Cuando el virtual nominado presidencial republicano, Donald Trump, y el presidente cameral, Mike Johnson, republicano de Luisiana, se unen para promover un proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten en comicios federales, lo cual ya está prohibido y no es un problema generalizado, hay que leer entre líneas. En realidad, allanan el terreno para acusar a los demócratas de “fraude” si Trump pierde la elección general, y también buscan solidificar e impulsar leyes y propuestas estatales que persiguen dificultar y suprimir el voto de personas de color.
Pretenden además crear terreno fértil para una de sus teorías conspirativas favoritas, la del ‘gran reemplazo’, que según ellos consiste en sustituir a los anglosajones con migrantes y minorías para arrebatarles el poder político. Johnson afirmó el viernes en rueda de prensa con Trump que la “amenaza de fraude aumenta” con cada inmigrante indocumentado que cruza la frontera sur porque la intención de los demócratas es convertir a esos inmigrantes “en votantes”.
La ley de inmigración de 1996 prohíbe expresamente a los no ciudadanos votar en elecciones federales y las penas incluyen cárcel y deportación. En el 2017 el Brennan Center for Justice revisó los votos de las elecciones de 2016 de 42 jurisdicciones en 12 estados. En el 2016 Trump ganó el Colegio Electoral pero perdió el voto popular ante la demócrata Hillary Clinton y, sin pruebas, afirmó que hubo “fraude”. El análisis encontró únicamente 30 votos que se sospecha fueron de no ciudadanos, de un total de 23.5 millones de sufragios en esas jurisdicciones.
La conclusión del análisis del Brennan Center for Justice es lapidaria: “La ausencia de fraude refuerza un amplio consenso entre académicos, periodistas y administradores electorales: el fraude electoral de cualquier tipo, incluido el voto de no ciudadanos, es poco común”.
Pero eso no evita que Trump afirme que el “fraude” es generalizado porque se trata de crear la percepción de que existe un problema. La intención es generar desconfianza en nuestro sistema electoral, pero solamente si los resultados no le favorecen.
En el 2016, la estrategia de Trump fue declarar que el sistema estaba amañado y que si perdía, se debería al “fraude”. Cuando ganó, olvidó el “fraude” momentáneamente hasta percatarse de que había perdido el voto popular. Entonces florecen los reclamos de que el voto de los no ciudadanos lo hizo perder el voto popular.
Y en el 2020 perdió estrepitosamente ante Joe Biden el voto popular y el Colegio Electoral y hasta hoy, Trump y su facción MAGA afirman que hubo “fraude”. Con esa excusa asaltaron el Capitolio federal el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación del legítimo triunfo de Biden, una oscura página en la historia nacional que muchos temen se repita este año, o que sea peor, si Trump pierde los comicios de noviembre.
Otra razón subyacente para sus reclamos de “fraude” es impulsar las medidas estatales que generan más obstáculos para que las minorías voten y que comenzaron a proliferar en el 2020 tras el falso reclamo de “fraude” de Trump. Algunas han sido frenadas en tribunales, otras han progresado.
De hecho, otro análisis del Brennan Center for Justice encontró que “entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, al menos 14 estados promulgaron 17 leyes electorales restrictivas las cuales estarán vigentes para las elecciones generales de 2024…Al menos seis estados promulgaron siete leyes de interferencia electoral, y al menos seis leyes están vigentes para las elecciones de 2024”.
Lo positivo, según el reporte, es que al menos 23 estados promulgaron 53 leyes electorales expansivas que buscan facilitar el proceso electoral para los votantes y todas, excepto dos, estarán vigentes en la elección de este año.
En conclusión, los reclamos de “fraude electoral” que formulan Trump y su culto republicano tienen doble propósito: proveerles una excusa en caso de que pierdan la elección; y justificar leyes que restrinjan el derecho al voto de las minorías en detrimento de nuestra democracia.
