Cuando creemos que las acciones del presidente Donald Trump ya no pueden sorprendernos, surge algo donde la realidad supera la ficción. Ahora anunció un fondo de $1,776 millones de dólares del erario público para indemnizar a sus aliados que sientan que fueron “víctimas” de señalamientos, pesquisas o incluso que fueron convictos durante el gobierno del demócrata Joe Biden.
Entre esas “víctimas” están los responsables del sangriento asalto al Capitolio federal el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación del legítimo triunfo de Biden en las elecciones del 2020. Individuos que, armados hasta los dientes, atacaron a policías y querían linchar al entonces vicepresidente, Mike Pence, y a otros líderes del Congreso. Fueron convictos y estaban cumpliendo cárcel pero Trump, tras ganar la elección de 2024, los indultó y los ha llamado “patriotas” y “rehenes”.
Las indemnizaciones, claro está, no provienen del bolsillo de Trump sino de los contribuyentes estadounidenses. Los mismos contribuyentes que enfrentan los altos costos del combustible por la guerra contra Irán iniciada por Trump, así como de los alimentos, la vivienda y los cuidados médicos. Para esos, sin embargo, no hay alivios porque una vez más Trump demuestra que es el presidente de su base MAGA, pero no del resto de los estadounidenses que sufren las consecuencias de sus políticas públicas.
Esta descarada idea surge de un acuerdo de Trump con su propio gobierno. El presidente demandó al IRS por $10,000 millones de dólares por la publicación de sus impuestos alegando que el gobierno no hizo lo suficiente para proteger esta información. Decidió retirar la demanda a cambio de varias condiciones que incluyen que $1,776 millones de dólares sean dedicados a un fondo para que aliados del presidente que sienten que han sido “víctimas” de investigaciones puedan tener “compensaciones”.
El Secretario de Justicia interino, Todd Blanche, tuvo el cinismo de declarar lo siguiente: “La maquinaria del gobierno nunca debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y es la intención de este departamento corregir los errores cometidos anteriormente, al tiempo que se garantiza que esto no vuelva a suceder”.
Este es el mismo Departamento de Justicia que está activamente persiguiendo a opositores de Trump o a quienes él percibe como sus “enemigos” políticos porque en el pasado lo investigaron, como el exdirector del FBI, James Comey, o la fiscal general de Nueva York, Letitia James, entre otros.
Aparte de tratarse de una propuesta indignante porque busca premiar a delincuentes, es otra muestra del despilfarro del dinero de los contribuyentes.
Como su salón de baile de $1,000 millones de dólares en la Casa Blanca, o el barril sin fondo al que se siguen lanzando miles de millones de dólares de los contribuyentes, $170,000 millones, en una política migratoria sin sentido que afecta no solo a los indocumentados sino a ciudadanos y residentes autorizados. Más de 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos por ICE. Y mediante el proceso de conciliación presupuestaria el Congreso se apresta a concederle otros $70,000 millones a ICE y CBP sin reformar cómo operan sus agentes.
Una política migratoria que le costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios en Minnesota, sin contar las decenas de inmigrantes muertos en centros de detención que también reciben dinero de los contribuyentes a manos llenas, 45,000 millones de dólares para ser exactos, pero que no brindan cuidado médico adecuado y albergan inmigrantes, incluyendo niños, en condiciones deplorables.
Un sistema que separa familias y afecta, en especial a niños estadounidenses. Un análisis del Brookings Institution encontró que desde que Trump asumió su segundo mandato, 400,000 inmigrantes han sido detenidos en el interior del país. Eso ha impactado a unos 200,000 niños que han perdido al menos a uno de sus padres en el proceso. “Nuestro análisis indica que es probable que más de 145,000 niños y niñas ciudadanos estadounidenses hayan experimentado la detención de uno de sus padres desde que (Trump) asumió el gobierno, y que más de 22,000 de ellos hayan sufrido la detención de ambos padres con los que convivían”, dice el análisis.
Una política migratoria que desecha las contribuciones económicas de los inmigrantes que detiene y deporta.
Según el American Immigration Council (AIC), “en 2023 los hogares encabezados por indocumentados pagaron $89,800 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales”. Si dejan de pagar impuestos por temor a ser ubicados o porque son deportados, Estados Unidos perdería, según el Laboratorio de Presupuesto de Yale, entre $147,000 y $479,000 millones de dólares en los próximos 10 años.
Y más del 70% de los detenidos y eventualmente deportados no tiene historial delictivo, contrario a los insurrectos del 6 de enero de 2021 que ahora Trump quiere indemnizar con fondos públicos.
