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El juez Andrew Hanen nos recuerda por qué el Partido Republicano lo escogió para el caso inmigratorio de Texas

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Para comprobar una vez más la naturaleza política de la demanda de los 26 gobernadores y procuradores republicanos en contra de la acción ejecutiva del presidente Obama, el juez Andrew Hanen emitió una insólita e indignante orden alegando mala praxis a nombre del Departamento de Justicia. En cuestión están los permisos de trabajo por tres años emitidos a beneficiarios de DACA en 2012 en el periodo entre el anuncio del presidente en 2014 y la emisión del interdicto del juez Hanen en febrero de 2015.

En una opinión verdaderamente extraña, que parece tomada de las películas de Hollywood, Hanen ordenó al gobierno hacer una lista con cada uno de los inmigrantes –la mayoría jóvenes DREAMERs– a los que se dio la autorización laboral por tres años, antes de que emitiera el interdicto, incluyendo todos los datos para identificarlos y localizarlos, como nombres, direcciones, números de “Extranjero” e información de contacto, todo ello con la fecha de la renovación o aprobación de los tres años que les fue otorgada.

La orden de Hanen establece además que Texas y los 25 estados que demandaron para bloquear las acciones ejecutivas pueden recibir esta lista como “muestra de una causa justa”.

“El juez Hanen está exigiendo nombres y direcciones de jóvenes inmigrantes, ¿y con qué propósito? ¿Para preparar el terreno a la fuerza de deportación de Donald Trump? Este es un repugnante, indignante y asqueroso abuso de poder judicial”, dijo Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice. “Siempre supimos que Hanen era el juez favorecido por el movimiento antiinmigrante, y sus fallos sobre el casos se basaron en la ideología, no en la ley. Las ridiculeces de hoy son una razón más para que la Corte Suprema enfrente esta poco disimulada agenda ideológica y aplicar la ley”.

No hay justificación alguna para que Hanen exija este preciado tesoro de información personal sobre los DREAMers. Los permisos de autorización laboral en cuestión fueron emitidos antes del interdicto de Hanen y no entran en su orden de bloqueo a las acciones ejecutivas.

Inexplicablemente, Hanen también ordenó que cualquier abogado del Departamento de Justicia empleado en las oficinas centrales en Washington, DC, que comparezca o vaya a comparecer en una corte federal o estatal en cualquiera de los 26 estados demandantes, tome un curso de ética legal cada año.

Dijo el abogado David Leopold: “Esta es una opinión temeraria de un juez que ha manifestado repetidamente su animadversión hacia el gobierno de Obama muy claramente. Su venganza hacia los inmigrantes está completamente desplegada con su ardid alarmista”.

“Una cosa es cierta, hoy el juez Hanen le recordó a la nación entera –y al juez Roberts y sus colegas de la Corte Suprema—exactamente por qué los gobernadores y fiscales republicanos lo escogieron para que escuchara su ataque a DAPA y DACA+. Esta última jugada de Hanen pone en cuestión todas las otras decisiones que ha tomado hasta ahora, una razón más para que la Corte Suprema intervenga y resuelva este caso”.

Para más información sobre los problemas del juez Hanen con la ley, vea: