La frustración del público es comprensible, pero debe resultar en una reforma migratoria por parte del Congreso y no en leyes que violen la Constitución y los derechos individuales
WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia está tomando las acciones debidas para reasumir el control de la política migratoria a nivel nacional, que es donde debe radicar. No debe permitirse el intento radical de Arizona de usurpar la ley federal. Permitir que 50 estados redacten su propia política migratoria es como permitir que cada uno de los estados tenga su propia política exterior.
Según Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, “la gente de Arizona está comprensiblemente frustrada con la inmigración indocumentada, pero hay una forma correcta y una forma incorrecta de solucionar el problema. La forma correcta de hacerlo es que los funcionarios electos en Washington, D.C., de ambos partidos, avancen una reforma migratoria integral, una solución que la mayoría de los estadounidenses apoya. La forma incorrecta de hacerlo es que de manera individual estados como Arizona tomen la ley en sus propias manos en una forma que viola la Constitución y convierte a ciudadanos estadounidenses en blanco sólo por el color de su piel o su acento”.
La mayor parte de los latinos de Arizona están aquí legalmente pero bajo la ley de Arizona estos ciudadanos o residentes legales serán tratados como culpables hasta que prueben que son inocentes. “Este caso podría ser fundamental en la historia de los derechos civiles de Estados Unidos. Si tiene éxito, la demanda protegería los derechos de cada ciudadano estadounidense. En estos momentos el color de la piel de una persona puede hacerla sospechosa, pero mañana puede hacerlo su afiliación religiosa”, agregó Sharry.
“Ya es hora de que adultos responsables se enfrenten a los políticos derechistas de Arizona. La gobernadora Jan Brewer está más preocupada por la seguridad política en su próxima primaria que en la seguridad fronteriza de su estado. El senador estatal, Russell Pearce, autor de la ley, ahora quiere mancillar un poco más la Constitución con una ley estatal que busca impedir que los bebés latinos de padres indocumentados obtengan la ciudadanía estadounidense. El notorio alguacil Joe Arpaio, en cuyas fallidas tácticas se basa la nueva ley de Arizona, recluta cuadrillas de voluntarios para allanar vecindarios latinos y detener hispanos bajo ofensas fabricadas para tener la excusa de pedirles documentos migratorios. Y los funcionarios federales de mayor rango en el estado, los senadores republicanos Jon Kyl y John McCain, están respaldando a estos radicales en lugar de hacer lo que hicieron en el pasado, que es defender la reforma migratoria amplia como la única solución real al problema de la inmigración indocumentada. Afortunadamente, los Padres de la Patria crearon un sistema de equilibrio de poderes para situaciones en las cuales los políticos pretenden pisotear la Constitución y los derechos de las minorías”, concluyó Sharry.
Vea aquí una entrevista con Frank Sharry.
