Washington, DC – A continuación compartimos una declaración de David Leopold, asesor legal de America’s Voice, expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y líder del grupo de inmigración de la firma legal Ulmer & Berne LLP, en reacción al fallo de la Suprema Corte en el caso migratorio Estados Unidos v Texas.
“Esta es una victoria del sentido común sobre el caos y un golpe a la codependencia de los republicanos a la vía judicial antiinmigrante.
Durante los pasados tres años, los gobernadores y procuradores generales republicanos, liderados por el recientemente acusado Ken Paxton, de Texas, han intentado asumir el control del sistema federal de inmigración. En el caso Estados Unidos v Texas, su objetivo era anular las políticas migratorias de sentido común establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y avaladas por anteriores sesiones del Congreso. Hoy, la Suprema Corte de Estados Unidos cerró el paso a los esfuerzos de los republicanos con una decisión de 8-1 escrita por el juez Brett Kavanaugh.
La Corte falló que los demandantes, Texas y Louisiana, no tenían base legal en su demanda de bloquear las guías sensatas fijadas por el gobierno de Biden. Como dictaminó Kavanaugh, “los precedentes de esta Corte y la larga práctica histórica establecen que la demanda de los estados no es una que la corte federal pueda reparar”. Eso debió ser obvio para todo aquel que está enfocado en la ley y no en la política.
Para ser claros, este caso nunca debió llegar tan lejos. Pero Paxton utilizó lo que llamamos “la vía judicial antiinmigrante”. Él sabía que el juez federal de distrito Drew Tipton, designado por Trump, sería un aliado confiable. Además, podía contar con el Quinto Circuito de Apelaciones para mantener lo que Tipton decidiera. Fue solamente una táctica política antiinmigrante disfrazada de demanda judicial.
Afortunadamente, en este caso la Suprema Corte cerró esa vía. En momentos en que los republicanos dependen de esa vía para bloquear u obstruir toda política migratoria sensata –desde DACA hasta nuevas rutas legales de migración–, esperamos que el fallo de hoy sea una señal de que en materia de inmigración los jueces deben basarse en la ley y no imponer sus propios criterios políticos”.
