David Leopold, abogado de inmigración y expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, estuvo presente en el interior de la Corte Suprema en la presentación de los argumentos orales del caso United States v. Texas. En un análisis publicado en su página, que presentamos enseguida, Leopold reflexionó sobre los procedimientos de hoy y sus implicaciones:
“Tuve el privilegio de estar presente durante el argumento oral de hoy en el caso U.S. v. Texas. Presento aquí mis impresiones iniciales:
Lo que vimos hoy fue a los republicanos tratando de litigar una disputa política en la Corte Suprema. Los demandantes republicanos simplemente no tienen una demanda legal razonable.
Como se esperaba, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, salpicó al gobierno de Obama con duras preguntas. Sin embargo, con base en sus rigurosas opiniones sobre el fundamento jurídico y sus quejas sobre la creciente percepción de una Corte politizada, U.S. v Texas es precisamente el tipo de disputa que él quiere que se dirima en las ramas políticas y no por parte del Poder Judicial. De hecho, el casi singular enfoque del juez Roberts sobre el fundamento jurídico este día –en particular cuando se le preguntó si el supuesto daño a Texas era más indirecto y especulativo que en el caso Massachusetts v EPA— sugiere que, de acuerdo con sus elocuentes opiniones anteriores, él está cuestionando seriamente la capacidad de los republicanos de llevar este caso.
Este caso sigue siendo sobre el desacuerdo político de los republicanos con el presidente, no sobre la ley.
En el fondo, los demandantes republicanos admitieron que Obama tenía la autoridad de diferir temporalmente la remoción de padres indocumentados y Dreamers. Como lo puntualizó la jueza Kagan, la “queja” de los demandantes republicanos es con permitir a los indocumentados trabajar, mantener a sus familias y vivir en este país con dignidad.
Esto subraya la motivación antiinmigrante detrás del caso y nos recuerda que una demanda política debería ser dirimida en las urnas electorales, no en la Corte Suprema”.