Anoche, el Departamento de Seguridad Nacional anunció su decisión de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 2,500 nicaragüenses, con un periodo de eliminación de 12 meses; aplazar una decisión sobre 57,000 hondureños con TPS, desencadenando una extensión automática de 6 meses; y no dio a conocer decisión alguna sobre el futuro de 50,000 haitianos beneficiarios de TPS, sino que lo hará en 16 días. A continuación compartimos un comunicado de Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice Education Fund, al respecto.
La cruel decisión del gobierno de Trump que afecta a nicaragüenses profundamente arraigados a Estados Unidos es parte de su intención de revertir el TPS, con el fin de potenciar su estrategia de deportación masiva.
Los pasos clave que ha dado el gobierno revelan sus intenciones. Primero, el gobierno de Trump aniquiló toda noción de las prioridades respecto de cómo aplicar la ley, exponiendo a los 11 millones de inmigrantes indocumentados, independientemente de su patrimonio y contribuciones, a la deportación. Segundo, el gobierno lanzó un ataque a jurisdicciones locales que prefieren enfocarse en la seguridad pública, en lugar de ayudar y ser cómplices de la fuerza de deportación de Trump. Tercero, el gobierno revocó DACA para jóvenes inmigrantes, poniendo en riesgo de deportación a 800,000 jóvenes, con unos 20 años viviendo en Estados Unidos y con un promedio de 26 años de edad. Ahora están desarticulando sistemáticamente las protecciones de 300,000 beneficiarios de TPS, muchos de los cuales han formado sus familias, establecido negocios y han hecho sus vidas en Estados Unidos.
Eso es precisamente lo que significa una estartegia de deportación masiva.
Parece que al gobierno no le interesa mantener unidas a las familias, ni a trabajadores esenciales en industrias fundamentales, ni evitar que países vecinos se conviertan en estados fallidos. Parece que le importa más recibir el aplauso de la derecha que quiere expulsar a los inmigrantes, no dejar pasar a los refugiados, prohibir la entrada de musulmanes y cortar la inmigración que entra legalmente al país.
Esto no es lo que somos. No nos cruzaremos de brazos mientras este gobierno destruye la Estatua de la Libertad. Alzaremos nuestras voces con la esperanza de que una medida de cordura influya en las decisiones del DHS sobre Haití, El Salvador y Honduras. Y hacemos un llamado al Congreso a cerrar filas para que quienes tengan TPS sean formalmente reconocidos como lo que ya son: residentes permanentes de Estados Unidos.