13/07/09 a 10:18am por Maribel Hastings
Los pasados días fueron como una montaña rusa de desarrollos migratorios positivos y negativos: algunos celebrados y otros cuestionados, pero la pregunta que muchos nos hacemos es ¿qué pasó? ¿Dónde está el cambio? ¿Por qué se sigue echando mano de las mismas tácticas baratas de pretender que están haciendo algo aunque ese algo no solucione el problema de fondo?
La administración de Barack Obama primero anunció que rescindió de la regla de la cartas de discrepancia que se envían a empresas cuando los datos de un empleado no coinciden con los del Seguro Social. Pero al mismo tiempo anunció que reforzará el uso del programa E-Verify, que se basa en datos del Seguro Social para determinar la elegibilidad de los trabajadores.
Grupos de derechos civiles y pro inmigrantes han denunciado el programa porque el banco de datos está lleno de errores y porque puede prestarse a prácticas discriminatorias y a que muchos ciudadanos y residentes legales pierdan sus trabajos injustamente. Pero ahora el gobierno dice que las empresas con contratos federales tienen que usar el programa.
Después vino la ola de enmiendas al plan de gastos del Departamento de Seguridad Interna (DHS), sometidas por republicanos del Senado, pero aprobadas con apoyo demócrata, entre ellas, una para completar las 700 millas de barda en la frontera con México, y otra para que el programa E-Verify se haga permanente.
Y para cerrar la semana con broche de oro, el DHS anunció el reforzamiento del desacreditado programa 287(g) que incluso jefes de policía han denunciado por sus efectos nefastos sobre individuos y comunidades y por afectar la forma en que ellos conducen sus labores al generar la desconfianza de la comunidad en las autoridades.
La Sección 287(g) básicamente permite que policías locales actúen como agentes de inmigración.
La administración dice que las 66 jurisdicciones que lo aplican y las 11 nuevas jurisdicciones que lo implementarán deberán regirse por nuevas reglas y no usarlo indiscriminadamente para determinar la situación legal de una persona, sino que deberá emplearse sólo contra criminales que cometan delitos graves. ¿Funcionará? Que le pregunten a la comunidad hispana de Arizona donde hispanos ciudadanos, residentes, legales e indocumentados han sentido de primera mano los efectos de los perfiles raciales cuando el programa se ha aplicado al estilo del alguacil Joe Arpaio.
Siempre se argumentará que para ganar votos en el público y por ende en el Congreso se necesitan estas medidas de mano dura. Pero raya en lo absurdo que se quieran perpetuar medidas que ya han demostrado su inefectividad y que no solucionan el problema de más de 12 millones de indocumentados en el país.
Pueden aplicar todos los E-Verify del mundo y seguirán habiendo millones de indocumentados entre nosotros.
Ojo. Nadie está abogando para que no se implementen las leyes, pero debería hacerse de manera inteligente y no ampliando un programa que hasta la Police Foundation catalogó de problemático a diversos niveles.
Nunca he sido persona de impresionarme con promesas de políticos y de confiar en que algún partido demuestre de una vez y por todas el coraje de agarrar al toro por los cuernos y de enfrentar este asunto sin tener que recurrir a medidas mediocres o a llamar indocumentados”ilegales”, o a ponderar una potencial tarjeta nacional de identidad.
Varios grupos pro inmigrantes siguen dando a la administración Obama y al Congreso de mayoría demócrata el beneficio de la duda sobre sus buenas intenciones en el frente migratorio. Veremos hasta cuándo.
