Y llegó el 5 de marzo, la arbitraria fecha de “expiración” para DACA que el presidente Donald Trump fijó artificialmente. Y aunque las recientes decisiones de tribunales, incluyendo la Suprema Corte de la nación, permiten que los beneficiarios de DACA sigan renovando sus permisos, quizá durante meses, la gran interrogante es si los Dreamers que vayan perdiendo la protección o quienes no la tengan, se convertirán en objetivo de detención o deportación de un Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fuera de control.
Recordemos que Trump y su administración han dicho repetidamente que contrario al resto de los indocumentados, los Dreamers “no tienen por qué preocuparse”, pues no serán blanco de deportaciones. Pero con el historial duramente antiinmigrante de esta administración, ¿quién puede confiar en Trump y en ICE? Nadie.
La realidad es que los fallos de los tribunales, por demandas interpuestas contra la decisión de Trump de cancelar DACA el pasado 5 de septiembre, y la apelación del gobierno de Trump directamente ante la Corte Suprema de la nación, que la semana pasada envió el caso a tribunales de menor instancia, le han quitado presión al Congreso para buscar una solución legislativa permanente para los Dreamers.
Esto ocurre en momentos en que otros asuntos ocupan la atención nacional, especialmente la sempiterna batalla por el control de las armas tras la masacre de la secundaria de Parkland en la Florida. Y este 24 de marzo, Washington, D.C., será escenario de una multitudinaria marcha de presión con ese objetivo en mente.
Tristemente, y como en tantas otras oportunidades, el tema de la inmigración y en este caso de DACA, se queda como novia de rancho, vestida y alborotada. Pero el problema es que la amenaza de una detención y potencial deportación son reales según los beneficiarios vayan perdiendo la protección, o para aquellos que llenen los requisitos pero no puedan solicitar, pues las decisiones de los tribunales solo estipulan que quienes ya gozan o han gozado de la protección pueden renovar sus permisos.
A esto súmele que el temor y la incertidumbre pueden provocar que muchos “dacamentados” simplemente opten por no renovar los permisos. Hay otros tantos miles que llenan los requisitos pero no solicitaron por diversas razones, incluyendo el costo del permiso o el temor a develar datos personales como la dirección donde también viven sus padres indocumentados, en muchos casos. Miles más cumplirían la edad para ser elegibles, pero no pueden solicitar, pues de momento solo se permite la renovación de permisos.
Luego de que el Senado fracasó en impulsar alguna medida que legalizara a los Dreamers, un sector pondera medidas de emergencia como la anunciada por el senador republicano de Arizona, Jeff Flake, que busca extender DACA por tres años a cambio de ofrecer fondos por tres años para financiar el muro fronterizo de Trump. Pero tras la debacle del Senado, ¿hay apetito y posibilidades para un parche temporal de ese tipo? Probablemente no.
Hay quienes apuestan a que las elecciones de medio tiempo en noviembre provoquen un cambio de guardia en el Congreso si los demócratas recuperan una o ambas cámaras del Congreso, aumentando las posibilidades de una solución legislativa permanente. O sea, la incertidumbre continúa.
Mientras el futuro de DACA se dilucida en tribunales, la realidad es que los Dreamers, con DACA o sin DACA, siguen en un peligroso limbo migratorio que puede resultar letal en la era antiinmigrante de Trump.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice