En su más reciente artículo publicado por Univision, titulado “Cinco formas en las que el senador Jeff Sessions podría atacar a los inmigrantes como Fiscal General”, el abogado de inmigración y expresidente nacional de AILA, David Leopold, describe cómo un ideólogo antiinmigrante como Sessions podría abusar de su puesto como Fiscal General para perjudicar a los inmigrantes.
Leopold escribe que las intenciones de Sessions han sido claras desde que puso un pie en el Senado de Estados Unidos hace dos décadas. Compartimos aquí su artículo:
“La nominación del senador Jeff Sessions (R-AL) para ser el Fiscal General de la nación es una clara y ominosa señal de que el presidente electo Donald Trump tiene la total intención de hacer cumplir su llamado a la deportación masiva, el registro de musulmanes y las radicales restricciones a la inmigración legal.
Desde que ingresó al Senado federal hace 20 años, Jeff Sessions ha dejado su huella como uno de los legisladores más vehementemente nativistas y antiinmigrantes en la historia de Estados Unidos. En lugar de unirse a colegas que han logrado consenso entre los partidos para tratar de actualizar el anticuado sistema migratorio de Estados Unidos, Sessions se ha dedicado durante décadas a trabajar de la mano de extremistas antiinmigrantes para bloquear esos esfuerzos.
Como el abogado de la nación, líder de la corte de inmigración y responsable de los derechos civiles, Jeff Sessions tendría acceso a múltiples herramientas para perjudicar a los inmigrantes y minar el debido proceso. Dada su retórica e historial como senador de Estados Unidos, así como su asociación con extremistas antiinmigrantes, existen diversas razones para creer que echaría mano de todo ello.”
Para leer “Cinco formas en las que el senador Jeff Sessions podría atacar a los inmigrantes como Fiscal General” en su totalidad, lea abajo o consulte aquí.
He aquí cinco formas en que Sessions podría tratar de socavar a los inmigrantes y a las políticas migratorias si es confirmado como Fiscal General:
Impondría su ideología radical y antiinmigrante sobre decisiones de las cortes federales de inmigración;
Expandiría la cantidad de inmigrantes que son deportados, aun cuando califiquen para una tarjeta de residente o asilo;
Reduciría el acceso a asesoría legal e información sobre los derechos legales de los inmigrantes;
Criminalizaría a los inmigrantes imponiendo acusaciones falsas en contra de trabajadores comunes; y
Armaría fuertemente a los policías estatales y locales para convertirlos en agentes de deportación de Trump
Por supuesto, cualquier intento que Sessions haga para socavar los derechos civiles y el debido proceso se toparía con sólidos litigios externos. Pero el Senado de Estados Unidos debería bloquear su confirmación desde el principio, dado que el senador Sessions es evidentemente no apto para este puesto y ha mostrado un profundo desprecio por los derechos civiles y humanos.
Primero, Sessions tendría control total sobre las cortes de inmigración, incluyendo el poder de imponer su radical ideología antiinmigrante. En 2002, cuando el Congreso creó el Departamento de Seguridad Nacional, dejó todo el sistema de cortes de inmigración —conocido como Executive Office for Immigration Review (EOIR)— en el Departamento de Justicia y bajo la dirección y control del Fiscal General. El EOIR incluye todas las cortes de inmigración de Estados Unidos y la Junta de Apelaciones de Inmigración, la cual revisa las decisiones de deportación de los jueces de inmigración. Actúan como sus agentes legales, algunas veces más como fiscales que como jueces.
El amplio poder de Sessions sobre las cortes de inmigración incluye el poder de revocar unilateralmente decisiones precedentes de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Como Fiscal General, Sessions tendría la última palabra sobre decisiones que afectan las vidas de los inmigrantes, incluyendo víctimas de violencia doméstica, tráfico humano y tortura, así como otros que califican para la protección con base en la ley de inmigración. Como lo subrayó en un reciente texto el American Immigration Council:
El Fiscal General tiene la autoridad de revocar unilateralmente decisiones de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). Mucha de la actual ley de asilo se basa en decisiones de la BIA, incluyendo aquellas que determinan qué grupos deben ser protegidos de la persecución que sufren en sus lugares de origen. Como senador, Jeff Sessions se ha opuesto enérgicamente a otorgar estatus legal a mujeres y sus hijos que actualmente huyen de la persecución en Centroamérica. Como Fiscal General, tendría la autoridad de hacer el asilo mucho más difícil para quienes en otras partes del mundo huyen hacia Estados Unidos para evitar la violencia.
En resumen, como Fiscal General, Jeff Sessions tendría el amplio poder unilateral de cambiar la interpretación y administración de la ley de inmigración para que concuerde con su visión nativista y antiinmigrante. Laura S. Trice explicó en un artículo publicado en 2010 en New York University Law Review:
Es difícil exagerar el arrasador impacto de las decisiones del Fiscal General. Aunque el Fiscal General raramente ejerce su autoridad para revisar las decisiones de la BIA, con un promedio solamente de 1.7 decisiones certificadas al año entre 1999 y 2009, la mayoría de sus decisiones produce cambios significativos en la ley que directamente afectan a toda clase de inmigrantes en procedimientos de remoción. El proceso de certificación es muy diferente a la revisión de rutina caso por caso que lleva a cabo la BIA; es un dispositivo de política selectiva que permite al Fiscal General ejercer control sobre la BIA y efectuar cambios profundos en la doctrina legal.
Segundo, el control de Sessions sobre las cortes de inmigración le daría el poder de escoger quién sería blanco de deportación. Como Fiscal General, Sessions sería capaz de establecer directrices sobre cómo sean decididos los casos de deportación, eliminaría las reglas para dar por terminados los casos de baja prioridad y limitaría severamente la posibilidad de que un juez de inmigración envíe un caso a la agencia migratoria para la emisión de una tarjeta de residente con base en vínculos familiares cercanos o dificultades extremas en caso de una deportación. Esto, por supuesto, tendría consecuencias importantes para las familias en todo el país.
Por ejemplo, en el caso en que una esposa y madre pueda ser elegible para una tarjeta de residente con base en la antigüedad de su matrimonio con un ciudadano estadounidense, muchos jueces de inmigración podrían, como una cuestión de economía procesal, enviar el caso a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración para una decisión, en lugar de gastar los recursos limitados de la corte tratando de deportarla. Sessions podría insistir en que tales casos sean decididos por un juez de inmigración en procedimientos de remoción, incrementando el riesgo de la deportación de la mujer, a pesar de sus fuertes vínculos familiares y su elegibilidad para obtener una tarjeta de residente.
Tercero, Sessions también sería capaz de limitar severamente la posibilidad de un inmigrante de obtener cualquier tipo de representación en una corte de inmigración, o incluso entender sus derechos legales. Tendría el poder de hacer retroceder el acceso a fondos del gobierno o consejería pro bono, y restringir la presentación del Programa de Orientación Legal ofrecido a los inmigrantes detenidos —con frecuencia su única fuente de información sobre procedimientos de deportación. A Sessions también le sería posible cambiar las reglas que permiten a representantes acreditados —que no son abogados pero que tiene la capacitación— para comparecer ante una corte a nombre de inmigrantes pobre y sus hijos —algunas veces el único tipo de representación que una persona puede costear.
Cuarto, como Fiscal General, Sessions podría utilizar los estatutos federales para convertir a los inmigrantes indocumentados con delitos civiles en “criminales” en teoría, un escalofriante abuso de autoridad fiscal que sin duda agradaría a alguien como él. Además de procesar agresivamente a los inmigrantes indocumentados por delitos relacionados con la inmigración, como el ingreso o reingreso ilegal, Sessions podría utilizar vilmente el código penal federal para criminalizar a los inmigrantes simplemente por trabajar. Esto es exactamente lo que pasó durante los juicios de 2008 en Postville, Iowa, en la era de Bush, donde casi 400 trabajadores indocumentados fueron detenidos por ICE durante una redada en la empacadora de carne Agriprocessors y luego enjuiciados como delincuentes en un agresivo abuso de poder.
En Postville, el Departamento de Justicia utilizó la ley federal de robo de identidad —que conlleva un periodo de dos años de prisión obligatorios— como una herramienta para coaccionar a los trabajadores indocumentados a declararse culpables del delito de fraude al seguro social, a pesar de evidencia cuestionable. Los hombres y las mujeres fueron literalmente hacinados en un lugar para el ganado y sometidos a audiencias grupales con el fin de acelerar sus casos. Los procesos judiciales de Postville desataron protestas internacionales, y la Suprema Corte rechazó después tal atroz uso de la ley de robo de identidad.
