01/04/09 a 2:08pm por Maribel Hastings
La posibilidad de que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) revise su política sobre la aplicación de leyes migratorias en redadas y otros operativos, sería un giro prudente si, como aseguran artículos de prensa, la atención se centrará en los empleadores y en los criminales, y no en los trabajadores más vulnerables.
En otra señal de cambios, otros medios reportaron que varios de los 28 trabajadores detenidos en un redada en Bellingham, estado de Washington hace un mes, fueron liberados y se les otorgaron permisos de trabajo mientras se conduce la pesquisa sobre el operativo.
La posibilidad de que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) revise su política sobre la aplicación de leyes migratorias en redadas y otros operativos, sería un giro prudente si, como aseguran artículos
de prensa, la atención se centrará en los empleadores y en los criminales, y no en los trabajadores más vulnerables.
En otra señal de cambios, otros medios reportaron que varios de los 28 trabajadores detenidos en un redada en Bellingham, estado de Washington hace un mes, fueron liberados y se les otorgaron permisos de trabajo mientras se conduce la pesquisa sobre el operativo.
Se asegura que la Secretaria del DHS, Janet Napolitano, ha retrasado una serie de redadas programadas ordenando un mayor escrutinio de quiénes serían blanco de los operativos, y del momento en que se conducirían. Se indicó que el DHS estaría a punto de anunciar los cambios.
La idea es intensificar el énfasis sobre los patronos que violan las leyes migratorias y sobre los indocumentados con historial criminal.
No se trata de suavizar la aplicación de leyes migratorias. Se trata de aplicarlas vigorosamente pero no dirigirlas a los trabajadores más vulnerables sino a los empleadores inescrupulosos y a los criminales.
Esto es precisamente lo que recomienda un nuevo reporte de America’s Voice. El análisis documenta cómo la administración del ex presidente George W. Bush centró sus recursos y esfuerzos en perseguir a trabajadores indocumentados al aplicar las leyes migratorias, laborales y diversos programas de asistencia a gobiernos locales y estatales en lugar de concentrase en empleadores inescrupulosos o criminales.
Napolitano, ex gobernadora del estado fronterizo de Arizona, ha dicho repetidamente que al aplicar las leyes migratorias hay que balancear el énfasis que se coloca sobre los diferentes protagonistas involucrados en la ecuación.
De un lado está el indocumentado que trabaja sin los beneficios ni los sueldos de empleados con documentos, y que es vulnerable a la explotación por parte de patronos inescrupulosos. Aunque en su mayoría se trata de personas que sólo buscan el progreso de sus familias, siempre se cuelan aquellos que se sirven de la clandestinidad para llevar a cabo actividades criminales.
De otra parte, están los empleadores muchos de los cuales contratan indocumentados para pagar menos y no proveer beneficios.
Y otros afectados indirectamente son los trabajadores con documentos en regla y los ciudadanos que sufren las consecuencias porque un sector de la fuerza laboral sin derechos supone la depresión salarial del resto.
En tanto se arribe a una solución razonable, es alentador que se estén tomando las medidas para revisar la forma en que se han conducido los operativos por los pasados años y que han resultado en una división familiar que no sólo afecta a los indocumentados sino a residentes legales y a ciudadanos, particularmente niños.
El Urban Institute presentó un estudio que analiza cómo la política migratoria pasa por alto las necesidades de los niños ciudadanos.
El reporte indica que de los cinco millones de hijos de indocumentados en Estados Unidos, más de tres millones son ciudadanos estadounidenses.
Si la familia opta por no separarse, estos menores se mudan al país de origen de sus padres “que le sería tan foráneo como a cualquier otro niño estadounidense”, según el reporte.
Un niño estadounidense que pase a vivir en México, Haití, Guatemala y otros países, estará sujeto a vivir en la pobreza, bajo un sistema educativo inferior “y siendo testigo, o experimentando violencia criminal o pandilleril de un grado y naturaleza que no existe en la calles de Worthington, Minnesota, o Postville, Iowa”, agrega el estudio refiriéndose a ciudades que han sido escenario de redadas.
La revisión de la política sobre redadas podría influir en el efecto final que estos operativos tienen sobre las familias.
Hay sectores, empero, que creen que lo prudente y humano sería declarar una moratoria a las redadas en tanto se dilucida el futuro de la reforma migratoria integral.