06/10/09 a 11:19am por Maribel Hastings
Dos de los controversiales asuntos que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) maneja, los centros de detención y la sección 287(g), son símbolos de la disfuncionalidad de nuestro sistema migratorio, y aunque se están anunciando medidas para corregir ciertas fallas, ojalá que el resultado en la práctica sea tan bueno como se promete.
El DHS anunciaría hoy medidas más específicas para enmendar las fallas de un sistema de detención que ha sido objeto de críticas (y demandas) a todos los niveles por mezclar inmigrantes con criminales, albergar niños como reos, no ofrecer asistencia médica adecuada al punto de registrarse muertes, y y no proveer asistencia legal adecuada.
Aparentemente el DHS piensa distribuir a los detenidos de acuerdo al riesgo que representen, separando a los criminales de quienes no lo son. Cuesta creer que algo tan elemental no se tomara en cuenta.
Se espera que la agencia habilite instalaciones que antes fueron hoteles o asilos para albergar a los inmigrantes que no son criminales. Al presente los inmigrantes detenidos se reparten en cárceles locales, estatales y federales mezclando poblaciones y suponiendo un alto costo humano y económico.
Asimismo, la agencia espera poder determinar de antemano las condiciones médicas de los detenidos para poder brindar el tratamiento médico requerido, tanto para padecimientos físicos como mentales.
Igualmente, planifica concentrar la supervisión de los centros en empleados federales y no en contratistas privados, como hasta ahora, que son más costosos y carecen del entrenamiento que se supone tengan los empleados federales para lidiar con esta población.
Y si saben que sólo empleados federales son los que tienen el entrenamiento adecuado para lidiar con esta población de inmigrantes detenidos, es curioso que no apliquen el mismo argumento a la hora de implementar su otro dolor de cabeza, la Sección 287(g), que permite a policías locales actuar como agentes de inmigración.
Se espera que a mediados de este mes se anuncien los resultados de la revisión de los acuerdos que el gobierno federal tiene con casi un centener de agencias policiales a través del país para que funjan como agentes de inmigración.
Llama la atención que el dudosamente célebre Alguacil Joe Arpaio, del condado de Maricopa en Arizona, haya anunciado que renovó su acuerdo con la Oficina de Inmigración y Controles Aduanales (ICE), pero que sólo podrá aplicar el programa en las cárceles y no en las calles al conducir sus lamentables operativos en vecindarios hispanos donde lo ha aplicado de forma discriminatoria deteniendo gente a diestra y siniestra utilizando perfiles raciales.
ICE, de momento, no ha confirmado lo dicho por el desafiante Arpaio que insiste en que nada cambiará.
Lo cuestionable es que, de ser cierto lo que alega Arpaio, todavía se le renueve el acuerdo a un individuo que es investigado por violaciones de derechos civiles en la implementación del mencionado programa y que enfrenta miles de demandas.
Es cierto que la administración Obama quiere demostrar que está usando mano dura en la aplicación de leyes migratorias. Pero este programa no tiene sentido, y lo han dicho incluso organizaciones policiales que señalan que la policía local no está capacitada para aplicar leyes migratorias, y que hacerlo genera desconfianza en la población inmigrante que temerá reportar delitos a la policía o colaborar con las autoridades en pesquisas criminales.
Si bien la Sección 287 (g) es una solución a medias sin sentido, menos sentido tiene que lo siga aplicando un individuo como Arpaio.