Sin embargo, como Fiscal General, Jeff Sessions sería posicionado para abusar de leyes penales una vez más enfocándose en trabajadores comunes de manera similar a lo ocurrido en Postville. Por ejemplo, podría ordenar al Departamento de Justicia procesar agresivamente errores inadvertidos e inofensivos, o inexactitudes en los formularios de visa, documentos de entrada o durante entrevistas de ciudadanía como “fraude inmigratorio”.
Finalmente, Sessions podría también hacer uso indebido y abusar de su autoridad para coaccionar a funcionarios estatales y locales para que apliquen las leyes de inmigración. Como Fiscal General, estaría encargado de asegurar que los estados y localidades cumplan con las decisiones de la Suprema Corte que en estados antiinmigrantes frenan leyes antinmigrantes como la infame S.B. 1070 de Arizona. Es difícil imaginar que haría eso, dado su apoyo a la H.B. 56 en Alabama, concebida de manera similar. Tendría también la autoridad —a través de la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia— para dar su bendición a una variedad de medidas de seguridad antiinmigrantes, entre las que están la autoridad de la policía estatal o local para arrestar a la gente por delitos civiles de inmigración, los aspectos legales de un registro de musulmanes o prohibir a una autoridad estatal o local vetar el reasentamiento de refugiados.
También podría presionar a autoridades estatales y locales que se rehúsen a participar en deportaciones con amenazas de enjuiciamiento, negación del acceso a programas de becas u otros castigos. De hecho, esta situación ha sido públicamente defendida por restriccionistas antiinmigrantes:
Con Sessions, los abogados del Departamento de Justicia podrían tratar de lograr órdenes de corte federal para funcionarios locales, a fin de cooperar con agentes federales de inmigración.
“Lo primero que haces es entablar una demanda, luego consigues un juez que emita una orden judicial” para obligar a las ciudades a detener sus políticas, dijo Krikorian, quien ha enviado propuestas de políticas a los consejeros de Trump.
“La opción central es que enjuicies penalmente a los miembros del concejo municipal y supervisores por albergar extranjeros ilegales, que es lo que son”, dijo Krikorian.
No en vano, el fantasma de Jeff Sessions al frente del Departamento de Justicia ha alarmado a los estadounidenses que defienden los derechos humanos y civiles. En una carta en la que imploran que el Comité Judicial del Senado rechace la nominación de Sessions, la Conferencia de Liderazgo en Derechos Civiles y Humanos, junto con 144 organizaciones, resumieron el vergonzoso historial inmigratorio del senador de Alabama y su alianza con señalados grupos de odio:
Sessions ha sido un feroz opositor a la reforma migratoria integral, refiriéndose al proyecto de ley bipartidista de 2007 como “asistencia terrorista”. Él mismo se ha asociado estrechamente con NumbersUSA, Federation for American Immigration Reform y Center for American Studies, los tres grupos fundados por John Tanton, que mantiene creencias nacionalistas blancas e hizo un llamado a la preservación de una “mayoría europea-estadounidense”. El senador Sessions también ha recibido premios del David Horowitz Freedom Center y Frank Gaffney’s Center for Security Policy, dos organizaciones señaladas de ser grupos de odio antimusulmán por el Southern Poverty Law Center.
Como Fiscal General, Jeff Sessions estaría en una posición de infligir daño masivo e irreparable a individuos, familias y negocios alrededor de Estados Unidos. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional es generalmente responsable de la seguridad migratoria, el Fiscal General tiene amplia autoridad sobre la interpretación, administración y la aplicación de la ley de inmigración.
Un voto para confirmar a Jeff Sessions es un voto para darle amplia autoridad sobre la interpretación, administración y la aplicación de la ley de inmigración a un desvergonzado nativista antiinmigrante. Es un voto que pone en riesgo a individuos y familias de ser separados por la deportación y de ser enjuiciados.
Jeff Sessions representa un claro y actual peligro para la justicia estadounidense en general y para los derechos de los inmigrantes en particular. El Senado debería rechazar su nominación como Fiscal General.
