BIRMINGHAM, Alabama – Ahora que la indignación ha cobrado atención nacional y mundial con las manifestaciones a través del país, debería haber espacio para indignarse por el maltrato a la comunidad inmigrante de Alabama con la HB 56 y por la insensatez de quienes creen que la ley sólo perjudica a indocumentados y no a ciudadanos, a la economía y potencialmente la salud pública.
La indignación está en voces como la de Jasmine Reyes, nacida en Nueva York y de origen puertorriqueño. Lleva once años en Birmingham y ve los efectos de la HB 56 en la clínica comunitaria donde dirige proyectos especiales.
“Los inmigrantes tienen miedo a venir. Creé un proyecto donde llevamos la unidad móvil a que vayan a ponerle los ‘flu shots’. Fuimos a una comunidad, un ‘trailer park’, donde no habían salido por una semana y encontramos a niños enfermos y gente enferma. Servimos a más de 50 personas”, indicó Reyes.
Cuando la ley entró en vigor, “vinieron como 20 padres a buscar los récords (médicos) de los niños porque se iban al otro día”. “Les dijimos que no se fueran, que nos van a ayudar, ¿cómo nos van a dejar solos aquí?”, preguntó. “Soy ciudadana pero tengo pasión por la gente. Todos tenemos derechos. La Constitución dice ‘We the People’, somos gente”, indicó Reyes quien ha firmado poderes notariales como guardián legal de nueve niños si los padres son detenidos o deportados.
¿Tienen niños que dejar de recibir atención médica porque sus padres temen que los detengan? ¿Tener a decenas de personas en una comunidad sin atención médica no es invocar brotes que pongan en riesgo la salud del resto?
Para el gobernador de Alabama, Robert Bentley, quien irónicamente es doctor, las denuncias de los efectos de la HB 56 son “anecdóticas”, pero la Associated Press citó a Jim McVay, portavoz del Secretario de Salud de Alabama, diciendo que “no quiero extender el miedo, pero siempre que una persona teme recibir atención médica hay complicaciones potenciales”.
Visité la clínica comunitaria donde labora Reyes y lo que vi no es anecdótico. Salas que siempre estaban llenas de gente buscando asistencia médica estaban casi vacías.
La indignación está en Ashley, estadounidense oriunda de Alabama y casada con un indocumentado que llegó a Estados Unidos cuando tenía 15 años y ahora tiene 22. Tienen un hijo. Ambos trabajan y pagan impuestos.
Como para legalizarse el joven tiene que ir a Ciudad Juárez a iniciar el proceso, se están preparando para tener que eventualmente radicarse en México si no obtienen una dispensa porque una vez el joven salga, activa la prohibición de reingreso a Estados Unidos, en su caso por diez años. Leyes migratorias federales que promueven la separación familiar se empeoran con la HB 56 estatal.
“Tenemos casa, tenemos trabajo, seguro médico y pagamos impuestos”, indicó. Si el esposo se va, “mi niño tendría que recibir Medicaid, yo seré elegible para estampillas de alimentos, entonces yo me convertiré en una carga para el estado porque ellos deportaron a mi esposo…No piensan que están separando familias, piensan que toda la familia es indocumentada y los están sacando”, afirmó.
Ashley trabaja en un centro de asistencia a víctimas de violencia doméstica y explicó que la HB 56 ha llevado a muchas inmigrantes a no denunciar a sus agresores por miedo a ser detenidas. Dijo también que el negocio de construcción donde trabaja su esposo está pensando cerrar porque muchos de sus empleados inmigrantes se fueron de Alabama. Ambas cosas no son anecdóticas.
La indignación está en Joe, oriundo de Alabama, quien alquila lotes para casas móviles. Varios de sus inquilinos indocumentados no pueden pagar impuestos sobre su casa móvil porque no tienen documentos. No es anecdótico. Me lo dijo una inmigrante a quien no le aceptaron el dinero por carecer de documentos. Menos dinero para las arcas estatales en medio de una crisis económica. Joe lo confirmó.
“No le permiten pagar sus impuestos porque no tiene una licencia de conducir válida y no la puede obtener porque es indocumentada. Creo que tiene que haber un mecanismo para obtener la ciudadanía sobre todo si tienen muchos años viviendo aquí con una familia establecida”, declaró Joe, cuya hija está casada con un indocumentado.
¿Dónde está la indignación por lo que ocurre en Alabama?
Dónde está la indignación cuando seguimos escuchando aberraciones de políticos republicanos que consideran un chiste proponer cercas electrificadas en la frontera.
Cuando a meses del nuevo año electoral comienza a hablarse de impulsar un proyecto de reforma migratoria para establecer los “contrastes” entré demócratas y republicanos en torno al tema.
Establecer “contrastes” puede salvar o hundir a políticos, pero no ayuda a corto plazo a los inmigrantes.
En el siglo pasado las manifestaciones de racismo y discriminación en Alabama eran obvias con leyes de segregación, linchamientos, represión y violencia en contra de la comunidad afroamericana. En este Siglo 21 las manifestaciones de racismo y discriminación siguen teniendo forma de leyes como la HB 56 de Alabama cuyos efectos de desplazar, intimidar y atemorizar no son anecdóticos y son indignantes.