Ante el inminente anuncio de órdenes ejecutivas migratorias por parte del presidente Barack Obama que protegerían de la deportación potencialmente a millones de indocumentados, los opositores republicanos ya están atacando la legalidad y constitucionalidad de las iniciativas aunque ha quedado establecido por expertos y precedentes que el Mandatario tiene la autoridad legal y la discreción para girar cambios de política pública. Lea más aquí.
Según Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, “si la legalidad de la acción ejecutiva es tan clara, ¿por qué los republicanos argumentan que es anticonstitucional?”. “Porque quieren usar el argumento del proceso para esconder dos perturbadoras verdades: 1) que no pueden enfrascarse en un argumento de política pública porque no poseen una alternativa viable y la propuesta de autodeportación no le funcionó bien al nominado presidencial republicano Mitt Romney en 2012; y 2) que están tratando de ocultar el hecho de que en términos generales el Partido Republicano se opone a la reforma migratoria y no tiene a los inmigrantes en alta estima. Es hora de que los republicanos hablen claro. ¿Por qué objetan permitir que familias trabajadoras vivan con libertad y dignidad? ¿qué tiene eso de espantoso?”, agregó Sharry.
A continuación preguntas y respuestas sobre la acción ejecutiva:
Maribel Hastings
America’s Voice
Acción Ejecutiva: Preguntas y respuestas
1. ¿Qué es una acción ejecutiva?
Es una medida girada por el presidente en funciones como cabeza del poder ejecutivo, ya sea para aclarar funciones de las agencias que comprenden esa rama ejecutiva, para implementar cambios de política pública, y en ciertos casos como solución temporal para abordar asuntos que no han sido solucionados por el Congreso. El Congreso legisla, pero el presidente tiene cierta flexibilidad para decidir cómo implementar esas leyes. Como tal, las órdenes ejecutivas están sujetas a revisión judicial y pueden ser revocadas en tribunales. Igualmente, el Congreso puede bloquearlas al no aprobar fondos para su implementación.
2. ¿Tiene el presidente Barack Obama la autoridad legal para amparar de la deportación a millones de personas?
Comencemos con lo que el presidente NO puede hacer: legalizar de un plumazo a 11 millones de indocumentados y frenar la deportación de todas esas personas. Sólo la legislación que se convierta en ley ofrece una solución permanente para legalizar indocumentados. El presidente sí tiene flexibilidad y discreción para aplicar las leyes de forma humana y práctica. El Congreso asigna fondos para la aplicación de las leyes migratorias y el presidente no puede emplear ese dinero en otras áreas no relacionadas, pera sí tiene la discreción de fijar prioridades en la aplicación de esas leyes migratorias, por ejemplo, para decidir qué inmigrantes son prioridad de deportación y quiénes no.
3. Los republicanos acusan al presidente Obama de abusar de su autoridad y de querer gobernar por decreto. Pero ¿cuántos presidentes antes que él han usado la acción ejecutiva para proveer alivio migratorio?
Según el Center for American Progress (CAP), desde que el Congreso aprobó la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, un total de 11 presidentes, desde Dwight D. Eisenhower hasta Barack Obama, republicanos y demócratas, han girado órdenes ejecutivas migratorias “para lidiar con situaciones no anticipadas de nacionales extranjeros aquí y en el exterior”. En los pasados 60 años se han girado órdenes ejecutivas migratorias en 39 ocasiones diferentes.
4. ¿Cuáles son algunos ejemplos de inmigrantes beneficiados por estas órdenes ejecutivas?
Según CAP, 1.5 millones de cónyuges e hijos de los indocumentados que se beneficiaron de la amnistía de 1986 se hicieron elegibles para la Acción Diferida en 1990 gracias a una orden girada por el presidente republicano George Bush padre.
Más de 600,000: la cifra de cubanos admitidos a Estados Unidos fuera del sistema normal de visas entre 1959 y 1972.
610,000: Soñadores beneficiados por la Acción Diferida que Obama concedió en 2012.
5. El presidente Obama se aprestaría a girar una orden ejecutiva migratoria ante la inacción legislativa de la Cámara Baja de mayoría republicana. ¿Cuál es el significado de esta orden ejecutiva?
Se trataría del mayor beneficio migratorio que se haya concedido en los últimos años en ausencia de una reforma migratoria amplia. Millones de indocumentados podrían obtener protección de la deportación y permisos de trabajo. Aunque la orden ejecutiva no sustituye la solución permanente que sólo se consigue a través de una legislación que pueda convertirse en ley. Asimismo, la economía se beneficiaría. Según CAP, si el presidente amplía la Acción Diferida para incluir a inmigrantes que han vivido en Estados Unidos durante cuando menos cinco años, eso representaría un alza de casi 45 mil millones de dólares en ingresos por impuestos sobre la nómina en los próximos cinco años.
6. ¿Qué ocurrirá con el resto de la población indocumentada que no llena los requisitos de esta orden ejecutiva?
Lamentablemente la medida no cubre a toda la población indocumentada que no forme parte de las categorías de inmigrantes que se seleccionen o que no llenen los requisitos por otras razones, entre otras, tiempo de residencia en Estados Unidos o historial delictivo. Los grupos pro inmigrantes, no obstante, siguen presionando por una reforma migratoria amplia.
7. A partir de enero los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso. ¿Qué puede hacer este cuerpo legislativo para revocar las órdenes ejecutivas de un presidente en funciones?
Las acciones ejecutivas también son afectadas por el Congreso que puede legislar para no financiar el programa o no renovarlo como ha tratado de hacer la Cámara Baja con DACA. “El Congreso puede usar su poder de financiamiento para restringir la autoridad legal del presidente. Pero el Congreso no puede prohibir que el presidente ejerza la discreción procesal en casos individuales. Si el presidente indica que el DHS no removerá individuos con más de diez años viviendo en Estados Unidos que no han cometido delitos, el Congreso no puede bloquear esa decisión”, señaló Marshall Fitz, director de política migratoria de CAP. Ahora bien, el Comité de Asignación de Fondos de la Cámara Baja, aclaró en un comunicado de prensa, que la agencia que estaría encargada de procesar las solicitudes de Acción Diferida, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (CIS), se autofinancia con las cuotas que cobra por los servicios de ajuste migratorio de manera que el Congreso no puede quitarle fondos que no le asigna.
8. Si la orden ejecutiva prevalece, ¿puede el próximo presidente revocarla?
Sí, son revocables.
9. Las órdenes ejecutivas no sustituyen la solución permanente requerida que es la reforma migratoria. ¿Qué posibilidades reales tiene la reforma migratoria de concretarse en el futuro cercano?
Es difícil predecirlo. Se requiere mucha voluntad política sobre todo de los republicanos que controlarán el Congreso a partir de enero. Los republicanos se han enfrascado en bloquear la reforma migratoria y las órdenes ejecutivas en perjuicio de sus intereses políticos de cara a las elecciones presidenciales de 2016. Sus posturas sólo perpetuarán su imagen de antiinmigrantes y antilatinos alejando a este sector electoral que requieren para ganar la Casa Blanca.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice