La foto de Lorenzo Salgado Araujo frente a su pastel de cumpleaños número 52 provoca no solo tristeza por una vida tronchada viciosamente y una familia marcada por su muerte a tiros por un agente de ICE el 7 de julio. Produce también ira y frustración saber que, como en otros casos, comienzan las versiones encontradas, y es probable que la falta de transparencia y de rendición de cuentas prevalezcan otra vez.
Seis días después, el 13 de julio, en otro incidente muy similar, un agente de ICE mató en Maine a Johan Sebastián, inmigrante colombiano de 25 años de edad, padre de una niña de 3 años que presenció su muerte, esposo, y portador de permiso de trabajo.
Por estos días, una detención de ICE puede ser una sentencia de muerte sobre todo si eres o luces latino.
La administración Trump ordenó suspender temporalmente la mayoría de los operativos de detención de vehículos para “reentrenar” a sus agentes como si eso cambiara la cultura de violencia que prevalece cuando se imponen cuotas de 2,000 detenciones diarias a agentes pobremente entrenados, pero expertos en el uso de perfil racial, y sin respeto al debido proceso de ley.
Salgado Araujo fue baleado por un agente de ICE en Houston, Texas, cuando manejaba la camioneta de su negocio de construcción para recoger a tres de sus empleados. Ahora se sabe que no era buscado por ICE para su detención, al igual que Johan, aunque en principio se indicó que lo eran, como si ser el objetivo de una detención suponga que deban matarte a tiros.
Esos agentes en vehículos no identificados alegan que al no seguir instrucciones y tratar de huir, Salgado Araujo “utilizó su vehículo como arma” para tratar de atropellar a un agente que le disparó mortalmente “en defensa propia”.
Los tres empleados que presenciaron todo y que ahora están bajo custodia de ICE, aseguran que Salgado Araujo no intentó atropellar al agente cuya vida nunca corrió peligro. Los agentes no portaban cámaras corporales que habrían arrojado luz sobre lo sucedido.
En el caso de Johan, tampoco portaban cámaras corporales, pero ICE y el DHS aseguran que el agente disparó por la “seguridad pública”.
Ese cansado libreto ya lo conocemos. Los casos de Renée Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses muertos a tiros en hechos separados por agentes migratorios en Minneapolis, Minnesota, muestran las mismas similitudes. Agentes actuando violentamente y disparando a mansalva aunque sus vidas no corran peligro. Luego culpan a la víctima, y se le acusa de utilizar su vehículo como “arma mortal”, aunque en el caso de Pretti, le dispararon por la espalda, en el suelo, cuando estaba neutralizado.
Se supone que estos agentes migratorios están aplicando leyes civiles, pero para ellos aplicar ley y orden supone tener licencia para matar.
Esta cultura de violencia es promovida desde la propia presidencia así que no debe sorprendernos que los agentes piensen que su conducta es avalada y justificada por sus superiores, porque lo es.
Hubo incluso un cierre parcial del DHS porque los demócratas querían reformas a la forma en que operan los agentes migratorios y para que haya rendición de cuentas. Pero los republicanos optaron por aprobar $70 mil millones de dólares adicionales a los $170 mil millones para ICE y CBP por el resto de la presidencia de Trump mediante reconciliación, por simple mayoría y sin apoyo demócrata. Las reformas quedaron en el tintero.
La realidad es que tanto ICE como CBP utilizan fuerza letal y nadie rinde cuentas por sus acciones, ya sea en un tiroteo a media calle, o una muerte sospechosa en un centro de detención. En ambas instancias la cifra de muertos ha aumentado .
El American Immigration Council lo describe así: “Bajo la segunda administración de Trump, los agentes de inmigración recurren habitualmente a la violencia en las operativos de control migratorio y las detenciones. A menudo rompen las ventanillas de los autos para sacar a sus ocupantes. Varias personas han recibido heridas de bala durante operaciones de control migratorio, y cinco de ellas han fallecido”. El reporte es de febrero y no incluye las muertes más recientes. Desde que Trump asumió su segundo mandato, 11 personas han muerto en tiroteos a manos de agentes migratorios.
El análisis agrega que “en muchos de estos casos, los funcionarios del gobierno han mentido sobre las circunstancias en las que se empleó la fuerza para exagerar la amenaza a los agentes”.
“Pero incluso cuando las pruebas confirman que el uso de la fuerza por parte del agente no estaba justificada por la amenaza, no se aplican las “sanciones administrativas y penales pertinentes”.
Un absoluto reinado de impunidad.
