WASHINGTON, DC – La pregunta que algunos nos hacemos es dónde estaba este presidente Barack Obama, que tras la barrida republicana del 4 de noviembre ha emergido dispuesto a enfrentar a los republicanos que controlarán el Congreso a partir de enero. Decidido, aparentemente, a encarar las amenazas republicanas de demandas legales, bloqueos presupuestarios y en algunos casos hasta de juicios de destitución si gira órdenes ejecutivas migratorias para diferir deportaciones y conceder permisos de trabajo temporales potencialmente a millones de indocumentados.
Debe ser un Obama preocupado por su legado y que trata de balancear su récord de deportaciones con alguna iniciativa que semeje la promesa que formuló en 2008, la de promulgar una reforma migratoria durante su presidencia. Un Obama que finalmente parece entender que enfrentar a los republicanos en este tema puede generar dos resultados: o finalmente negocian para buscar una salida legislativa bipartidista a este asunto, salida que han bloqueado por años; o reaccionan de forma tan virulenta que acaban de cavar su propia tumba con los grupos de votantes que necesitan para ganar la Casa Blanca, como es el caso de los hispanos. Y también con otros grupos de votantes si, de cara a las elecciones presidenciales, deciden usar los próximos dos años para destilar veneno partidista y obstruccionista y no para gobernar y resolver problemas.
Las acciones ejecutivas migratorias no son la solución permanente o más incluyente, pero es lo disponible ahora, casi una década después de los intentos de 2006 y 2007 de impulsar una reforma migratoria amplia, y la espera de los pasados seis años durante la presidencia de Obama y la obstrucción republicana a la solución legislativa permanente. Y sí, no olvidamos que los demócratas controlaron el Congreso en 2009 y 2010 y no impulsaron la reforma migratoria, optando por la de salud. Pero agua pasada no mueve molinos.
Si nos remitimos a la historia reciente, las potenciales órdenes ejecutivas constituirían el mayor beneficio migratorio que se haya ofrecido a nivel federal, aunque de momento no se sepa exactamente cuántos indocumentados obtendrían la acción diferida de la deportación y si la cifra y las categorías de inmigrantes que se beneficiarían serán de la satisfacción de los diversos actores involucrados.
No todos quedarán satisfechos. Habrá quienes critiquen que no incluya a los más de 11 millones de indocumentados o que se haya seleccionado una categoría de inmigrantes sobre otra.
De la oposición republicana ni se diga. Aparentemente para estas personas las acciones ejecutivas son potestad de presidentes republicanos o de demócratas, siempre y cuando no se llamen Barack Obama porque entonces la acción es ilegal y anticonstitucional, aunque expertos coincidan en que los presidentes tienen la discreción de echar mano de su poder ejecutivo en el caso migratorio para proveer alivio temporal de la deportación a ciertos grupos de indocumentados que llenen determinados requisitos.
Los presidentes republicanos Ronald Reagan y George Bush padre emplearon esa discreción para proteger de la deportación a cónyuges e hijos de beneficiarios de la amnistía de 1986 promulgada por Reagan.
Las órdenes ejecutivas son temporales y revocables. No conceden una vía a la ciudadanía a millones como argumentan los republicanos al calificarlas de “amnistía ejecutiva”. No son decreto escrito en piedra y serían innecesarias si los republicanos de la Cámara Baja debaten y aprueban un plan de reforma migratoria que proponga soluciones realistas sobre qué hacer con los más de 11 millones de indocumentados.
La reacción republicana es cínica. Acusan a Obama de actuar unilateralmente pero no dicen que hace año y medio recibieron el proyecto de reforma migratoria S. 744 que aprobó el Senado en junio de 2013. La Cámara Baja de mayoría republicana se rehusó a debatirlo, pero tampoco presentó su propia propuesta.
Ahora mismo ponderan cómo bloquear las órdenes ejecutivas cuando lo único que tienen que hacer es presentar un proyecto de ley, debatirlo y aprobarlo para negociar con el Senado. Todavía el S.744 está vigente. En enero habría que partir de cero.
Pero no lo hacen porque les conviene el statu quo para seguir echando leña al fuego de su base. Y para evitar el espectáculo del ala antiinmigrante que muestra el cobre antilatino. Critican la acción ejecutiva pero tampoco legislan. Son como el perro del hortelano: ni comen ni dejan comer.
Si Obama realmente actúa en los próximos días o antes de fin de año, ya era tiempo de que lo hiciera por las familias, por nuestra economía, por nuestra seguridad. Si los republicanos patalean, que legislen.
Y las órdenes ejecutivas no serían la última palabra. El presidente de la Cámara Baja, John Boehner, prometió que pelearán “con uñas y dientes” para frenarlas, mas no para presentar legislación.
Pero algo parpadea al final del túnel. Pronto sabremos si es luz o espejismo.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice