En la demanda se argumenta que la orden ejecutiva de la gobernadora republicana está en conflicto con la Constitución porque el gobierno federal es quien tiene la jurisdicción para regular el campo de la inmigración y no el estado. Por otra parte, los demandantes también sostienen que Brewer está violando la Décimo Cuarta Enmienda de la Constitución al discriminar contra los jóvenes que obtienen acción diferida mediante el plan conocido como DACA y no en otros casos.
