Como telón de fondo del culebrón en que se ha tornado la batalla legal por el veto migratorio de Donald J. Trump a los ciudadanos de siete países mayormente musulmanes, está el drama con el potencial de afectar a millones a través del país, y no solo a indocumentados, sino a sus familiares ciudadanos y residentes permanentes.
La Fuerza de Deportación de Trump comienza a dejarse sentir en diversos rincones del país.
Parece que en la búsqueda de indocumentados con órdenes finales de deportación, algunos de ellos con historial delictivo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está echando en la misma red a otros indocumentados.
Este “daño colateral” es evidencia de que Trump no solo se está centrando en verdaderos criminales, sino en todos los indocumentados.
Y no parecen importar las circunstancias. La semana pasada las autoridades deportaron a México a Guadalupe García de Rayos, una madre y esposa indocumentada que vivió en Estados Unidos desde los 14 años de edad y tiene dos hijos ciudadanos. Aunque Lupita fue acusada en 2009 por utilizar un documento falso para trabajar y se declaró culpable por ello (había sido detenida durante una redada en 2008), no fue prioridad de deportación durante el gobierno de Barack Obama por no ser una delincuente. Pero ahora con Trump, Lupita y otros como ella parecen estar en la misma categoría de asesinos, pandilleros y narcotraficantes.
Lupita fue deportada sin contemplaciones y su caso evidencia que la Fuerza de Deportación de Trump está activa.
Todo esto se produce en medio de la batalla legal que generó el caos de otra orden migratoria de Trump que frenó el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de siete países mayormente musulmanes a nivel doméstico e internacional. La orden, temporalmente congelada, afectó a refugiados, estudiantes, profesionales e incluso residentes permanentes de estos siete países.
Las manifestaciones de apoyo a refugiados y personas de estos países se produjeron a nivel doméstico e internacional. La presión se tornó en acciones legales y esas acciones legales han frenado, hasta ahora, la implementación de la desatinada y anticonstitucional orden migratoria de Trump.
La defensa de refugiados y la condena de injusticias no debe cesar, como tampoco debe hacerlo la defensa de los indocumentados entre nosotros.
También son vulnerables entre los vulnerables. La mayoría son trabajadores honestos y no criminales, como argumentan Trump y su maquinaria de deportaciones. Una madre o un padre que usa un documento falso para trabajar no debe equipararse a un asesino o un violador. La mayoría lleva más de una década en este país. Me he topado con algunos que llevan 20 ó 25 años en este país; tienen hijos y familiares ciudadanos y residentes permanentes. Son nuestros familiares, amigos, vecinos o conocidos; trabajan en industrias de las que dependemos, comenzando con los campos agrícolas donde siembran y pizcan nuestros alimentos. Y sus manos están presentes en todos los servicios de los que dependemos.
En la lucha y la defensa de nuestros valores como nación, refugiados, profesionales y académicos extranjeros, e indocumentados deben tener el mismo valor.
Mientras esa lucha continúa, no olvidemos a Guadalupe García de Rayos ni a los otros millones como ella.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice.
