Frank Sharry: “Redadas que aterrorizan comunidades, pisotean los derechos civiles y separan a las familias es algo que esperaríamos de un presidente como Trump”
El siguiente es un comunicado de Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice:
Es oficial. El gobierno de Obama ha empezado a realizar redadas en hogares con el propósito de arrestar, detener y deportar a jóvenes madres y sus hijos de regreso a Centroamérica y hacia la violencia de la que huyeron.
Redadas que aterrorizan comunidades, pisotean los derechos civiles y separan familias es algo que esperaríamos ver de un presidente como Trump. La sola táctica –con agentes de ICE apareciendo en la casa de alguien, sin previo aviso, con engaños para poder entrar, despertando a niños que duermen y llevándose tanto a padres como a hijos– es repugnante. Cuando esto ocurrió durante el gobierno de Bush, el entonces candidato Obama lo denunció. El hecho de que esto esté pasando ahora mismo con Obama como presidente es indignante.
Aún más, el objetivo de esas redadas es deportar a niños vulnerables y a sus madres hacia países azotados por una violencia desenfrenada. Uno de los principios fundamentales de las sociedades civilizadas, un principio peleado y defendido por Estados Unidos, es este: no enviamos a la gente de regreso a lugares donde su vida y sus libertades están amenazadas. Sin embargo, eso es lo que está haciendo Estados Unidos.
El enfoque miope y centrado en la seguridad que tiene el gobierno es básicamente erróneo. Lo que está ocurriendo en Centroamérica es una crisis de refugiados. Desafortunadamente, el gobierno de Obama está malinterpretando la situación, viendo esto en cambio como un asunto de seguridad migratoria. Esto es una crisis regional de refugiados que requiere una respuesta regional que incluya el respeto a los derechos humanos, refugio seguro para quienes huyen de la violencia y alivio a las causas de origen. En lugar de ello, está recurriendo a una estrategia unilateral y de mano dura con las redadas, detenciones, deportaciones, prohibiciones e intimidación, con muy poco o ningún debido proceso.
Además de hacer todo lo posible para acelerar la deportación de centroamericanos de Estados Unidos, el gobierno ha dado fondos y pedido a México y a naciones de Centroamérica que intercepten y deporten a los centroamericanos antes de que lleguen a la frontera México-EEUU, sin revisión alguna. En otras partes del mundo, cuando los países generan refugiados, Estados Unidos presiona y da fondos a naciones vecinas para proporcionar refugio a quienes huyen. En esta situación, Estados Unidos está presionando y dando fondos a naciones vecinas para deportarlos hacia el peligro y la muerte.
Las naciones del Triángulo Norte como El Salvador y Honduras tienen los porcentajes más altos de asesinatos en el mundo. Guatemala no se queda atrás. Comunidades enteras son controladas por pandillas, conocidas como Maras, que utilizan amenazas, extorsión, asesinatos, reclutamiento forzado y violencia sexual contra mujeres y niñas para ejercer control. La violencia ha rebasado instituciones locales, donde gobiernos débiles y funcionarios corruptos convierten a las áreas controladas por las pandillas en centros de impunidad. Si muchos de nosotros estuviésemos amenazados por esta violencia incontrolada, haríamos exactamente lo mismo que estas jóvenes madres y sus hijos han hecho: buscar seguridad para ellas y sus niños.
El gobierno asegura que se está enfocando en gente que ha sido notificada para salir del país y que no tiene apelaciones pendientes. Hace que parezca como si a estas personas se les hubiera dado el debido proceso y no hubieran cumplido con una prueba legal, tras un completo y justo proceso. ¿Pero acaso recibieron todo el debido proceso? ¿Los que estaban en la lista recibieron notificación adecuada de su fecha de corte? ¿Estuvieron representados por algún abogado? ¿Entendieron la ley y sus derechos? ¿Tuvieron su día en corte? ¿Tuvieron un justo derecho de apelación? Estos son los pilares de un completo y justo proceso, y deben ser salvaguardados para la gente que enfrenta las consecuencias de decisiones que literalmente son asuntos de vida o muerte. La experiencia de quienes trabajan de cerca con familias centroamericanas es que la inmensa mayoría califica para obtener protección legal cuando tienen un completo y justo proceso; los que no, son las familias que probablemente serán deportadas.
¿Qué debe hacerse? Primero, Estados Unidos debe reconocer que estas familias vulnerables están huyendo de una creciente violencia y no pueden acogerse a la protección de sus propios estados. Segundo, el gobierno tiene muchas opciones para proteger a los centroamericanos en Estados Unidos que corren peligro si regresan, incluyendo, pero no solamente, el Estatus de Protección Temporal. Tercero, Estados Unidos debe trabajar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y países de la region, a fin de proporcionar refugio temporal para quienes necesiten protección. Cuarto, debemos enfocarnos en las causas de origen que obligan a la gente a dejar sus países. El Congreso acaba de asignar $750 millones para ello, pero mucho más debe y puede hacerse para cambiar los factores que llevan a la gente a dejar sus hogares.
Un gobierno que estuviera verdaderamente comprometido en proteger los derechos humanos y mantener su liderazgo en la protección de refugiados en el mundo estaría activamente involucrado en tales estrategias. Pero este gobierno no. Hace redadas, deporta e intimida. No trata de proteger humanamente a los refugiados, sino de aplicar las leyes con severidad.
Seamos claros sobre las consecuencias de este enfoque. En octubre de 2015, The Guardian informó que desde enero de 2014 al menos 83 deportados desde Estados Unidos fueron asesinados al regresar a El Salvador, Guatemala y Honduras. Con el reciente inicio de las redadas para incrementar las deportaciones de jóvenes madres y sus hijos, la cantidad de los asesinados probablemente aumentará, y nuestra autoridad moral seguramente se vendrá abajo.
