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Alabama contra sí misma (Editorial)

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Originalmente publicada en La Opinión

La entrada en vigencia de la ley HB56 de Alabama, cuyas partes fueron ratificadas hace unos días por una jueza federal, tiene un costo perjudicial para el estado al causar un éxodo de la población latina de ese estado.

La legislación restrictiva es un triunfo de la legalidad para sus entusiastas, que ven la inmigración indocumentada bajo un estrecho prisma político alejado de la realidad y lleno de estereotipos. En realidad, el impacto es contraproducente en las áreas que precisamente la ley pretende ayudar como lo es la economía y la seguridad.

Ya es conocida la dificultad por la que está pasando la industria agrícola en ese estado sureño al no conseguir mano de obra para las cosechas. Ahora la cláusula que obliga a las escuelas a preguntar por la condición legal de los alumnos inscritos, por primera vez está creando un gran temor en la comunidad inmigrante que está retirando a sus niños de la escuela. Esto perjudica la educación de los menores y le cuesta dinero federal a Alabama. Las autoridades escolares estimaron que la ausencia de 231 alumnos —tal como ocurrió el jueves pasado— significa una pérdida de dos millones de dólares de fondos federales para el distrito escolar.

Al mismo tiempo, el convertir a las autoridades policiales en funcionarios migratorios obligados a pedir papeles es una distracción de recursos en momentos en que se recortan presupuestos. El crecimiento de la población entre 1990 y el 2009 no representó un aumento en los delitos cometidos, según las cifras federales. En cambio la reducción de servicios por falta de fondos y el incremento de labor sobre la policía establecido por la ley, sí compromete la seguridad pública.

El reciente fallo de la jueza Sharon Blackburn eliminó algunos elementos controversiales de la ley estatal y abrió la puerta a otros como los que convierte a educadores y policías en agentes de inmigración. Sin embargo, todavía hay esperanzas para que los tribunales puedan actuar contra las cláusulas que ya entraron en vigencia. Esperamos que así sea tanto por el bien de los indocumentados que hoy son hostigados como por Alabama, que ciegamente se ha embarcado en una política que perjudica sus propios intereses.