03/04/09 a 2:04pm por Maribel Hastings
Como suele ocurrir en cualquier foro donde surge el tema migratorio y el de los indocumentados, muchos republicanos y otros opositores de la reforma migratoria integral no distinguen entre criminales y quienes no lo son, y en ese cambalache pagan justos por pecadores.
En una audiencia conjunta de los subcomités camerales de Inmigración y Constitución sobre la aplicación de leyes migratorias por policías locales bajo la Sección 287(g), los presentes escucharon testimonios de las víctimas de un sistema migratorio resquebrajado:
De un lado, un padre que perdió a sus dos hijas en un accidente automovilístico provocado por un indocumentado manejando en estado de ebriedad que seguía en el país a pesar de haber sido arrestado en dos ocasiones previas por conducir intoxicado.
De otra parte, dos hispanos, ciudadanos estadounidenses, que aseguran haber sido víctimas de perfil racial por agentes locales aplicando leyes migratorias federales en Arizona y Maryland.
El congresista republicano de Iowa, Steve King, de inmediato comparó ambas situaciones diciéndole a los dos hispanos que aparentemente el mensaje que se quiere llevar es que es imposible implementar las leyes porque algunos sienten que son discriminados.
Y fue más directo forzando a los dos hispanos, Julio César Mora y Antonio Ramírez, para que dijeran si la discriminación de la fueron víctimas puede siquiera compararse al dolor del padre que perdió a sus dos hijas.
Una vez más el deseo de acumular puntos políticos evita una discusión razonable del tema migratorio.
Nadie puede defender a un criminal, sea indocumentado, residente legal o ciudadano, y todos respetan el dolor de un padre que perdió a sus dos hijas en tan trágicas circunstancias.
Pero eso no le da a las autoridades carta blanca para comenzar a detener personas a diestra y siniestra por el mero hecho de que “parezcan” extranjeros.
King dijo que la discriminación que alegaron los dos testigos hispanos era un “ligero inconveniente” comparado con el dolor de Ray Trachant, quien perdió a sus dos hijas.
Ramírez, un ciudadano estadounidense que vive en el condado de Frederick, Maryland, y que asegura haber sido víctima de perfil racial por las autoridades, le respondió a King que “he sido ciudadano (de Estados Unidos) por casi 21 años y no he matado a nadie”.
Ramírez mostró una copia de la Constitución que lleva consigo y dijo a los congresistas que “con mucha tristeza les digo que se olviden del color de mi piel y de mi acento y que vean al ser humano”.
A Mora, un ciudadano estadounidense de 19 años de edad, y a su padre, también ciudadano, los detuvieron por varias horas agentes del condado de Maricopa en Phoenix por razones que todavía desconocen. “Quizá fue por el ‘bumper sticker’ de radio Campesina en nuestro auto, porque mi papa lucía su sombrero tejano, y pensaron que éramos ilegales”, dijo Mora.
Si algo evidenció el intercambio es la urgencia de la reforma. Mantener en el clandestinaje a más de 12 millones de personas le sirve de albergue a los criminales y delincuentes que siempre hay en cualquier comunidad.
También evidenció que programas como el 287(g) no pueden aplicarse a la ligera, de manera indiscriminada y por agentes sin el entrenamiento adecuado porque los resultados son conocidos: el uso de perfiles raciales que le han dado una dudosa fama al Alguacil Joe Arpaio del condado de Maricopa en Arizona. Por cierto, se reportó que la junta de Supervisores del condado pospuso el aceptar 1.6 millones de dólares del estado que se emplearían para las labores migratorias de Arpaio.
George Gascón, jefe de Policía de Mesa, Arizona, indicó que el problema con el programa 287(g) es la forma en que se está aplicando por algunas agencias del orden lo que a su vez genera la desconfianza de la comunidad en las autoridades.
El congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, integrante del panel de Inmigración, le dio perspectiva al debate:
“Nadie dice que no se deporte a borrachos, violadores o asesinos”, señaló Gutiérrez.
Y recordó que esos violadores, asesinos y borrachos viven en las mismas comunidades de los inmigrantes, y esos inmigrantes son víctimas de los crímenes que denunció King.
Por eso, agregó, es necesario mantener el nivel de confianza entre las comunidades y la policía, algo que al presente el programa 287(g) está poniendo en riesgo.
En resumen, que no se necesitan más parches ni delegar responsabilidades que le corresponden al gobierno federal, sino una solución integral al problema migratorio.
