Ya sea mediante leyes estatales, ordenanzas municipales, órdenes ejecutivas o medidas federales, si algo tienen en común los republicanos antiinmigrantes es que recurren al mismo libreto de siempre: promueven —y en varias ocasiones implementan— medidas de presunto combate a la inmigración indocumentada que terminan infligiendo daños a comunidades minoritarias. Ese rechazo es en su mayoría contra hispanos, sobre todo mediante el uso del perfil racial y la violación de derechos civiles.
Es una imagen que se han creado de ellos mismos y contra la cual ya no pueden combatir, ni siquiera los conservadores más moderados, pues su silencio ante el avasallamiento de la secta política que se ha formado en torno al expresidente Donald Trump ha perjudicado para siempre sus principios y sus valores. Si algo les queda de todo ello, nadie lo sabe porque han preferido que un movimiento racista y antiinmigrante mantenga secuestrado a su partido hasta hoy, a conveniencia.
El ejemplo más reciente lo provee el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien con base en el argumento de que la administración de Joe Biden ha claudicado en su responsabilidad federal de controlar las fronteras, emitió una orden ejecutiva autorizando a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad del estado a detener indocumentados y retornarlos a la frontera. Asimismo, la denominada Operación Lone Star, otra misión conjunta del Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Departamento Militar del mismo estado, arrancó en marzo de 2021 supuestamente para controlar la inmigración indocumentada y el tráfico ilícito de drogas.
El caso es demostrar que, desde su perspectiva racial y de poder, el gobernador es capaz de rebasar la ley federal, en franco desafío contra un gobierno demócrata al que ataca un día sí y otro también, para ir posicionándose ante sus potenciales electores a escasos meses de la próxima elección.
Es decir, aparte de que dichas medidas usurpan el rol federal de aprobar y hacer cumplir las leyes de inmigración, de que son puramente politiqueras para mantener el apoyo de los votantes que conforman su base, estas iniciativas son la receta perfecta para el empleo del perfil racial.
La Operación Lone Star, por ejemplo, a la que ya se han destinado unos $4 mil millones provenientes de fondos estatales y para la que se han empleado 10,000 elementos de la Guardia Nacional no tiene el fin de “proteger” la frontera, sino el de criminalizar a los inmigrantes para deportarlos de forma expedita, alegando una supuesta “invasión”, a pesar de que muchos de ellos vienen, paradójicamente, a buscar protección a Estados Unidos.
En efecto, con estas draconianas medidas corre peligro inminente alguien que luzca hispano, no importa que sea ciudadano, muchas veces de varias generaciones de este país, sobre todo en estados como Texas y Arizona, que eran territorio mexicano; también están en riesgo los residentes permanentes, temporales o los indocumentados. Nadie lleva su pasaporte o tarjeta verde pintada en la frente. De manera que es de anticiparse que los guardias nacionales y los policías recurran al uso de perfil racial.
Y no se trata únicamente de eso, sino de serias violaciones a los derechos civiles y daños irreparables a la economía del estado. Pero esas dañinas consecuencias no son de la importancia de republicanos como Abbott, pues prefieren sacrificar a los chivos expiatorios de siempre, como los inmigrantes, en función de un avance político en tiempo de elecciones.
Cómo olvidar los efectos de dos leyes como la SB 1070 de Arizona y la HB 56 de Alabama. America’s Voice estuvo presente en ambos estados para reportar de primera mano el efecto de estas leyes sobre la población hispana. No solo sembraron terror en la comunidad inmigrante sin documentos, sino en los latinos en general, ciudadanos que temían ser detenidos en cualquier momento solamente por el color de su piel, o en otros casos por hablar inglés con acento. Y no hablemos de los daños que ambas medidas tuvieron en las economías de estos estados.
En Alabama, por ejemplo, muchas cosechas se perdieron porque los indocumentados que pizcaban los campos se fueron por miedo a ser detenidos. Los negocios locales dejaron de recibir a los clientes que los abarrotaban y el propio estado dejó de percibir impuestos sobre venta, pues no había consumidores.
Es decir, políticos como Abbott explotan el tema de la inmigración con fines politiqueros sin pensar o, peor aún, sabiendo el impacto que estas medidas puedan tener en hispanos que son votantes y que quizá votaron por él; sin pensar en los daños que puedan infligir a su propia economía o a la imagen de su estado.
Tan no les importa, que incluso recurren a otras estrategias aún más siniestras, como si el daño autoinfligido no fuera suficiente. Por ejemplo, los republicanos han invitado al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, a participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Dallas esta misma semana, a sabiendas de la carga neonazi de las ideas del político europeo. Orban dijo el mes pasado que “hay países donde se mezclan pueblos no europeos con los europeos, mientras que en Europa Central solo quedan los europeos. No somos de razas mixtas y tampoco queremos serlo”.
¿Qué significado tiene traer a un personaje tan xenófobo y tan racista a Estados Unidos en el preciso momento en que se libra una batalla épica por erradicar el sentimiento antiinmigrante de este país? Obviamente es una provocación cínica y peligrosa a la vez de incalculables consecuencias, pero que a los republicanos simplemente les tiene sin cuidado.
De hecho, tampoco les importa que su retórica racista y sus reclamos de una “invasión” tengan consecuencias letales como la masacre de El Paso, Texas, que este 3 de agosto cumple su tercer aniversario, y en la que el supremacista blanco Patrick Crusius acribilló a 23 personas en una tienda de Walmart, motivado por el discurso de odio, intolerancia y fanatismo que se intensificó contra las minorías, especialmente la latina, desde la presidencia de Donald Trump.
En fin, en el caso de la orden ejecutiva de Abbott, demócratas de Texas y activistas han denunciado el peligro de la iniciativa; y en el caso de la Operación Lone Star, el diario The Texas Tribune y Pro Publica reportaron que, de acuerdo con récords estatales, el Departamento de Justicia estaría investigando potenciales violaciones de derechos civiles.
La SB 1070 fue posteriormente declarada anticonstitucional por la Corte Suprema en 2012, y la HB 56 se fue bloqueando mediante demandas judiciales, hasta que un acuerdo de 2013 entre el estado, el Southern Poverty Law Center (SPLC) y grupos de derechos civiles que habían demandado argumentando la inconstitucionalidad de la ley, Alabama bloqueó permanentemente las cláusulas más onerosas de la misma.
Pero su huella tan nefasta como tan perjudicial quedó para siempre, como una especie de ensayo para los tiempos por venir que nos alcanzaron en este siglo, irremediablemente.
Así, el extremismo republicano se ha recrudecido y este partido ha seguido sumando gubernaturas y asambleas estatales que son terreno fértil para este tipo de medidas, como vemos en Texas. Peor aún, se aproximan las elecciones de medio tiempo donde existe el potencial de que los republicanos retomen el control de una o ambas cámaras del Congreso, y es de anticiparse que impulsen una agenda migratoria tan extremista como las figuras que controlan al Partido Republicano.
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