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Unos 240,000 inmigrantes, junto con millones de seres queridos entre sus amplias familias, celebraron y lloraron anoche al enterarse de que un juez federal dio una orden temporal para bloquear la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) que había sido ordenada por el gobierno de Trump para cientos de miles de haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y sudaneses.
Entre los aspectos más importantes del fallo emitido por el juez federal Edward Chen se encuentran: terminar el TPS perjudicaría a cientos de miles de beneficiarios y sus familias; la animadversión racial parece haber influido en la decisión de la Casa Blanca; poner fin al TPS causaría estragos en las economías locales y nacional; y terminar con este programa habría minado la estabilidad de los países afectados y, como consecuencia, dañaría los intereses de nuestra política exterior.
Declaración de Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice:
En relación con los 300,000 beneficiarios de TPS amenazados con ser expulsados de sus familias, empleos, negocios y comunidades, ha sido claro desde hace mucho que en lugar de apegarse a la ley, el gobierno de Trump se ha apegado a su radical agenda nativista. Afortunadamente, el juez Chen ha fallado en contra de este comportamiento ilegal y ha puesto un alto temporal a la crueldad y al cinismo de este aspecto de la agenda de deportación masiva de Trump, Stephen Miller, Jeff Sessions y Kirstjen Nielsen.
Pero seamos claros. En algún momento, el gobierno pondrá este caso ante la Suprema Corte y no tendremos más confianza en que esta tomará una decisión justa e imparcial. Más allá de la suspensión temporal ordenada por las cortes inferiores, la única solución real está en el Congreso. También hay que tener claro lo que está en juego en la próxima elección. A menos que los demócratas ganen la mayoría en cuando menos la Cámara de Representantes, ningún alivio legislativo se vislumbra. Siempre y cuando los demócratas ganen la elección, será posible e incluso indispensable para la rama legislativa lograr una solución permanente para cientos de miles de beneficiarios de TPS que han vivido con estatus legal durante años y ayudado a sus familias y a sus comunidades.
