El presidente Donald Trump conduce un maratón de eventos de campaña que lo llevará a través del país en un intento de evitar que los sondeos de opinión se hagan realidad y los demócratas le quiten a los republicanos el control de una o ambas cámaras del Congreso en las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.
Esos sondeos y los comentarios de los propios votantes parecen confirmar que hay aires de cambio. Eso incluye a electores de clase trabajadora que en el pasado votaron por Trump pero son víctimas de sus políticas públicas que han resultado en alzas de precios de los alimentos, de la gasolina, de bienes y servicios, incluidos los que proceden de industrias que dependen de la mano de obra de inmigrantes que han sido detenidos y deportados por el gobierno de Trump. Es el impuesto de ICE que todos pagamos.
Y no son únicamente activistas e inmigrantes los que suenan la voz de alerta. Líderes de los sectores económicos afectados por las detenciones y deportaciones ya sea en salud, cuidados a domicilio, construcción, hoteles, restaurantes, ganaderos, o agricultores advierten que la pérdida de mano de obra inmigrante dispara los costos de todo.
“Tengo la sensación de que vamos a empezar a notar las consecuencias de esta agresión muy pronto, porque los restaurantes van a empezar a cerrar. Sentimos que nuestro negocio se nos está escapando muy rápidamente”, advirtió Sean Sherman, chef, autor y dueño de un restaurante en Minneapolis, ciudad sede del violento operativo de ICE Metro Surge donde dos ciudadanos murieron baleados por agentes de ICE en incidentes separados.
Pero Trump parece estar enajenado de la realidad que viven los estadounidenses, o peor todavía, no le importa. Asegura que las quejas de que el dinero no alcanza en los hogares estadounidenses son un invento de los demócratas.
El sábado Trump visitó Vandalia, Ohio, estado con una de las contiendas al Senado federal más cruciales pues si el candidato demócrata, el exsenador Sherrod Brown, es favorecido, podría suponer que los demócratas retomen el control del Senado.
A unos minutos de Vandalia, en Dayton, Ohio, la fábrica de camionetas Navistar, despidió a 1,400 empleados tres días antes del rally de Trump. Kyle Bos es uno de los despedidos.
“Bos tiene dos hijas y espera una tercera para enero. En el supermercado, cinco productos cuestan ahora lo mismo que antes costaba un carrito lleno”, escribió la agencia de noticias The Associated Press.
Los despidos, agregó la AP, “son una de las razones por las que Bos, de 30 años, tiene previsto dedicar las últimas semanas antes de las elecciones de noviembre a hacer campaña a favor de los demócratas”, escribió la agencia.
Bos asegura haber votado por Trump en tres ocasiones, pero ya su paciencia, como su bolsillo, se agotó.
“Algo tiene que cambiar políticamente en este país…Parece que la situación no ha hecho más que ir de mal en peor”, declaró Bos.
“Trump no habló de los precios de los alimentos, ni de los de la gasolina, ni de los despidos en su mitin del sábado por la noche en Vandalia”, dice el artículo.
Pero los votantes parecen tener claro a quién responsabilizar. A nivel nacional, apenas el 17% de los estadounidenses aprueba el manejo de Trump de la economía.
El apoyo que Trump obtuvo de votantes latinos en 2024 parece escaparse como agua entre los dedos.
Un sondeo de NBC News/Telemundo del 4 de octubre entre 800 votantes latinos encontró que el 74% desaprueba la situación económica bajo el mandato de Trump. “El 65% afirmó que las políticas de Trump habían perjudicado a la economía, mientras que el 23% dijo que habían ayudado”, escribió NBC News Los Angeles.
Asimismo, el 67% afirmó que el gobierno de Trump ha ido demasiado lejos en su política migratoria; y el 59% dijo que prefiere un Congreso controlado por los demócratas.
Uno de los casos que manifiesta ese descontento se da en el distrito 27 del Sur de Florida, escaño que ocupa la congresista republicana María Elvira Salazar. En 2024 Trump ganó ese distrito, pero como presidente su maquinaria de detenciones, deportaciones y cancelación de programas como el TPS y el parole humanitario han tenido un severo impacto en los residentes de este distrito y de sus familiares que votaron por Trump.
Salazar, cuidando su propio escaño, enfrentó a Trump aunque a nivel de votación cameral ha apoyado las medidas más controversiales, como el multimillonario presupuesto para ICE.
El 3 de noviembre se sabrá si Salazar, como otros, sobreviven electoralmente a pesar de su tardío reto a Trump, o si ella y otros serán daño colateral de las extremas políticas públicas del presidente, como en inmigración.
