Kevin González, de 18 años de edad, falleció el Día de las Madres, 10 de mayo, por cáncer de colon. Aunque nació en Chicago y allí se encontraba cuando fue diagnosticado en enero de este año, murió en Durango, México a donde se trasladó enfermo a casa de su abuela pensando que era la única forma de cumplir su deseo de despedirse de sus padres indocumentados que estaban detenidos en Estados Unidos.
Logró despedirse horas antes de fallecer. Pero su deceso se produjo luego de un drama sin sentido porque este tipo de casos deberían automáticamente tener una solución humanitaria y digna que no redujera el precioso tiempo que los padres de Kevin, Isidoro y Norma Anabel, tuvieron para compartir con su hijo.
El cáncer me ha tocado muy de cerca y varias veces. Sé lo valioso que es el tiempo que uno comparte con un ser querido que ha sido desahuciado. Atesoras cada segundo a pesar de la tristeza y del agotamiento físico y mental por romper noches pendiente de que esa persona tenga todo lo que necesite, sobre todo amor, y que no sufra.
No puedo siquiera imaginar el dolor y la impotencia de que te nieguen un permiso para despedirte de tu hijo moribundo. O el dolor de Kevin al no poder estar con sus padres en sus últimos días.
Cuando Kevin fue diagnosticado con cáncer de colon en etapa 4 sus padres estaban en México, pero no podían viajar a Estados Unidos pues las visas que solicitaron les fueron denegadas por una deportación previa. Su desesperación fue tal, que se arriesgaron a cruzar de manera irregular otra vez y los detuvieron en Arizona.
Kevin decide ir a México a esperarlos. Transcurrieron semanas y finalmente un juez permitió una deportación acelerada y llegaron a Durango el 9 de mayo. Kevin murió al día siguiente.
“Ese sufrimiento que tuvo él, no se lo merecía”, dijo a Telemundo el padre de Kevin.
La política migratoria de la presente administración deshumaniza. Es cruel. No se les estaba solicitando algo complicado o sin precedentes. Simplemente un permiso para despedir a un hijo a punto de morir. Incluso los médicos de Kevin en Chicago intercedieron, sin éxito, ante las autoridades migratorias.
Este gobierno ha deportado a niños ciudadanos estadounidenses en medio de tratamientos de cáncer, así que no se pueden esperar milagros.
Pero es indignante que mientras no muestran empatía en este tipo de casos, y siguen arrestando y deportando a personas sin historial delictivo, no presentan cargos contra verdaderos criminales porque han desviado fondos y personal de otras agencias para su cruzada antiinmigrante. Esto a pesar de contar con $170,000 millones de dólares para sus detenciones y deportaciones masivas, y a que el Congreso quiere darles otros $70,000 millones adicionales.
Reuters reportó que de enero a abril de este año, fiscales federales solamente presentaron cargos en ocho casos vinculados a drogas o armas comparado con 77 casos en el mismo periodo del 2025.
“Es un problema de seguridad pública que no se estén llevando a cabo los procesos judiciales que se deberían estar llevando a cabo”, dijo a la agencia noticiosa Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, en Minnesota, epicentro de violentos operativos migratorios centrados en personas sin historial delictivo.
Y es que Trump vendió la idea de que combatiría el crimen, pero su obsesión con las deportaciones masivas lo ha llevado a desatender los casos criminales más severos por centrarse en la inmigración. Los fiscales del gobierno no se dan abasto para atender todos los casos criminales pendientes, y a eso tienen que sumarle todas las demandas contra el gobierno por violaciones de derechos, incluso contra ciudadanos, durante sus operativos migratorios.
Es decir, la política migratoria del gobierno no solo repercute adversamente sobre nuestra economía sino sobre nuestra seguridad pública.
También incide sobre nuestros valores. ¿Qué pueden esperar los indocumentados de un gobierno capaz de fabricarle casos judiciales a prominentes ciudadanos estadounidenses solo para satisfacer la sed de venganza del ocupante de la Casa Blanca que los considera sus ‘enemigos’?
Un gobierno que indulta criminales, pero persigue a familias trabajadoras, deporta a niños con cáncer y no tuvo la empatía ni la compasión de permitirle a unos padres pasar más tiempo con su hijo desahuciado.
