquí.
