Se supone que en los próximos días se cancele el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos tras el fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno de Donald Trump permitiendo además la terminación del programa para sirios, pero en realidad afectando a los 1.3 millones de beneficiarios que al presente poseen permiso de trabajo y protección de la deportación.
Se indicó que la cancelación sería efectiva el 10 de julio, pero expertos, activistas, y el propio USCIS explicaron que las protecciones permanecerían vigentes hasta que el tribunal de menor instancia concuerde con el fallo del Supremo, lo que podría ocurrir el 20 de julio.
Pero sea cual sea la fecha de expiración, el efecto de este fallo será devastador sobre individuos, familias, niños, empleadores y las economías de las localidades, ciudades y estados donde los beneficiarios residen.
Además, Haití está sumida en una precaria y violenta situación política y económica y no es un lugar seguro para recibir a cientos de miles de personas. El TPS se creó precisamente para conceder permisos de trabajo y amparo de la deportación a personas que están en Estados Unidos cuyos países de origen atraviesan por desastres naturales, guerras o inestabilidad política y por ende, económica.
Los llamados a extender en lugar de cancelar el TPS también provienen de políticos republicanos de estados como Florida y Ohio con una fuerte presencia de haitianos beneficiarios de TPS que son parte central de sus comunidades y de su economía.
“No se puede decir que (Haití) sea un lugar estable, por lo que debemos extender el TPS no solo para los haitianos, sino también para los venezolanos”, dijo el congresista republicano de Florida, Carlos Giménez, aludiendo a los terremotos de Venezuela que también suponen que esa nación no pueda absorber a los más de 600 mil venezolanos amparados por el cancelado TPS.
Nicole Malliotakis, congresista republicana de Nueva York, es parte de los 11 legisladores republicanos que apoyaron una fallida medida demócrata para extender el TPS a los haitianos en abril. “Muchos de los pocos que votamos a favor de la extensión del TPS hemos manifestado nuestra preocupación por los empresarios de nuestro distrito”, indicó. Malliotakis afirmó que le han solicitado a la Casa Blanca una extensión del TPS o un programa especial que les permita seguir trabajando.
“No parece que estén dispuestos a hacerlo, pero es lo correcto y seguiremos presionando para que así sea”, indicó la congresista.
Según un análisis de FWD.us, “200 mil titulares haitianos del TPS ya forman parte de la población activa de Estados Unidos trabajando en sectores esenciales, entre los que se incluyen 15 mil trabajadores agrícolas, 13 mil auxiliares de enfermería, 8 mil cuidadores y muchos más”.
Además, “hay 50 mil niños con ciudadanía estadounidense que tienen al menos un progenitor que es titular haitiano del TPS”. “Si se revoca el TPS, se estima que 25 mil de ellos se verían condenados a la pobreza cuando los beneficiarios haitianos del TPS pierdan su permiso de trabajo”.
FWD.us estima que los 330,000 haitianos beneficiarios del TPS “generan $5,900 millones de dólares para la economía estadounidense cada año y pagan anualmente $805 millones de dólares en impuestos federales y sobre nómina, así como $755 millones de dólares en impuestos estatales y locales”.
Los críticos del TPS argumentan que es un programa temporal, no permanente. Pero también es cierto que es válido extenderlo si los países receptores no están en condiciones de absorber a miles de sus nacionales.
Como también es cierto que si son personas que llevan años viviendo en Estados Unidos, algunos décadas, trabajando en sectores esenciales de la economía, pagando impuestos, y con familias establecidas e hijos ciudadanos, lo correcto y sensato sería extender el permiso o legalizarlos.
Y es que cancelar el TPS deslegalizando a sus beneficiarios le provee a Trump inmigrantes a los que detener y deportar si no se van por su propia cuenta.
Pero desestabiliza a las familias que pierden empleos y protecciones, a los patronos que pierden empleados, a niños, enfermos, personas de la tercera edad que pierden a sus cuidadores, y a los gobiernos que dejan de recibir millones de dólares en impuestos.
Es la consecuencia de que el oportunismo político y no la sensatez dirija el tema migratorio.
