WASHINGTON, D.C. – El Comité Judicial del Senado desestimó el martes por 13-5 una enmienda propuesta por el senador Ted Cruz (republicano de Texas) que prohibía que los inmigrantes que se legalizaran a través de la reforma migratoria del Grupo de los Ocho obtuvieran la ciudadanía, eximiendo únicamente a los asilados.
Tres senadores republicanos, Orrin Hatch (Utah), Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Jeff Flake (Arizona) votaron en contra de la enmienda de Cruz.
Cruz advirtió que la derrota de la medida “hará que este proyecto fracase en la Cámara de Representantes”. El senador Charles Schumer (demócrata de Nueva York) dijo advirtió que “si no hay vía a la ciudadanía, no hay reforma” y que la enmienda atentaba contra los valores y las tradiciones estadounidenses y promovía la creación de ciudadanos de segunda clase.
El panel judicial también votó en contra de otra enmienda de Cruz que prohibía que los inmigrantes que legalicen sus permanencias accedan a beneficios públicos.
Dos enmiendas propuestas por el senador Flake, una para revocar el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) de quienes cometan fraude tratando de obtener beneficios públicos para quienes no tienen derecho a la reforma migratoria, y otra que requiere revisiones adicionales de antecedentes policiales y de seguridad nacional de los inmigrantes protegidos por el RPI cuando renueven su estatus, fueron aprobadas.
Anticipan batalla campal
Al reanudar el debate de enmiendas al Título 2 del proyecto de reforma migratoria S. 744, sobre visas de inmigrantes, el Comité Judicial del Senado avanza la vía a la ciudadanía, corazón del proyecto, esquivando intentos por dificultarla o descarrilarla y adoptando enmiendas que incluso la mejoran.
El panel rechazó el martes la enmienda del republicano de mayor rango, Charles Grassley (Iowa), para impedir que los tribunales federales revisaran peticiones de los solicitantes del estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) que contempla el proyecto, incluso para tratar de corregir errores que frenaran o impidieran la ruta a la ciudadanía.
Rechazó además dos enmiendas del senador Mike Lee (republicano de Utah). Una de ellas pedía que los inmigrantes pagaran todos los impuestos atrasados que, según algunos senadores demócratas, habría retrasado o impedido que muchos inmigrantes salieran de las sombras, como lo advirtió dijo el senador de Nueva York Charles Schumer.
Otra impedía que los inmigrantes que se ocultaron tras una orden de deportación o que trataron de reingresar a Estados Unidos se beneficiaran del programa de RPI.
Clarissa Martínez de Castro, directora de Inmigración y Participación Cívica del Consejo Nacional de la Raza (NCLR), recordó que si bien la vía a la ciudadanía ha esquivado muchos golpes, hay que recordar que muchas de las enmiendas que buscan minar esa vía pueden resurgir en el debate en el pleno del Senado, posiblemente, el mes entrante.
“Eso indica que tenemos tiempo para prepararnos para lo que va a ser una batalla campal en el pleno del Senado”, indicó. “Es importante salir del comité con la mayor fuerza posible y hemos cobrado fuerza, aparte de algunos sinsabores. Pero algunas de las enmiendas preocupantes regresarán y por sí solas no serían tan devastadoras, pero juntas pueden minar ese camino a la ciudadanía”, agregó.
Debate de la víspera
El lunes en la noche el panel judicial rechazó una serie de enmiendas del senador Grassley que restringían los requisitos de elegibilidad para el estatus de RPI, limitando el período de solicitud, el tipo documentos requeridos, aumentando las cuotas a pagar y eliminando las dispensas.
Y rechazó otra enmienda del senador republicano de Texas, John Cornyn, que prohibía a los inmigrantes solicitar el estatus de RPI si tenían un delito menor, además de prohibir a los inmigrantes con tres delitos menores obtener cualquier tipo de dispensas.
El panel adoptó la enmienda del senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, que permite a los Soñadores o DREAMers obtener la ciudadanía a través del servicio militar. Y una enmienda de la senadora demócrata Mazie Hirono, de Hawaii, para que los inmigrantes que soliciten el RPI paguen las multas aplicables a plazos.
