En otro intento más de reducir la aprobación de solicitudes de residencia o green card para disminuir la inmigración legal, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) del gobierno de Donald Trump anunció que ciertos peticionarios de residencia permanente dentro de Estados Unidos deberán retornar a sus países y hacerlo a través de consulados estadounidenses en el extranjero.
Estamos hablando de cientos de miles de personas incluidos cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes. También de profesionales especializados que ya realizan trabajos e investigaciones en Estados Unidos, aunque el gobierno ha aclarado que podrían estar exentos.
Supone la separación de familias, sin contar con que el cambio exacerbará el rezago en el procesamiento de las solicitudes que llegó a ser de meses, pero ahora se calcula que pueden ser años de espera.
Por ejemplo, las tarjetas de residencia a través de un empleador, pueden tomar un promedio de 3.4 años. Y en el caso de ajuste por reunificación familiar, las esperas van de 10 meses hasta 15 años. Todo depende de la categoría de visa y del país de origen.
En el caso de las tarjetas de residencia permanente, el rezago es de 1.2 millones.
Quiénes deberán salir del país se determinará caso por caso, explicó la agencia, pero permanecer en Estados Unidos será más la excepción que la regla. Se espera que el cambio afecte a estudiantes, trabajadores temporales y otros no inmigrantes que actualmente se encuentran en territorio estadounidense.
Y tiene implicaciones serias para quienes permanecieron más allá del tiempo autorizado por sus visas o ingresaron sin documentos porque salir del país activa las prohibiciones de tres y diez años de retornar a Estados Unidos que contempla la ley de inmigración. Si permanecen en Estados Unidos pueden activar la expulsión por presencia ilegal, explicó el abogado de inmigración David Leopold, pasado presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
“Esto nunca ha tenido que ver con arreglar el sistema de inmigración. Se trata de destruir toda la inmigración y particularmente de atacar la inmigración legal”, declaró Leopold.
Según el Migration Policy Institute (MPI), “en el año fiscal 2024, cerca de 1.4 millones de inmigrantes se convirtieron en residentes permanentes legales (LPR, también conocidos como titulares de la tarjeta verde).
De las 1.4 millones adjudicadas en el año fiscal 2024, el 58% (783,800) de los nuevos LPR recibieron la tarjeta verde dentro de Estados Unidos, según el MPI. “La mayoría de estos nuevos residentes permanentes eran cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses y titulares de tarjetas de residencia (53%), seguidos por personas que ajustaron su estatus de refugiado o asilado (28%) u obtuvieron una tarjeta de residencia a través del empleo (15%)”, dice el reporte del MPI.
Aaron Reichlin-Melnick, investigador del American Immigration Council, acudió a las redes sociales para reaccionar al cambio. “¿Por qué es importante que las personas tengan que presentar su solicitud en el extranjero? Podría obligar a las personas a dejar sus trabajos, hogares y familias durante semanas o meses, asumiendo ellos todos los gastos; las decisiones consulares son prácticamente inapelables ante los tribunales, incluso cuando son manifiestamente erróneas; y los rezagos pueden ser mucho peores”.
Desde un principio la guerra de Trump no ha sido únicamente contra los indocumentados sino contra la inmigración legal, sobre todo de inmigrantes de color. Esto lo hemos visto con la cancelación del TPS para nacionales de diversos país, del parole humanitario, la reducción en la cifra de asilados y refugiados, los retrasos en la renovación de los permisos de DACA. La idea es deslegalizarlos para hacerlos deportables.
Según el MPI, algunas de esas medidas que han reducido la inmigración autorizada son: “prohibiciones y restricciones de viaje impuestas a los nacionales de 39 países; suspensiones en la expedición de visados permanentes que afectan a 75 países; nuevas directrices de investigación de antecedentes que han provocado una caída considerable en la concesión de visas de estudiante; una cuota de solicitud de $100,000 dólares para los trabajadores altamente especializados con visa H-1B; y el desvío de personal que tramita solicitudes de inmigración a la revisión de antecedentes de los beneficiarios”.
En el caso de los ajustes migratorios para la residencia permanente, la estrategia ha sido no procesarlas, pero ahora, con la nueva directriz, el plan es denegarlas.
Y es que la guerra contra los indocumentados ha sido la excusa del gobierno de Trump para socavar la inmigración legal que el presidente, su asesor, Stephen Miller, y su fiel base ven como una amenaza a su supervivencia.
