WASHINGTON – El fallo de la Suprema Corte de la nación determinando que Arizona tiene la potestad de implementar una de las cláusulas más controversiales de su ley migratoria SB 1070, la 2(B) que permite que la policía cuestione la situación migratoria de alguien legalmente detenido o arrestado si existe ‘sospecha razonable’ de que es indocumentado, tiene el potencial de oficializar la discriminación y el uso de perfiles raciales de quienes luzcan ‘diferentes’ o ‘extranjeros’, de darle alas a otros estados para impulsar leyes similares, y de afectar la política electoral a meses de las elecciones generales.
Empero, al declarar anticonstitucionales las otras tres cláusulas bajo consideración confirmando así la preeminencia del gobierno federal sobre el estatal en materia migratoria, el fallo 5-3 del máximo tribunal le quita fuerza a la implementación de la controvertida cláusula 2(B) y abre la puerta a su posible derogación si su puesta en práctica se aparta de lineamientos federales y resulta en discriminación o uso de perfiles raciales.
En otras palabras, el fallo mixto determina que ciertamente la ley de Arizona es demasiado abarcadora y mayormente anticonstitucional.
Pero la cláusula 2(B) es preocupante para una comunidad que desde que la ley entró en vigor en Arizona en 2010 se ha visto asediada por el temor, no sólo de indocumentados sino de residentes legales y ciudadanos de ser blanco de la ley por el mero hecho de “lucir” o “sonar” extranjeros.
Hay que aclarar que el potencial discriminatorio de la ley no estaba bajo consideración ante el tribunal y es objeto de otras demandas.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center (NILC), indicó que “la Corte Suprema ha cometido un grave error al permitir que esta cláusula (2(B)) entre en vigor”. “Sin embargo, en su decisión la Corte apuntó que posiblemente sea inconstitucional bajo otras razones. Seguiremos luchando en las cortes hasta que esta cláusula sea encontrada anticonstitucional”, aseguró Hincapié.
NILC y otros organizaciones interpusieron una demanda que al presente está ante el Tribunal Federal de Distrito en Arizona. “En los próximos días estaremos archivando ante esa corte nuestros argumentos para tratar de que la sección 2(B) no entre en vigor”, añadió Hincapié.
El máximo tribunal determinó la preeminencia del gobierno federal sobre el estatal en materia migratoria en otras tres cláusulas: una que convierte en un crimen estatal (delito menor) el que una persona no lleve consigo sus documentos migratorios; otra que criminaliza a nivel estatal el trabajar sin documentos; y otra que permite el arresto, sin que medien órdenes judiciales, de individuos que se sospeche hayan cometido delitos que los hagan deportables.
Con todo, siempre existe el potencial de que otros estados traten de impulsar leyes similares a la SB 1070 tratando de mantenerla dentro de parámetros que no sean legalmente cuestionados como discriminatorios.
Utah, Georgia, Alabama, Carolina del Sur e Indiana aprobaron leyes similares a la SB 1070 de Arizona.
Pero Hincapié explicó que “las tres cláusulas que fueron encontradas anticonstitucionales están presentes de una u otra forma en las leyes de estos otros estados, al igual que la 2(B) ,y como tenemos demandas en los otros cinco estados, las cortes van a estar analizando que significa esto”. “Casi cada uno de los cinco estados va a ser afectado de alguna forma por este fallo”, indicó.
El caso más complicado, añadió, quizá sea Alabama por la amplitud de temas que abarca la ley HB 56.
Aunque el fallo se circunscribía a la preeminencia del gobierno federal sobre el estatal en materia migratoria y aunque en ese sentido el fallo fue mayormente a tono con la demanda que había interpuesto el Departamento de Justicia contra Arizona, el telón de fondo es el temor a la discriminación que resulta de la aplicación de la Sección 2(B).
Un sondeo de Latino Decisions y de America’s Voice en cinco estados donde el voto latino será clave, encontró que 60% de los votantes hispanos registrados considera que un fallo a favor de Arizona y de su SB 1070 crearía un clima antiinmigrante y antihispano en Estados Unidos, mientras 28% piensa que no. En Arizona y Nevada el temor es más marcado.
El fallo del Supremo se produce una semana después que el presidente Barack Obama anunció un alivió temporal de la deportación de cientos de miles de jóvenes indocumentados o Soñadores.
Y el tema migratorio perfila como uno clave en la lucha por el voto latino en los comicios de noviembre.
El Departamento de Justicia defendió su preeminencia sobre Arizona en la aplicación de leyes migratorias y reiteró su oposición a un mosaico de 50 leyes estatales lidiando con inmigración.
La idea central bajo la ley SB 1070 y sus copias se basa en el concepto de “desgaste mediante la aplicación de leyes”, es decir, hacer la vida de los inmigrantes tan miserable que opten por autodeportarse.
No obstante, el efecto de las leyes ha probado ser contraproducente por su potencial de atentar contra los derechos de ciudadanos y residentes legales. Asimismo, indocumentados que muchas veces se van de una localidad ante leyes de este tipo, no se autodeportan sino que se trasladan a otros estados manteniendo así el círculo vicioso que genera la falta de una reforma migratoria integral.
Esto a su vez incide sobre las economías estatales que se ven afectadas por la pérdida de mano de obra en ciertas industrias y con la sangría de contribuyentes y consumidores. Esto sin contar el daño que leyes de este tipo provocan en la imagen y reputación del estado.
En fin, que el fallo demuestra una vez más la urgente necesidad de una reforma migratoria integral uniforme que de una vez y por todas frene la propagación de confusas y potencialmente discriminatorias leyes estatales.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