Camino a la ciudadanía
El anteproyecto de ley S. 744 contempla una vía de 13 años a la ciudadanía. Podrían solicitar el estatus de Inmigrante Provisional Registrado (RPI, por sus siglas en inglés) quienes hayan arribado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011. Esta fecha límite dejaría fuera a cientos de miles de inmigrantes que arribaron a Estados Unidos después del 31 de diciembre de 2011, aunque es probable que existan vías para tratar de ajustar su estatus a través de familiares o empleos.
Tomará 13 años solicitar finalmente la ciudadanía para quienes opten por obtenerla, pero antes hay un largo proceso.
Tomará un año después de firmada la ley completar las regulaciones. Al cabo de ese tiempo inicia el período de aplicación. Los inmigrantes tendrán un año para solicitar y el lapso puede extenderse otros 18 meses si fuera necesario. Durante ese lapso, los inmigrantes elegibles estarán protegidos de la deportación.
Los indocumentados solicitarán el estatus de RPI iniciando su vía a la ciudadanía o la primera etapa. Deberán pagar una multa inicial de $500 (excepto los DREAMers) más las cuotas de solicitud, aprobar la revisión de su historial, demostrar su continua presencia física en Estados Unidos desde antes de la fecha límite establecida del 31 de diciembre de 2011.
Las prohibiciones
Hay delitos que harían inelegibles a ciertos inmigrantes: un delito grave o tres delitos menores, por ejemplo. De ser aprobados por diez años, los inmigrantes estarán bajo ese estatus legal provisional que les permite trabajar, viajar y los ampara de la deportación.
A los seis años, en la segunda etapa, deben renovar su permiso de RPI, que de hecho es renovable cada seis años. Nuevamente deberán pagar una multa de $500 más las cuotas de solicitud, aprobar la revisión de historial, demostrar que no son una carga pública, y que han trabajado o estudiado y pagado impuestos.
Al cabo de 10 años estas personas podrán solicitar la residencia permanente (tercera etapa) pagando $1,000 de multa más las cuotas de solicitud y llenar los requisitos, entre esos, demostrar que están aprendiendo inglés.
Y en la cuarta etapa, al cabo de tres años, pueden solicitar la ciudadanía, si así lo deciden.
De ahí que el proceso tome 13 años. Al presente un residente permanente debe esperar cinco años para solicitar la ciudadanía, o tres si está casado con un ciudadano de Estados Unidos, pero bajo el plan los solicitantes de RPI esperarán tres años para solicitar la naturalización.
Vía rápida
Los DREAMers o Soñadores, los inmigrantes con más de 10 años de estar legalmente en el país amparados por estatus de protección con permiso de trabajo (como TPS o DED por ejemplo) y los trabajadores agrícolas, obtendrán la residencia permanente de una manera más pronta. Por ejemplo, el estatus legal provisional de los DREAMers que ya se titularon será de cinco años al cabo de los cuales podrán solicitar la residencia y la ciudadanía al mismo tiempo. Y los amparados por estatus de protección como TPS o DED pueden solicitar la residencia a partir de 2014 y tres años después la ciudadanía.
Asimismo, los trabajadores agrícolas que participen del programa de tarjeta azul pagarán menos multas y tendrán una espera de cinco años para la residencia permanente si continúan trabajando en la agricultura.
Beneficia a algunos deportados
Bajo el proyecto de ley del Senado, los inmigrantes que están en proceso de deportación, quienes reingresaron al país tras ser removidos o quienes optaron por una salida voluntaria pueden solicitar el estatus legal provisional de RPI si llenan los requisitos, incluyendo su revisión de historial.
Las personas que ya fueron deportadas por causas no criminales también pueden solicitar el estatus legal provisional si son elegibles para el DREAM Act o sin son cónyuges, padres o hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
Estas personas tendrían que solicitar una dispensa para ingresar a Estados Unidos y solicitar el permiso de RPI.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
