El senador Bob Casey se enfrenta al DHS y a la Casa Blanca en un vano intento por detener la deportación de una madre vulnerable y su hijo
Ayer fue otro de esos días de infame y precipitada deportación por parte del gobierno de Trump. Esta vez, el DHS se apresuró a deportar a una madre hondureña y su hijo de cinco años, que habían huido de la violencia en su país de origen y habían solicitado protección.
La deportación generó indignación en todo el país, encabezada por el valiente senador de Pennsylvania, Bob Casey (D-PA), quien desde su cuenta en Twitter abogó por que el DHS y la Casa Blanca intervinieran en un caso que requería justicia.
Evidentemente, el abogado de la madre estaba a punto de realizar el papeleo necesario para probar que la familia enfrentaba violencia si era deportada, pero ella y el niño fueron levantados de la cama a las 3:00 am en el centro de detención de Berks, PA, donde se encontraban, y fueron llevados apresuradamente a un avión por el DHS. Según su abogado, fue todo tan rؘápido que a la madre le fue imposible vestirse completamente.
Desafortunadamente, los heroicos esfuerzos del senador Casey, que dieron lugar a una llamada con Reince Priebus y a la sorpendente revelación de que solo la Casa Blanca podría aprobar el uso de la discreción, fueron insuficientes. La familia ha regresado a Honduras, y sus vidas ahora corren peligro.
Seamos claros. En Estados Unidos, donde orgullosamente nos proclamamos como una nación de leyes y donde cada persona que esté en nuestro territorio tiene el derecho a pedir al gobierno por justicia, el DHS se apresuró a enviar a una mujer y a su hijo hacia la violencia de la que huyeron para que no pudieran hacerlo. En Estados Unidos, donde también proclamamos con orgullo que nuestra historia nos define como una nación de refugio, nuestro gobierno se esforzó en asegurarse de que a esta vulnerable mujer y a su hijo se les negara el refugio y se les deportara hacia una situación donde su vida está amenazada. ¿Es esto lo que somos? ¿O es esto en lo que nos estamos convirtiendo?
Mientras tanto, parece que hay nuevos acontecimientos en el ámbito de la discreción. A algunos casos de gran repercusión se les ha otorgado una prórroga de 30 días:
- En Connecticut, Luis Barrios, un padre de cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, estaba a punto de ser deportado el jueves, pero se le otorgaron 30 días de prórroga, luego de que la comunidad y los senadores de Connecticut, Richard Blumenthal y Chris Murphy, la representante de ese estado Rosa DeLauro, y la alcaldesa de Derby, Anita Dugatto, intervinieron.
- En Colorado, el senador Muchael Bennet (D-CO) intervino en el caso de Arturo Hernández, quien vive en ese estado. Hernández fue arrestado a finales de abril mientras se dirigía a su trabajo. Después de que la comunidad protestó y el senador Bennet sometió un proyecto privado, el DHS le otorgó 30 días de prórroga.
Otros no han sido tan afortunados. Maribel Trujillo, una madre de Ohio de cuatro hijos estadounidenses, sin historial delictivo, fue deportada recientemente a México. El DHS no hizo caso de peticiones de alivio discrecional y la envió de regreso a la violenta comunidad donde la familia ha sido acosada por carteles de la droga.
De acuerdo con Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice Education Fund, “el gobierno de Trump presume de perseguir a los ‘bad hombres’, aunque la evidencia indica que se estؘá enfocando en familias con profundas raíces y que son conocidas por el gobierno, cumplen con las peticiones de registro y trabajan legalmente en Estados Unidos. Esto no solamente es contrario a lo que somos como nación, sino a las buenas prácticas de seguridad. ¿Está el DHS deliberadamente tratando de aterrorizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados y sus familias? ¿Son solo perezosos y abominables como agentes? ¿O son ambas cosas?”
