23/11/09 a 12:58pm por Rafael Prieto Zartha
Bitácora
La semana pasada doce senadores enviaron una carta a la Secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, increpándola por su pronunciamiento público del 13 de noviembre a favor de una reforma migratoria integral que hizo en cumplimiento con la promesa del presidente Barack Obama de impulsar la legalización de doce millones de indocumentados.
La misiva fechada el 20 de noviembre criticó la aserción de Napolitano que la regularización de los inmigrantes “fortalecería la economía” y los convertiría en contribuyentes plenos al fisco.
El correo estuvo firmado, obviamente, por los senadores Jeff Sessions de Alabama y David Vitter de Louisiana, quienes encabezaron la oposición al proyecto de reforma migratoria en 2007.
Sin que hubiera sorpresa, entre los signatarios del documento estuvieron los legisladores federales Charles Grassley de Iowa, Jim Bunning de Kentucky, James Inhofe de Oklahoma, John Thune de Dakota del Sur, Mike Crapo de Idaho y Orrin Hatch de Utah, quienes votaron contra el proyecto hace dos años.
Al grupo se unieron los senadores primíparos Roger Wicker de Mississippi y James Risch de Idaho.
También el dúo de senadores de Georgia, Johnny Isakson and Saxby Chambliss, que al parecer no cuentan con memoria de elefante, se unieron al coro que le llamó la atención a Napolitano.
Isakson y Chambliss parecen no acordarse que los indocumentados han sido providenciales para la economía de su estado cuando las conveniencias lo han mandado.
Para la muestra está el testimonio de un enemigo de los indocumentados, quien presentó -el 15 de junio de 2000- un testimonio ante el Subcomité de Inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Mark Krikorian, del Centro de Estudios Inmigración, una institución restriccionista, dijo entonces lo siguiente: “Cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) realizaba redadas durante la cosecha de cebollas Vidalia en 1998, el modesto número de ilegales que logró detener fue aminorado por los millares de ilegales que abandonaron los campos para evitar ser arrestados. En pocas horas empleadores y políticos locales expresaron su descontento, y para el fin de semana los dos senadores de Georgia y tres representantes enviaron una carta a la Procuraduría General y los secretarios de Trabajo y Agricultura criticando ásperamente la acción del INS por su “falta de consideración con los granjeros”.
Las publicaciones de la época registran que en esa primavera, el INS suspendió las redadas hasta que toda la cosecha fue recolectada.
Yo no pongo las manos en el fuego por Krikorian, pero dudo que en esa ocasión haya dicho mentiras cuando se estaba refiriendo a que legisladores y funcionarios gubernamentales se hicieron de la vista gorda respecto a las disposiciones legales.
Volviendo a la carta de los doce senadores, es inmoral que pidan “cesar la discusión acerca de establecer un programa de legalización”, cuando los indocumentados ya han hecho aportes al país.
Voy a rememorar dos conocidos casos de inmigrantes que trabajaron duro en Estados Unidos, pero su suerte fue dispar.
Cristóbal Chávez Torres, un obrero de 66 años, fue arrestado el 6 de julio de 2005 por agentes federales en la Base de la Fuerza Aérea Seymour Johnson, en Carolina del Norte.
Aunque los investigadores aseveraron que ni él ni los otros 47 detenidos en la redada representaban un peligro para la seguridad del país, el albañil mexicano fue puesto en proceso de deportación.
Pero Chávez Torres guardaba un secreto sobre su estadía de siete años en Carolina del Norte. El hombre, que no había ganado más de 7.25 dólares la hora, había ahorrado casi 32 mil dólares que guardó en un frasco de mermelada que enterró en el patio trasero de su “traila”.
El inmigrante tuvo suerte. Gracias a instancias del Consulado de México en Raleigh, las autoridades le permitieron quedarse con su dinero.
Otra vivencia fue la de Pedro Zapeta, un indígena maya de 41 años, oriundo de Guatemala.
Zapeta demoró 26 días en su travesía hacia Estados Unidos, y finalmente se estableció en Stuart, Florida, donde trabajó durante una década lavando platos, haciendo dos o tres turnos.
El promedio de su ingreso fue de 5.50 dólares por hora, con la finalidad de construir una casa para su familia.
El 18 de septiembre de 2005, Zapeta fue detenido por agente federales cuando intentaba abordar un vuelo hacia Guatemala.
Zapeta no llenó el formulario que obliga a los viajeros reportar el traslado fuera del país más de 10 mil dólares. El indígena llevaba en un pequeño maletín 59 mil dólares que les fueron confiscados.
Hasta el día de hoy, el gobierno no le ha regresado el dinero que ahorró el lavaplatos, según me confirmó recientemente su abogado, Robert Gershman. Esto pese a que la Corte de Apelaciones de Atlanta falló en 2008 a favor del indígena.
En relación al caso de Zapeta, un lector del sitio de internet News Blaze escribió: “Pedro… usted es un despreciable criminal que debe largarse de Estados Unidos y no regresar ¡nunca! Pedro, respecto a los 59 mil dólares, vamos a usar ese dinero para la construcción del muro en la frontera”.
Rafael Prieto Zartha es un periodista y columnista de origen colombiano radicado en Carolina del Norte
Nota: Las opiniones expresadas son del autor, Rafael Prieto Zartha, y no representan las opiniones de Maribel Hastings o de America’s Voice
