La designación del general John Kelly como jefe de despacho del presidente Donald Trump y, por ende, la posibilidad de que otra figura extremista asuma las riendas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que deja vacante Kelly, lanza otro cubetazo de agua fría a los inmigrantes, sus familiares y sus aliados.
No se trata únicamente de que Kelly haya estado implementando al pie de la letra la agenda antiinmigrante de Trump, desechando la discreción y deportando inmigrantes sin historial delictivo. Es que ahora Kelly estará directamente en la Casa Blanca laborando con personajes que llevan la batuta antiinmigrante, como el asesor Stephen Miller, un exempleado del exsenador de Alabama y ahora “apabullado” secretario de Justicia, Jeff Sessions, quien, aunque Trump le ha hecho el feo, es otra figura antiinmigrante que maneja esa agenda al pie de la letra.
Y es además que comienzan las apuestas sobre quién será el sucesor de Kelly en el DHS. Se menciona al secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, autor de algunas de las leyes estatales más antiinmigrantes, como la SB 1070 de Arizona y la HB 56 de Alabama. Y es autor de leyes estatales que según él buscan combatir el fraude electoral, aunque en realidad intenten suprimir el voto de minorías. Kobach copreside la Comisión Asesora sobre Integridad Electoral, cuya única finalidad parece ser tratar de justificar que Trump perdió el voto popular porque “millones” votaron “ilegalmente”.
Incluso se menciona al propio Sessions como sucesor de Kelly, pero esté donde esté, el resultado será el mismo: impulsar la agenda antiinmigrante.
Lo más preocupante de todo este cuadro es que ante la parálisis legislativa y los reveses legislativos, ahora más que nunca Trump parece echar mano de su agenda antiinmigrante como su tabla de salvación y el único rubro donde puede evidenciar resultados.
He repetido mil veces en este espacio que en esta Casa Blanca caótica y disfuncional lo único consistente es su agenda antiinmigrante. Lo cual cobra especial interés tras el fiasco republicano de tratar de repeler el Obamacare.
Igualmente, Trump y sus súbditos son consumidos por el Rusiagate al punto que en seis meses no han logrado avanzar ninguna de sus promesas legislativas. Pero la agenda antiinmigrante, con una que otra limitación, va viento en popa.
Su fuerza de deportación sigue removiendo inmigrantes sin historial delictivo; siguen en pie sus planes de deportaciones expeditas incluso más allá del radio de 100 millas de la frontera y de quienes no puedan probar que llevan más de 90 días viviendo continuamente en Estados Unidos; el futuro de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sigue siendo incierto; y el muro, verja, valla o lo que sea, ya tiene su enganche para ir avanzando a retazos.
El plan de Trump para combatir a la pandilla MS-13 no distingue entre pandilleros e inmigrantes, porque para Trump todos son la misma cosa.
Mucho ojo: nadie está defendiendo lo indefendible ni minimizando el salvajismo de las maras y el pánico que siembran en las propias comunidades de inmigrantes. Pero echar mano de esta situación para seguir satanizando a todos los inmigrantes igualándolos con criminales no es veraz. De hecho, son muchos indocumentados y latinos las víctimas de estos pandilleros y la atmósfera antiinmigrante que vivimos exacerba la situación, pues ni siquiera se atreven a acudir a las autoridades para denunciar si son víctimas o testigos de crímenes.
El viernes en un discurso en Long Island, Nueva York, para publicitar el combate a la MS-13, Trump pasó por alto que la mayor parte de los pandilleros detenidos en operativos federales son ciudadanos estadounidenses, no inmigrantes indocumentados. De lo que se trata es de seguir regando la semilla antiinmigrante que bastantes frutos le ha dado a Trump entre su base extremista.
Y lo que falta, pues en inmigración sigue lloviendo sobre mojado.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice