Aunque ICE y CBP parecen evitar los operativos al estilo del retirado excomandante migratorio Greg Bovino, el gobierno de Donald Trump sigue centrado en detener y deportar a inmigrantes sin historial delictivo aunque el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, diga que “seguimos yendo tras lo peor de lo peor”.
La diferencia, dijo Mullin a CNBC, es que ahora “lo estamos haciendo de una manera más discreta”.
Pero siguen causando daño.
Uno de los sectores más afectados son los “dreamers” que desde 2012, con la implementación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) por el presidente demócrata, Barack Obama, fueron amparados de la deportación y obtuvieron permisos de trabajo renovables.
Desde su primera administración, Trump quiere eliminar el programa y, de hecho, mientras el caso sigue su curso en tribunales, no se aceptan nuevas solicitudes, aunque sí se renuevan los permisos existentes.
Pero el gobierno de Trump sostiene que DACA no confiere un estatus legal y que, por ende, no evita que puedan ser detenidos y deportados, sobre todo si cometen algún delito.
Recientes desarrollos evidencian la precariedad de DACA para sus beneficiarios: unos 174 fueron deportados entre enero y septiembre de 2025; la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló que tener DACA no frena automáticamente un proceso de deportación; y los retrasos en la renovación de DACA han dejado a muchos sin empleo y sin protección ante una posible detención y deportación.
El caso de José Contreras Díaz ha sido ampliamente reportado porque fue arrestado en plena cita de renovación de DACA. Se informó que Contreras fue traído por su familia desde Honduras a los ocho años de edad. Obtuvo DACA, pero no fue hasta esta cita de renovación que los agentes lo detuvieron.
Contreras fue deportado a Honduras, pero su abogada, Stacy Tolchin, argumentó que la deportación era ilegal pues su DACA estaba vigente. El gobierno lo trajo de vuelta a Texas, pero al arribar, fue arrestado y enviado a un centro de detención.
El caso de Contreras no es aislado.
Según FWD.us, hasta septiembre de 2024, unos 530,000 “dreamers” tenían DACA.
“Se calcula que los “dreamers” ya aportan cada año unos $65,000 millones de dólares a la economía estadounidense a través de sus salarios, y pagan anualmente cerca de $18,000 millones de dólares en impuestos federales, sobre nómina, estatales y locales”, de acuerdo a FWD.us.
Pero muchos de esos “dreamers” están perdiendo sus empleos y sus protecciones por los retrasos en la renovación de DACA. La Associated Press reportó que “a finales de abril de 2026, el USCIS informó que la mayoría de las solicitudes de renovación se completaban en unos 122 días…Las organizaciones de inmigrantes afirman que, últimamente, algunos solicitantes han tenido que esperar seis meses —unos 183 días— o incluso más”.
La realidad es que la administración Trump se ha centrado en deslegalizar inmigrantes y, de hecho, detiene y deporta a personas amparadas por diversos programas, como solicitantes de asilo, beneficiarios de DACA, TPS y de otras iniciativas humanitarias.
Incluso ciudadanos estadounidenses y residentes autorizados son víctimas del uso de perfiles raciales. En su afán de cumplir con su meta de deportar a 1 millón de inmigrantes al año, el gobierno de Trump ignora el debido proceso de ley, el estado de derecho y la propia Constitución.
De hecho, muchos inmigrantes son detenidos cuando, cumpliendo con la ley, acuden a las citas de seguimiento de sus casos en oficinas de ICE o tribunales. Muchas deportaciones son sumarias sin la oportunidad de audiencias. Los que son detenidos se exponen a estancias prolongadas y bajo condiciones deplorables sin acceso a atención médica adecuada o enfrentando violencia física y abusos.
El País reportó que “una investigación de The Washington Post ha revelado que, en el primer año del mandato de Trump, en al menos 780 casos el personal de los centros del ICE utilizó la fuerza física o agentes químicos para controlar a los detenidos”.
La crueldad es tal que niños son obligados a presentarse solos ante jueces de inmigración sin representación legal. Como Wilfredo, un niño venezolano de 10 años que navega solo su proceso de deportación a un tercer país. Wilfredo y su madre tienen un caso pendiente de asilo, pero la mujer fue detenida en Texas y los casos se separaron.
“La experiencia fue tan abrumadora que el menor, presa del pánico, perdió el control de sus esfínteres y se orinó encima”, reportó La Opinión citando a Univision.“Tenía miedo porque era mi primera vez en una corte”, explicó Wilfredo.
Crueldad en su máxima expresión.
