Y llegó la ley antiinmigrante SB 1070 de Arizona a donde querían sus promotores.
La Suprema Corte de la nación considerará la normativa y mientras un bando encabezado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, espera que el máximo tribunal revierta el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que bloqueó la ley, otro bando espera que finalmente haya un veredicto que establezca sin lugar a dudas y nacionalmente que la aplicación de leyes migratorias es de competencia federal y no de los estados.
Las expectativas son altas y delicadas.
Hay que recordar que la SB 1070, aunque bloqueada, ha sido modelo para otros estados que han aprobado sus propias leyes argumentando que el gobierno federal ha claudicado en su responsabilidad de aplicar las leyes migratorias.
Así han surgido, por ejemplo, leyes como la HB 56 de Alabama, la ley migratoria más severa del país que ha generado en ese estado una crisis humanitaria y repercusiones económicas y de derechos civiles aún cuando varias de sus cláusulas han sido bloqueadas.
El común denominador de estas leyes es la miopía de sus promotores de tratar de resolver de manera emocional un asunto que requiere razonamiento.
A lo largo del año próximo a concluir Alabama y Carolina del Sur han sido los ejemplos más recientes de leyes draconianas que no toman en cuenta el impacto no sólo humanitario de estas normativas sobre las familias de situación migratoria mixta, muchas de ellas con niños ciudadanos, sino el potencial de discriminación y violaciones de derechos civiles de ciudadanos y residentes legales y los efectos nefastos sobre sus economías.
Alabama, por ejemplo, sigue viendo los efectos en su agricultura, con intentos de entrenar reos para llevar a cabo las labores de los trabajadores agrícolas que abandonaron el estado; en la merma de consumidores; y para colmo de males, ha aplicado la ley contra ejecutivos de empresas que generan miles de empleos en el estado con las recientes intervenciones policiales con ejecutivos de las automotrices Mercedes Benz y Honda.
Ahora el gobernador de Alabama, Robert Bentley, y el propio procurador estatal, Luther Strange, hablan de “cambios” a la normativa para tratar de aminorar algunos de los dolores de cabeza creados.
Otro estado que se las ha visto negras en el frente agrícola con su ley migratoria fue Georgia con la pérdida de cosechas enteras y de millones de dólares en el proceso.
El propio estado de Arizona vio los efectos negativos de la SB 1070 sobre su economía perdiendo millones de dólares en diversos rubros. Incluso el arquitecto de la ley, el ex presidente del Senado, Russell Pearce, fue sacado de su puesto en una elección especial en un distrito conservador donde una coalición de votantes de diversa ideología condenó su obsesión con el tema migratorio a expensas de buscar soluciones a otros problemas de sus representados.
El Departamento de Justicia argumenta que los estados no tienen la autoridad inherente de aprobar e implementar sus propias leyes de inmigración porque resultará, como poco a poco ha ido pasando, en un mosaico de diversas leyes migratorias.
Sin embargo, hay temor de que la decisión de la jueza Elena Kagan de abstenerse de participar en el caso por su previa labor en el gobierno suponga que el máximo tribunal se divida en un voto de 4 a 4 entre magistrados conservadores y más liberales lo cual supondría que se sostenga el fallo en contra de la SB 1070 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco y no se trataría de una decisión de alcance nacional.
Lo mejor, sin embargo, sería que el Supremo fallara sin lugar a dudas que aprobar e implementar las leyes de inmigración le corresponde al gobierno federal precisamente para evitar el mosaico de miopes leyes estatales.
Y lo mejor también sería que el desbarajuste que ha desatado a través del país la falta de una reforma migratoria integral sirva precisamente para resaltar la urgencia de dicha reforma.
Los esfuerzos del gobierno federal de tratar de ir apagando incendios estado por estado deberían centrarse en tratar de impulsar la requerida reforma.
Se anticipa que el fallo del Supremo sea antes del cierre de su sesión en junio de 2012 lo cual coloca el espinoso tema en pleno año electoral y con potenciales repercusiones para las partes involucradas.
Recordemos que la intervención del Departamento de Justicia bajo la administración Obama en contra de leyes migratorias en Arizona, Carolina del Sur, Alabama y Utah ha sido bienvenida por grupos que defienden la reforma migratoria y que han condenado la cifra récord de deportaciones bajo el presente gobierno.
Queda por ver si el sentido común prevalece en un máximo tribunal que en el pasado ha emitido cuestionables fallos en diversos rubros.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
