El concepto de asilo es ampliamente reconocido a nivel internacional. Es un derecho humano fundamental solicitado por aquellas personas que están siendo perseguidas por diversas razones en sus países de origen.
Sin ir más lejos, aquí mismo y desde sus primeras etapas como nación, en Estados Unidos los pioneros organizaban caravanas dentro del territorio para desplazarse de una región a otra en busca de una vida mejor. Asimismo, este país ha acogido a un sinnúmero de extranjeros que llegaron aquí básicamente en busca de mejores oportunidades.
De esa misma forma, los centroamericanos que integran la llamada Caravana de migrantes que partió hace más de un mes desde Tapachula, Chiapas, México, hacia la frontera con Estados Unidos están buscando una mejor vida y otras oportunidades para ellos y sus familias.
Para nadie es un secreto que la gran mayoría está huyendo de la violencia en sus países que forman el llamado Triángulo del Norte en Centroamérica: El Salvador, Honduras y Guatemala. La mayoría argumenta que ha sido amenazada de muerte, tanto por las pandillas como por la delincuencia organizada en general. En términos humanitarios, es razón suficiente para no regresar a su país de origen.
Sin embargo, el gobierno de Donald Trump ha respondido de manera hostil a esta solicitud. El presidente ha instruido a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, que no deje entrar a este grupo. Nielsen, de hecho, declaró después en un comunicado que si los miembros de la caravana ingresan al país ilegalmente serían remitidos para su enjuiciamiento por esa razón, de acuerdo con la ley vigente.
A pesar de todo esto, apenas unas pocas solicitudes de asilo de los integrantes de la caravana han sido procesadas por los funcionarios fronterizos.
Según los reportes de prensa, los agentes han admitido a 25 migrantes, la mayoría mujeres y niños. Esto deja fuera a aproximadamente a 150 personas que están en espera de que se les dé la oportunidad de hacer su solicitud.
Pero Estados Unidos está obligado por ley a dar una oportunidad justa a los migrantes que están solicitando asilo, cuya petición es absolutamente legítima.
Lo triste de todo esto es que la mayoría de las solicitudes de ciudadanos centroamericanos son rechazadas y, como consecuencia, ellos son deportados. El porcentaje alcanza, según un estudio de la Universidad de Syracuse, en NY, publicado en el periódico Hoy Los Angeles en enero del año pasado, más del 80% de rechazos. De este modo, el gobierno de Trump está haciendo este proceso mucho más difícil, cerrando la puerta a los refugiados y a todas las personas que están buscando protección. Especialmente de las regiones más vulnerables del planeta.
Es un hecho que el actual gobierno sigue demostrando su posición antiinmigrante y su falta de compasión.
