La demanda, entablada en diciembre, busca bloquear las medidas migratorias anunciadas por el mandatario, entre ellas proteger de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes. Los demandantes argumentan que el mandatario no tiene autoridad constitucional para llevar a cabo acciones en materia migratoria.
