14/06/10 a 10:17am por Maribel Hastings
WASHINGTON, D.C. – La ley SB1070 de Arizona ha exacerbado el sentimiento anti-inmigrante y anti-hispano en un lugar donde ya una organización de derechos humanos incluso recibió quejas de que un banco de sangre se habría rehusado a aceptar donaciones de latinos. Otra señal de lo que ocurre cuando las situaciones difíciles comienzan a salirse de control.
Fue sólo una de las situaciones descritas por Sylvia Herrera, investigadora de la organización Puente, ante una audiencia especial convocada por demócratas del Congreso para discutir los efectos de la nueva ley sobre niños, mujeres y familias de Arizona.
Lo que emergió, aparte del evidente dolor y temor con el que viven muchos hispanos de Arizona, incluyendo niños que son ciudadanos estadounidenses, es que la situación pasó de ser una bola de nieve a una avalancha ante la vista de todos, sobre todo de un gobierno federal convertido en observador titubeante mientras todo se desarrollaba ante sus propias narices.
Recordemos que el alguacil Joe Arpaio comenzó a aplicar el programa 287(g) en el condado de Maricopa, en Arizona, desde 2007, antes de que Barack Obama fuera presidente. El problema es que el año pasado, la administración Obama le renovó el contrato a Arpaio limitando la aplicación del programa a identificar indocumentados en las cárceles pero eso no ha limitado al alguacil que convirtió el uso de perfiles raciales en algo oficial y rutinario.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investiga los alegatos de discriminación que pesan contra el “alguacil más duro de Estados Unidos”, aunque hasta hoy no se anuncia ninguna acción en su contra.
“Han pasado casi dos años desde que comenzamos a recabar evidencia, videos, testimonios de casos de perfil racial y abuso físico, evidencia sometida al Departamento de Justicia, pero nos preguntamos qué ha pasado con esa investigación. Por qué sigue pendiente”, preguntó Herrera.
También se aguarda por ver qué medidas tomará, si alguna, el gobierno federal para impugnar la ley que entraría en vigor el 29 de julio y que tanto Obama como su Secretario de Justicia, Eric Holder, han condenado.
La pregunta es, ¿por qué esta administración siempre espera tanto tiempo para reaccionar a las cosas?
Le pasó con la batalla por la reforma de salud. Si no, recordemos el candente verano pasado cuando en los famosos cabildos públicos a través del país los opositores de la reforma sanitaria tildaron a Obama de “comunista”, “socialista” y “nazi”, todo al mismo tiempo, y dominaron el discurso al punto de casi torpedear la medida. Y de hecho, la ley promulgada tras un año de agrio debate es una versión “aguada” de lo que se contemplaba, incluyendo la llamada opción pública.
Ahora con el desastre de BP, nadie espera que el presidente se convierta en Supermán y frene la fuga del petróleo que se esparce por el Golfo de México, pero su administración se ha visto indecisa y vacilante en el manejo de esta crisis, o cuando menos es la percepción que existe.
En el tema migratorio, ¿por qué no frenaron los excesos de Arpaio y al no hacerlo dieron pie a que estados como Arizona tomaran la ley federal por sus propias manos con el potencial peligro de que otros estados le sigan los pasos? Algunos dirán que es una ley estatal que goza del apoyo del público, pero eso no la hace correcta ni constitucional. La aplicación de la ley migratoria le compete al gobierno federal. Y ni entremos en las opciones que el presidente debería contemplar ante la ausencia de una reforma migratoria amplia.
La semana pasada un muy coloquial Obama declaró que en el caso de BP ha dedicado tiempo a consultar con expertos para poder determinar “cuál trasero hay que patear”.
Mientras lo determina, podría practicar con dos: el de Arpaio, y el de la SB1070.
