06/04/10 a 1:05pm por Rafael Prieto Zartha
Durante el reciente Domingo de Ramos, bajo un cielo gris y desafiando una incómoda llovizna, un centenar de personas realizó una peregrinación hasta la cárcel de Charlotte para pedir la eliminación del programa de deportaciones 287(g) que se instauró en el principal centro de detenciones de esa ciudad de Carolina del Norte hace cuatro años.
Los participantes en la procesión cargaron cruces con inscripciones alusivas a la situación de los inmigrantes y un ataúd para simbolizar sus anhelos de enterrar el programa que ha puesto en proceso de deportación a más de 8.000 individuos de esa localidad, donde agentes del alguacil del Condado fueron “instruidos” por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para actuar como agentes de inmigración.
Cinco días después, el Viernes Santo, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló un apabullante informe que confirma que la aplicación del programa contemplado en la ley de inmigración de 1996 y que comenzó a funcionar en el país en 2002 es una calamidad.
El reporte de 94 páginas detalla las fallas del 287(g) y ofrece 33 recomendaciones para enderezar el programa que opera en 66 agencias policiales locales de 23 estados, con 833 agentes autorizados para tramitar la expulsión de indocumentados.
ICE admitió adoptar 32 de las sugerencias del informe, que encontró que ni la agencia federal ni las instituciones locales cumplen con los acuerdos que han firmado.
Por ejemplo, aunque el programa 287(g) tiene el claro objetivo de deportar a quienes “representan una amenaza para la seguridad pública o un peligro para la comunidad” está siendo usado para expulsar a inmigrantes regulares.
El reporte menciona la visita que hicieron los investigadores a cuatro agencias locales que aplican el 287(g), donde examinaron los casos de 280 procesados, de los cuales solo 26 caían en la categoría prevista como prioritaria.
Los hallazgos indicaron que la preparación de los agentes locales es ineficiente, que la información que se suministra sobre el funcionamiento del programa es escaza e imprecisa, que se han realizado actividades del 287(g) en lugares no autorizados y que se ha fallado al no utilizar interpretes para interrogar a los detenidos que no hablan inglés.
Un juicio contra el DHS por la presunta detención y deportación de un ciudadano estadounidense ejecutada por una agencia participante en el programa 287(g) es reseñado en informe en la parte referente a derechos civiles y selección de detenidos.
La sarta de quejas contra el 287(g) es similar a las que constan en un reporte de la Oficina de Auditoría General del Congreso (GAO) de enero de 2009 y a las de media docena de estudios no gubernamentales.
Sin embargo, el gobierno federal no ha dejado de soltarle dinero al 287(g): en 2006 le asignó 5 millones de dólares y para el año en curso le otorgó 68 millones de dólares.
Entre 2006 y 2009 un total de 143.185 personas fueron puestas en proceso de deportación por el programa que ha dejado dolientes en condados como Gwinnett, en Georgia; Butler, en Ohio; o Weber, en Utah.
Entre los peregrinos del Domingo de Ramos en Charlotte estuvieron los cuatro jóvenes caminantes de los sueños, para los cuales la pesadilla, como la de las víctimas directas y colaterales del 287(g) sólo terminará cuando cambien las leyes migratorias.
