Las demoras en la tramitación de una ley que resuelva la situación de unos 11 millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin un status migratorio legal y la política de deportaciones masivas del gobierno son una combinación nefasta que genera enorme frustración entre los impulsores de una reforma integral a las leyes de inmigración. El Congreso estadounidense comenzará el viernes su receso veraniego sin haber definido el futuro de los inmigrantes sin papeles, que enfrentan a diario el riesgo de ser deportados. Para peor, el presidente Barack Obama no está dispuesto a apelar a una orden ejecutiva para suspender las deportaciones de personas que podrían acogerse a una reforma una vez aprobada.
