Sectores conservadores criticaron al proyecto de ley de reforma migratoria presentado el miércoles y afirmaron que se trata de una recompensa inmerecida
para personas que ingresaron a Estados Unidos violando las leyes, mientras que activistas que velan por los inmigrantes hispanos cuestionaron que la iniciativa
condicione la opción de la naturalización a la mejora de la seguridad fronteriza. La medida establece que los deportados antes del 31 de diciembre de 2011 sin cargos criminales pueden solicitar su reingreso a Estados Unidos con el estatus legal provisional si son esposos o parientes de un niño estadounidense o residente permanente. Entretanto, el Movimiento por Una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés), calificó el proyecto de ley a través de su portavoz Kica Matos como un “punto de partida” y expresó su disposición para mejorarlo expandiendo “la cantidad de personas que son elegibles para la ciudadanía”.
