En estos días se sigue manifestando la urgencia de una reforma migratoria, ahora cuesta arriba con una Casa Blanca y un Congreso hostiles y negados a una medida amplia, sensata y realista, pero abiertos a propuestas antiinmigrantes para apaciguar extremistas.
Este fin de semana se informó del fallecimiento de 9 inmigrantes, incluyendo dos menores de edad, hallados en un camión de carga en San Antonio, Texas. Aunque no se habían dado a conocer todos los detalles, es sabida la extrema necesidad que lleva a migrantes a ponerse en manos de despiadados traficantes humanos. La falta de mecanismos ordenados que atiendan no solo las necesidades laborales en Estados Unidos, sino las de reunificación familiar llevan a las personas a tomar decisiones que en muchos casos resultan fatales.
La falta de nuevas leyes migratorias que se acomoden a la realidad sobre el terreno da paso a que se apliquen leyes retrógradas que no consideran circunstancias especiales. Esto se agudiza si las autoridades migratorias se niegan a ejercer discreción a la hora de decidir quién es deportable y coloque en la misma lista de removidos a delincuentes y personas sin historial delictivo.
La deportación de Jesús Lara la semana pasada, un inmigrante trabajador que pagó impuestos, es padre de cuatro ciudadanos estadounidenses y no tiene historial delictivo, ejemplifica lo que está mal con nuestro sistema migratorio. Aunque en Ohio, donde vivía, un sector insistió en que su deportación fue justificada, otros la lamentaron y otros más aludieron a uno de los mayores mitos migratorios: que se coloque en fila y obtenga la ciudadanía. No hay fila en la qué colocarse y el sistema termina dividiendo familias y privando a comunidades, estados y al país de la mano de obra que prestan y los impuestos que pagan inmigrantes como Lara.
Y aunque en esta atmósfera no hay cabida para medidas migratorias que beneficien a los inmigrantes, el Congreso y la Casa Blanca sí tienen tiempo para impulsar su absurdo muro fronterizo. Esta semana podría haber un voto para incluir una partida de $1,600 millones para el muro en el presupuesto del Departamento de Defensa. Sería apenas un “enganche” para el inútil muro que Trump prometió a sus extremistas.
Por otra parte, mientras se aproxima el 5 de septiembre, la fecha límite artificial impuesta por procuradores republicanos para que Trump revoque la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o lo demandan ante tribunales federales, un grupo bipartidista del Senado volvió a presentar el DREAM Act versión 2017 para legalizar a jóvenes que fueron traídos de niños sin documentos.
La interrogante es cuál es su posibilidad de avance, por lo cual la defensa de DACA cobra especial premura.
Según un sondeo de Morning Consult National, 78% de los republicanos apoya que los DREAMers obtengan la ciudadanía y por un margen de 4 a 1 favorecen que Trump mantenga DACA para los DREAMers. ¿Los escuchará o seguirá apelando a su base antiinmigrante?
En materia migratoria en la era de Trump, la esperanza se ha puesto a prueba. Pero tirar la toalla no puede ser opción.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice