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Don Jesús quiso protestar cuando unos hombres armados lo sacaron de su casa y lo obligaron a ir a sembrar mariguana entre las casas de sus vecinos.

Eran sicarios de “los jaliscos”, como don Jesús identifica a los gatilleros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y asegura que llevaban días de forzar a varios campesinos a sembrar entre las casas del poblado de la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, México.

“Nomás les dije que eso no estaba bien, que si luego llegaban otros [miembros de otro cártel], iban a decir que nosotros colaboramos [con el CJNG] y pues, iban a haber represalias”, indicó a La Opinión.

“No se preocupe”, dice que le respondieron los gatilleros, “porque usted ya no va a estará aquí”. Así, le dieron 15 minutos para que se fuera para siempre del pueblo.

“Dijeron que si me volvían a ver, aunque fuera en otra parte, me iban a matar, así que vine a Tijuana” en busca de asilo en Estados Unidos, explicó.

No obstante, ahora que está a la espera [muy cerca a San Diego], teme que por el tipo de vacuna contra el covid-19 que recibió, las autoridades estadounidenses no le permitan cruzar la frontera.

A don Jesús, de 76 años, lo vacunaron en junio pasado con dos dosis que le aplicaron simultáneamente de una vacuna de elaboración china, llamada CanSino, la cual no ha sido reconocida ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Departamento de Seguridad (HSD) informó hace poco que desde el próximo 8 de noviembre podrán cruzar la frontera por tierra los extranjeros que han sido vacunados con dosis que reconocen la FDA o la OMS.

“El problema está en que nos dicen que las personas vacunadas con CanSino no van a poder cruzar a Estados Unidos; entonces todas estas personas que tuvieron ese tipo de vacuna están angustiadas porque esperan cruzar a pedir asilo y no saben si les van a permitir”, dijo el pastor Albert Rivera, del albergue Ágape.

En solo minutos, a la iglesia del albergue llegaron unas personas con la misma preocupación.Una de ellas, fue doña Juanita, también de Michoacán y de 66 años de edad, quien dijo que no le molestaría si le ofrecieran una dosis distinta, pero reconoció que también podría ser riesgoso.

La señora, que padece de diabetes e hipertensión, indicó que por ejemplo quisiera animarse a la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis, “¿pero qué va a pasar si tengo una reacción fea?”, dijo en tono angustiado.
Juanita cree que con los padecimientos que ya tiene, sería muy riesgoso.

Cuando comenzaron a distribuirse las vacunas por el mundo, México consiguió en el mercado mundial algunas disponibles, incluidas las CanSino de Beijing y las Sputnik 5 de Rusia.

El gobierno chino envió las dosis en contenedores al central estado mexicano de Querétaro, donde embotellaron 940,000 dosis de CanSino y las distribuyeron en 32 estados.

Diversas personas en los albergues de la frontera han recibido la vacuna CanSino. / fotos: Manuel Ocaño.
Tan solo en el albergue Ágape había migrantes de Michoacán, Guerrero, Jalisco y Nayarit vacunados con CanSino.

“Hemos tratado de preguntar a funcionarios del gobierno de México y también del gobierno de Estados Unidos qué se puede hacer pero no hemos tenido respuesta”, indicó el pastor Rivera.

Tampoco el HSD respondió a las inquietudes de la prensa y a una petición de consulta, el departamento respondió con un correo electrónico automático en que explicaba que al momento estaban saturados de trabajo.

Ante el aviso del fin de restricciones a viajes no esenciales para el 8 de noviembre, se multiplicaron las solicitudes de información sobre cómo serán los procedimientos en la frontera.

Biólogos de Sinopharm y de CanSino solicitaron en febrero pasado autorización del gobierno chino para aplicar su vacuna, que aseguraron que es 72.5% eficaz para prevenir hospitalizaciones y muertes por el covid-19.

Cabe resaltar que en una búsqueda en internet, hasta ahora no se ha registrado algún caso en México de una persona que haya sido vacunada con las dosis simultáneas de CanSino y se haya contagiado con cronavirus.

El presidente JoeBiden dijo en foro el último jueves que espera desplegar pronto suficientes oficiales que revisan esas solicitudes en la frontera. Mientras tanto, el gobierno estadounidense suspendió la recepción de peticiones de asilo.

“Nosotros quisiéramos presentar como sugerencia que, cuando se reabra la frontera al asilo, a estos migrantes vacunados con CanSino los dejen pasar y quizás les proporcionen algún tipo de observación”, expresó
el pastor Rivera.

Una caravana migrante de más de 6,000 personas avanza desde México hacia los Estados Unidos, donde se mantienen las reglas de expulsión expedita bajo el Título 42, aunado a que el gobierno del estado de Texas busca “blindar” la frontera.

Representantes de la Guardia Nacional de Texas y del Departamento de Seguridad Pública (DPS) dijeron en una conferencia de prensa que se preparan para enviar a puntos estratégicos “miles” de soldados adicionales de la Guardia Nacional, cifra que podría ser de hasta 3,000, de acuerdo a un reporte del Centro de Estudios de Inmigración.

El gobernador republicano Greg Abbott está utilizando recursos estatales para luchar en contra de la inmigración indocumentada, la cual está registrando cifras históricas de arrestos en la frontera, y presentar batalla contra las políticas migratorias de la Administración del presidente Joe Biden al que acusa de provocar la actual situación.

Como parte de estos recursos, el gobernador movilizó tanto a la Guardia Nacional como a oficiales del DPS para vigilar y arrestar inmigrantes indocumentados como parte de la operación “Estrella Solitaria”.

Desde el pasado mes de marzo y hasta mediados de octubre se han arrestado 1,300 migrantes bajo cargos de ingresar en propiedades privadas en su camino hacia el interior del país, mientras que más de 70,000 han sido entregados a la Patrulla Fronteriza.

Los soldados serán desplegados en puntos considerados como “vulnerables” y aseguran que su objetivo no será detener familias migrantes.

Christopher Olivares, vocero de DPS, indicó durante la misma conferencia que están preparados para movilizarse en caso de que se requiera un plan de contingencia de emergencia en caso de confirmarse la llegada de una nueva caravana de miles de migrantes.

De acuerdo a cifras de The Washington Post, durante el pasado año fiscal 2021, que finalizó el pasado 30 de septiembre, se arrestó más de 1.7 millones de migrantes indocumentados a lo largo de la frontera con México, la cifra más alta en la historia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún no ha dado a conocer sus cifras oficiales del año fiscal 2021.

Abbot publicó este jueves en Twitter fotografías en las que se a miembros de la Guardia Estatal de Texas construyendo “barreras estratégicas” a lo largo de la frontera en apoyo de la operación “Estrella Solitaria”

“Texas también está construyendo un muro fronterizo para detener la afluencia de inmigrantes ilegales y drogas mortales que ingresan a nuestro estado”, escribió en el mismo mensaje.

A pesar de los llamados del Gobierno mexicano para que desistieran, unos 6,000 migrantes partieron de Tapachula y se toparon con efectivos de la Guardia Nacional que intentaban bloquear su paso. Hubo varios heridos, pero la caravana continúa.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) notificó que en septiembre fueron detenidos 192,000 migrantes. Esto representa un 9% menos que en agosto, además de ser la primera vez desde junio que la cifra es inferior a 200,000.

Una nueva caravana de migrantes en su mayoría centroamericanos que salió este sábado de Tapachula, Chiapas, con rumbo a la Ciudad de México, fueron bloqueados por oficiales de Policía que los enfrentaron y les cerraron el paso.

En un video publicado por el diario mexicano Reforma se observa a miles de migrantes cuando chocan con los oficiales, pero logran avanzar mientras algunos gritan la palabra “libertad”. Se puede ver algunas personas que cargan niños en brazos y en hombros.

Los migrantes han dicho que están cansados de esperar a que las autoridades mexicanas tramiten sus solicitudes de refugio en el país, según le relataron a Noticias Telemundo.

Imágenes que circularon este sábado dejan ver al grupo, que podría superar las 2,000 personas según la estimación de la agencia The Associated Press (AP), abrirse paso frente a un primer cerco de oficiales de la Policía de Caminos y la Guardia Nacional en el punto conocido como Viva México, sobre la carretera Tapachula-Tapanatepec, según publica el diario Animal Político. Organizadores aseguraron a por su parte a Noticias Telemundo que la caravana estaba compuesta por más de 6,000 migrantes.

Las autoridades mexicanas de inmigración y la Guardia Nacional habían disuelto intentos más pequeños de fugas desde la estación migratoria de Tapachula a principios de este año. Durante varios meses, miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Haití han estado esperando en esa ciudad por documentos de asilo o refugio que les permitan transitar por suelo mexicano, pero se han cansado de las demoras en el proceso, dicen.

A diferencia de las marchas anteriores, la que comenzó el sábado desde Tapachula no incluyó a tantos migrantes haitianos, miles de los cuales llegaron a la frontera de Estados Unidos alrededor de Del Rio, Texas, en septiembre, informa AP.

Esta misma semana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza divulgó que las detenciones de inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur de Estados Unidos superó 1,7 millones en el año fiscal 2021 para alcanzar un máximo histórico desde que las autoridades llevan ese registro.

Rescatan a 51 migrantes hacinados en casas de seguridad en Texas y Nuevo México
OCT. 21, 202100:24
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) le dijo a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, que la agencia está vigilando Tapachula, así como otras áreas donde se han concentrado grandes grupos de migrantes.

Una de ellas es Necoclí, un pueblo al norte de Colombia donde más de 20,000 migrantes, muchos de ellos haitianos, acampan mientras se preparan para emprender el viaje a la frontera de Estados Unidos.

El viernes, decenas de inmigrantes comenzaron a organizarse en un parque de Tapachula para iniciar su viaje con rumbo al norte y preveían que saldrían a las 6 am del sábado.

[Dos muertos y cinco heridos al volcar un auto con migrantes]

“Vamos por el sueño americano porque queremos trabajar, queremos ganarnos la vida. ¿Por qué nos están tratando como criminales? No andamos haciendo daño a nadie”, dijo Edgar Peralta a Noticias Telemundo en el parque Centenario, en Tapachula, poco después de que oficiales de la Guardia Nacional y el Instituto de Migración se acercaran este viernes a pedir documentos a un grupo de migrantes.

Un grupo de inmigrantes rompe una primer barricada de la policía este sábado 23 de octubre en Tapachula, México, para avanzar hacia el norte. Su objetivo es llegar a Estados Unidos.
Un grupo de inmigrantes rompe una primer barricada de la policía este sábado 23 de octubre en Tapachula, México, para avanzar hacia Estados Unidos.Edgar H. Clemente / AP
“Jamás hemos vivido una persecución como inmigrantes como la que estamos viviendo ahora. Nosotros venimos de Centroamérica, Suramérica y otros países, pero no venimos con el fin de hacerle daño a este país (México), queremos solo transitar por este país”, explicó Carlos Albert, un inmigrante nicaragüense.

En agosto, tropas de la Guardia Nacional mexicana bloquearon a varios cientos de haitianos, cubanos y centroamericanos que salieron caminando por una carretera desde Tapachula, informa AP.

México no permite que los migrantes que solicitan visas humanitarias o asilo avancen al norte e intenta mantenerlos en Chiapas, cerca de Guatemala, mientras procesa sus casos.

Cansados de esperar por visas humanitarias y documentos de asilo, más de 2,000 migrantes, principalmente centroamericanos, partieron del sur de México con destino a la capital del país. Ahora, buscarán tramitar amparos para poder circular por territorio mexicano. Más información aquí.

Sujey de la Cruz García González está cansada, pero dice que le quedan suficientes fuerzas para seguir adelante hasta llegar a la capital mexicana.

“Esperé cuatro meses en Tapachula y no me resolvieron mis papeles”, dice a Univision Noticias. “Vengo con mi niña de 9 años, otra de 16 años y una nieta de 9 meses y otra sobrina. Somos un grupo familiar de nicaragüenses que escapamos de mi país porque allá tenemos un presidente muy malo”, en referencia a Daniel Ortega, quien en los últimos dos años ha reprimido a la oposición para conservar el poder.

“Nosotros vamos al Distrito Federal para pedirle al gobierno que nos cumpla, que nos dé papeles. Y si no nos cumple, pues con la ayuda de Dios vamos a seguir viaje al norte, a los Estados Unidos, para entregarnos y pedir asilo”, agrega.

Los papeles que reclama García son los mismos que pide el resto de los caminantes de la caravana: documentos de asilo y un permiso para trabajar legalmente en el territorio mexicano.

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García asegura que los necesita porque, en su país, cualquier crítica que el pueblo levante contra Ortega y su gobierno lleva a que los “persigan, arresten y encarcelen”.
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Las caravanas de migrantes buscan una oportunidad de asilo para rehacer sus vidas. Crédito: CLAUDIO CRUZ/AFP via Getty Images
El primer tramo
Cansados y adoloridos, los cerca de 4,000 migrantes que esta mañana salieron de Tapachula, una zona del sur de México fronteriza con Guatemala, con destino a la capital finalizaron la primera jornada bajo un clima húmedo y caluroso.

La mayoría de los caminantes son centroamericanos, principalmente originarios de Honbduras, dijeron organizadores.

“Arrancamos a las 7:00 de la mañana unas 3,000 personas desde la plaza Bicentenario de Tapachula y en el camino se fueron agregando otros cientos”, dice Luis García Villagrán, director ejecutivo del Centro de Dignificación Humana A.C., una de las organizaciones que convocó la caravana. “Tras nueve horas de camino nos detuvimos en el municipio Álvaro Oregón. La gente está muy cansada”.

El municipio de Álvaro Obregón se ubica a 14 kilómetros de Tapachula. La caravana se detuvo en ese lugar “porque más adelante hay muchos soldados y policías”, señala García. “Aquí podemos descansar un poco más tranquilos, pero existe el temor que esta noche nos repriman, nos dispersen y nos regresen a Tapachula”, agrega.

“No avanzamos mucho porque vienen muchos niños”, dice Irineo Mujica, de la organización Pueblo Unido. “Hace mucho calor y debemos cuidar a los más pequeños y también los viejitos”.

El avance logrado fue gracias a los mexicanos que, en su trayecto, les dieron frutas, pan y otros alimentos, dijeron los organizadores. En el municipio de Álvaro Obregón también les repartieron agua potable y permitieron usar baños públicos. “Una ayuda que no tiene precio”, indicaron.

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El miércoles, tres días antes del inicio de la caravana, el Instituto Nacional de Migración (INM) había advertido a los migrantes que si salían de la jurisdicción de Tapachula corrían el riesgo de ser detenidos y puestos en proceso de deportación, además de abandonar sus casos de asilo en México.

Pero los migrantes alegan que muchos de ellos interpusieron amparos ante la justicia federal, un recurso judicial disponible que, cuando es concedido, el extranjero no puede ser deportado. Sin embargo, el INM previene que la protección solo rige dentro de la jurisdicción de Tapachula.

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Los organizadores de la caravana reiteran que la caminata se debe a la inacción del gobierno federal mexicano en responder a miles de solicitudes de asilo. “Hay más de 95,000 personas en Tapachula de distintas nacionalidades, principalmente centroamericanos”, dice García.

“La gente está desesperada, tiene hambre, no tiene trabajo. Y cuando piden una cita ante la Comisión Nacional de Refugiados (COMAR) para iniciar el proceso de asilo, tiene que esperar de cuatro a seis meses. Y, cuando por fin tiene cita y presenta el caso, debe esperar otros cuatro o seis meses para que lo atienda el INM y le dé papeles y un permiso de trabajo. Mientras tanto la gente mendiga”, dice el activista.

La mayoría de los caminantes se concentraron desde el viernes en la noche y durmieron a la intemperie. “La mayoría son mujeres, hay más de 60 embarazadas, muchos niños y ancianos. Es la caravana de los más desvalidos de los más de 95,000 que están en Tapachula y que huyeron de sus países en busca de asilo”.

Medidas de protección
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Poco antes que la primera jornada, este sábado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que había emitido “medidas cautelares” para proteger a los integrantes de la caravana en su trayecto desde el estado de Chiapas, donde se ubica Tapachula, hacia la capital.

La medida, dijo el grupo, se trata de una ayuda de carácter humanitario “ante el probable uso de la fuerza para su contención” y que en caso de efectuarse “se realice en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Entre agosto y comienzos de septiembre, al menos cuatro caravanas de migrantes fueron detenidas por tropas de la Guardia Nacional de México y agentes de la Policía Nacional por salir de Tapachula sin autorización.

Cientos de detenidos fueron deportados luego hacia una zona selvática de Guatemala y abandonados a su suerte, perdiendo sus derechos de permanencia en México y sin oportunidad de proseguir viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo.

El CNDH dijo que los amparos obtenidos para unos 4,000 migrantes pueden ayudarlos en caso de que el gobierno use la fuerza pública para contenerlos, “además de que durante su tránsito requerirán atención especializada y la provisión de satisfactores básicos en materia de alimentación, salud y seguridad”.

La inmigrante nicaragüense Sujey de la Cruz García González juntio a su familia tras concluir la primera jornada de la Caravana, en Alvaro Obregón, Chiapas, México. Crédito: Cortesía de Sujey de la Cruz García
Estados Unidos vigila de cerca
Mientras la caravana avanza, una unidad de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) observa de cerca el avance de los miles de migrantes que viajan rumbo al Distrito Federal. Muchos de ellos tienen planes de no detenerse en la capital y seguir viaje rumbo al sur de Estados Unidos para pedir asilo.

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La semana pasada el gobierno reconoció a Univision Noticias que tiene en marcha “un nuevo esfuerzo” de inteligencia para detectar y frenar migrantes que desean llegar al país, además de haber desarrollado recientemente “un nuevo esfuerzo analítico que combina la aplicación de la ley y los recursos de inteligencia para mejorar nuestra capacidad de prepararnos operativamente para un gran número de migrantes que pueden llegar a lo largo de la frontera suroeste”, dijo el ministerio en un correo electrónico.

La dependencia agregó que la iniciativa “está dirigida por la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Guardia Costera.

La unidad, agregó el DHS, “fortalecerá los esfuerzos existentes” tal como la denominada Operación Centinela (Operational Sentinel), cuyo objetivo son organizaciones criminales transnacionales, “incluidas las que contrabandean narcóticos ilícitos y migrantes a través de la frontera”.

Las caravanas de migrantes asomaron a principios de 2017 tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Miles de migrantes, principalmente originaros de Honduras, se organizaron a través de mensajes publicados en redes sociales para caminar juntos rumbo a la frontera sur de Estados Unidos y pedir asilo.

De la mano de congresistas de Nueva York, al final de esta semana volvió a la Cámara baja del país un proyecto de ley para ofrecer estatus legal migratorio a aquellos inmigrantes que cargaron sobre sus hombres las labores de limpieza de los escombros en el bajo Manhattan después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Se trata del llamado 9/11 Immigrant Worker Freedom Act, que en 2017 no avanzó en el Congreso.

Y es que esos trabajadores hispanos, que limpiaron la zona donde estaban las Torres Gemelas llevan años pidiendo un estatus legal migratorio como compensación al duro trabajo y los problemas de salud derivados del mismo.

Entonces, grandes empresas de limpieza los contrataron informalmente para retirar escombros y polvo sin estar equipados o protegidos para ello, lo que al cabo del tiempo les provocó serios problemas estomacales y respiratorios. Esa es una de las razones por las que muchos de ellos han abandonado las protestas para demandar un estatus legal.

Alexandra Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat y Grace Meng son patrocinadores del proyecto de ley, que defendieron en un documento presentado al Comité Judicial y en el que sostienen que “al ayudar a nuestro país en un momento crítico, estos individuos sacrificaron su salud mental, emocional y física”.

Ellos calculan que unas 2,000 personas podrían ser elegibles bajo este proyecto, cuyo futuro es considerado incierto por los expertos.

Franklin Anchahua, peruano quien limpió por semanas después de los ataques, expresó a The Associated Press su felicidad ante la posibilidad de por fin poder legalizar su estatus. Asegura que ese trabajo le ocasionó asma, reflujo gástrico, acidez y problemas de salud mental.

Entre octubre de 2020 y septiembre de este año, Estados Unidos arrestó a más de 1.7 millones de indocumentados que cruzaron la frontera con México, una cifra no vista en las últimas décadas, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La CBP cifró en 1,734,686 el total de detenciones en la frontera al cierre del año fiscal 2021, lo que supera el registro de 1986, cuando 1.69 millones de personas fueron arrestadas.

Ese número también se ubicó por encima del récord alcanzado en el año 2000, cuando fueron detenidas 1.67 millones de personas indocumentadas en la frontera.

El total del año fiscal 2021 supera ampliamente las estadísticas del año pasado, cuando entró en vigor el cierre de las fronteras terrestres como una medida sanitaria para contener la expansión de la pandemia del coronavirus.

El año fiscal 2020 cerró con 458,088 detenciones, mientras que en 2019 los arrestos se situaron en 977,509.

Sin embargo, la CBP señaló en un comunicado que los encuentros de personas indocumentadas en la frontera sur “disminuyeron en septiembre respecto al mes anterior”.

En septiembre, menos que en agosto
En septiembre, agregó la CBP, 192,001 personas fueron detenidas, un 9% menos que en agosto, cuando los arrestos sumaron 209,840 casos.

Sobre el mes pasado, el comisionado interino de la CBP, Troy Miller, indicó en un comunicado que “la mayoría” de los detenidos fueron deportados bajo el Título 42, una medida que ampara las expulsiones expeditas de migrantes indocumentados encontrados en la frontera bajo el argumento de evitar la propagación de la covid-19.

En concreto, detalló el informe, más de 53% de los detenidos (102,673) fueron procesados para su expulsión bajo el Título 42, que organizaciones de derechos humanos cuestionan ya que permite las deportaciones sin considerar los pedidos de asilo u otra protección de los migrantes.

El porcentaje de expulsiones expedidas bajo esa norma fue más alto en el caso de los adultos solteros, con un 75% (84,911), y se situó en un 27% cuando se trató una unidad familiar, como denominan las autoridades estadounidenses a los grupos familiares compuestos por al menos un adulto y un menor.

El presidente, Joe Biden, decidió mantener en vigor el Título 42, aprobado por su antecesor, Donald Trump (2017-2021), para disuadir a miles de personas que han llegado a la frontera con México tras haber abandonado sus países asediados por los desastres naturales y la crisis económica causada por la pandemia.

Por otra parte, el CBP señaló que un 26% del total de detenidos en septiembre había sido interceptado previamente por las autoridades migratorias estadounidenses en los últimos 12 meses. Ese porcentaje supera el promedio anual de reincidencia en el intento de entrar al país registrado entre 2014 y 2019, que fue del 14%.

Con una visa humanitaria un niño guatemalteco de dos años, que padece de cáncer, y su madre lograron ingresar a Estados Unidos, luego de que las autoridades de inmigración los expulsaran del país.

La madrugada de este viernes, trasladaron al menor en ambulancia desde el hospital de Tijuana, México, hasta un centro especializado en el sur de California, tras pedirle a las autoridades de inmigración un permiso especial para el pequeño de dos años.

“Este dulce niño de dos años finalmente recibirá el tratamiento que necesita”, dijo la organización Al Otro Lado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

El pequeño y su madre, que solo se identificó como Ana por medidas de seguridad, habían intentado ingresar en una oportunidad a Estados Unidos, pero fueron devueltos a México, bajo el Título 42, que permite expulsar a migrantes por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

El hecho ocurrió en el mes de junio y Ana les dijo a las autoridades de EE.UU. que habían sido amenazados en Guatemala. Además que fueron víctimas de secuestro y tortura en México.

Secuestro y tortura
Ana reveló al diario San Diego Unión Tribune que los secuestradores le amarraron las manos a la espalda y le llenaron la boca con piedras, mientras golpeaban y torturaban a su hijo, y a pesar de esta denuncia a las autoridades de inmigración, no les permitieron iniciar una solicitud de asilo en territorio estadounidense.

Al ser enviada de regreso a México, Ana encontró apoyo para llevar a su hijo a un hospital de Tijuana, con la intención de que lo atendieran por el maltrato que recibió durante el secuestro, pero en el lugar fue diagnosticado con un tipo raro de leucemia que no podía ser tratado en ese centro médico.

Los abogados de la organización Al Otro Lado pidieron a las autoridades migratorias de EE.UU. que aceptaran la petición de asilo debido a que la condición de salud del pequeño había empeorado.

Un médico que lo trataba le manifestó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que si no dejaba entrar al pequeño para recibir tratamiento probablemente moriría pronto, detalló el diario. Al final otorgaron un permiso humanitario para que la madre y el niño ingresaran al país.

Críticas
Organizaciones que defienden a los demandantes de asilo criticaron a la Administración del presidente Joe Biden por no utilizar mecanismos como las visas humanitarias para permitir el ingreso a los inmigrantes.

Un caso que registró la organización fue en Valle del Río Grande, en Texas, donde logró solo cuatro aprobaciones de visas humanitarias para inmigrantes en esa zona en los últimos dos meses.

Con información de EFE

(CNN) — La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizó casi 1,66 millones de arrestos por cruces ilegales en la frontera con México durante el año pasado, el número anual más alto de detenciones registrado, según datos publicados por la agencia el viernes.

En septiembre, la agencia fronteriza realizó 185.515 arrestos, lo que elevó el total a 1.659.206 durante el año fiscal de 2021, que va de octubre a septiembre, según muestran los datos.

El récord anterior fue en 2000 con 1,64 millones de arrestos en la frontera, según los datos disponibles de la frontera sur que datan de 1960.

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Desde que asumió el cargo, la administración de Joe Biden ha luchado por gestionar el número sin precedentes de migrantes que cruzan a EE.UU., enfrentada desde el principio a una afluencia de niños que abrumaba los recursos y, más recientemente, los miles de migrantes que llegaban en cuestión de días a la región no preparada de Del Rio, Texas.

El número de arrestos fronterizos mensuales —una medida de cruces ilegales— se disparó bajo la administración de Biden, aunque comenzó a aumentar durante la administración del expresidente Donald Trump.

Biden, cuando se le preguntó durante el foro de CNN por qué no había visitado la frontera sur, dijo: “Bueno, supongo que debería ir”.

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“He estado ahí antes y no lo he hecho, quiero decir, lo sé bien. Supongo que debería bajar, pero el punto es que no he tenido mucho tiempo para bajar”, agregó Biden.

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Biden condujo por la frontera entre Estados Unidos y México hace más de una década, mientras estaba en campaña en 2008, dijo el viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Las cifras de arrestos han disminuido desde julio, cuando los arrestos de la Patrulla Fronteriza superaron los 200.000, un nivel mensual que no se había visto en décadas.

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Desde marzo de 2020, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha estado aplicando una orden de salud pública conocida como Título 42, que permite la rápida expulsión de migrantes que se ha relacionado con un aumento en el número de personas que han cruzado repetidamente y con un número elevado de arrestos.

“Los encuentros de la CBP a lo largo de la frontera suroeste disminuyeron en septiembre con respecto al mes anterior, y la mayoría de los no ciudadanos encontrados fueron expulsados ​​bajo el Título 42”, dijo en un comunicado el comisionado interino de la CBP, Troy Miller, reconociendo la tensión asociada con operar durante una pandemia global que ha cobrado “demasiadas vidas” entre el personal de primera línea de CBP.

Los defensores de los derechos de inmigrantes y algunos legisladores han criticado al presidente Joe Biden por mantener la política pandémica de la era Trump, calificándola de violar los derechos humanos.

La elección de Biden para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., Chris Magnus, expresó su apoyo a la orden de salud pública de la era Trump durante su audiencia de confirmación a principios de esta semana, y les dijo a los legisladores que, como paramédico durante 10 años “la salud pública siempre ha sido una de mis principales preocupaciones… el Título 42 es una autoridad de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) y creo que ayuda con esto”.

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La agencia todavía está esperando confirmar a un líder, nueve meses desde que Biden asumió el cargo.

Magnus, quien actualmente se desempeña como jefe de policía en Tucson, Arizona, reconoció los “desafíos importantes” en la frontera.

“Las cifras son muy altas y es algo que hay que abordar. Claramente, tenemos un sistema roto”, dijo el martes.

La mayoría de las incautaciones de narcóticos duros por parte de la CBP también se dispararon el año pasado, según los datos de fin de año, que incluyen los puertos de entrada y cruces fronterizos ilegales.

Las incautaciones de fentanilo aumentaron a más del doble de 2.173 kilogramos en el año fiscal de 2020 a 5080 kilogramos el año pasado. También aumentaron las incautaciones de metanfetamina y cocaína. La heroína bajó un poco.

La marihuana, sin embargo, disminuyó, pasando de 264.169 kilogramos incautados a 144.898 kilogramos.

Los viajes aéreos internacionales cayeron aún más en el año fiscal 2021 en medio de la pandemia de covid-19 en curso, aunque CBP señala que ha comenzado a aumentar significativamente en los últimos meses.

Hubo alrededor de 44,4 millones de viajeros el año pasado en comparación con los 62,1 millones en el año fiscal de 2020; en ambos años las cifras se redujeron significativamente de más de 135 millones en el año fiscal de 2019, según datos de CBP.

La abogada y analista republicana Rocío Vélez criticó a la administración de Biden por no proponer, a su juicio, una reforma migratoria viable. El mandatario estadounidense se enfrenta a duras negociaciones para sacar adelante su plan de infraestructura y busca mejorar su posición política, pero durante el foro realizado por CNN este jueves, no aclaró qué piensa hacer con la crisis de la inmigración indocumentada. Escucha aquí cómo describe la colaboradora de CNN este momento del gobierno demócrata.

En México, una nueva caravana de migrantes se prepara para partir este sábado desde Tapachula, Chiapas. Miles de personas, en su mayoría de Haití y de otros países de Centroamérica, se suman a la llamada “caravana madre” en busca de mejores oportunidades.

Las frustraciones de los usuarios en sus intentos de comunicación con un ser humano que les responda al teléfono cuando llaman al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han escalado en los últimos meses, dado que la agencia no brinda asistencia directa en vivo a cada solicitante. Consciente de estas limitaciones impuestas por escasez de recursos y un aumento en el volumen de llamadas, la Oficina del Ombudsman de USCIS (CIS Ombudsman), hizo pública una guía de consejos para navegar cambios recientes en los trámites migratorios con la agencia gubernamental El Centro de Contacto de USCIS, explicó el Ombudsman, ha hecho cambios a fin de “reducir la dependencia en la asistencia telefónica en vivo mientras promueve el uso de herramientas de autoayuda en línea y canales digitales de averiguación”. TOP VIDEOS × “Comprendemos que este es el resultado de limitaciones financieras y contracción de recursos que hacen imposible a USCIS ofrecer asistencia en vivo a cada cliente ante un volumen más alto de averiguaciones”, afirmó el Ombudsman, un despacho del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que presta asistencia solicitantes de beneficios de inmigración. ¿CUÁNDO LLAMAR AL CENTRO DE CONTACTO DE USCIS? Los mejores restaurantes de Miami Haz una búsqueda por barrio y por el tipo de comida que te apetezca LEER MÁS Estas son las gestiones de inmigración que ameritan contactar a USCIS para recibir asistencia en directo, según el Ombudsman: ▪ Cuando necesitas reprogramar una entrevista o una cita para los servicios biométricos antes de la fecha pautada. ▪ Para viajes de emergencias, como la solicitud del Documento de Permiso Adelantado de Emergencia (advance parole) o prueba de estatus de residente permanente legal. ▪ Para solicitar una aceleración de tu caso, si se aplica alguno de los criterios para procesamiento expedito de una solicitud de USCIS. ▪ Para consultas relacionadas con casos que están fuera del tiempo normal de tramitación. Gracias por apoyar el periodismo local. Su suscripción nos permite seguir ofreciendo a nuestros lectores el material periodístico de calidad y relevante que marca la diferencia. Creemos que una plataforma para compartir noticias locales es crítico para nuestra comunidad, y estamos agradecidos de que usted piense igual. ¿Tiene alguna pregunta sobre su suscripción? Lo ayudamos con mucho gusto. Contáctenos Las autoridades recomiendan comprobar los tiempos de procesamiento de casos antes de llamar. ¿CÓMO CONSIGO ASISTENCIA DE UNA PERSONA EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO? A esta pregunta, el Ombudsman recomienda: ▪ Utiliza las herramientas digitales de USCIS cuando puedas y pide asistencia directa cuando realmente sea necesario. ▪ Cuando solicitas hablar con una persona en vivo, el sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) solo ofrecerá esta posibilidad si se trata de un caso que lo requiera. ▪ Sé estratégico al llamar. El volumen de llamadas es más alto los días lunes y luego va menguando en el transcurso de la semana. ▪ “Emma”, la asistente virtual interactiva bilingüe de la agencia, permite a través de su servicio “Live Chat”, obtener asistencia en vivo de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. EST en casos en lo que Emma no pueda responder a tu interrogante. ¿CÓMO OBTENER RESPUESTAS DE UN REPRESENTANTE DEL CENTRO DE CONTACTO DE USCIS? ▪ El primer nivel de asistencia telefónica en vivo está atendido por contratistas capacitados para dar respuestas utilizando artículos de conocimiento para responder a preguntas frecuentes. ▪ El segundo nivel de asistencia telefónica en vivo, para asuntos más complejos, está gestionado por funcionarios de USCIS entrenados en resolución de problemas y respuestas a consultas, y cuentan con la misma capacitación que todos los funcionarios de USCIS. ¿LAS AUTORIDADES DE INMIGRACIÓN DEVUELVEN LLAMADAS? ▪ USCIS realiza dos intentos de contacto con los clientes. Si en el primer intento la persona no responde, la agencia deja mensaje indicando que hará una segunda llamada en un plazo de 60 a 90 minutos. ▪ Se recomienda proveer a USCIS tu número celular y número de la oficina. El Centro de Contacto intentará llamar a más de un número. ▪ USCIS trata de devolver llamadas en horario de trabajo normal, pero las llamadas se asignan por orden de de llegada, por lo cual es posible que USCIS llame fuera del horario de trabajo o incluso los fines de semana. ¿CÓMO PEDIR QUE INMIGRACIÓN ACELERE MI CASO? ▪ Si la solicitud está relacionada con una cita urgente, será revisada por el personal del segundo nivel. ▪ Si la petición se refiere a una solicitud de procesamiento expedito, el Centro de Contacto solo es responsable de enviar al mensaje a la oficina de campo de USCIS o centro de servicio que está al cargo del caso, no de tramitarlo. ▪ USCIS podría acelerar una petición si cumples más de uno de los criterios o circunstancias, como pérdidas financieras severas o emergencias y razones humanitarias urgentes. ¿NECESITAS UN INTÉRPRETE QUE HABLE ESPAÑOL? ▪ Todos los servicios del Centro de Contacto de USCIS se ofrecen en inglés y español, y los tiempos de espera son los mismos en ambos idiomas. ▪ Aparte de responder a preguntas en inglés o español, el Centro no provee un interprete. ▪ Las personas que llaman pueden utilizar su propio intérprete, quien deberá responder algunas preguntas de verificación antes de que USCIS pueda compartir información sobre el caso, dijo el Ombudsman. El número del Centro de Contacto de USCIS es (800) 375-5283 y si llamas desde el extranjero es (212) 620-3418.

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Tras recibir junto a su madre un permiso humanitario para ingresar al país, Carlos fue trasladado en ambulancia y luego en helicóptero hasta el hospital para niños del condado Orange, en California, donde empezará el tratamiento que necesita.

El vehículo con varios migrantes intentaba escapar de una persecución policial cuando se volcó. El suceso ocurrió la madrugada de este viernes en una carretera de tierra cerca de Palmview. Tras el impacto, el conductor intentó darse a la fuga.

Cientos de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, se preparan para partir a Ciudad de México y continuar su paso hacia territorio estadounidense, sin importarles que puedan ser detenidos. Aseguran que esta es la única vía para llegar a su destino.

Luego de evitar este jueves una respuesta clara sobre por qué no ha visitado esa zona del país, el mandatario ha sido muy criticado. Este viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca recordó un viaje que Biden hizo hace 13 años para defenderlo.

Una familia de Honduras tomó un tren en Eagle Pass para llegar hasta San Antonio. El padre, la madre y la niña de 1 año fueron impactados por el tren y perdieron partes de sus extremidades.

SUMINISTROS
Miami, 22 oct (EFE News).- La patronal de camioneros asegura que se necesita contratar al menos 80.000 camioneros para recomponer la cadena de suministro, pero la solución no pasa por los conductores indocumentados como piden empresas del sector y organizaciones proinmigrantes, avisa un experto.

Grandes empresas de logística como Cowan System ofrecen bonos de hasta 17.000 dólares a los camioneros que firmen contrato, Amazon ha flexibilizado las exigencias para encontrar conductores calificados, y otras le piden al Gobierno que acelere la concesión de visados a los choferes extranjeros con experiencia en vehículos pesados.

El 71 % de las mercaderías se moviliza por camión en Estados Unidos, y los puertos donde se originan las cargas están saturados de contenedores repletos.

“La cadena de suministro se enlentece, todo se complica”, informó la American Trucking Association que reúne a las empresas de camiones. “Tenemos que ser prácticos con las soluciones, y rápidos”, agregó.

Según algunas organizaciones que abogan por la concesión de licencias de conducir a indocumentados, entre los millones que ya viven en el país sin papeles debería haber mucha gente con experiencia en sus países en este sector, y podrían ser una solución.

En la actualidad, 18 estados y el Distrito de Columbia cuentan con leyes que permiten manejar autos sin necesidad de probar el estatus migratorio legal en el país.

Sin embargo, con estas licencias no se pueden manejar camiones o vehículos comerciales, un requisito que no puede ser obviado por los estados, dijo a Efe Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría de Estado de Illinois, que emite las licencias de manejo en esa región.

“Por ley federal, ningún estado puede otorgar licencias (de manejo de camiones) a personas que no tengan sus papeles en regla”, dijo el funcionario, quien recordó que la red de transporte carretero y en especial los camiones son considerados posibles blancos terroristas de alto riesgo.

“No es solamente un problema de inmigración, sino de seguridad nacional, y desde el 2012 los controles se fueron endureciendo” para evitar que ninguna persona que no sea ciudadana, o extranjera con residencia o permiso de trabajo, pueda obtener una licencia profesional de manejo (CDL), agregó.

Por eso, la solución debería venir desde Washington, donde se mantiene un bloqueo en todo lo relacionado con temas migratorios.

Mientras tanto, en las escuelas donde se capacita a los conductores profesionales se siguen lineamientos del Departamento de Transporte federal, y el requisito básico para cursar es tener residencia, número de Seguro Social y permiso de trabajo.

Según Martínez, Estados Unidos reconoce la validez de licencias de camioneros de México, que se movilizan entre los dos países dentro del tratado de libre comercio de Norteamérica.

Pero este tratado imposibilita que los jóvenes de origen mexicano amparados por la Acción Diferida (DACA) y viven en los EE.UU. con un estatus provisorio que les permite estudiar y trabajar puedan aspirar a convertirse en camioneros profesionales en este país.

Sin importar que tengan una licencia no profesional estadounidense, estos jóvenes “están atados” al tratado, donde se establece que los únicos camioneros mexicanos que se reconocen son los que tienen licencias emitidas por el Gobierno del vecino país.

Según lo convenido, “la única posibilidad que tiene un DACA mexicano de lograr una licencia profesional, es viajar a su país y gestionarla allá”, dijo Martínez.

La posibilidad estaría abierta, en cambio, para los “soñadores” de cualquier otro país, como ecuatorianos, argentinos, uruguayos o venezolanos, que a partir de una licencia estatal pueden hacer el curso y llegar a la licencia comercial.

Actualmente, en Estados Unidos hay unos 15,5 millones de camioneros de carga, de los cuales 1,9 millones conducen camiones con remolque.

La patronal de camioneros estima en 80.000 las vacantes, mientras que para el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) se necesitan unos 68.000 conductores más, y se prevé que este déficit alcance los 160.000 en 2028.

Antes de la pandemia, la escasez era de 61.500, que fue creciendo porque los chóferes se retiran, cambian de empleo o deciden quedarse en casa ante las condiciones laborales.

En este sentido, Adán Álvarez, del sindicato Teamsters, que representa 1,4 millones de trabajadores en EE.UU. de la industria del transporte y almacenes, explicó a Efe que “no hay falta de mano de obra, sino que hay falta de puestos de trabajo de calidad” y criticó que la industria del transporte “ha explotado a los trabajadores por varias décadas”.

MIAMI – La patronal de camioneros asegura que se necesita contratar al menos 80,000 camioneros para recomponer la cadena de suministro, pero la solución no pasa por los conductores indocumentados como piden empresas del sector y organizaciones proinmigrantes, avisa un experto.

Grandes empresas de logística como Cowan System ofrecen bonos de hasta $17,000 dólares a los camioneros que firmen contrato, Amazon ha flexibilizado las exigencias para encontrar conductores calificados, y otras le piden al Gobierno que acelere la concesión de visados a los choferes extranjeros con experiencia en vehículos pesados.

El 71 % de las mercaderías se moviliza por camión en Estados Unidos, y los puertos donde se originan las cargas están saturados de contenedores repletos.

“La cadena de suministro se enlentece, todo se complica”, informó la American Trucking Association que reúne a las empresas de camiones. “Tenemos que ser prácticos con las soluciones, y rápidos”, agregó.

Según algunas organizaciones que abogan por la concesión de licencias de conducir a indocumentados, entre los millones que ya viven en el país sin papeles debería haber mucha gente con experiencia en sus países en este sector, y podrían ser una solución.

En la actualidad, 18 estados y el Distrito de Columbia cuentan con leyes que permiten manejar autos sin necesidad de probar el estatus migratorio legal en el país.

Sin embargo, con estas licencias no se pueden manejar camiones o vehículos comerciales, un requisito que no puede ser obviado por los estados, dijo a Efe Ernesto Martínez, portavoz de la Secretaría de Estado de Illinois, que emite las licencias de manejo en esa región.

“Por ley federal, ningún estado puede otorgar licencias (de manejo de camiones) a personas que no tengan sus papeles en regla”, dijo el funcionario, quien recordó que la red de transporte carretero y en especial los camiones son considerados posibles blancos terroristas de alto riesgo.

“No es solamente un problema de inmigración, sino de seguridad nacional, y desde el 2012 los controles se fueron endureciendo” para evitar que ninguna persona que no sea ciudadana, o extranjera con residencia o permiso de trabajo, pueda obtener una licencia profesional de manejo (CDL), agregó.

Por eso, la solución debería venir desde Washington, donde se mantiene un bloqueo en todo lo relacionado con temas migratorios.

Mientras tanto, en las escuelas donde se capacita a los conductores profesionales se siguen lineamientos del Departamento de Transporte federal, y el requisito básico para cursar es tener residencia, número de Seguro Social y permiso de trabajo.

Según Martínez, Estados Unidos reconoce la validez de licencias de camioneros de México, que se movilizan entre los dos países dentro del tratado de libre comercio de Norteamérica.

Pero este tratado imposibilita que los jóvenes de origen mexicano amparados por la Acción Diferida (DACA) y viven en los EE.UU. con un estatus provisorio que les permite estudiar y trabajar puedan aspirar a convertirse en camioneros profesionales en este país.

Sin importar que tengan una licencia no profesional estadounidense, estos jóvenes “están atados” al tratado, donde se establece que los únicos camioneros mexicanos que se reconocen son los que tienen licencias emitidas por el Gobierno del vecino país.

Según lo convenido, “la única posibilidad que tiene un DACA mexicano de lograr una licencia profesional, es viajar a su país y gestionarla allá”, dijo Martínez.

La posibilidad estaría abierta, en cambio, para los “soñadores” de cualquier otro país, como ecuatorianos, argentinos, uruguayos o venezolanos, que a partir de una licencia estatal pueden hacer el curso y llegar a la licencia comercial.

Actualmente, en Estados Unidos hay unos 15.5 millones de camioneros de carga, de los cuales 1,9 millones conducen camiones con remolque.

La patronal de camioneros estima en 80,000 las vacantes, mientras que para el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) se necesitan unos 68,000 conductores más, y se prevé que este déficit alcance los 160,000 en 2028.

Antes de la pandemia, la escasez era de 61,500, que fue creciendo porque los chóferes se retiran, cambian de empleo o deciden quedarse en casa ante las condiciones laborales.

En este sentido, Adán Álvarez, del sindicato Teamsters, que representa 1,4 millones de trabajadores en EE.UU. de la industria del transporte y almacenes, explicó a Efe que “no hay falta de mano de obra, sino que hay falta de puestos de trabajo de calidad” y criticó que la industria del transporte “ha explotado a los trabajadores por varias décadas”.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicaron una guía actualizada sobre el proceso, trámite y requerimientos para solicitar la visa T, esta aplica para víctimas de trata de personas.

Lea aquí: USCIS: Se alcanzó límite de 33,000 visas para trabajadores temporales para siguiente año fiscal

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El manual de políticas de USCIS incluye una aclaración de cómo los solicitantes pueden mostrar su elegibilidad. Aquí puede consultar el manual: https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/policy-manual-updates/20211020-VictimsOfTrafficking.pdf

¿Cuál es la vista T?
La visa T de no inmigrante es un beneficio temporal de inmigración que permite que algunas víctimas de trata humana permanezcan en Estados Unidos durante hasta un máximo de cuatro años si han ayudado a las agencias del orden público en una investigación o procesamiento de actos de trata de personas.

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El estatus T de no inmigrante también está disponible para algunos familiares elegibles de las víctimas de actos de trata de personas. Los no inmigrantes T son elegibles para obtener una autorización de empleo y para ciertos beneficios y servicios federales y estatales.

El Congreso de Estados Unidos creó este estatus en octubre de 2000, como parte de la Ley de Protección a Víctimas de Trata de Personas y Violencia.

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Lea también: USCIS anuncia extensión para recaudar evidencias, documentos y pruebas para trámites

¿Quién puede aplicar a la visa T?
Si se encuentra en Estados Unidos, Samoa Americana, la Comunidad de las Islas Marianas del Norte, o en un puerto de entrada por ser una víctima de trata de personas.
Cumple con las peticiones razonables de ayuda de las agencias del orden público en la investigación o procesamiento de actos de trata de personas (a menos que sea menor 18 años de edad o no puede cooperar debido a algún trauma físico o psicológico. En cualquiera de estos casos, usted no tendrá que demostrar que cumplió con las peticiones razonables de ayuda de las agencias del orden público).
Demuestra que sufriría dificultades extremas relacionadas con daños personales extraordinarios y serios si se le hiciera salir de los Estados Unidos.
Es elegible para que se le admita en Estados Unidos. (Si no es elegible para que se le admita, puede solicitar exención de ciertas causales de inadmisibilidad. Puede solicitar una exención con un formulario I-192, solicitud de permiso adelantado para ingresar como no Inmigrante).
Para más información de esta visa, visite la página en español de USCIS: https://www.uscis.gov/es/programas-humanitarios/victimas-de-la-trata-de-personas-y-de-otros-crimenes/victimas-de-trata-de-personas-estatus-t-de-no-inmigrante

Durante la pandemia quedaron fuera de la fuerza laboral medio millón de mujeres latinas.

En el marco del Día de la Igualdad Salarial de las Latinas, las cifras no resultan favorecedoras. Una mujer de origen latino obtiene por su trabajo apenas 57 centavos de cada dólar que gana un hombre blanco. A esto hay que agregar un golpe más contra ese grupo: el que dejó la pandemia del covid-19.

Así lo arroja un informe del Women’s National Law Center, que agregó casi medio millón de estas mujeres quedaron fuera de la fuerza laboral de Estados Unidos, y que la recuperación económica no da indicios de reincorporarlas nuevamente.

De ese modo, las brechas salariales son especialmente profundas para la comunidad hispana, y se agravan todavía más cuando se habla de mujeres, quienes sufren de una mayor tasa de desempleo.

Durante la pandemia, unas 497,000 latinas salieron de la fuerza laboral y ya no se les cuenta como desempleadas. Pero si se les contara, la tasa de desempleo en el grupo habría llegado en septiembre al 9.3% y no al 5.6% que dan los números oficiales.

“Las latinas tienen 1.3 veces más probabilidades de estar desempleadas que un hombre blanco”.

Informe “57 Cents on the Dollar Isn’t Enough for Latinas”, del National Women’s Law Center.
Y el hecho de que una de cada tres hispanas mayores de 16 años estuviera desempleada por seis meses o más en septiembre, además de la gravedad que reviste por sí solo, aumenta la probabilidad de que muchas de ellas vuelvan a la actividad en trabajos mal pagados, y perpetuar así las brechas salariales.

Eso porque quedarse sin empleo mucho tiempo golpea la capacidad de hacer frente a los pagos que toda familia enfrenta, incluso la necesidad de comer.

Sin embargo, durante el punto más álgido de la pandemia, fueron las mujeres latinas quienes se sumaron al frente de batalla: 28.4%, contra el 12.6% de hombres blancos no hispanos.

A pesar de haber realizado ese trabajo fundamental durante tiempos difíciles, estas trabajadoras cobraron salarios inferiores, según el reporte.

Por ejemplo, incluso en el caso de las enfermeras que no fue tan marcado, recibieron 90 centavos por cada dólar ganado por hombres blancos no hispanos. En el campo de tiendas minoristas, una supervisora se hacía de 63 centavos de cada dólar que ganaba un hombre blanco no considerado hispano.

“Sí, absolutamente”, fue la respuesta que dio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de desplegar a la Guardia Nacional para ayudar en la resolución de la crisis en la cadena de suministro en el país.

La respuesta se dio durante un foro de la cadena CNN en Baltimore, cuando Anderson Cooper le preguntó si estaba preparado para llamar a la Guardia Nacional.

El mandatario dijo que consideraría enviarlos específicamente para asignarlos a los camiones en la escasez de conductores: “aumentar el número de camioneros, lo cual estamos en proceso de hacer”, señaló.

Y aunque más tarde un funcionario de la Casa Blanca le aseguró a la cadena que no se está considerando activamente un despliegue a pesar de los comentarios de Biden “porque es competencia de los gobernadores”, la afirmación del presidente subraya la gravedad de la situación.

Grupos empresariales piden a la administración que tenga varios planes para abordar la crisis, que ya representa aumento en los costos, escasez y demora en los envíos.

Para los economistas, estos problemas se podrían prolongar hasta el año próximo.

A pesar de que el presidente ha ordenado que los puertos de Long Beach y Los Ángeles trabajen 24 horas de los siete días de la semana, no se ha cumplido, pues no hay conductores suficientes para mover la carga a todas horas.

Los estados de Texas y Missouri, ambos gobernados por republicanos partidarios del expresidente Donald Trump, volvieron a unirse en una demanda contra el gobierno de Joe Biden, esta vez para exigir que se reanuden los trabajos de construcción del muro fronterizo con México.

La demanda argumenta que el gobierno federal debe continuar erigiendo el muro con los fondos autorizados por el Congreso. Agrega que cuando los trabajos fueron suspendidos la el gobierno de Biden violó la ley.

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“Esta es una acción que desafía la omnipresencia del Poder Ejecutivo”, se lee en la demanda interpuesta por los fiscales generales de ambos Estados ante la Corte de Distrito del Sur de Texas.

Añade que el gobierno de Biden “ha violado la Constitución y la ley federal” con su política migratoria desplegada en la frontera con México.
“Es mi séptima demanda relacionada con la frontera contra la Administración Biden en El Paso. Hasta que sigan la ley y obtengan los texanos el alivio que necesitan desesperadamente, continuaré presentando demanda tras demanda. No voy a dar marcha atrás”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en su cuenta de la red social Twitter.
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Qué alegan Texas y Missouri
En la demanda los estados de Texas y Missouri alegan que el presidente se ha negado a gastar fondos asignados por el Congreso “para la construcción de un muro a lo largo del
frontera suroeste, y la terminación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de contratos para realizar obras en proyectos de construcción para construir el muro”.

La demanda añade que en 2018 el DHS evaluó la eficacia de las barreras físicas en la frontera suroeste en el control de la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Indica además que el ministerio había precisado que “los muros han demostrado ser extremadamente efectivos”.

Lo que no dice la demanda es que el muro constituyó una de las principales promesas de campaña del expresidente Donald Trump y fue uno de los ejes principales de su política migratoria de ‘tolerancia cero’, dirigida a detener la inmigración indocumentada, incluso de aquellos extranjeros que vienen en busca de asilo, un beneficio legal disponible autorizado por el Congreso.

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Trump utilizó más de 400 órdenes ejecutivas y memorandos para implementar su política migratoria a pesar de que durante sus dos primeros años de mandato (2017 y 2018) el Partido Republicano controló ambas cámaras del Congreso.

La postura de Paxton
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El fiscal general Paxton también señala que “la negativa rotunda de la Administración Biden a usar fondos que ya han sido reservados por el Congreso para construir el muro fronterizo no solo es ilegal e inconstitucional. También está mal, y deja a estados como Texas y Missouri pagando la factura”.

“No me quedaré de brazos cruzados mientras esta Administración causa más estragos en nuestro estado. Esta es mi séptima acción legal relacionada con la seguridad fronteriza y la inmigración contra el presidente Biden y sus agencias ejecutivas sin ley. No descansaré hasta que Texas esté a salvo del desastre que creó”, añadió.

Los demandantes indicaron en la demanda que el Congreso había autorizado $1,375 millones para la construcción de un sistema de barreras a lo largo de la frontera suroeste y que esos fondos “solo estarán disponibles para los sistemas de barrera”.

Tema que no se trata
Después de una larga discusión sobre los indicadores utilizados por el gobierno de Trump para tener una idea de cuál es la situación real en la frontera, en 2016 se comenzó a utilizar una nueva y más precisa metodología de medición, que fue recogida en un reporte del (DHS)sobre las métricas de seguridad fronteriza publicado en mayo de 2018.

Según el reporte, el número de cruces no detectados cayó casi tan rápidamente como el número de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur. De 851,000 en el año 2,000, la cifra pasó a 62,000 en el año 2016 (el último para el cual se tiene la estimación, durante el último año del gobierno Obama-Biden).

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Datos recientes del DHS indican que la cifra de crucers indocumnentados exitosos al final del gobierno de Obama estuvo por debako de los 55,000 por año.

El mismo reporte dice que “la probabilidad estimada de detectar a una persona que quiere ingresar ilegalmente al país pasó de 70% en 2006 (cuando de 2.9 millones de personas que trataron de cruzar ilegalmente, dos millones fueron detectadas) a 91% en 2016 (cuando de un estimado de 673,000 que cruzaron ilegalmente, 611,000 fueron detectadas).
Es decir, la capacidad de detección y detención del tráfico indocumentado durante Obama-Biden contradice los argumentos esgrimidos por el gobierno de Trump (2017-2021) que justificaron su cuestionada política de ‘tolerancia cero’ y que ahora utilizan los republicanos para criticar la política migratoria de Biden.

El DHS también determinó que entre 2017 y 2018, los dos primeros años del gobierno de Trump, el cruce indocumentado exitoso se incrementó en 11 puntos porcentuales comparado con los registros del último año de Obama.

Los republicanos no utilizan estos datos para defender su política migratoria o atacar la de Biden.

Postura fija
A pesar de los datos, los argumentos esgrimidos por Texas y Missouri no varían. El fiscal general de Missouri, Erick Smith, dijo en su cuenta de la red social Twitter que “presentamos una demanda contra Joe Biden para REQUERIRLO que continúe la construcción del muro fronterizo suroeste. Joe Biden detuvo la construcción del muro fronterizo vital a principios de este año”.

En la demanda, ambos fiscales generales piden al tribunal:

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Que declare ilegal la terminación de los trabajos de construcción del muro;
Emita medidas cautelares preliminares y permanentes qie impida a los demandados hacer cumplir o implementar la Proclamación del 20 de enero;
Impedir el uso de los fondos asignados por el Congreso para el muro en otros rubros;
Impedir la cancelación de contratos de construcción del muro;
· Otorgue a Missouri y Texas los costos de esta acción y los honorarios de abogados; y · Otorgue cualquier otra reparación adicional que la Corte considere equitativa.
Texas y Missouri también demandaron, entre otras políticas migratorias de Biden, la permanencia de la Acción Diferida de 2012 (DACA), que protege de la deportación a unos 700,000 dreamers, y la cancelación del Programa de Protección del Migrante (MPP), que entre enero de 2019 y enero de 2021 regresó a México a unos 70,000 extranjeros a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración estadounidenses.

Los estados de Texas y Missouri han presentado este jueves una demanda judicial contra el gobierno del presidente Joe Biden por su decisión de abandonar la construcción del muro de Donald Trump en la frontera, pidiendo a una corte federal que obligue al gobierno a gastar el dinero asignado a este propósito.

En la querella legal de 37 páginas, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas, el fiscal texano, Ken Paxton, y el de Missouri, Eric S. Schmitt, pidieron que sean declaradas ilegales las acciones del gobierno para terminar con la financiación del muro.

La demanda se centra en la negativa de la Administración de gastar fondos asignados por el Congreso a la construcción de un muro a lo largo del frontera suroeste, y la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar con los contratos para realizar dicha obra.

La construcción del muro fronterizo está suspendida desde enero, cuando el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva poniendo en pausa las obras.

Los fiscales republicanos aseguran que la decisión del gobierno de Biden de suspender las obras viola la Constitución y las leyes federales.

Añaden que en 2018, el DHS evaluó la eficacia de las barreras físicas en la frontera suroeste y proclamó que “cuando se trata de detener las drogas y los extranjeros ilegales que cruzan nuestras fronteras, los muros han demostrado ser extremadamente efectivos”.

En ese entonces, el DHS señaló además que la construcción del muro en un determinado sector condujo a una disminución de 90 % en las detenciones fronterizas.

Durante la pasada Administración del presidente Donald Trump (2017-2021) se construyeron más de 450 millas (720 kilómetros) de muro a lo largo de la frontera.

En un comunicado de prensa, Paxton dijo que “la rotunda negativa de la Administración Biden a utilizar fondos que ya han sido apartados por el Congreso (…) deja a estados como Texas y Missouri pagando la factura”.

El republicano resaltó que esta es la séptima demanda relacionada con la seguridad fronteriza y la inmigración contra el presidente Biden y sus agencias ejecutivas. “No descansaré hasta que Texas esté a salvo del desastre que creó y que continúa creando” señaló.

Texas y Missouri también demandaron a la Administración de Biden por terminar con el programa “Permanecer en México” (MPP) y lograron que un juez federal ordenara que la medida se restableciera.

La semana pasada la Administración demócrata anunció que reanudará la implementación de MPP a partir de noviembre si el gobierno de México está de acuerdo, desatando una fuerte ola de críticas entre los defensores de los migrantes.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, explicó durante el foro presidencial de CNN que su gobierno buscará capacitar a trabajadores de minorías, como los inmigrantes, para que cuiden a las personas mayores y se conviertan en enfermeros.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó durante el foro presidencial presentado por CNN que su administración está haciendo “cambio gigantescos” para ayudar a los niños migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza del país.

Calculan que miles de personas que actualmente esperan en la frontera entre México y Guatemala podrían emprender una caminata hasta la frontera con Estados Unidos con la intención de pedir asilo. Algunos la llaman ‘La madre de todas las caravanas’.

En lo que va de 2021, la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso ha rescatado a más de 3,200 migrantes hacinados en más de 300 casas de seguridad.

Ana salió de Guatemala en busca del sueño americano pero no se imaginaba que serían abusados por traficantes humanos ni que su hijo de dos años sería diagnosticado con cáncer en Tijuana. Ahora con la ayuda de una organización, logró su objetivo.

Se trata de una iniciativa encabezada por la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, en inglés) y otras seis organizaciones, a través de la cual pretenden brindar distintos servicios de salud a la comunidad inmigrante en EEUU, pues esta enfrenta numerosos desafíos para acceder a atención médica de calidad.

El abogado Víctor Nieblas explica en detalle de qué trata la ley AB 3228, que les da el derecho a las personas de demandar a los centros de detención privados que no cumplan con los estándares de atención que les garanticen su salud y seguridad dentro de las instalaciones de ICE. La legislación provee un recurso legal a individuos que se han visto afectados por el abuso y la negligencia en dichos lugares.

There remains some hope for immigration reform. Democrats have not given up on including immigration reform from the reconciliation bill, allotting $100 billion to the matter. But how it gets divided up still depends on what the Senate parliamentarian rules as germane to include in the sweeping budget proposal.

Democratic senators, led by Majority Leader Charles E. Schumer (N.Y.), Richard J. Durbin (Ill.), Alex Padilla (Calif.) and Robert Menendez (N.J.), are preparing their third proposal for the parliamentarian in the coming days. Unlike the previous proposals that focused on creating a pathway to citizenship for a broad swath of undocumented immigrants, current negotiations are focused on reforming the green card visa system to make it more accessible to certain undocumented groups like farm workers and recipients of Deferred Action for Childhood Arrivals. Division among Democrats on whether the parliamentarian’s word is final, with some pushing to override her recommendation.

Dozens of progressive House Democrats are ramping up calls for immigration relief to be included in a sprawling budget reconciliation package — regardless of what a Senate arbiter says about it.

Reps. Lou Correa, D-Calif., Adriano Espaillat, D-N.Y., Jesús “Chuy” García, D-Ill., Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., and 39 others called on Senate leaders to disregard Parliamentarian Elizabeth MacDonough’s findings that broad immigration relief does not belong in a reconciliation package.

MacDonough, an adviser on Senate procedure, has rejected two attempts by Senate Democrats to establish a path to permanent residency for millions of undocumented immigrants in their reconciliation bill, which may pass with a filibuster-proof majority. She has reasoned that the proposals do not comply with a rule requiring measures passed via reconciliation to have a primarily budgetary impact.

In a Wednesday letter to Senate Majority Leader Charles E. Schumer, the House lawmakers argued that the Senate’s presiding officer has the legal authority to issue a binding decision on a parliamentarian’s advisory opinion. The presiding officer’s decision could then only be overruled with a supermajority, according to the letter.

Under Senate procedure, the presiding officer could be Vice President Kamala Harris, Sen. Patrick J. Leahy, the president pro tempore, or a Leahy designee. Leahy, D-Vt., was also copied on the letter.

“This is a critical moment for our nation’s history, and we strongly urge the Presiding Officer to use their authority to disregard the Senate Parliamentarian’s ruling,” the lawmakers wrote.

After two previous rejections, Senate Democrats are currently preparing to pitch their “Plan C” on immigration, which would provide five-year work permits and deportation protection to undocumented immigrants who have lived in the U.S. for at least a decade.

Senate Judiciary Chairman Richard J. Durbin, D-Ill., on Wednesday said lawmakers were still waiting for the Congressional Budget Office to score the proposal, at which point they will “likely” present it to MacDonough. Sen. Bob Menendez, D-N.J., another key player in immigration talks, said he expects Democrats to make their presentation “either this week or next at the latest.”

At a news conference at the House Triangle earlier Wednesday, Congressional Hispanic Caucus members called for immigration relief to be included in reconciliation. Garcia, D-Ill., also one of the letter’s signatories, called on Senate leadership to “remain bold and courageous.”

“I have not given up, even though we’ve had two adverse rulings by the parliamentarian, because the parliamentarian is simply an employee of the Senate. She does not control the Senate,” he told reporters.

After the news conference, Garcia said in an interview that he hopes Senate Democrats, while awaiting a decision on Plan C, view the parliamentarian’s first two decisions as a “wake-up call” to take action if needed. He noted that Senate Republicans fired the parliamentarian in 2001 after an adverse ruling.

“That should be a wake-up call for Democrats in the Senate that the parliamentarian is simply an adviser, and do as Republicans have done in the past: Either put aside that ruling or fire the parliamentarian, rule that something is in order for consideration by a simple majority vote. That can get us immigration reform,” Garcia said.

Representatives for Schumer, Leahy and the White House didn’t immediately return requests for comment Thursday.

WASHINGTON, D.C. — Five members of the House Hispanic Caucus, all Democrats, held a press conference on Wednesday to advocate for permanent immigrant relief provisions in the Democrats’ sprawling budget bill currently being negotiated on Capitol Hill.

Reps. Adriano Espaillat (NY), Veronica Escobar (TX), Chuy García (IL), Lou Correa (CA), and Tony Cárdenas (CA) arrived just after noon at the House Triangle with an axe to grind.

“We know President Obama made the promise of immigration reform, then nothing happened,” Rep. Correa told Latino Rebels. “My concern and the concern of my constituents is another replay of that scenario.”

Correa is one of a group of Hispanic Caucus members led by Rep. García who have said they will oppose the Build Back Better Act —President Biden’s signature social spending plan— if permanent immigrant relief is stripped from the bill.

Reps. Espaillat and Jimmy Gomez (D-CA) have also indicated they will oppose the Biden agenda in the House of Representatives if immigration reform is left out of the Biden social spending plan and the bipartisan infrastructure bill, both currently being negotiated in Congress.

At issue is guidance issued by Senate Parliamentarian Elizabeth MacDonough opposing immigrant relief in the budget reconciliation package. MacDonough works in an advisory capacity in the Senate. Parliamentarian guidance is non-binding, and she can be dismissed by Senate Majority Leader Charles Schumer.

“I know for a fact that our four Democratic Senate Latinos are working with the leadership, are working very hard,” Cárdenas told reporters at Wednesday’s press conference. “Hopefully they’re wearing down the leadership there to get them to do the right thing and then we can move forward.”

Correa was more blunt.

“This woman is clearly missing the economic picture, but the central issue is she was not elected,” said the congressman representing Orange County, California. “Trent Lott fired a parliamentarian. What’s the problem today?”

In 2001, Senate Majority Leader Lott (R-MS) fired then-Parliamentarian Robert Dove over policy disagreements.

“So far we’ve been struck down twice” by the parliamentarian, Rep. Chuy Garcia told reporters on Wednesday, “and that should be a wakeup call for Democrats in the Senate that the parliamentarian is simply an advisor, and to do as Republicans have done in the past: either put aside that ruling or fire the parliamentarian, then rule that something is in-order for consideration by a simple majority vote that can get us immigration reform.”

The presiding officer of the Senate can overrule the parliamentarian. Vice President Kamala Harris, in her role as president of the Senate, is likely to be the presiding officer if the budget reconciliation bill reaches the floor of the upper chamber for a vote.

“We think the plan will be morally bankrupt if it leaves behind people who put their lives on the line during the pandemic,” Rep. Espaillat told Latino Rebels on Wednesday. “There is no reason at this juncture, as we approved close to $3 trillion to help recuperate the economy, that we don’t include immigration reform.”

Conspicuously absent from the midday press event was Hispanic Caucus Chair Dr. Raul Ruiz (D-CA). House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) also skipped the immigration presser, despite attending a climate change press event immediately before and another for faith-based advocates immediately after.

WASHINGTON (AP) — The Earth’s warming and resulting natural disasters are creating a more dangerous world of desperate leaders and peoples, the Biden administration said Thursday in the federal government’s starkest assessments yet of security and migration challenges facing the United States as the climate worsens.

The Defense Department for years has called climate change a threat to U.S. national security. But Thursday’s reports by the departments of Defense and Homeland Security, National Security Council and Director of National Intelligence provide one of the government’s deepest looks yet at the vast rippling effects on the world’s stability and resulting heightened threats to U.S. security, as well as its impact on migration.

They include the first assessment by intelligence agencies on the impact of climate change, identifying 11 countries of greatest concern from Haiti to Afghanistan.

Another report, the first by the government focusing at length on climate and migration, recommends a number of steps, including monitoring the flows of people forced to leave their homes because of natural disasters, and working with Congress on a groundbreaking plan that would add droughts, floods and wildfires and other climate-related reasons to be considered in granting refugee status.

The climate migration assessments urge the creation of a task force to coordinate U.S. management of climate change and migration across government, from climate scientists to aid and security officials.

Each year, storms, the failure of seasonal rains and other sudden natural disasters force an average of 21.5 million people from their homes around the world, the U.N. High Commissioner for Refugees says. Worsening climate from the burning of coal and gas already is intensifying a range of disasters, from wildfires overrunning towns in California, rising seas overtaking island nations and drought-aggravated conflict in some parts of the world.

“Policy and programming efforts made today and in coming years will impact estimates of people moving due to climate-related factors,” said the report, one of dozens of climate change assessments President Joe Biden ordered from federal agencies. “Tens of millions of people, however, are likely to be displaced over the next two to three decades due in large measure to climate change impacts.”

The Biden administration is eager to show itself confronting the impacts of climate change ahead of a crucial U.N. climate conference in Glasgow, Scotland, that starts late this month. That’s especially so as Biden struggles to get lawmakers to agree to multibillion-dollar measures to slow climate change, a key part of his domestic agenda.

As part of its push Thursday, the administration released the first-ever national intelligence estimate on climate change, a document intended to signal the importance placed on the issue. National intelligence estimates are benchmark documents created by U.S. intelligence agencies that are intended to inform decision-making and analysis across the government.

Notably, U.S. intelligence agencies concluded it was probably already too late to keep the warming of the planet at or below the level laid out in the 2015 U.N. Paris climate accord. While that level remains the official goal for the United States and United Nations, many scientists have concluded the Earth’s temperature will rise at least several more tenths of a degree, a level of warming that brings even more damage and threatens some nations’ existence.

“Given current government policies and trends in technology development, we judge that collectively countries are unlikely to meet the Paris goals because high-emitting countries would have to make rapid progress toward decarbonizing their energy systems by transitioning away from fossil fuels within the next decade, whereas developing countries would need to rely on low-carbon energy sources for their economic development,” the intelligence report said.

No nation offers asylum or other legal protections to people displaced specifically because of climate change. The United States has the opportunity to change that, which could prompt others to follow suit, refugee advocates said.

The administration said it is not seeking to change international agreements on refugees but rather create U.S. laws that would allow climate change effects to be part of a valid claim for refugee status.

It noted that activists persecuted for speaking out against government inaction on climate change may also have plausible claims to refugee status.

Ama Francis, who has been helping the International Refugee Assistance Project find ways to protect climate refugees, applauded the administration’s recognition that global warming should be taken into account.

“That’s a huge signal from the U.S. government that our refugee and asylum system can protect people right now, which is important because there are thousands of climate displaced people already on the move, including those showing up at the U.S. border,” Francis said.

It’s imperative the report turn into legislation that allows climate refugees the ability to resettle in the United States, and not just result in another task force, others said.

Krish O’Mara Vignarajah, president of the Lutheran Immigration and Refugee Service, one of nine U.S. agencies working to resettle refugees, said action is needed because the current U.S. humanitarian protection system “wasn’t engineered for cascading natural disasters, mass aridification or large swath of lands consumed by rising seas.”

According to the separate intelligence assessment, a warming planet could increase geopolitical tensions particularly as poorer countries grapple with droughts, rising seas and other effects, while they wait for richer, higher-polluting countries to change their behavior. Climate change will “increasingly exacerbate risks to U.S. national security interests,” according to the estimate.

The estimate identifies 11 countries of particular concern: Afghanistan, Colombia, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iraq, Myanmar, Nicaragua, North Korea and Pakistan. It also lists two regions of concern: Central Africa and small island states in the Pacific Ocean.

Strains on land and water could push countries further toward conflict. In South Asia, much of Pakistan relies on surface water from rivers originating in India. The two countries are nuclear-armed rivals that have fought several wars since their founding in 1947. On India’s other side, about 10% of Bangladesh’s 160 million people already live in coastal areas vulnerable to rising seas and saltwater intrusion.

Intelligence officials who spoke on condition of anonymity under agency rules said climate change could indirectly affect counterterrorism by pushing people seeking food and shelter to violent groups.

The intelligence community needs more scientific expertise and to integrate climate change into its analysis of other countries, the officials said.

Rising temperatures could force almost 3% of the populations of Latin America, South Asia and sub-Saharan Africa — more than 143 million people — to move within their countries in the next 30 years, according to one forecast cited in the report.

They raped women, burned homes and killed dozens of people, including children, chopping up their bodies with machetes and throwing their remains to pigs.

The gruesome massacre three years ago, considered the worst in Haiti in decades, was more than the work of rival gangs fighting over territory. It was organized by senior Haitian officials, who provided weapons and vehicles to gang members to punish people in a poor area protesting government corruption, the U.S. Treasury Department announced last year.

Since then, Haiti’s gang members have grown so strong that they rule swaths of the country. The most notorious of them, a former police officer named Jimmy Cherizier, known as Barbecue, fashions himself as a political leader, holding news conferences, leading marches and, this week, even parading around as a replacement for the prime minister in the violent capital.

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Jimmy Cherizier, who runs the G9 gang, holding a portrait of Mr. Moïse during the demonstration in July. He fashions himself as a political leader, holding news conferences and leading marches.
Jimmy Cherizier, who runs the G9 gang, holding a portrait of Mr. Moïse during the demonstration in July. He fashions himself as a political leader, holding news conferences and leading marches.Credit…Victor Moriyama for The New York Times
After gangs shot at a government convoy and shut down the official commemoration of the death of the country’s founding president on Sunday, Mr. Cherizier presided over the ceremony himself, dressed in a white three-piece suit, surrounded by cameras and masked guards with assault rifles as he laid wreaths at the site.

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“The gangs have more authority than our leaders,” said Marie Yolène Gilles, the head of a local human rights group, the Clear Eyes Foundation. “If they say, ‘Stay home,’ you stay home. If they say, ‘Go out,’ you can go out. It’s terror.”

The brazen kidnapping of 17 people with an American missionary group over the weekend, believed to have been carried out by a rival gang called 400 Mawozo, underscored the growing power of Haiti’s gangs. The kidnappers have demanded $17 million to release the hostages, and the leader of 400 Mawozo has threatened to kill them unless the ransom is paid, according to two people present when the threat was made and captured in a video recording.

“I will unload a big weapon to each of their heads,” the gang leader, Wilson Joseph, said in the video.

By some estimates, gangs now control more than half of Haiti and in some places, they operate like de facto governments, with their own courts, “police stations” and residential fees for everything from electricity to school permits.

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They have long held sway in many poor neighborhoods, but they began to gain more dominance after Jovenel Moïse was sworn in as president in 2017, experts say, fueled by the erosion of democratic institutions under his watch and his government’s deployment of gangs as tools of oppression.

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A G9 gang member in Haiti. “If they say ‘stay home,’ you stay home. If they say ‘go out,’ you can go out,” said Marie Yolène Gilles, referring to the influence of gangs in the country.
A G9 gang member in Haiti. “If they say ‘stay home,’ you stay home. If they say ‘go out,’ you can go out,” said Marie Yolène Gilles, referring to the influence of gangs in the country.Credit…Victor Moriyama for The New York Times
And while the American government and United Nations have long been aware of the growing connection between the gangs, the government and the Haitian police, they made few moves to combat the problem, partly for fear of upending what little stability Haiti had, current and former officials say.

That semblance of stability collapsed in July, when Mr. Moïse was assassinated in his bedroom in a killing that remains unsolved and has further exposed the country’s institutional weakness.

“His administration weakened the police and justice system,” Pierre Espérance, the executive director of the Haitian National Human Rights Defense Network, said of Mr. Moïse’s government. “There were no controls on the port, the border, the airport — weapons and ammunition arrive easily in Haiti. And then, they used the gangs to massacre the people in the slums.”

The attacks, he said, were attempts to secure political control in the run-up to elections in the capital region, which represents 40 percent of the country’s electorate — much of it in crowded slums.

Mr. Espérence’s organization has documented more than a dozen armed attacks by gangs since 2018, leading to the death or disappearance of more than 600 people. In many cases, those reports cite a police role in the killings, including the involvement of active officers and the use of equipment like armored cars or tear gas.

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Police taking shelter during a demonstration by the G9 gang in Port-au-Prince in July.
Police taking shelter during a demonstration by the G9 gang in Port-au-Prince in July.Credit…Victor Moriyama for The New York Times
In at least two cases, the organization highlighted the involvement of members of Mr. Moïse’s government.

None have resulted in arrests or robust investigations by the police, according to Rosy Auguste Ducéna, the network’s program director. Nor have any police officers been penalized over allegations of their involvement.

“That’s why we say the violence that is established in Haiti today is a violence of the state,” she said.

A senior official in the government of Prime Minister Ariel Henry, who was tapped by Mr. Moise and took over the nation in July, said Mr. Henry had no link to the abuses the previous administration is accused of facilitating. To the contrary, the official, who was not authorized to speak publicly, said Mr. Henry, a doctor, was brought in to clean up the mess in Haiti, and has pledged to bring justice for past massacres and make every effort to eliminate the gangs.

At the center of the allegations is Mr. Cherizier and the alliance of nine gangs he leads, known as the G9 in Family and Allies coalition. But the “intellectual architect” of the massacre in 2018 was Joseph Pierre Richard Duplan, an elected member of the president’s party who provided weapons to gang members, the Treasury Department said last December.

Witnesses described seeing Mr. Duplan admonishing gang members during the attack, a United Nations report stated, saying, “You killed too many people. That wasn’t your assignment.”

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The head of the government’s interior ministry, Fednel Monchéry, was also intimately involved, the Treasury Department said.

Both officials lost their positions almost a year later, but neither has faced charges. The police stopped Mr. Monchéry in February over an issue with his license plate, the Haitian newspaper Le Nouvelliste reported, but released him soon after.

“When the police tell us that they’re actively investigating, we can say that’s obviously false,” Ms. Ducéna said.

Last year, the Treasury Department imposed sanctions on the officials under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, calling them “perpetrators of serious human rights abuse.”

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Members of the G9 gang in Port-au-Prince, the capital. Gangs began to gain more dominance after Jovenel Moïse was sworn in as president in 2017, experts say.
Members of the G9 gang in Port-au-Prince, the capital. Gangs began to gain more dominance after Jovenel Moïse was sworn in as president in 2017, experts say.Credit…Victor Moriyama for The New York Times
But the American action came after years of continued public support for Mr. Moïse, despite heated warnings from American lawmakers about his increasingly autocratic rule. Both the American government and the United Nations, whose support are considered essential ballast for any Haitian president, have been accused of turning a blind eye to repeated reports of gang infiltration in his government.

Three Recent Crises Gripping Haiti
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The abduction of U.S. missionaries. Seventeen people, including five children, associated with an American Christian aid group were kidnapped on Oct. 16 by a Haitian gang as they visited an orphanage. The brazenness of the abductions has shocked officials. The whereabouts and identities of the hostages remain unknown.

The aftermath of a deadly earthquake. On Aug. 14, a 7.2 magnitude earthquake struck Haiti, killing more than 2,100 people and leaving thousands injured. A severe storm — Grace, then a tropical depression — drenched the nation with heavy rain days later, delaying the recovery. Many survivors said they expected no help from officials.

The assassination of President Jovenel Moïse. A group of assailants stormed Mr. Moïse’s residence on July 7, killing him and wounding his wife in what officials called a well-planned operation. The plot left a political void that has deepened the nation’s turmoil as the investigation continues. Elections that were planned for this year are likely to be delayed until 2022.

One of the first mass killings of civilians under Mr. Moïse’s presidency began as an anti-gang raid in the poor neighborhood of Grand Ravine.

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In November 2017, Haitian police officers — including Mr. Cherizier, who was still on the force at the time — raided a school campus, looking for a cache of weapons, according to an internal inquiry conducted by the Haitian government. By the end of the operation, eight civilians had been killed, including a teacher, a security guard and a prospective student “executed in cold blood,” the inquiry found.

Police officers with the United Nations Mission for Justice Support in Haiti, who were working with the Haitian police and helped plan the operation, had been standing guard outside.

A few months later, Susan D. Page, then the head of the U.N. mission in Haiti, released a blistering statement calling for the Haitian authorities to investigate “allegations of human rights violations by units of the Haitian National Police,” including the botched operation.

In protest, the Moïse government recalled its ambassador to the United Nations. Already facing withering criticism in Haiti for setting off a devastating cholera outbreak in the country in 2010, the United Nations quickly removed Ms. Page from her post.

“I was running a justice support mission,” Ms. Page said in an interview. “Am I not supposed to call for justice?”

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People forced to leave their neighborhood because of gang violence — shootings, threats of kidnapping, arson — at a makeshift shelter at a sports stadium in Port-au-Prince.
People forced to leave their neighborhood because of gang violence — shootings, threats of kidnapping, arson — at a makeshift shelter at a sports stadium in Port-au-Prince.Credit…Victor Moriyama for The New York Times
Farhan Aziz Haq, a U.N. spokesman, said in a statement that the justice support mission had not authorized the “high-risk search” conducted by the Haitian police. An internal inquiry found that no U.N. officers had “proceeded to the location where the alleged killings took place” or fired their weapons.

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The United Nations withdrew its large peacekeeping force in 2017, with a damaged legacy that included peacekeepers introducing cholera to the country and sexually abusing and impregnating girls as young as 11. The departure left a much smaller force to support the police, which also pulled out in 2019. In its absence, a security vacuum grew, particularly in poor parts of the capital.

After several massacres involving gang members and Haitian police officers, including Mr. Cherizier, more than a hundred members of the United States Congress wrote to the Trump administration in 2019 to demand an investigation into extrajudicial killings by the authorities. Nothing happened, said Representative Andy Levin of Michigan, a Democrat who is co-chairman of the House Haiti Caucus.

“I really hoped that there would be a change in direction when President Biden took office,” Mr. Levin said. “I’m still waiting.”

Haitians in the capital live in continual fear. Kidnappings have exploded, long surpassing last year’s high, which itself had increased significantly from the year before, according to the United Nations.

“Today, we are talking about it because American missionaries were kidnapped,” Ms. Ducéna said. “In our reality, it’s our daily life. Every day, we leave our homes without knowing if we’ll be coming back.”

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A protest by G9 members in Port-au-Prince.
A protest by G9 members in Port-au-Prince.Credit…Victor Moriyama for The New York Times
In Haiti’s battered economy, kidnapping has become a prime source of income for the gangs as well. The gang that kidnapped the 16 Americans and one Canadian with Christian Aid Ministries has demanded a ransom of $1 million for each captive, though officials say kidnappers typically start with inflated amounts and come down during negotiations.

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Mr. Cherizier, who leads a rival collection of gangs, has denied any links to the government. Instead, he presents himself as a revolutionary, fighting against poverty in the slums. On Sunday, the day after the missionaries were kidnapped, the Haitian government’s cavalcade came under gunfire and sped off before the prime minister could attend the ceremony honoring the nation’s founding father.

With the government chased off, Mr. Cherizier then led the procession instead, relishing the spectacle, as if he were the nation’s true leader. Ms. Gilles speculated that he might run for office himself in the next election.

“Everything can happen in this country,” she said, listing politicians who were elected despite facing serious criminal allegations. “It would not be the first time that people with trouble with the law are elected.”

A 9th U.S. Circuit Court of Appeals panel on Wednesday overturned a lower court order that forced immigration detention officials to monitor and sometimes release detainees who were at high risk of COVID-19 infections.

Two Trump-appointed judges ruled that the previous injunction had overreached in forcing Immigration and Customs Enforcement (ICE) officials to track and establish guidelines for releasing high-risk detainees.

Judge Daniel Bress was joined by Judge Eric Miller in his ruling, while Clinton-appointed Judge Marsha Berzon dissented.

“The slew of national guidance, directives, and mandatory requirements that the agency issued and then frequently updated in the spring of 2020 belies the notion that ICE acted with the ‘reckless disregard’ necessary to support a finding of unconstitutional, system-wide deliberate indifference,” wrote Bress.

The decision written by Bress will allow immigration detention officials to return to immigration detention sanitary measures in place before the injunction ordered in April 2020 by District Judge Jesús Bernal, and will force ICE to scrap any policies put in place to comply with the injunction.

Under the injunction, ICE would have to categorize detainees by risk factors, as well as create better social distancing conditions and improve cleaning requirements, and consider releasing inmates at very high risk.

Upon review of ICE’s implementation of the original order, Bernal found the agency had not fully complied with his order and implemented even stricter measures.

Bernal’s order was issued as part of a class-action suit against the Trump administration at a time when COVID-19 infections were quickly spreading through immigrant detention centers.

The Biden administration did not withdraw the Trump administration’s appeal against the ruling, but it asked the 9th Circuit to enter mediation with the plaintiffs in September.

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The 9th Circuit majority declined that request, arguing it came too late.

Immigrant rights advocates blasted the Biden administration for not dropping the appeal.

The Civil Rights Education and Enforcement Center said “this is on” the Biden administration, reported the Los Angeles Times.

While Wednesday’s decision scrapped the original injunction entirely, plaintiffs can still appeal to the full 9th Circuit, which has a majority of liberal-appointed judges.

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In her dissent, Berzon criticized the panel’s majority for not allowing the mediation process requested by both the plaintiffs and the Biden administration, and said Bress’s ruling exaggerated the extent to which the injunction imposed policies on ICE.

“Contrary to the majority’s suggestion, the district court’s remedy does not place all federal detention facilities under its control nor purport to set policy,” wrote Berzon.

Oct 21 (Reuters) – U.S. asylum officers have documented dozens of incidents since 2016 of migrants alleging U.S. border agents physically abused them after they were apprehended at the U.S.-Mexico border, according to records obtained by Human Rights Watch and released Thursday.

The New York-based nonprofit sued for copies of internal reports filed by U.S. asylum officers of alleged misconduct committed by U.S. and Customs and Border Protection (CBP) agents. The records, which also included allegations of verbal abuse and violations of migrants’ legal rights, were heavily redacted but spanned from 2016 to 2021, across three administrations with varied approaches to immigration policy.

Under U.S. immigration law, migrants arrested by border agents are referred for an interview with asylum officers from U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) if they express fear of returning to their home countries. It was during those interviews that migrants brought up descriptions of verbal and physical abuse by U.S. border agents, the records show.

Since the beginning of the coronavirus pandemic, most migrants have been expelled without getting a chance to claim asylum.

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A spokesman for the U.S. Department of Homeland Security, which oversees both CBP and USCIS, said that the agency “does not tolerate any form of abuse or misconduct.” Since Biden took office in January, the spokesman said, the agency has begun an internal review of use of force as well as “to identify and terminate intolerable prejudice.”

According to one 2017 internal report, a woman whose nationality is redacted, told an asylum officer that a border patrol agent slammed her to the ground multiple times, drawing blood, and kneed her in the lower pelvis.

Another report describes a migrant’s testimony that he was attacked in June 2018 by a border patrol dog in the California desert, injuring his testicle. He said he was not given treatment for about a month while in custody, the documents showed.

There were multiple internal reports of verbal abuse, including a migrant from Honduras who said border agents: “called us sons of bitches, dogs, parasites, trash.” Another asylum applicant said border agents “told us that we gave birth to rats,” according to the records.

U.S. President Joe Biden, a Democrat, has pledged a more humane approach to immigration policy than his Republican predecessor Donald Trump but advocates have been disappointed at the slow pace of reforms.

CBP has come under more recent criticism for tactics used by border agents on horseback trying to push back crowds of mostly Haitian migrants crossing into south Texas from Mexico in large numbers last month.

At the same time, Republicans have criticized Biden for not doing enough to curb migrant crossings as apprehensions at the southwest border have recently surpassed previous records.

A Honduran man seeking a haven in the United States said a Border Patrol officer told him that he would not be granted asylum — a determination the officer was not authorized to make — and when the migrant refused to sign paperwork, the officer said he would be sent to jail, where he would be raped.

In a report prepared by an asylum officer at Citizenship and Immigration Services, the officer wrote that threatening rape for refusing to sign paperwork was “a gross violation.”

“I’m really sorry that this happened to you,” the asylum officer recalled telling the man. “It should not have happened.”

In a separate account of misconduct, a migrant told an asylum officer that after she tried to run from a Border Patrol officer along the southwestern border in April 2017, “he caught me and threw me to the ground in a very aggressive way. And he pulled me up three or four times, and kept slamming me on the ground.” She said the officer also grabbed her by the hair and kicked her in the rib cage and lower pelvis, causing her to bleed.

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These and other accounts are among 160 reports filed by federal asylum officers from 2016 to 2021, relaying details of abuse that asylum seekers described experiencing during interactions with border officials and while in U.S. custody. The descriptions, disclosed in response to a public records request made by Human Rights Watch, did not include information about the outcomes of the cases, including whether the complaints were found to have merit. And many other details, including dates and locations, were redacted.

While the complaints are mostly based on interactions that took place during the Trump administration, they come at a time of increased concern about the treatment of migrants by American border and immigration officials. Scenes last month of Border Patrol agents on horseback in Del Rio, Texas, corralling Black migrants with their reins have renewed a focus on years of complaints about inhumane treatment of undocumented immigrants.

“The department does not tolerate any form of abuse or misconduct,” a homeland security spokeswoman, Marsha Espinosa, said in a statement on Wednesday night. Ms. Espinosa said that under the leadership of its secretary, Alejandro N. Mayorkas, the department was conducting internal reviews “to identify and terminate intolerable prejudice and reform its policies and training,” and on the use of force.

The agency has also added more personnel to its Office for Civil Rights and Civil Liberties, she said, and has issued memos on “the need to respect the dignity of every individual, fight against discrimination, and safeguard civil rights and civil liberties.”

President Biden has promised that the Border Patrol agents captured on camera in Del Rio would “pay” for their behavior. An internal investigation into their actions is underway, and Biden administration officials have promised to publicly share the findings. But in the past, there has been little transparency about such investigations, or disciplinary measures.

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During his confirmation hearing on Tuesday, Mr. Biden’s choice to lead Customs and Border Protection, Chris Magnus, promised lawmakers that he would be forthcoming about the Del Rio investigation.

“I have a long history of transparency and sharing things with the public, whatever the outcome may be, because I think this is how you sustain and build trust,” said Mr. Magnus, the police chief in Tucson, Ariz. Mr. Magnus has a reputation for changing the culture of law enforcement organizations and said that after Del Rio, “examining tactics and training is certainly appropriate.”

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Chris Magnus, President Biden’s choice to lead Customs and Border Protection, promised lawmakers on Tuesday that he would be forthcoming about the inquiry into the Border Patrol agents on horseback in Del Rio.
Chris Magnus, President Biden’s choice to lead Customs and Border Protection, promised lawmakers on Tuesday that he would be forthcoming about the inquiry into the Border Patrol agents on horseback in Del Rio.Credit…Al Drago for The New York Times
When migrants are caught crossing the border illegally, a Border Patrol officer will detain and question them. Although the policy has changed temporarily during the pandemic, during certain proceedings, the officers are supposed to ask if the migrants fear persecution or harm in their home country. If migrants express a fear about returning, they are placed into immigration court proceedings and eventually interviewed by an asylum officer.

The records obtained by Human Rights Watch are of reports that asylum officers made after hearing allegations of law enforcement misconduct. In addition to complaints about physical, emotional and sexual abuse, migrants said in some of the reports that they were not asked whether they feared persecution; that they were told they could not request asylum; that they were pressured with threats to sign documents; and, in a few cases, that they had their documents torn up by border officers.

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“The documents make clear that reports of grievous C.B.P. abuses — physical and sexual assaults, abusive detention conditions and violations of due process — are an open secret within D.H.S.,” said Clara Long, an associate director at Human Rights Watch, using the abbreviations for Customs and Border Protection and the Department of Homeland Security. “They paint a picture of D.H.S. as an agency that appears to have normalized shocking abuses at the U.S. border.”

The documents also show federal asylum officers apologizing for the treatment asylum seekers faced in U.S. custody. In March 2019, one asylum officer said to an immigrant: “U.S. government officials should not be treating you this way. They should be treating you and anyone else with respect.”

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It is not clear how many interviews asylum officers conducted during the period that the more than 160 complaints were reported. According to immigration data, from 2016 to 2020, there were 409,000 referrals for credible fear interviews with asylum officers.

Similar complaints have been disclosed previously. In 2014, the American Immigration Council obtained records detailing more than 800 complaints against border officials, also through a public records request. In a subsequent request, the organization found that out of more than 2,000 allegations of misconduct by border officials filed from 2012 to 2015, more than 95 percent of the cases ended in no action against the accused.

Around 2013, some of the asylum officers working at Citizenship and Immigration Services reached out to a supervisor to see what could be done about the complaints they were hearing from migrants, a former asylum officer said. The former officer was not authorized to publicly discuss the internal workings of the agency and spoke on the condition of anonymity. The reports from migrants were troubling, the former officer said, and they wanted a formal system to document the complaints.

In 2015, the agency issued a directive to asylum officers to report known or suspected misconduct.

The allegations sought by Human Rights Watch had been sent to the Department of Homeland Security’s inspector general. The group asked the department last month about the outcomes of the complaints, but has not received a response, Ms. Long said.

In the reports filed by asylum officers, migrants described being called “pigs,” “herds of animals” and a “parasite.”

“They treat you like you are worthless, like you are not a human,” one asylum applicant said in September 2018.

Mr. Mayorkas said last month that the images from Del Rio “do not reflect who we are as a department, nor who we are as a country.”

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But many immigrant advocates said rough treatment of migrants by Border Patrol agents was par for the course.

This argument was used in defense of a Border Patrol agent who admitted to deliberately running over a Guatemalan migrant, Antolin Rolando Lopez-Aguilar, in December 2017. A few weeks before the episode, the agent, Matthew Bowen, referred in text messages to immigrants as “mindless murdering savages,” “subhuman” and “unworthy of being kindling for a fire.”

In the court filings, Mr. Bowen’s lawyer argued that his client’s views were “commonplace throughout the Border Patrol’s Tucson sector.”

“It is part of the agency’s culture,” he said.

Human Rights Watch has obtained more than 160 internal reports from United States immigration authorities documenting alleged abuses against asylum seekers by federal agents.

The rights group detailed the incidents in a report released on Thursday. They include allegations of physical, sexual and verbal abuse, as well as due process violations and discriminatory treatment that took place between 2016-2021.

Clara Long, the associate US director of the group, called the conduct detailed in the reports “jaw-dropping”.

“These internal government documents make clear that reports of grievous abuses – assaults, sexual abuse, and discriminatory treatment by US agents – are an open secret within DHS,” she said in a statement on Thursday.

The documents were obtained through a Freedom of Information Act request, and the statuses of the investigations detailed were not immediately clear. HRW said it provided summaries of some of the incidents to the Department of Homeland Security, which oversees Customs and Border Protection (CBP) and Immigration and Customs Enforcement (ICE), but were not provided updates.

Still, the report offers insights into some of grave complaints immigrations officials have received in recent years.

While most of the accounts appear to be during the administration of former US President Donald Trump, who made closing US borders and repelling immigrants a key part of his political platform, his successor Joe Biden has come under scrutiny, as well.

Biden’s administration has struggled to square its promises of a humane approach to undocumented migrants and asylum seekers with a surge in crossing along the southern border. On Wednesday, US media reported arrests by border patrol agents in fiscal year 2021 soared to their highest ever recorded – 1.7 million.

Meanwhile, the expulsion of predominantly Haitian migrants from a camp along the US-Mexico border in September has prompted the most recent round of accusations of dehumanising treatment by immigration authorities.

Images of border agents on horse back wielding whip-like cords against migrants and asylum seekers further fuelled the outrage. Officials promised a swift investigation, but have not yet publicly released any findings.

Physical abuse and denial of due process
The majority of records analysed appear to be from so-called “credible fear interviews”, a legally required process in which asylum seeker can express why they cannot safely return to their home countries, according to HRW.

Among the instances of physical abuse, one woman reported being repeatedly slammed on the ground in 2017 as she was arrested by border patrol agents near Mexicali, causing her to bleed. In 2018, a man told authorities he was knocked unconscious after being hit by an agent, and later told by doctors he had suffered brain swelling.

Meanwhile, a supervisory asylum officer in San Francisco documented that a mother had reported that her young daughter had been “forced to undress and touched inappropriately” by a guard after they were detained.

In another instance, a man reported that in 2018 an immigration officer attempted to solicit sex in exchange for his release.

The documented abuses go beyond attacks, including at least 27 instances where authorities possibly violated the asylum seeker’s right to due process.

In many of the cases, asylum seekers detailed authorities inaccurately recording statements regarding whether it was safe for them to return to their home country or compelling them to sign documents they did not understand.

In one instance, a man said a border patrol agent told him that “he was going to be sent to a jail where they were going to rape him” when he refused to sign a document.

A DHS spokesman told the Reuters news agency in the wake of the report’s release that the agency “does not tolerate any form of abuse or misconduct”.

The report calls on the US Congress, the Biden administration, and the US Departments of Justice and Homeland Security to investigate the allegations.

(CNN)Texas and Missouri filed a lawsuit Thursday against the Biden administration for its efforts to stop wall construction projects at the US southern border.

The lawsuit, filed in US District Court for the Southern District of Texas, argues that President Joe Biden didn’t have the authority to refuse to spend funds Congress authorized under the Trump administration mandating the construction of the border wall.

Therefore, the states argue, the Department of Homeland Security acted without authority in implementing Biden’s January 20 proclamation to pause wall construction, “including cancelling contracts entered into for the purpose of building the border wall.”

In one of his first actions in office, Biden ordered a pause on wall construction and called for a review of projects and funds.

“The President and his agencies may not unilaterally override duly enacted appropriations bills to fulfill a campaign promise,” the lawsuit states.

CNN has reached out to the Department of Homeland Security for comment.

The states claim that the Biden administration’s refusal to spend congressional appropriations on the wall allows more migrants to enter and remain in Missouri and Texas, resulting in increased costs to issue driver’s licenses, provide public education, provide health care and process and incarcerate people in the states’ criminal justice systems.

“Dismantling border-security measures such as construction of the border wall causes Missouri and Texas to incur unrecoverable costs in issuing driver’s licenses, providing education, and administering health care,” it states.

The states are asking the court to find the termination of funding unlawful and compel the spending of funds.

Earlier this month, the administration canceled a slate of border wall contracts — in the Laredo and Rio Grande Valley sectors — the latest in the ongoing effort to cancel contracts geared toward building wall along the US-Mexico border.

In late July, US Customs and Border Protection terminated two border wall contracts in the Laredo sector that cover approximately 31 miles.

CNN’s Priscilla Alvarez contributed to this report.

In a newly obtained government documents, federal officers detailed instances of asylum seekers being abused by other officers.

The documents, which were obtained and released by Human Rights Watch, detail over 160 cases of misconduct by Customs and Border Protection (CBP) officers, Border Patrol agents and Immigration and Customs Enforcement (ICE) officials between 2016 and 2021.

The abuse was detailed in internal reports by personnel with US Citizenship and Immigration Services (USCIS).

In one example, a supervisor in the San Francisco Asylum office reported in 2017 that a young girl was molested by either a CBP or Border Patrol Officer. The supervisor was made aware of the incident from after another asylum officer who had just interviewed the child’s parent.

The child was “apprehended by Border Patrol, sent to the Ice Box [a border holding cell], then this occurred: the young girl was forced to undress and touched inappropriately by a guard in the Ice Box wearing green, with the nametag [redacted],” the supervisory agent reported.

In another instance, a border patrol woman kneed a woman in the lower pelvis. In 2018, a CBP officer reportedly hit another asylum seeker so hard that he suffered brain swelling.

The report also revealed that CBP officers in Chula Vista, Calif. called immigrants “sons of b—es, dogs, parasites, trash. Things like that.”

In a statement to The Hill, the Department of Homeland Security said it does “not tolerate any form of abuse or misconduct.”

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The agency further said that since DHS Secretary Alejandro Mayorkas has been in office, the office has “commenced an internal review” into its policies and training and use of force. The agency further said it has “increased the number of personnel in the Office for Civil Rights and Civil Liberties and issued numerous memoranda that underscore the need to respect the dignity of every individual, fight against discrimination, and safeguard civil rights and civil liberties.”

The Biden administration has come under criticism in recent weeks over its treatment of Haitian migrants that gathered under a bridge in Del Rio, Texas.

CBP particularly came under scrutiny viral footage showed officers on horseback grabbing at Haitian migrants in Del Rio. Mayorkas pledged an investigation into the incident, the results of which have not been released.

President Joe Biden said on Thursday night that he hasn’t had time to visit the southern border to address the surge in illegal immigrants and admitted that he “should go down.”

“I’ve been there before, I know it well, I guess I should go down,” Biden told CNN’s Anderson Cooper during a town hall event. “The whole point of it is, I haven’t had a whole hell of a lot of time to get down.”

WASHINGTON, DC – OCTOBER 21: U.S. President Joe Biden walks with first lady Jill Biden prior to a Marine One departure for Baltimore, Maryland, October 21, 2021 at the White House in Washington, DC. President Biden is scheduled to participate in a town hall in Baltimore where he will discuss the Bipartisan Infrastructure Deal and Build Back Better agenda with Americans. (Photo by Alex Wong/Getty Images)
WASHINGTON, DC – OCTOBER 21: U.S. President Joe Biden walks with first lady Jill Biden prior to a Marine One departure for Baltimore, Maryland, October 21, 2021 at the White House in Washington, DC. President Biden is scheduled to participate in a town hall in Baltimore where he will discuss the Bipartisan Infrastructure Deal and Build Back Better agenda with Americans. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Biden blamed the damage done by hurricanes and his trips to visit affected areas as a reason why he has not yet visited the border.

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It is not clear whether or not Biden has ever traveled to the border as a senator, vice-president, or concerned citizen, and multiple queries from Fox News to the White House have not produced an answer.

A Central American migrant is apprehended by U.S. Border Patrol agents after crossing the Rio Grande in Roma, Texas, U.S., on Saturday, June 12, 2021. Legislation that would grant a path to citizenship to young immigrants brought to the U.S as children has triggered a fresh round of partisan skirmishes over border security, as the fate of a program shielding them from deportation hangs in the balance. Photographer: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg via Getty Images
A Central American migrant is apprehended by U.S. Border Patrol agents after crossing the Rio Grande in Roma, Texas, U.S., on Saturday, June 12, 2021. Legislation that would grant a path to citizenship to young immigrants brought to the U.S as children has triggered a fresh round of partisan skirmishes over border security, as the fate of a program shielding them from deportation hangs in the balance. Photographer: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg via Getty Images (Getty Images)

GARLAND CAN’T BALLPARK NUMBER OF ILLEGAL MIGRANTS DOJ IS CURRENTLY PROSECUTING

The migrant crisis at the southern border continues to plague the Biden administration, and recent data show arrests by Border Patrol have soared to the highest levels since 1986.

U.S. authorities detained more than 1.7 million migrants at the U.S.-Mexico border during the 2021 fiscal year, which ended in September, according to CBP data obtained by the Washington Post.

TENS OF THOUSANDS OF MIGRANTS GATHERING ON SOUTHERN BORDER AHEAD OF ‘REMAIN-IN-MEXICO’ RESTART, SOURCES SAY

Attorney General Merrick Garland on Thursday did not have an answer to a question about how many migrants the Justice Department is prosecuting for illegally crossing the U.S.-Mexico border, which is a federal crime.

At least 160,000 illegal immigrants have been released into the U.S., often with little to no supervision, by the Biden administration since March – including a broad use of limited parole authorities to make more than 30,000 eligible for work permits since August, Border Patrol documents obtained by Fox News earlier this month showed.

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FILE – In this Sept. 20, 2021, file photo migrants, many from Haiti, board a bus after they were processed and released after spending time at a makeshift camp near the International Bridge in Del Rio, Texas. President Joe Biden embraced major progressive policy goals on immigration after he won the Democratic nomination, and he has begun enacting some. But his administration has been forced to confront unusually high numbers of migrants trying to enter the country along the U.S.-Mexico border and the federal response has inflamed both critics and allies. (AP Photo/Eric Gay, File)
FILE – In this Sept. 20, 2021, file photo migrants, many from Haiti, board a bus after they were processed and released after spending time at a makeshift camp near the International Bridge in Del Rio, Texas. President Joe Biden embraced major progressive policy goals on immigration after he won the Democratic nomination, and he has begun enacting some. But his administration has been forced to confront unusually high numbers of migrants trying to enter the country along the U.S.-Mexico border and the federal response has inflamed both critics and allies. (AP Photo/Eric Gay, File) (AP Photo/Eric Gay, File)

Border Patrol sources told Fox News that as many as 60,000 migrants are massing on the Mexican side and intend to enter the U.S. in the coming days, knowing that the Biden administration intends to re-implement the Trump-era policy next month in response to a court order from a federal judge that was upheld by the Supreme Court.

Fox News’ Emma Colton, Bill Melugin and Audrey Conklin contributed to this report

EL PASO, Texas (Border Report) – The two state attorneys general who pushed the Biden administration to restart the “Remain in Mexico” program for migrants now want to force him to resume construction of the border wall.

Speaking near the banks of the Rio Grande in El Paso on Thursday, Ken Paxton of Texas and Eric Schmitt of Missouri announced a lawsuit to have a federal court declare Biden’s halt and termination of funding for new border wall unlawful.

Read the lawsuitDownload
“He has ignored the appropriations of Congress to build the wall. Under the Constitution, it’s not his job to decide not to spend money the Congress has appropriated. His job is to implement it, not to stop it,” Paxton told Border Report. “The president has been given this money to implement building the wall and he’s completely ignored it.”

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The duo earlier this year sued the Biden administration over suspending the Migrant Protection Protocols program (MPP), a Trump-era initiative sending asylum seekers to wait in Mexico until being called to court dates in the United States. A federal circuit court sided with a federal judge who ordered Biden to “enforce and implement MPP in good faith.” The Supreme Court rejected the Biden administration’s petition for a stay to the circuit court order.

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Paxton and Schmitt blamed the Biden administration for the record surge in illegal immigration in fiscal year 2021, which according to national news reports reached 1.74 million in the Southern border alone, not counting another 200,000 who came through airports and seaports and the Canadian border.

“This unprecedented surge in illegal immigration is the (result) of the failure of Joe Biden to build a wall that Congress approved money for,” added Schmitt. “I don’t have to tell you down here the challenges we are facing as a country. We got 1.7 million people that have come across (the Southern border) – that we know of – and this is all laid at the feet of Joe Biden.”

Immigration advocates argue that the border wall hadn’t stopped illegal immigration before Biden ordered a stop to construction. However, the elected officials said Border Patrol agents themselves have told them the wall is an essential tool that slows down illegal traffic in certain areas and allows their agents to intercept migrants or drug shipments.

“I’ve talked to border agents numerous times. They want to to their jobs but they’re instructed not to do their jobs. They’re instructed to let people come in,” Paxton alleged. “Most people are not trying to evade, for the most part these people are turning themselves in because they know the police is ‘catch and release,’ be transported all over the country.”

Schmitt, meantime, harped on the theory by conservatives that the Biden administration and Democratic lawmakers want to change the makeup of the American electorate through immigration — by letting millions of potential future Democratic voters come into the country.

Democratic lawmakers have said that’s a fallacy.

Paxton and Schmitt appeared at the river banks announcement flanked by Texas Department of Public Safety troopers and with Republican Party supporters behind them.

The record illegal immigration numbers “very simply came to this point because people in Latin America see that the President of the United States are saying, ‘We’re not going to enforce our laws. We’re going to let everyone come in,’” said Bob Peña, administrator for the Republican Party of El Paso County. “First thing that has to be done is finish that wall so they can stop so many people coming in and stop so many get-aways.”

Peña said the unprecedented surge in unauthorized migration is not only leading to a humanitarian crisis on the border, but it’s also taxing Mexico. “It’s bringing the crisis to our sister city of Juarez. They have thousands of people in gymnasiums and places and that shouldn’t be.”

Texas Attorney General Ken Paxton and his counterpart from Missouri filed a lawsuit on Thursday against the Biden administration, claiming it broke the law by halting border wall construction along the U.S.-Mexico border.

“The Biden administration’s flat refusal to use funds that have already been set aside by Congress to build the border wall is not only illegal and unconstitutional,” Paxton said, “It’s also wrong, and it leaves states like Texas and Missouri footing the bill.”

On Inauguration Day, Biden ordered a pause on all border wall construction and an assessment of federal government contracts already awarded for the project, calling former President Donald Trump’s signature promise a “waste of money” and saying that it was “not a serious policy solution.”

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The lawsuit, filed against Biden and Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas in the U.S. district court in Victoria, argues that Congress had set aside $1.375 billion to construct barriers along the southwest border and that the Biden administration doesn’t have the constitutional authority to refuse to spend money that Congress authorized for border wall construction.

Trump’s administration erected about 80 miles of new barrier before he left office, including 21 miles along the Texas-Mexico border.

The Department of Homeland Security didn’t immediately respond to an emailed request for comment.

This lawsuit is the second filed by Paxton and Missouri Attorney General Eric Schmitt against the Biden administration..

Earlier this year, Paxton and Schmitt sued the Biden administration, claiming it had violated administrative law by ending the Migrant Protection Protocols, a Trump-era program unofficially called “remain in Mexico,” which forces asylum-seeking migrants to stay in Mexico as their legal cases are pending. The lawsuit argued that human trafficking would increase if MPP was rescinded and that it would cause the two states financial harm.

District Judge Matthew J. Kacsmaryk agreed with Paxton and Schmitt; the Biden administration has said it will obey the judge’s order and restart the policy next month.

Mexico’s government had previously agreed to receive the migrants under the Trump administration, but it hasn’t said if it will do the same for the Biden administration.

“We need to finish President Trump’s wall,” Schmitt said on Thursday during an El Paso news conference announcing the new lawsuit.

With the United Nations Climate Change Conference in Glasgow, Scotland, just weeks away, several federal agencies simultaneously on Oct. 21 released four new analyses on the national security implications of climate change—including a report from the White House on climate change and migration stating that individuals citing climate change “may, in limited instances, have valid claims for refugee status” in the United States.

That White House report states that nationals from a foreign state can be granted Temporary Protected Status (TPS) on the basis of “climate-related factors,” later recommending that Congress consider relaxing TPS requirements and making it easier for recipients to apply for permanent status.

That report also recommends that Congress evaluate the possibility of additional protection “for individuals who can establish that they are fleeing serious, credible threats to their life or physical integrity as a result of climate change.”

In addition, it recommends that the United States scale up its investments related to climate migration through funding to the U.S. Agency for International Development and the U.N., among other entities.

The report comes as the National Security Council creates a new interagency working group focused on the connection between climate change and migration.

“Given that climate-induced weather extremes will grow in severity in unexpected ways, this working group will provide a venue for developing long-term strategies consistent with the evolving scientific understanding of climate impacts, such as those communicated through the Intergovernmental Panel on Climate Change and the U.S. National Climate Assessment,” the White House writes in its Fact Sheet on the new reports.

The White House report was released concurrently with three other reports, which follow up on President Joe Biden’s executive orders on climate change, including E.O. 14013, “Executive Order on Rebuilding and Enhancing Programs to Resettle Refugees and Planning for the Impact of Climate Change on Migration.”

One comes from the Office of the Director of National Intelligence (DNI), which released a National Intelligence Estimate on climate change.

Representing the consensus position of the DNI and 17 other intelligence agencies, the report says climate change will result in many outcomes that threaten U.S. national security interests, including by heightening water-related conflict, driving cross-border migration, and spurring competition with China for critical minerals.

“China and India will play critical roles in determining the trajectory of temperature rise,” the report states.

It also outlines several events that would alter its assessment, including large-scale geoengineering to “dim the planet” and induce global cooling, breakthroughs in nuclear fusion, and military incursions by China or other countries in the thawing Arctic.

Another report comes from the Pentagon, which released an unclassified version of its Climate Risk Analysis. That report omitted region-level analyses of climate-related hazards relevant to its global operations, which it stated were “Controlled Unclassified Information.”

Finally, the Department of Homeland Security released its Strategic Framework for Addressing Climate Change.

“An influx of climate-related migration through the U.S.–Mexico border and climate-induced existential threats to Arctic communities and Alaska Native culture will accelerate and require our proactive actions to manage future border crises and potential relocation of internally-displaced populations,” the report states.

As the immigration debate rages on, Texas Sen. Ted Cruz is turning his attention to New England.

The Republican senator announced plans for legislation that would create new ports of entry for immigrants who are currently rushing the United States’ southern border. The new ports would be located in more than a dozen states, including Massachusetts.

“How exactly do you think the rich, stuck-up liberals in Nantucket or Martha’s Vineyard would react if they saw 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 illegal aliens being dropped off week after week after week in the Vineyard?” Cruz asked on Fox News.

Congressman Bill Keating, who represents that Cape and the Islands, says Cruz’s proposal is a stunt.

“It’s honestly another disappointment in terms of someone trying to just create a lame attempt at humor,” he said.

Keating and other Nantucket officials pointed out that the island is home to many Salvadorans, who are there under temporary protected status.

Nantucket Town Manager Jason Bridges said that the island is willing to be part of the immigration solution.

“We would be happy to play our part in any role like that but I just see this as political grandstanding and using where people vacation,” he added.

As the immigration debate rages on, Texas Sen. Ted Cruz is turning his attention to New England.

The Republican senator announced plans for legislation that would create new ports of entry for immigrants who are currently rushing the United States’ southern border. The new ports would be located in more than a dozen states, including Massachusetts.

“How exactly do you think the rich, stuck-up liberals in Nantucket or Martha’s Vineyard would react if they saw 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 illegal aliens being dropped off week after week after week in the Vineyard?” Cruz asked on Fox News.

Congressman Bill Keating, who represents that Cape and the Islands, says Cruz’s proposal is a stunt.

“It’s honestly another disappointment in terms of someone trying to just create a lame attempt at humor,” he said.

Keating and other Nantucket officials pointed out that the island is home to many Salvadorans, who are there under temporary protected status.

Nantucket Town Manager Jason Bridges said that the island is willing to be part of the immigration solution.

“We would be happy to play our part in any role like that but I just see this as political grandstanding and using where people vacation,” he added.

WASHINGTON, D.C. — House Minority Leader Kevin McCarthy (R-CA) promised Republicans will be taking decisive action to address the ongoing crisis at the U.S.-Mexico border if the GOP is able to take back the House in the upcoming midterms.

Speaking at a roundtable about the southern border with other House Republicans and local stakeholders on Thursday, McCarthy said even though there will still be a Democrat in the White House, should Republicans become the majority, a lot of changes will be made.

“We have co-equal branches. You have to fund the government. You have to go through appropriations. I will promise you this first and foremost, you’ll have a change when it comes to the Intel Committee. So you wouldn’t have somebody asleep at the switch that wouldn’t know what’s happening in Afghanistan, wouldn’t know what’s happening at the border. [Rep.] Adam Schiff will no longer be on that committee,” he said.

As Republicans have been calling for all year, McCarthy said the House will quickly move to reimplement the border policies that were enacted under former President Donald Trump’s administration.

“We know how to solve this problem because we spent our time doing it…This will be a top priority.”

Among the stakeholders, Sheriff Mark Dannels of Cochise County, Arizona, a border county, said the cartels have become more emboldened this year, with cartel members calling his office to say they will kill his deputies and three immigrants have been shot within the past 12 days in southern Arizona.

“This is a mess, it’s a hot mess on the border. It’s a crisis,” Dannels said.

National Border Patrol Council President Brandon Judd said agents on the border have seen a noticeable increase in illegal entries whenever Congress debates about amnesty for illegal immigration. Sen. Bob Menendez (D-NJ) outlined Democrats’ “Plan C” to include mass amnesty for millions of illegal immigrants in the budget reconciliation bill after prior attempts were shot down by the Senate parliamentarian, according to Fox News.

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“We haven’t finalized it yet as we speak, but ‘Plan C’ would probably be a parole option that would give about 8 million of the 11 million undocumented immigrants who meet certain requirements the ability to work lawfully, to have a status that would last five years and would be renewable for another five years, that would protect them from deportation, that would allow them to travel domestically and internationally … that could also potentially gain access to healthcare coverage,” Menendez explained, adding they won’t take “no” for an answer.

The climax of Kati Marton’s captivating new biography of Angela Merkel, “The Chancellor,” comes in 2015, when the German leader refused to close her country’s borders to a tide of refugees fleeing civil war and state collapse in the Middle East and Africa.

“If Europe fails on the question of refugees, then it won’t be the Europe we wished for,” Merkel said, calling on the other members of the European Union to take in more people as well. “I don’t want to get into a competition in Europe of who can treat these people the worst.” For the usually stolid and cautious chancellor, it was a great political leap, a sudden act of moral heroism that would define her legacy.

By the end of the year, a million refugees had come. Many observers predicted disaster. According to Marton, Henry Kissinger, ever callous, told Merkel, “To shelter one refugee is a humanitarian act, but to allow one million strangers in is to endanger German civilization.” Marton quotes my colleague Ross Douthat writing that anyone who believes that Germany can “peacefully absorb a migration of that size and scale of cultural difference” is a “fool.” She describes former Treasury Secretary Hank Paulson’s fear that the refugees would be Merkel’s “political undoing.”

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Newly arrived migrants in Berlin in 2015.
Newly arrived migrants in Berlin in 2015.Credit…Odd Andersen/Agence France-Presse—Getty Images
For a while, it seemed like some of this pessimism was warranted. Douthat’s column was inspired by a hideous outburst of violence in Cologne on New Year’s Eve, in which a mob of largely Middle Eastern and North African men sexually assaulted scores of women. The refugee influx fueled the rise of the far-right Alternative for Germany party, known as the AfD, which in 2017 won 94 seats to become the largest opposition party in Parliament. Some blamed Merkel’s policy for spooking Brits into supporting Brexit. As a presidential candidate, Donald Trump seized on it. Though Merkel retained the chancellorship after the 2017 elections, her party, the Christian Democratic Union, lost 65 seats.

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But six years later, the catastrophes predicted by Merkel’s critics haven’t come to pass.

In the recent German election, refugees were barely an issue, and the AfD lost ground. “The sense is that there has been comparatively little Islamic extremism or extremist crime resulting from this immigration, and that on the whole, the largest number of these immigrants have been successfully integrated into the German work force and into German society overall,” said Constanze Stelzenmüller, an expert on Germany and trans-Atlantic relations at the Brookings Institution.

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“With the passage of time,” Marton told me, Merkel “turned out to have chosen the absolutely right course for not only Germany but for the world.”

The refugee policy was what inspired Marton, a former ABC News bureau chief in Germany and the author of nine previous books, to write about Merkel in the first place. Marton is herself the daughter of refugees from Hungary, journalists who had been imprisoned by the Communist regime, and the granddaughter of victims of Auschwitz. (She’s also the widow of the famed diplomat Richard Holbrooke, whom she began dating when he was Bill Clinton’s ambassador to Germany.) Watching Merkel in the summer of 2015, said Marton, “I just thought wow, who is she, and how is she getting away with this?”

Part of the reason that Germans accepted — and in many cases celebrated — Merkel’s decision lies in their country’s unique relationship to its national history. Germany has made reckoning with the Holocaust central to its identity, and many citizens grabbed eagerly at this chance for redemption.

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“When their trains pulled into the gleaming Munich station, exhausted men, women and children were greeted by a sea of signs that read, ‘Welcome to Germany,’ held aloft by cheering citizens lining the platforms,” wrote Marton. Volunteers converted schools and stores into dormitories. “Germans were more than happy — in fact, thrilled — to see themselves in the role of humanitarian saviors,” said Stelzenmüller.

But the refugees had more to offer Germany than a burnished self-image. In an aging country with a low birthrate, they were a useful addition to the work force. The economy, Stelzenmüller said, “was looking for labor before the pandemic, and so there was a real demand and presumably a willingness from the labor market and companies to help people. And of course we have a long experience, a decades-long practice, of on-the-job training that is seen as a model by other European countries and in fact by America.”

Not all the lessons of Germany’s refugee experience will be welcomed by progressives. Merkel, after all, headed a center-right party, and her government took a conservative approach to assimilation. “Refugees have a responsibility to adapt to German ways,” Marton quotes Merkel saying at a meeting of her party in 2015. “Multiculturalism is a sham.”

The newcomers were required to learn German and they were settled throughout the country to avoid ghettoization. Merkel, wrote Marton, “was determined to avoid the dense concentration of immigrants that ring cities in France and Great Britain.”

And in the end, Merkel didn’t leave the border open, eventually negotiating a controversial deal with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey to take in asylum seekers and prevent them from continuing on to Europe. She didn’t remain in power for 16 years by letting emotion outpace her sense of realpolitik.

All the same, in absorbing a million desperate people at a time when others were putting up razor wire, Germany did something great, something the rest of the world could learn from as wars and ecological calamity send many millions more trudging across the globe in search of sanctuary.

“We now have a case study, an example, of how it can work, and I’m hoping the world will make use of Merkel’s example,” said Marton. The chancellor’s refrain in 2015 was, “We can do this.” If only the rest of us could too.

Shay Myers is a member of the American Business Immigration Coalition and the CEO of Owyhee Produce, a three-generation family farm in Oregon and Idaho.

In the spring, my farm on the Oregon-Idaho border had to give up on selling nearly 150,000 pounds of asparagus because dozens of our guest workers weren’t allowed into the United States in time to harvest the crop. The delay cost my three-generation family farm, Owyhee Produce, an entire year’s profit on that crop — around $180,000.

After I decided to give away the asparagus we couldn’t harvest, more than 5,000 people came out to pick free vegetables. Along with the asparagus, I passed along a message about the challenges farmers face because of our broken immigration system.

I’m a staunch conservative, but being conservative doesn’t mean being anti-immigrant. Politicians have been talking about fixing our immigration system for more than 30 years, but they haven’t really done anything about it. While lawmakers dither, the nation’s farmers, ranchers and dairy producers have faced massive labor shortages for years, and our industry is hurting.

My farm routinely has trouble finding workers, even though we pay $16 an hour and provide benefits. There just aren’t enough people in the United States, immigrant or not, willing to do the work, so I regularly contract with foreign workers using H-2A (agricultural) visas. Over the years, the process has gotten steadily harder, culminating in this year’s lengthy delay at the border.

The solution is straightforward: Congress must create a pathway to citizenship for undocumented farmworkers, the people who do the backbreaking work to put fruits, vegetables and other essentials on Americans’ tables, as well as for other temporary protected status (TPS) recipients, “dreamers,” essential workers and thousands of other immigrants sustaining our economy.

The American people overwhelmingly support pathways to citizenship for those immigrants who are already here and contributing to our economy. A recent poll by the American Business Immigration Coalition of battleground-state voters shows strong support, across the political spectrum, for immigration reforms in the budget reconciliation bill, even if led by only one party.

The poll found 3-to-1 support for pathways to citizenship for undocumented dreamers, farmworkers, essential workers and TPS recipients. Democrats, Republicans, independents, liberals, conservatives — even Donald Trump supporters — all agree that these undocumented immigrants have earned permanent legal status.

Americans understand the contributions that immigrants are making. Without undocumented farmworkers, the $1 trillion farm and agriculture industry would collapse. About half of the United States’ farmworkers are undocumented immigrants. Most have been here for years, have U.S.-citizen children and just want the opportunity to support their families.

Immigration makes America better. Opening new citizenship routes would increase U.S. economic activity by $121 billion a year, according to one study, including an additional $31 billion annually in federal, state and local tax revenue.

Dreamers have started thousands of small businesses. Denying them access to citizenship could cost the U.S. economy $280 billion in growth, according to the New American Economy Research Fund. TPS holders, who have temporary legal status because of armed conflicts or natural disasters in their countries of origin, are the backbone of the health-care, construction, restaurant and food-services industries. Many undocumented immigrants are also the essential workers who kept U.S. businesses running during the pandemic. They drive delivery trucks, stock grocery store shelves and protect our food supply. We owe them legalization and citizenship.

Those of us in the business community would have preferred a bipartisan immigration bill, but hard-liners wouldn’t allow it. Republicans should stop being held hostage to a small minority of their party. Democrats need to push forward with immigration legislation, even without Republican votes.

The Senate parliamentarian’s rulings that immigration did not belong in the $3.5 trillion budget reconciliation bill were shortsighted and wrong. More than 50 economists recently told Congress that pathways to citizenship for undocumented workers would grow our gross domestic product by $1.5 trillion, raise annual wages for all workers by $600 and create more than 400,000 new jobs over the next decade.

Moreover, there is ample precedent for including immigration reform in the reconciliation process. Immigration-related provisions have been included in at least five reconciliation bills, even when Republicans controlled both chambers. Our representatives must not use the opinion of the parliamentarian — who is not accountable to voters — as an excuse for doing nothing. Democrats need to find a way to pass immigration reforms immediately.

The immigrants who work for me are good, hard-working people. They deserve dignity. They deserve a future to look forward to and stability in their lives. They deserve pathways to citizenship. After 35 years, farmers like me are tired of waiting. We want Congress to get immigration reform done.

While regular readers are plenty familiar with our state and federal criminal and civil courts, there’s a court system that may have escaped notice, and that’s partly by design: the immigration courts, of which New York City alone has three. In unassuming federal buildings downtown, immigrants of every stripe appear before administrative judges to plead their cases and hear verdicts that can upend their lives, remove them from the families and exile them from their longtime homes.

The solemnity of this situation is not at all matched by the mechanics of the courts, whose cavalier and ad hoc approach makes a mockery of due process. In some cases, court hearings are unexpectedly moved years into the future; in others, cases are suddenly moved up without proper notice, leaving attorneys scrambling to try to meet evidentiary deadlines. ICE, the federal immigration enforcement agency, has even failed to actually bring detained immigrants to court for their scheduled hearings. Habeas corpus, anyone?

No hall of justice.
No hall of justice. (Shutterstock/Shutterstock)
It’s not just in New York — around the country, immigration courts are plagued by these and other issues, including a lack of interpreters, the use of glitchy video hearings, and constantly shifting rules and regulations.

This latter point in particular can be traced back directly to the fact that immigration courts are part of the Justice Department, not the independent federal judiciary, with judges reporting up the chain to a political appointee. Trump-era attorneys general used this fact to, for example, force the reopening of hundreds of thousands of closed cases, ballooning the already formidable case backlog.

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It is past time for the immigration courts to be taken out of the executive branch, where they are at the whims of transitory politicians, and made an independent part of the judiciary. It is a common-sense position already supported by the Federal Bar Association in recognition of the basic fairness that it would guarantee. The decision of whether someone gets to go home at night is too consequential not to leave to a professional and autonomous judiciary.

The American head and heart aren’t in alignment on immigration. They are savagely apart.

The head argues that all those people amassing on the U.S.-Mexico border, or living in camps across the English Channel, or trying to get into Turkey from Syria should be sent home.

The heart argues that people anywhere denied a reasonable life in the place in which they were born are entitled to find what they seek: freedom from want. It argues, too, that immigrants have made us wealthy down through the centuries.

The head is adamant: Unfettered immigration is conquest one person at a time — one ragged child, one desperate mother, one hopeful man. Immigration is destabilizing much of the Middle East, particularly Jordan and Lebanon. It is threatening Europe and is changing the face of the U.S.

Bad governance has an impact beyond the borders of the badly governed country.

Small stretches of the Mediterranean Sea which separate Malta, Greece, Italy and Spain’s Canary Islands from Africa haven’t deterred migrant crossings. If these migrants are accepted by European countries, they will bring with them their religion, their language and their loyalty to the culture which they left behind.

Before the jet age and the communications revolution, an immigrant sought to be a new American, a new Briton or a new Frenchman. Many of today’s immigrants don’t feel compelled to assimilate and can reside in North America or Europe but retain the aims and culture of the country from which they came.

I know Koreans who have lived in the U.S. for decades and speak no English — and have no need to. All their wants are met in Korean, from banking to television to shopping. I also know U.S.-born Salvadorans who talk about El Salvador as “my country.” The wheels have come off assimilation.

The receiving countries deserve some blame for those who remain alien. The prevailing identity politics doesn’t meld a nation. The “woke” reverence for every culture except its native culture and language is destructive.

The immigrants who flooded the U.S. in the 19th century and the first half of the last century came to assimilate, refusing to teach their children their native tongues. Now immigrants think and feel as though they are the citizens of other countries. It is easy to do, and multiculturalism is the facilitator.

American hearts go out to those who are living in hell on the southern border: Frightened, in need of food, in need of places to sleep and to defecate, often sick, preyed on by criminals in their own number, and believing myths — especially the myth that when Donald Trump lost the presidential election, they would be welcome in the U.S.

The heart says immigration is good for us and that we are all immigrants; that our generous inheritance, from the genius of the Founding Fathers to the syncopation of jazz and the blues to the techno-wonders of Elon Musk, is the product of immigration.

But my heart and my head, and those of many Americans, align in believing that we have to stop identity politics, treasure our American identity and explain to the world that the U.S. isn’t open to all, otherwise all would come.

The Trump administration failed to end illegal immigration with its incompetence, its bluster and its wall. So far, the Biden administration has done worse. It has allowed a myth to circulate around the world that if you get to Latin America, even to faraway Chile, you can get into the U.S.

President Joe Biden should demand that Vice President Kamala Harris, who he put in charge of the border, do her job and produce some ideas. Her declaration that she will work to strengthen the countries of Central America so that their people stay home is fantasy.

Even if Harris could do that, she should note that the new flood of migrants is coming from across the world — from Haiti to Pakistan and other parts of Asia.

U.S. intelligence has failed, and the vice president fails daily to address this global problem, which will only get worse as the climate changes and the seas rise. The brain reels and the heart bleeds.

During the last week of September, I spent time at the U.S.-Mexico border in El Paso, Texas. I went as part of my work with the National Immigration Forum, an organization that focuses on finding a bipartisan solution to immigration reform. The trip was organized through a nonprofit group called Abara, which means “ford,” reflecting the history of the El Paso/Juarez area as a crossroads.

We visited a monument along the border commemorating the route taken by native people, early settlers, and now interstate highways that move people across the southern United States and into Mexico. The history of these two cities stretches back centuries, before there was a border, and before there was a wall. Just 30 years ago they were more united than divided, with people able to move back and forth for work, or to have the “coldest beer in El Paso” at a restaurant located right on the border. The events of Sept. 11 changed this relationship. As border security and immigration were caught up in the war on terror, the border became more politicized.

Today, a wall visibly divides the two cities, complicating movement back and forth. The complication is markedly one sided: we drove across from El Paso into Juarez without having to show anyone our identification or passport. Walking across the bridge back into El Paso, we were stopped on the Mexico side by U.S. agents (a practice a judge recently ruled is unconstitutional, that limits the number of people claiming asylum), followed by a visit to passport control.

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While in Juarez we spoke with an agency that deals with issues of migration. In El Paso, we spoke with members of the U.S Border Patrol. Both conversations focused on the complexity of immigration and migration from the perspective of those immediately involved. From gang violence and drug cartels, to a lack of housing in Juarez, to the heartbreaking encounters of border agents — these conversations show the issue is more complex than building a wall. There was little blame attributed to migrants; most of the blame was attributed to geo-political and economic issues. The current immigration crisis is what happens when a global economy is combined with nationalist and protectionist politics.

During our time in Juarez, we visited a migrant shelter run by a local pastor. We visited a similar shelter on the U.S. side housed in a Baptist church. The work they and other faith-based organizations are doing on both sides of the border is essential, but it is not the solution. Through my conversations with members of the Christian community I’ve experienced the generosity and concern for immigrants and their families. At the same time, I’ve noticed a hesitancy to engage the political issues needed for a permanent solution. Clothing drives and food pantries are necessary and helpful, but they do not solve the problem.

What is needed is a political solution that will make legal immigration easier and provide legal status for those who have been living and working in this country as contributing members of our communities. We need a solution that will make it easier for people to cross the border to fill jobs available in this country. We need policies that provide opportunities for migrants and immigrants to have the freedom to claim the dignity of work, so they can build a life for themselves and their families.

This current moment of protectionism will not last; a global economy is both the present and the future. It’s time for Democrats and Republicans to stop playing political games with the lives of immigrants, and work together to fix our broken immigration system in a way that mutually benefits immigrants and our communities.

Con la meta de romper el cerco impuesto por las autoridades federales y dirigirse a la Ciudad de México, miles de inmigrantes de diversas nacionalidades que permanecen en Tapachula, en la frontera con Guatemala, se preparan para iniciar el sábado una marcha que algunos denominan ‘la madre de todas las caravanas’.

El número de integrantes es incierto. Unos dicen que marcharán la mayoría de los más de 95,000 extranjeros varados en el sur de México a la espera de papeles como refugiados para seguir viaje hacia el sur de Estados Unidos en busca de asilo. Otros especulan con cifras, pero nadie tiene una idea clara, por ahora, de cuántos se unirán a la caminata.

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“Será mucha gente”, dice Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras, que convocó la caravana.

“Hasta ahora unas 4 mil personas nos han dicho que se unirán, pero sabemos de otros en diversos campamentos que nos han dicho que participarán y no lo dicen por miedo a que los arresten”.
Tampoco hay certidumbre respecto al destino de la marcha. “Tenemos el plan de llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo”, dice Pedro Jáquez, un inmigrante originario de la República Dominicana que estuvo más de dos años en Chile y viajó a México. “Allá no tenía trabajo”, dice.
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Mujica, en cambio, niega que el destino de la caravana sea la frontera entre México y Estados Unidos. “Vamos al Distrito Federal para decirle al Senado que México tiene una responsabilidad con los inmigrantes, que los mexicanos tenemos que hacer nuestra parte dándoles permisos de trabajo A eso vamos, a pedir papeles para los inmigrantes”.

Al tiempo que los preparativos avanzan en el sur de México, en Washington el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó al inicio de esta semana que utiliza recursos de inteligencia para frenar las caravanas que proceden de territorio mexicano.

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Permiso para salir
Para salir de Tapachula y del estado de Chiapas, los inmigrantes necesitan documentos emitidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Si no los tienen a mano corren el riesgo de ser detenidos y deportados a sus países de origen, advierten las autoridades.

El problema, según los activistas, es que tanto la COMAR como el INM demoran entre cuatro a seis meses en otorgar una cita para presentar documentos y solicitar el amparo como refugiado. Mientras aguardan, los extranjeros pueden permanecer legalmente en Tapachula, pero no pueden salir de la jurisdicción del estado de Chiapas.

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A mediados de septiembre, Pueblo Sin Fronteras presentó una demanda ante la justicia federal a nombre de unos 3,000 inmigrantes originarios de África, Haití para salir de Tapachula y participar en la caravana sin la amenaza de ser detenidos y expulsados de México.

Mientras el proceso judicial está en curso, los activistas aseguran que las autoridades federales mexicanas no pueden ni arrestar ni expulsar a ningún extranjero.

“Hasta ahora hay más de 18,000 amparos solicitados, pero la justicia federal se está demorando. No tienen capacidad de respuesta”, dijo Mujica.
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Al tiempo que avanzan los preparativos, el INM advierte a los inmigrantes que demandaron al gobierno “a esperar en Chiapas resolución de sus juicios de amparo” ante la justicia federal. Y que mientras esperan, “quienes deseen pueden acudir a los albergues de puertas abiertas”, precisó.

El instituto dijo además que “a las 10:00 horas del miércoles, se tenía notificación de 54 juicios de amparo que se vinculan con 2,351 personas quejosas”.

Añade que “la suspensión de plano concedida por juzgados de distrito radicados en Chiapas, si bien impide que las personas quejosas sean deportadas, expulsadas o extraditadas a su país de origen, ordena a éstas a permanecer en el lugar donde se encuentre a disposición del órgano jurisdiccional de amparo”.

Mujica asegura que el número de inmigrantes que ha solicitado el amparo supera los 18,000 y que la justicia federal está atascada “debido al alto número de expedientes”. Pero no aporta evidencias que conformen su versión.

El INM reitera que la Ley de Amparo ordena a dichas personas (quienes lo solicitan) a permanecer en la entidad donde se iniciaron los juicios correspondientes, hasta que se dicte la sentencia ejecutoria o fallo definitivo”, algo que puede demorar días, semanas o quizás meses, dependiendo de la capacidad de respuesta del sistema judicial federal mexicano.

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Los trámites de refugiados
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Al igual que con los amparos, donde los demandantes deben permanecer en la jurisdicción del tribunal, el INM advierte que, si un extranjero solicitó refugio ante la autoridad mexicana, “es necesario mantenerse al pendiente en la entidad donde lo requirió, porque el trámite podría perderse”.

“Por ello, el INM recomienda a las personas migrantes quedarse en el estado de Chiapas para recibir la respuesta a su juicio de amparo” así como la resolución de la gestión para que ase le otorgue el estatus como “refugiado”, apunta.
El gobierno mexicano también recuerda a los extranjeros estacionados en Tapachula, cuya cifra bordea los 95,000 según organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y grupos de derechos humanos, la vigencia del compromiso “por una migración segura, ordenada y regular, así como al pleno respeto a los derechos de las personas en contexto de movilidad, y al cumplimiento la determinación que emitan los órganos jurisdiccionales en el país y, en este caso, en el estado de Chiapas sobre los juicios de amparo en cuestión”.

Pero la cifra estimada de extranjeros, que no ha sido estimada por las autoridades federales mexicanas, también es incierta, al igual que el número de personas que participará en la caravana.

“La cifra de 90,000 personas que saldrán el sábado de Tapachula nos parece exagerada”, dijo a Univision Noticias una fuente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, que observa de cerca la crisis que se vive en el sur del país. “Una estimación real sería entre 3,000 y 4,000 personas”, agregó.
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Cautela estadounidense
Por parte del gobierno de Washington predomina la cautela. El gobierno de Joe Biden no ha mencionado directamente la caravana y los futuros movimientos migratorios desde México hacia la frontera sur del país.

Por ahora, la Embajada e Estados Unidos en México ha publicado una serie de mensajes en su cuenta de la red social Twitter para resaltar la vigencia de un plan de seguridad compartida firmado recientemente entre ambos gobiernos como parte de un amplio acuerdo de seguridad que incluye el combate al narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas.

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En cuanto al tema de inmigración, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo durante la firma del acuerdo en la capital mexicana, que ambos países estaban trabajando para atender las causas raíz del problema.

Además de reducir el tráfico ilegal y la trata de personas, el acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador incluye el consumo de drogas, desmantelamiento de redes criminales, prevenir la delincuencia transfronteriza, reducir el tráfico de armas y garantizar la cadena de suministros.

“Los hechos muestran una realidad más grande y urgente”, dice Luis Villagrán director del Centro de Dignificación Humana, A.C. en Tapachula. “Esta es una marcha al Distrito Federal para decirle al presidente López Obrador que ya no puede seguir supeditado a una política dictada por Estados Unidos”.

“Y que se apegue a la ley de inmigración mexicana y a la política de asilo de México. El sur de nuestro país no es el patio trasero de Washington”, agregó.
“Esto no va a parar. Atrás vienen otros miles huyendo. Lo que me llama la atención es la deshumanización de la sociedad a este grave problema. Los migrantes son los mas pobres de los mas pobres, los que están en la cima de urgencia y la necesidad. No son enemigos, no son invasores, son seres humanos”, concluyó.

Los crímenes de odio contra los asiáticos aumentaron en un 76% en el condado de Los Ángeles el año pasado, lo que refleja una tendencia alarmante en muchas otras jurisdicciones a medida que aumentaron los ataques físicos y verbales contra los estadounidenses de origen asiático durante la pandemia de COVID-19.

De los 44 delitos de odio contra los asiáticos denunciados en el condado de Los Ángeles en 2020, más de las tres cuartas partes involucraron violencia física, lo que representa un notorio incremento con respecto al 58% registrado en 2018, dijo la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles en un informe publicado el miércoles.

En 2019, se denunciaron 25 delitos de odio contra los asiáticos.

Los datos del informe se recopilaron en el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles y en más de 40 estaciones de policía de la ciudad, así como en varias agencias de policía escolar y organizaciones comunitarias.

En general, se considera que el número de delitos de odio denunciados no es fiable, porque las víctimas suelen mostrarse reacias a denunciar.

Sin embargo, los repuntes repentinos son significativos y los funcionarios deberían trabajar para comprender las causas fundamentales, dicen los expertos.

Muchos apuntan a la retórica racialmente cargada del ex presidente Trump, quien destacó los orígenes chinos del coronavirus, como el desencadenante de algunos ataques anti-asiáticos.

“No ayudó que el expresidente se refiriera repetidamente al COVID-19 como ‘chinavirus’ y ‘kung-flu’”, dijo la presidenta de la Comisión de Relaciones Humanas, Guadalupe Montaño, en un comunicado.

En 10 de los 44 delitos contra los asiáticos del condado de Los Ángeles, el sospechoso culpó explícitamente a las víctimas por el COVID-19, según el informe.

En un crimen de odio citado en el informe, un hombre chino estaba esperando en una parada de autobús cuando una mujer blanca comenzó a gritar: “¡Vuelve de donde viniste, jodido chino!” antes de cruzar la calle y golpear al hombre tres veces en la cara.

En otro caso, un hombre japonés estaba hablando por su teléfono celular en el estacionamiento de una farmacia cuando un hombre latino que sostenía un cuchillo grande le preguntó si era asiático.

El sospechoso le ordenó al hombre que se quitara las gafas de sol para revelar sus ojos antes de intentar apuñalarlo, según el informe.

El sospechoso fue arrestado.

El fiscal general del estado descubrió que los delitos de odio contra los asiáticos aumentaron a más del doble en California el año pasado, siendo el asalto y la intimidación los delitos más comunes.

Después de una serie de ataques violentos contra ciudadanos de la tercera edad asiático-americanos en todo el país, los voluntarios formaron patrullas a pie en Oakland Chinatown y otros vecindarios asiáticos.

Un estudio de 16 jurisdicciones en todo el país encontró un aumento del 164% en los informes de delitos de odio contra los asiáticos en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo período del año pasado.

Nueva York experimentó el mayor aumento, con un 223%, seguido por un 140% en San Francisco, un 80% en Los Ángeles y un 60% en Boston, según el estudio del Centro para el Estudio del Odio y el Extremismo de la universidad Cal State San Bernardino.

Los informes de Stop AAPI Hate, un grupo que rastrea los ataques anti-asiáticos, han demostrado la amplitud del racismo anti-asiático en todo el país durante la pandemia de COVID-19.

Algunas víctimas eran ancianos y también niños.

A algunos les tosieron o escupieron, a otros les abofetearon o golpearon, a algunos se les negó el servicio en las empresas, a otros les dijeron palabras racistas o se negaron a interactuar con ellos.

Stop AAPI Hate rastrea no solo los delitos de odio, sino también los incidentes de odio, que no alcanzan el nivel de un delito y, por lo general, implican insultos o insultos.

En el condado de Los Ángeles, el número de mujeres asiáticoamericanas víctimas de delitos de odio se triplicó de cinco el año anterior a 15, según el informe del miércoles.

En 2019, ninguna víctima de delitos de odio en Asia tenía más de 40 años.

En 2020, la mitad tenía más de 40 años, incluidos dos adultos mayores.

Defensores de inmigrantes y expertos legales de 73 organizaciones exigieron al presidente Joe Biden atender su demanda de cancelar el programa de Protocolos de Protección al Migrantes (MPP), conocido también como “Permanecer en México”.

Los proveedores de servicios legales, clínicas de facultades de derecho y bufetes de abogados criticaron la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reiniciar la estratregia, pues consideran que no hay forma “de hacer ese programa seguro, humano y legal”.

En una carta enviada tanto al presidente Biden como al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, los expertos calificaron el plan de “racista”, incluso que se pone en riesgo al personal humanitario de EE.UU. al administrar el programa.

“Nos negamos a ser cómplices de un programa que facilita la violación, tortura, muerte y separaciones familiares de personas que buscan protección”, dice la carta.

Los firmantes exigen cuatro acciones al presidente Biden:

>> Emitir un nuevo memorando que proporcione una explicación más detallada de la decisión de rescindir el MPP y que resuelva cualquier problema de la Ley de Procedimiento Administrativo identificado por el tribunal de Distrito.

>> Informar de inmediato al Gobierno de México que EE.UU. no puede garantizar acceso a un abogado al reiniciar el MPP, ni puede garantizar que las audiencias judiciales generalmente concluyan dentro de los seis meses estimados.

>> Mantencer cancelado el MPP y continuar procesando a las personas previamente sometidas al programa en los EE. UU.

>> Tomar medidas inmediatas para poner fin a las expulsiones crueles e ilegales bajo el Título 42 y restaurar inmediatamente el acceso al asilo en la frontera, incluso en los puertos de entrada.

El problema que Trump heredó

El MPP es un programa impuesto por el expresidente Donald Trump, luego de presionar a México a aceptar a inmigrantes, bajo amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos. El Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aceptó el plan, en medio de una creciente crisis migratoria por las caravanas provenientes de Centroamérica.

Aunque la Administración Biden terminó con esta estrategia, el gobierno republicano de Texas y otros aliados demandaron en tribunales que se mantuviera. La Casa Blanca perdió la defensa y debe reinstaurarlo, pero bajo un nuevo acuerdo con México.

En el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel ocurrido el 8 de octubre, la comitiva estadounidense enviada a México, en la que estuvo el secretario Mayorkas, adelantó en las negociaciones para retomar el programa. Una semana después se anunció el reinició para noviembre.

Según reportes de activistas, más de 60,000 inmigrantes fueron afectados con este programa, al ser obligados a esperar en México mientras una corte migratoria en EE.UU. atendía sus peticiones de asilo.

Aumentan presión

Este jueves, organizaciones de la coalición Welcome With Dignity (Bienvenida con Dignidad), expusieron que la decisión del presidente Biden de retomar el MPP los obligó a romper negociaciones con el Gobierno federal, lo cual ocurrió el sábado pasado cuando abandonaron una reunión virtual.

Además del presidente Biden y el secretario Mayorkas, la carta fue entregada al asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y al fiscal general Merrick Garland.

“La Administración Biden está optando por ignorar las obligaciones legales de Estados Unidos de no devolver a los solicitantes de asilo a lugares donde peligran, consciente de que miles de solicitantes de asilo sometidos a la política de ‘Permanecer en México’ fueron secuestrados, violados e incluso asesinado”, consideró Alex Miller, del Comité Internacional de Rescate, Arizona.

Agregó que las organizaciones están “decepcionadas” por la decisión de la Casa Blanca que ha justificado tener que seguir una orden judicial.

“No existe una versión de MPP que sea justa, legal, justa o humana. La única opción moral y legal es revocarlo por completo, junto con una revocación completa del Título 42″, consideró Charlene D’Cruz, de Project Corazón.

En ello coincidieron Margaret Cargioli, Abogada Administradora del Centro Legal de Defensores de Inmigrantes, y Tania Guerrero del Proyecto de Asilo Estamos Unidos de CLINIC.

“Los Protocolos de Protección al Migrante no protegen a nadie, estos protocolos perpetran torturas, daños e incluso la muerte”, dijo Guerrero.

Dadas las inciertas negociaciones en el Senado para tratar de incluir algún alivio migratorio en la conciliación presupuestaria, del plan de infraestructura a punto de ser votado, esta legislación se halla al borde de perder la oportunidad de ser aprobada en este periodo legislativo. Por esa y por otras razones es imperativo alzar la voz, y es aquí, en esta serie de cortos videos donde los propios inmigrantes indocumentados comparten con el público estadunidense las razones que los animan a exigir una reforma migratoria ¡ya!, tras haber esperado por tanto tiempo.

Veamos los tres videos:

Cristel, abogada de inmigración, beneficiaria de DACA
Este otro inmigrante es William, mecánico soldador con 30 años de oficio, la mitad de ellos ejercidos en Estados Unidos. Pide que los ayuden con una reforma migratoria y afirma que si pudiera hablarle al presidente esto le diría: que hoy él tiene que cumplir las promesas de campaña, pues esta es su oportunidad. “Porque sin nosotros los inmigrantes él no estaría donde está hoy.

William: “Así como prometieron una reforma migratoria, pues ahora que cumplan”.

Y este otro es Yongho, inmigrante coreano que pasó 11 años de la escuela en Chile, y ahora tiene 15 años viviendo en Estados Unidos como indocumentado. Trabaja para ayudar a organizaciones comunitarias a proveer educación en la comunidad sobre los temas que los impactan. Y también apoya proyectos como el de registro de votantes.

Yongho: “Es una ironía que trabajando tanto para apoyar proposiciones políticas, proyectos de registro del votante y hasta los propios candidatos a puestos de elección, y no poder ejercer el voto… para tratar de cambiar el país”.

Los venezolanos y haitianos en el sur de la Florida interesados en solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden asistir a unas jornadas gratuitas mensuales en el Condado Miami-Dade en las que recibirán orientación de abogados y organizaciones no gubernamentales locales. La primera de estas clínicas tendrá lugar del jueves 21 al sábado 23 de octubre de 2021 y los interesados pueden registrarse llamando al número de teléfono (305) 573-11-06, extensión 1109; o mediante este enlace bit.ly/TPSONA21, informó Brian Fincheltub, director de asuntos consulares de la Embajada interina de Venezuela en Washington. La Dirección de Asuntos Consulares de la embajada venezolana y la Oficina de Nuevos Americanos del Condado de Miami-Dade ofrecen las jornadas con apoyo de abogados y ONG para brindar las herramientas necesarias a los venezolanos que quieran aplicar al TPS. TOP VIDEOS WATCH MORE × Entrevista con la cantante chilena Mon Laferte El Condado Miami-Dade dijo que las clínicas también apoyarán a los haitianos con sus solicitudes de TPS. Tanto venezolanos como haitianos pueden asistir virtualmente o en persona, tras registrarse, en Caleb Center 5400 NW 22nd Ave, 5th Floor, Miami, FL 33142 en las siguientes fechas: Los mejores restaurantes de Miami Haz una búsqueda por barrio y por el tipo de comida que te apetezca LEER MÁS ▪ Jueves 21 de octubre, de 4 a 6 pm. ▪ Viernes 22 de octubre, de 10 am a 2 pm. ▪ Sábado 23 de octubre, de 10 am a 14 pm. El Departamento de Seguridad Nacional otorgó TPS a más de 150,000 haitianos que estaban en Estados Unidos el 21 de mayo de 2021, en gran parte en respuesta al terremoto de 2010 de 7 grados y a la inestabilidad continua en Haití, según datos del Condado Miami-Dade. “Miami-Dade es el hogar de una de las comunidades más grandes de haitianos y venezolanos en el país y estamos orgullosos de apoyarlos en su proceso para solicitar o renovar el estatus de protección, para que puedan seguir viviendo y prosperando sin miedo”, dijo la alcaldesa Daniella Levine Cava, en un comunicado. Gracias por apoyar el periodismo local. Su suscripción nos permite seguir ofreciendo a nuestros lectores el material periodístico de calidad y relevante que marca la diferencia. Creemos que una plataforma para compartir noticias locales es crítico para nuestra comunidad, y estamos agradecidos de que usted piense igual. ¿Tiene alguna pregunta sobre su suscripción? Lo ayudamos con mucho gusto. Contáctenos SUR-DE-LA-FLORIDA Venezolanos dejarían de respaldar a senadores republicanos de Florida por este motivo 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 03:32 PM El gobierno estadounidense otorgó el pasado agosto una extensión para que los venezolanos puedan aplicar a ese recurso inmigratorio que permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por un periodo de tiempo determinado. Más de 320,000 venezolanos son elegibles para recibir ese alivio inmigratorio. Fincheltub dijo que la Embajada de Venezuela realiza esfuerzos y contactos con otros gobiernos locales en Estados Unidos para replicar la iniciativa lograda con el apoyo de la alcaldesa Levine Cava. “Nuestra voluntad es seguir brindando protección y una mano amiga a los venezolanos en Estados Unidos mientras se conquistan elecciones libres, justas y transparentes que pongan fin a la dictadura en Venezuela”, dijo el diplomático. El plazo para presentar el TPS se extendió de 180 días a 18 meses. La fecha tope para que los venezolanos presentaran por primera vez la solicitud vencía el 5 de septiembre de 2021 y se amplió hasta el 9 de septiembre de 2022. VENEZUELA-ES TPS convertiría a las remesas en el salvavidas de la economía venezolana 11 DE ABRIL DE 2021 07:00 AM El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, dijo cuando hizo el anuncio que “limitar el período de registro inicial a 180 días puede suponer una carga para los solicitantes que no pueden presentar la solicitud a tiempo pero que, de lo contrario, serían elegibles para una concesión del TPS”. “Además, permitir el registro en la totalidad del período de designación podría reducir la carga operativa de USCIS, ya que las aplicaciones pueden extenderse durante un período de tiempo más largo”, expresó el funcionario. María Antonieta Díaz, presidenta de la Alianza Venezolana Americana, dijo recientemente que hasta el 3 de agosto 178,000 venezolanos habían solicitado el TPS, citando cifras de USCIS. La Oficina de Nuevos Estadounidenses de Miami-Dade organizará las sesiones de información gratuitas y clínicas legales junto con socios comunitarios que incluyen Servicios Legales Católicos, Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración del Sur de Florida, Estadounidenses por la Justicia de Inmigrantes, Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), Red de Acción Familiar Movement (FANM), HIAS, Unidad Hispana de Florida, Centro Vecinal Sant La Haitian y Comisión de Inmigración de la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

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SAN DIEGO — Agentes fronterizos estadounidenses encontraron a un migrante muerto en una embarcación de pesca abandonada en Carlsbad en abril pasado. Un mes después, un yate, sobrecargado con tres docenas de migrantes, se estrelló contra un arrecife cerca de Point Loma, matando a tres personas. Después, tras volcar una embarcación cerca de Encinitas en julio, dos inmigrantes fueron hospitalizados por hipotermia.

Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvieron a más migrantes en el mar en 2020 que durante los tres años anteriores, según los datos del CBP. Las aprehensiones a lo largo de la costa del Pacífico impulsaron ese aumento, pasando de 44 detenciones en el año fiscal 2017, a 766 en 2020.

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Los encuentros en el mar siguen siendo sustancialmente más bajos que los que se producen en tierra, pero los expertos dicen que el cambio a los cruces marítimos —en respuesta a las políticas fronterizas restrictivas y a la devastación del COVID-19 en todo el hemisferio— está amplificando el peligro al que se enfrentan estos migrantes cuando intentan llegar a Estados Unidos.

Agentes de interdicción marítima de las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza en San Diego sacan un Buque Inceptor Costero de 41 pies para realizar una patrulla marítima estándar el martes 24 de agosto de 2021 en San Diego.
Agentes de interdicción marítima de las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza en San Diego sacan un Buque Inceptor Costero de 41 pies para realizar una patrulla marítima estándar el martes 24 de agosto de 2021 en San Diego. (Ana Ramirez/The San Diego Union-Tribune/TNS)
Desde el 1º de octubre de 2020, los agentes de la región de San Diego de la CBP, que se extiende a lo largo de la costa de California desde Imperial Beach hasta la frontera con Oregón, han interceptado más de 330 embarcaciones marítimas con 1,751 personas. La cifra de personas incluye a los migrantes interceptados y a los ciudadanos estadounidenses sospechosos de traficar con ellos.

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Los funcionarios de la frontera reconocieron en un comunicado de prensa en agosto el movimiento hacia el norte de los contrabandistas a lo largo de la costa de California. Recientemente, los agentes han detenido embarcaciones más al norte de la costa, cerca de Long Beach, la isla de Catalina, Malibú y Santa Bárbara.

Una de las tres personas que se ahogaron en el accidente del yate el pasado mes de mayo era María Eugenia Chávez Segovia, de 41 años y madre soltera de dos hijos. Era su quinto intento de cruzar la frontera.

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Chávez había hecho tres intentos por tierra. Los contrabandistas valuaron un cruce exitoso en 14 mil dólares. Pero cada vez, los agentes fronterizos la habían devuelto a Tijuana en un par de horas. De vuelta a México, llamaba por teléfono a su hermana menor, que vivía en Salinas, para hacerle saber que estaba a salvo.

Después de su tercer intento por tierra, le dijo a su hermana que no creía que fuera a pasar la frontera sin que la atraparan. Por 4 mil dólares más, los contrabandistas le propusieron cruzar por mar.

A finales de abril, Chávez subió por primera vez a un barco con otros nueve migrantes. Pero el grupo fue interceptado en el mar y devuelto a México. Después, le dijo a su hermana: “Me dio miedo, hermana. Pero dicen que es seguro y que lo conseguiré en el siguiente intento”.

Desde la izquierda, los agentes de interdicción de la Marina de las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza Nathan Wickham y Charles Cason abordan un velero después de detener el barco durante una patrulla marítima estándar el martes 24 de agosto de 2021 en San Diego. Los agentes cuestionaron por qué utilizaban un motor en lugar de usar una vela en un día ventoso.
Desde la izquierda, los agentes de interdicción de la Marina de las Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza Nathan Wickham y Charles Cason abordan un velero después de detener el barco durante una patrulla marítima estándar el martes 24 de agosto de 2021 en San Diego. Los agentes cuestionaron por qué utilizaban un motor en lugar de usar una vela en un día ventoso. (Ana Ramirez/The San Diego Union-Tribune/TNS)
‘Expuesto hasta llegar a tierra’
La difícil situación de los inmigrantes marítimos en Europa y otras partes del mundo ha recibido una gran parte de la atención de los medios de comunicación. En California, los cruces fronterizos por tierra dominan la narrativa.

Pero para los agentes marítimos de la CBP, como Evan Wagley, eso está cambiando. Wagley coordinó la respuesta de la agencia al barco abandonado el 17 de abril y llamó al médico forense para que recuperara el cuerpo. Las autoridades nunca determinaron quién fue el responsable de la tragedia, dijo.

“Una vez que estas pequeñas embarcaciones llegan a tierra, pueden subirse a un coche en cuestión de minutos”, dijo Wagley sobre los grupos de contrabandistas. “No tenemos forma de saber quién lo conducía, quién iba en él. Eso hace que nuestro trabajo sea difícil, especialmente cuando hay personas fallecidas involucradas, porque eso es lo último que queremos ver.”

San Diego tiene el cuarto puerto más grande de California. Saliendo al agua cada día en una lancha rápida de 41 pies cerca de la playa de Coronado, los agentes de la CBP revisan otras embarcaciones en busca de inmigrantes, drogas y otros tipos de contrabando. En su mayoría, interceptan embarcaciones que transportan migrantes. Un viaje de incluso unas pocas horas puede ser peligroso, dijo Wagley. Las embarcaciones que llevan migrantes casi nunca tienen suficientes chalecos salvavidas o agua. Algunos acaban con costillas magulladas o conmociones cerebrales debido a las turbulencias del mar. La exposición prolongada al sol provoca deshidratación, mareos e hipertermia.

“Cuando la gente piensa en San Diego, piensa en cielos azules y sol, pero una vez que te alejas de la costa puede ser implacable”, dijo Wagley, un pescador experimentado que se unió a las operaciones aéreas y marinas de la CBP desde la Patrulla Fronteriza en Calexico.

Cerca de Playas de Tijuana, donde una valla fronteriza de acero se extiende 300 pies dentro del agua, los agentes de CBP comúnmente interceptan a personas en motos acuáticas y kayaks, así como a nadadores. Los contrabandistas llevan a una o dos personas a la vez, con la esperanza de que se mezclen con los visitantes de playa habituales, y se dirigen al desembarcadero más cercano al norte de la frontera, dijo Wagley. Más arriba, el tráfico cambia a embarcaciones de entre 20 y 50 pies.

En un día soleado de agosto, Los Angeles Times acompañó a agentes de la CBP que siguieron de cerca a un equipo de trabajo. Los agentes que regresaban de la frontera de Tijuana vieron un velero destartalado y se detuvieron para interrogar a los dos pasajeros.

Era un día bastante ventoso, pero el conductor utilizaba el motor en lugar de las velas. Eso podría ser sospechoso, explicó Wagley, porque muchos contrabandistas no saben navegar.

Los agentes Charles Cason y Nathan Wickham subieron a la embarcación para realizar un control de documentos. Preguntaron de dónde venían y a dónde iban los marineros, quién era el propietario registrado y revisaron el camarote en busca de otros pasajeros. Con todo claro, los agentes continuaron su camino de vuelta a Point Loma.

A primera hora de esa mañana, otra tripulación había informado de una embarcación frente a Point Loma que se dirigía hacia el sur e intentó detener al conductor. Este huyó.

Más de 160 informes obtenidos por Human Rights Watch, revelan detalles del maltrato recibido por solicitantes de asilo que han sufrido por parte de funcionarios fronterizos, mientras se encontraban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.

Las quejas registradas en un reporte oficial de Human Rights Watche, en su mayoría basadas en interacciones durante la administración Trump, se producen en un momento de mayor preocupación por el trato a los migrantes por parte de los funcionarios fronterizos y de inmigración.

Un hondureño que buscaba un refugio en Estados Unidos dijo que un oficial de la Patrulla Fronteriza le dijo que no se le otorgaría asilo, una determinación que el oficial no estaba autorizado a tomar, y cuando el migrante se negó a firmar el papeleo, el oficial dijo que sería enviado a la cárcel, donde sería violado.

En un informe preparado por un oficial de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el oficial escribió que amenazar con una agresión sexual por negarse a firmar documentos constituía “una grave violación”.

En otro relato separado, una migrante le dijo a un oficial de asilo que después de que intentó huir de un oficial de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera suroeste en abril de 2017, “me atrapó y me tiró al suelo de una manera muy agresiva. Y me levantó tres o cuatro veces y siguió tirándome al suelo“, señaló al diario The New York Times.

La migrante dijo que el oficial también la agarró por el cabello y la pateó en la caja torácica y la parte inferior de la pelvis, provocando sangrado.

Estas y otras historias se encuentran entre los 160 informes presentados entre 2016 a 2021 por oficiales de asilo federales, que transmiten detalles del abuso que los solicitantes de asilo describieron haber experimentado durante interacciones con funcionarios fronterizos y mientras se encontraban bajo custodia de los EE.UU.

Las descripciones, divulgadas en respuesta a una solicitud de registros públicos realizada por Human Rights Watch, no incluían información sobre los resultados de los casos, a pesar de que se consideró que las denuncias tenían fundamento.

Las escenas del mes pasado donde agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo en Del Rio, Texas, acorralan a inmigrantes afroamericanos con sus riendas han renovado el enfoque en años de quejas sobre el trato inhumano de los inmigrantes indocumentados.

“El departamento no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta”, dijo una portavoz de seguridad nacional, Marsha Espinosa, en un comunicado el miércoles por la noche.

Espinosa señaló que bajo el liderazgo del secretario, Alejandro N. Mayorkas, el departamento estaba realizando inspecciones internas “para identificar y acabar con los prejuicios intolerables y reformar sus políticas y capacitación” y sobre el uso de la fuerza.

La agencia también ha agregado más personal a su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y ha emitido memorandos sobre “la necesidad de respetar la dignidad de cada individuo, luchar contra la discriminación y salvaguardar los derechos civiles y las libertades civiles”.

El presidente Biden ha prometido que los agentes de la Patrulla Fronteriza capturados en cámara en Del Río “pagarían” por su comportamiento.

Cuando los migrantes son atrapados cruzando la frontera sin documentos, un oficial de la Patrulla Fronteriza los detendrá e interrogará.

Aunque la política ha cambiado temporalmente durante la pandemia, en sus procedimientos, se supone que los oficiales deben preguntar a los migrantes temen persecución o daño en su país de origen.

Si los migrantes expresan temor a regresar, se les coloca en un proceso judicial de inmigración y, finalmente, un oficial de asilo los entrevista.

Los registros obtenidos por Human Rights Watch fueron elaborados por oficiales de asilo después de escuchar denuncias de mala conducta policial.

Además de las denuncias por abuso físico, emocional y sexual, los migrantes dijeron en algunos de los informes que no se les preguntó si temían persecución; que les dijeron que no podían solicitar asilo; que fueron presionados con amenazas para firmar documentos; y, en algunos casos, sus documentos fueron destruidos por agentes fronterizos.

“Los documentos dejan en claro que los informes de graves abusos cometidos por agentes de CBP (agresiones físicas y sexuales, condiciones de detención abusivas y violaciones del debido proceso) son un secreto a voces dentro del DHS”, dijo Clara Long, directora asociada de Human Rights Watch, utilizando las abreviaturas de Aduanas y Protección Fronteriza y Departamento de Seguridad Nacional (CBP).

“Pintan un cuadro de como una agencia parece haber normalizado abusos espantosos en la frontera de Estados Unidos”.

Los documentos también muestran que los oficiales de asilo federales se disculpan por el trato que los solicitantes han sufrido bajo custodia de Estados Unidos.

En marzo de 2019, un oficial de asilo le dijo a un inmigrante “los funcionarios del gobierno no deberían tratarlo de esta manera. Deberían tratarte a ti y a cualquier otra persona con respeto”.

No está claro cuántas entrevistas realizaron los funcionarios de asilo durante el período en el que se informaron más de 160 denuncias.

Según los datos de inmigración, de 2016 a 2020, hubo 409,000 referencias para entrevistas de miedo creíbles con oficiales de asilo.

Los Ángeles, 21 oct (EFE).- Defensores de los derechos de los inmigrantes anticiparon este jueves un “desastre humanitario” en la frontera sur si el Gobierno Biden revive el programa “Quédate en México” ya que, en su opinión, los otros mecanismos de protección inmediata a los solicitantes de asilo se utilizan de manera incorrecta.

La advertencia de los activistas llega en medio de los pedidos urgentes a la Administración del presidente, Joe Biden, de que no reanude en noviembre el programa el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocido como “Quédate en México” y que ha obligado a unos 70.000 solicitantes de asilo a quedarse en el país vecino mientras se resuelven sus casos en EE.UU.

Los abogados que trabajan con los solicitantes de asilo en la frontera aseguraron hoy en una conferencia de prensa que incluso después de la cancelación de MPP, los inmigrantes se han encontrado con un muro de trabas para poder presentar sus casos dentro de Estados Unidos, en contraria a las promesas de la Administración de “una frontera más humana”.

“Es muy importante señalar que más allá de MPP hay mecanismos que ofrecen protección a los inmigrantes en Estados Unidos, pero estos mecanismos tampoco están siendo usados como se debería”, recalcó Álex Miller, del Comité Internacional de Socorro de Arizona.

CUATRO CASOS APROBADOS EN DOS MESES

Entre los mecanismos establecidos están las visas humanitarias que se otorgan en la frontera a migrantes que demuestran una necesidad urgente de ingreso al país porque su vida corre peligro, incluido los problemas de salud.

Charlene D’Cruz, del Proyecto Corazón en el Valle del Río Grande (Texas), contó que en los últimos dos meses tan sólo ha logrado la aprobación de cuatro casos en los que se concedió una visa humanitaria a inmigrantes en ese sector.

Con esos datos en la mano, asegura que la situación con respecto a las visas humanitarias es muy parecida que en la era del expresidente Donald Trump (2017-2021), es decir, casi nula.

La pandemia de covid-19 “durará un año más de lo que debería” porque los países más pobres no están recibiendo las vacunas que necesitan, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El doctor Bruce Aylward, uno de los líderes de la OMS, dijo que, en ese contexto, la crisis provocada por la propagación del SARS-Cov-2 podría “prolongarse fácilmente hasta el 2022”.

Menos del 5% de la población de África ha sido vacunada con las dos dosis, en comparación con el 40% en la mayoría de los otros continentes.

La idea original detrás del Covax, el programa global respaldado por las Naciones Unidas para distribuir vacunas de manera justa, era que todos los países podían adquirir vacunas a través de ese mecanismo, incluyendo los países ricos participantes.

Pero la mayoría de los países del G7 decidieron contenerse después de que comenzaron a hacer acuerdos bilaterales directamente con las compañías farmacéuticas para asegurar sus propias vacunas.

La gran mayoría de las vacunas de covid se ha utilizado en países de ingresos altos o medio altos. África representa solo el 2,6% de las dosis administradas a nivel mundial.

Prioridad
Un grupo de organizaciones benéficas, que incluye a Oxfam y UNAids, criticó a Canadá y a Reino Unido por adquirir vacunas para sus propias poblaciones a través de Covax.

Mujer siendo vacunada
EPA
Las cifras oficiales muestran que a principios de este año, Reino Unido recibió 539.370 dosis de Pfizer, mientras que Canadá tomó poco menos de un millón de dosis de AstraZeneca.

Aylward hizo un llamado a los países ricos para que renuncien a sus puestos en la cola para adquirir vacunas con el objetivo de que las empresas farmacéuticas puedan dar prioridad a los países de ingresos más bajos.

Señaló que los países ricos necesitan “hacer una evaluación” de dónde se encuentran con respecto a los compromisos de donación que hicieron en cumbres como la reunión del G7, en el verano.

“Los países ricos se comportaron peor que en las peores pesadillas”: las duras palabras de The Lancet sobre el fracaso del mecanismo Covax
“Les puedo decir que no vamos por buen camino”, dijo. “Realmente necesitamos acelerarla (la distribución de vacunas) o ¿saben qué? esta pandemia durará un año más de lo necesario”.

Reino Unido ha entregado más de 10 millones de vacunas a países que las necesitan y ha prometido dar un total de 100 millones.

La alianza de organizaciones benéficas People’s Vaccine ha publicado nuevas cifras que sugieren que solo una de cada siete de las dosis prometidas por las compañías farmacéuticas y los países ricos están llegando a sus destinos en los países más pobres.

“Moralmente indefendible”
El asesor de salud global de Oxfam, Rohit Malpani, reconoció que Canadá y Reino Unido tenían técnicamente derecho a recibir vacunas a través de esta ruta, pues habían hecho pagos al mecanismo Covax, pero dijo que todavía era “moralmente indefendible”, dado que ambos países habían obtenido millones de dosis a través de sus propios acuerdos bilaterales.

Vacunas
Getty Images
“No deberían haber adquirido estas dosis de Covax”, indicó. “No hay nada mejor que jugar doble, lo que significa que los países más pobres que ya están al final de la cola, terminarán esperando más tiempo“.

El gobierno de Reino Unido señaló que era uno de los países que había “puesto en marcha” Covax el año pasado, con una donación de US$755 millones.

El gobierno canadiense enfatizó que había dejado de usar vacunas Covax.

Covax: qué acuerdos ha logrado y otras 5 preguntas sobre el plan para distribuir la vacunas contra el covid-19 entre los países pobres
“Tan pronto como quedó claro que el suministro que habíamos asegurado a través de nuestros acuerdos bilaterales sería suficiente para la población canadiense, devolvimos las dosis que habíamos adquirido de Covax a Covax para que pudieran ser redistribuidas a los países en desarrollo“, indicó la ministra de Desarrollo Internacional de ese país, Karina Gould.

Covax originalmente tenía como objetivo entregar 2.000 millones de dosis de vacunas para fines de este año, pero hasta ahora ha enviado 371 millones de dosis.

Activistas latinos advirtieron este miércoles que el Gobierno del presidente Joe Biden y los legisladores demócratas enfrentarán consecuencias adversas en las elecciones legislativas y estatales de 2022 si no cumplen su compromiso de legalizar a millones de inmigrantes.

La Liga de Ciudadanos Estadounidenses Latinos Unidos (LULAC) dijo que Biden ha prometido la ciudadanía a esos inmigrantes y que cualquier otra cosa “no es un trato”.

“Ignorar nuestro clamor de justicia no es aceptable. La Administración debe estar preparada para enfrentar el enojo y la decepción de millones de latinos, y las consecuencias en 2022, que no está lejos. No más promesas vacías”, dijo el presidente nacional de LULAC, Domingo García.

Los activistas señalaron que Estados Unidos no pidió documentos a los trabajadores esenciales de la salud y la producción de alimentos durante la pandemia de covid-19, así que no debería darles la espalda ahora que piden la legalización.

Señalaron que la tasa de votación de los latinos casi se ha duplicado en la última década, y que esta comunidad recordará las promesas rotas si la Administración de Biden y la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado no dan los resultados esperados este año.

“Decir que los trabajadores de primera línea son héroes no es suficiente. Necesitamos acción. Necesitamos una senda a la ciudadanía para los inmigrantes. Demandamos acción inmediata hoy”, dijo Sindy Benavides, directora ejecutiva de LULAC, a través de la red Twitter durante una manifestación frente a la sede del Congreso en Washington.

Benavides dijo que los ciudadanos estadounidenses de ascendencia hispana están monitoreando estrechamente las acciones de los legisladores que ellos ayudaron a elegir en 2020.

“Han aprendido que las promesas verbales con resultados nulos no los benefician a ellos o a sus familias. Recordarán cuando alguien golpee su puerta pidiendo su voto. Su primera pregunta será ‘¿Votó usted por la reforma migratoria?’”, añadió.

Biden y varios demócratas que conquistaron escaños en el Congreso en estados clave en los comicios de 2020 buscaron activamente en voto latino, prometiendo entre otras cosas aprobar una reforma migratoria para legalizar a entre 11 y 14 millones de inmigrantes que llegaron al país como indocumentados.

El Gobierno que preside Joe Biden puso fin esta semana a un polémico sistema de cuotas para los jueces de migración, que medía su desempeño por el número de casos y la rapidez con la que los tramitaban. El sindicato de jueces migratorios celebró esta decisión y señaló que dicho sistema, impuesto por la Administración del expresidente Donald Trump, “violaba la ética” profesional.

El Departamento de Justicia ya no evaluará así a los jueces en función del número de casos que decidan, escribió esta semana el juez jefe Tracy Short en un correo electrónico dirigido a los 500 jueces de inmigración del país.

El entonces fiscal general, Jeff Session, impuso en 2018 una cuota de 700 casos al año a cada juez, independientemente de la complejidad de los procedimientos, para intentar remediar el atasco en las cortes migratorias, que retrasa la resolución de las peticiones de asilo por meses o años. Durante ese periodo, los inmigrantes pueden residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

La anulación ahora de esta medida supone “un paso en la dirección correcta hacia la restauración de una mayor medida de integridad a las cortes de inmigración”, aseguró Mimi Tsankov, presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.

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OCT. 20, 202101:56
“Las métricas de rendimiento desarrolladas por la Administración Trump fueron una violación de la ética judicial; pertenecen al bote de basura”, agregó.

Tsankov aseguró que se están desarrollando nuevas medidas de rendimiento que “ reflejan con precisión la carga de trabajo de un juez de inmigración” y “se centrarán en el equilibrio y la equidad’’.

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La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, que denunció la política del Gobierno de Trump en su momento, asegura que éste intentó silenciarlos para que no hablaran del sistema de cuotas.

“Creemos que estas medidas socavarán la fe del público en la imparcialidad de nuestras cortes […] y crearán retrasos agobiantes en nuestros ya sobrecargados tribunales de inmigración e inundarán también los tribunales federales de apelación”, dijo entonces la exjueza de inmigración y presidenta de la asociación, Ashley Tabaddor, según reportó el portal de noticias Law360.

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OCT. 19, 202101:47
Cortes a punto del colapso
Los jueces llevan meses advirtiendo que el sistema para revisar casos migratorios está a punto del colapso.

El retraso en las cortes migratorias fue de 680,000 casos en febrero de 2018 y de 1.45 millones de casos en septiembre de 2021, según datos de la Universidad de Syracuse.

“Básicamente estamos resolviendo casos de la magnitud de una posible sentencia de muerte pero tenemos que hacerlo en un entorno pensado para casos rápidos como de infracciones de tránsito”, dijo en julio la jueza Dana Leigh Marks a NBC News.

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Entre las principales preocupaciones que tenían los cuatro jueces que hablaron con NBC News destaca que no hay suficientes jueces para revisar todos los casos, que necesitan personal de apoyo, y que sienten mucha presión política por parte del Departamento de Justicia.

[Los jueces migratorios no son magistrados del sistema judicial, un poder independiente del ejecutivo y el legislativo, sino que dependen del Departamento de Justicia.]

El Gobierno de Joe Biden ha tomado varias medidas para reducir el enorme retraso en las cortes migratorias. En agosto presentó un nuevo sistema de solicitudes de asilo para aprobar (y rechazar) más rápido a los inmigrantes en la frontera. Con esta medida, funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) pueden aprobar o denegar solicitudes: la responsabilidad ya no recae en las cortes de inmigración, pero los inmigrantes no tienen la garantía de este procedimiento.

En julio, el fiscal general, Merrick Garland, revocó una orden del Gobierno de Trump que prohibía a los jueces de inmigración cerrar casos y retirarlos de su agenda si los consideraban de baja prioridad, con el objetivo de reducir la acumulación de expedientes de inmigración retrasados.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) denunció este jueves los abusos perpetrados por las autoridades migratorias contra solicitantes de asilo en Estados Unidos, basándose en 160 casos incluidos en reportes internos del Departamento de Seguridad Nacional entre 2016 y 2021 que van desde vejaciones y engaño hasta maltrato físico y abusos sexuales.

“En la perrera te tratan como si no valieras nada, como si no fueras un ser humano. Si nos tumbábamos y no nos levantábamos rápidamente, nos daban patadas con los pies y nos decían que habíamos parido ratas”, relató una solicitante de asilo, cuyo testimonio quedó recogido en uno de los reportes internos.

Agentes de la Patrulla Fronteriza registran a dos hombres que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos cerca de McAllen, Texas, el 6 de noviembre de 2019.
Agentes de la Patrulla Fronteriza registran a dos hombres que cruzaron ilegalmente a Estados Unidos cerca de McAllen, Texas, el 6 de noviembre de 2019.Eric Gay / AP
[El Gobierno de Trump planteó el despliegue sin precedentes de 250,000 militares en la frontera para cortar el paso a migrantes]

“Un agente fronterizo me hizo daño, me maltrató y me golpeó. Me tiró al suelo de una manera muy agresiva. Y me levantó tres o cuatro veces, y siguió golpeándome contra el suelo”, relató otra persona, de acuerdo con los documentos del Departamento de Seguridad Nacional relevados por la organización humanitaria.

El sistema de cuotas impuesto por el gobierno de Trump “que violó la ética judicial ahora está suspendido”, anunció la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un comunicado publicado en su página digital.

La medida, establecida en abril del 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, formó parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ cuyo objetivo era acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados.

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El anuncio del retiro de la cuota fue hecho esta semana a los jueces por medio de un correo electrónico enviado por Tracy Short, de la Oficina del juez jefe de Inmigración del Departamento de Justicia.

La NAIJ catalogó el sistema que se venía implementando como “profundamente defectuoso e ineficiente” y dijo que la cuota “ya no evaluará a los jueces en el número de casos que deciden”.
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La Corte de Inmigración (EOIR) se compone de unos 500 jueces. El sistema de cuotas fijado por Trump exigía la resolución anual de un mínimo de 700 casos. En caso de incumplimiento el juez podía ser despedido.

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La eliminación de la cuota de trabajo “es un paso en la dirección correcta hacia la restauración del debido proceso”, dijo David Neal, director de la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (EOIR).

La dependencia dijo que durante los últimos tres años los jueces han cargado con la amenaza de disciplina “solo por hacer su trabajo proporcionando el debido al proceso” a los inmigrantes.
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“Nuestra organización espera trabajar con la gerencia para restaurar un proceso más justo”, dijo Mimi Tsankov, presidenta de NAIJ. “Permitirá a los jueces concentrarse en hacer su trabajo correctamente. Las métricas de desempeño desarrolladas por la administración Trump fueron una violación de la ética judicial y deben ser enviadas a la papelera”, indicó.

El Departamento de Justicia dijo a su vez que, la dependencia “está en el proceso de desarrollar nuevas medidas de desempeño” tomando en cuenta experiencias exitosas del pasado, así como “aportes apropiados que reflejarán con precisión la carga de trabajo de un juez de inmigración”.

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Lluvia de críticas
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El sistema de cuotas impuesto a los jueces navegó desde su inicio en un mar de criticas por parte de abogados, jueces y detractores de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump.

Cuando la medida entró en vigor en octubre de 2018, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que “la asombrosa medida la hemos definido como una sentencia de muerte de la independencia judicial”.

Aseguró además que la decisión “obligó a los jueces a completar cierto número de casos o enfrentar la disciplina de despidos”.
AILA, un severo crítico de la dura política migratoria del gobierno anterior y defensor de los derechos de los inmigrantes, dijo además que “debido a que los tribunales de inmigración se encuentran bajo el mando del Departamento de Justicia -la misma agencia de cumplimiento de la ley encargada de enjuiciar los casos de inmigración en los tribunales federales-, el fiscal general tiene autoridad sobre los fiscales y los jueces en casos de inmigración”, un problema que, alegan, debe ser resuelto para bien de la independencia judicial.

La NAIJ, por su parte, desde que la cuota fue impuesta dijo que la medida iba “en contra de las recomendaciones basadas en el cumplimiento del debido proceso en lugar de en los resultados, de acuerdo con el consejo de los abogados de AILA y del Consejo de Inmigración”.

La asociación precisó además que, “durante años, el sistema de tribunales de inmigración ha superado el punto de quiebre y con demasiada frecuencia niega a los inmigrantes, incluso a niños, una oportunidad justa de presentar sus reclamos”.

La cuota fue definida por Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ, como “la persistencia de limitar la independencia de los jueces e impulsarlos a emitir órdenes de deportación rápidamente en lugar de involucrarse en la resolución creativa de los problemas y resultados prácticos”

Con la meta de romper el cerco impuesto por las autoridades federales y dirigirse a la Ciudad de México, miles de inmigrantes de diversas nacionalidades que permanecen en Tapachula, en la frontera con Guatemala, se preparan para iniciar el sábado una marcha que algunos denominan ‘la madre de todas las caravanas’.

El número de integrantes es incierto. Unos dicen que marcharán la mayoría de los más de 95,000 extranjeros varados en el sur de México a la espera de papeles como refugiados para seguir viaje hacia el sur de Estados Unidos en busca de asilo. Otros especulan con cifras, pero nadie tiene una idea clara, por ahora, de cuántos se unirán a la caminata.

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“Será mucha gente”, dice Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras, que convocó la caravana.

“Hasta ahora unas 4 mil personas nos han dicho que se unirán, pero sabemos de otros en diversos campamentos que nos han dicho que participarán y no lo dicen por miedo a que los arresten”.
Tampoco hay certidumbre respecto al destino de la marcha. “Tenemos el plan de llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo”, dice Pedro Jáquez, un inmigrante originario de la República Dominicana que estuvo más de dos años en Chile y viajó a México. “Allá no tenía trabajo”, dice.
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Mujica, en cambio, niega que el destino de la caravana sea la frontera entre México y Estados Unidos. “Vamos al Distrito Federal para decirle al Senado que México tiene una responsabilidad con los inmigrantes, que los mexicanos tenemos que hacer nuestra parte dándoles permisos de trabajo A eso vamos, a pedir papeles para los inmigrantes”.

Al tiempo que los preparativos avanzan en el sur de México, en Washington el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó al inicio de esta semana que utiliza recursos de inteligencia para frenar las caravanas que proceden de territorio mexicano.

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Permiso para salir
Para salir de Tapachula y del estado de Chiapas, los inmigrantes necesitan documentos emitidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM). Si no los tienen a mano corren el riesgo de ser detenidos y deportados a sus países de origen, advierten las autoridades.

El problema, según los activistas, es que tanto la COMAR como el INM demoran entre cuatro a seis meses en otorgar una cita para presentar documentos y solicitar el amparo como refugiado. Mientras aguardan, los extranjeros pueden permanecer legalmente en Tapachula, pero no pueden salir de la jurisdicción del estado de Chiapas.

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A mediados de septiembre, Pueblo Sin Fronteras presentó una demanda ante la justicia federal a nombre de unos 3,000 inmigrantes originarios de África, Haití para salir de Tapachula y participar en la caravana sin la amenaza de ser detenidos y expulsados de México.

Mientras el proceso judicial está en curso, los activistas aseguran que las autoridades federales mexicanas no pueden ni arrestar ni expulsar a ningún extranjero.

“Hasta ahora hay más de 18,000 amparos solicitados, pero la justicia federal se está demorando. No tienen capacidad de respuesta”, dijo Mujica.

La crisis por la pandemia de covid-19 desterró a casi medio millón de latinas de la fuerza laboral de Estados Unidos y la “desigual” recuperación económica que está en curso amenaza con dejarlas por fuera para siempre, mostró un informe del Women’s National Law Center.

En el Día de la Igualdad Salarial de las Latinas, ese reporte busca concienciar sobre las persistentes brechas que dejan rezagadas a los hispanos, especialmente a las mujeres latinas que antes de la crisis del coronavirus ganaban apenas 57 centavos por cada dólar que obtiene un hombre blanco no hispano y que actualmente sufren de la una tasa de desempleo mucho mayor.

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Si se tomara en cuenta las 497,000 latinas que salieron de la fuerza laboral durante la pandemia y que ya no son contadas como desempleadas, la tasa de desempleo de ese grupo se habría ubicado en septiembre casi en los dos dígitos: en 9.3% en lugar del 5.6% que arrojaron las cifras oficiales.

“La tasa de septiembre significa que las latinas tienen 1.3 veces más probabilidades de estar desempleadas que un hombre blanco; y que si todas las latinas que abandonaron la fuerza laboral en febrero de 2020 hubiesen retornado y contabilizadas como desempleadas el mes pasado, su tasa de desempleo hubiese sido 9.3%”, lee el reporte.

Ese mes, más de una de tres hispanas mayor de 16 estuvo desempleada por seis meses o más. Un escenario como ese preocupa a los expertos, pues el desempleo de largo plazo genera que las mujeres regresen a trabajos mal remunerados que, a su vez, perpetúan las brechas salariales.
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Estar sin un trabajo por largo tiempo también se traduce en inseguridad en casa, porque afecta la capacidad para pagar los arriendos, las hipotecas y hasta para poner comida sobre la mesa.

Las latinas y la desigualdad incluso en la primera línea de batalla del covid-19
Un círculo desventajoso que se repite con cada crisis.

“Cuando regresan a la fuerza laboral, muchas hispanas aceptan la primera oferta que reciben porque no pueden estar más tiempo sin trabajo”, dice el informe.

“Los empleadores, por su parte, ofrecen salarios más bajos a trabajadores que estuvieron sin empleo por mucho tiempo. Y, debido a que las latinas sufren de una brecha salarial tan profunda, tuvieron menos oportunidad de pagar por una educación o entrenamiento profesional durante la pandemia que les hubiese permitido avanzar o moverse a otro campo”, explica.

Y ese panorama desigual se produce incluso cuando 3 de cada 10 latinas estuvo luchando contra la pandemia desde la primera línea de batalla. De acuerdo con las cifras del National Women’s Law Center 28.4% de hispanas tuvo un trabajo de ese tipo durante la crisis, frente al 12.6% de hombres blancos no hispanos.

“Eso significa que dependimos de su trabajo durante la crisis de salud pública y que se les pagó menos por sus trabajos en la primera línea de batalla”, afirma el reporte.

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De hecho, recibieron en promedio solo 56 centavos por cada dólar que obtuvo un hombre blanco no hispano por hacer exactamente lo mismo.

En el caso de las enfermeras registradas la brecha no fue tan marcada: recibieron 90 centavos por cada dólar que un hombre blanco no hispano. Pero una supervisora en una tienda minorista recibió apenas 63 centavos por cada dólar obtenido por un hombre blanco no hispano. Cuando se suma, eso se empina en una pérdida anual de $19,000.

“El impacto de largo alcance de la crisis del covid-19 amenaza con exacerbarse por años y con exacerbar las brechas raciales y salariales existentes. Las latinas necesitan una recuperación que se centr en ellas y sus necesidades”, pidió el reporte.

El Gobernador Greg Abbott reforzó su operativo de seguridad en la frontera con México inyectando 36.4 millones de dólares más, dinero que se destinará para que las fuerzas del orden, las cárceles, los forenses, los funcionarios de la administración de tribunales locales y los fiscales estatales puedan ayudar en su lucha contra la inmigración indocumentada y el contrabando drogas y armas. Estos fondos se suman a otros 100 millones que el Gobernador otorgó en septiembre pasado para este programa de subvenciones, conocido como ‘Operación Estrella Solitaria’.

EEUU INMIGRACIÓN
Nueva York, 20 oct (EFE).- Cuatro latinas indocumentadas fueron galardonadas este miércoles por el Instituto Roosevelt por su papel en la creación del Fondo de Trabajadores Excluidos en Nueva York, el más grande en el país, de 2,1 millones de dólares, pensado para ayudar a los inmigrantes indocumentados afectados por la pandemia.

Las mexicanas Sonia Pérez, María Isabel Sierra y Sixta León Barrita, más la colombiana Rubiela Correa, recibieron el galardón “Freedom from Fear” (Libres del miedo) en una ceremonia virtual debido a las restricciones por la pandemia, en esta edición en la que por primera vez se concede el premio a un indocumentado.

Este año, también por primera vez, los premios se centran en un tema de justicia racial.

De acuerdo con el instituto, todas ellas hicieron un “extraordinario sacrificio” al participar en una huelga de hambre este año que consideran fue clave para que la legislatura del estado de Nueva York creara en abril ese fondo para los que habían sido excluidos del estímulo económico federal.

Varios inmigrantes, en su mayoría mujeres, se declararon en una huelga de hambre que mantuvieron durante 23 días, hasta que la legislatura votó a favor del fondo, aunque con una cuantía menor a los 3.500 millones que ellas reclamaban.

Sonia, vendedora ambulante, sirvió champurrado (bebida que se hace en México con atole de maíz y chocolate) a los huelguistas, dirigió reuniones comunitarias y movilizó a la lucha por el fondo a los vendedores de la ciudad.

“Estoy orgullosa de haber luchado por el Fondo, que ha hecho posible para mí y para muchas personas en el estado soñar finalmente con un futuro mejor después de un año de miedo e inmenso dolor, así como sacarnos de la sombra”, indicó Sonia, madre soltera de cuatro hijos y abuela.

El Instituto Roosevelt, que promueve el legado y los valores del presidente Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), otorga los premios Four Freedom (Cuatro Libertades), basado en los principios que señaló como esenciales para la democracia en un mensaje en 1941 ante el Congreso: libertad de expresión, libertad de culto, libertad a vivir sin miseria y libertad a vivir sin miedo.

El fondo creado por las cuatro mujeres “ayudó a corregir una injusticia histórica”, afirmó Sixta León, trabajadora doméstica que estuvo 21 días en la huelga, durante los cuales recogió botellas recicladas para ayudarse a sufragar los gastos de su hogar.

Mientras que Correa, que estuvo los 23 días en la huelga, aseguró: “fue un honor luchar no solo por mi dignidad, sino también por la de los demás”.

Para María Isabel Sierra, cuya solicitud de ayuda aún no ha sido aprobada, el fondo “es más que dinero”: “es un reconocimiento a nuestra dignidad y las contribuciones que hemos hecho a este país”, afirmó.

Los trabajadores están luchando por 3.000 millones adicionales para el programa en el presupuesto estatal del próximo año ya que muchos trabajadores han quedado fuera de las ayudas al agotarse el dinero.

El instituto entregó el premio a la libertad de expresión el pasado 13 de octubre a la periodista del New York Times Nikole Hannah-Jones y el de libertad de culto al senador federal por Georgia Raphael Warnock.

El próximo 27 de octubre entregará de forma póstuma la medalla de la libertad al activista por los derechos civiles Fred T. Kaorematsu (1919-2005), que recibirá su hija Karen Korematsu.

Estos premios, presentados por primera vez en 1982 en el centenario del nacimiento de Roosevelt, se han otorgado a personalidades como Jimmy Carter, Nelson Mandela, el Dalai Lama, Coretta Scott King, viuda de Martin Luther King y la jueza del Tribunal Supremo del país, Ruth Bader Ginsburg (1933-2020), entre otros.

21 oct (Reuters) – Los funcionarios estadounidenses de asilo han documentado decenas de incidentes desde 2016 de inmigrantes que alegan que agentes fronterizos abusaron físicamente de ellos tras ser detenidos en la frontera de Estados Unidos, según registros obtenidos por Human Rights Watch y publicados el jueves.

La organización sin ánimo de lucro con sede en Nueva York presentó una demanda por copias de informes internos presentados por los funcionarios de asilo estadounidenses por supuestas malas conductas cometidas por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

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Los registros, que también incluían denuncias de abuso verbal y violaciones de los derechos legales de los inmigrantes, estaban muy editados, pero abarcan desde 2016 hasta 2021, en tres administraciones con enfoques variados sobre la política migratoria.

Según la ley migratoria estadounidense, las personas arrestadas por agentes fronterizos son remitidos a una entrevista con funcionarios de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) si expresan temor de regresar a sus países de origen.

Fue durante esas entrevistas que los inmigrantes mencionaron descripciones de abuso verbal y físico por parte de agentes fronterizos estadounidenses, según los registros.

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, la mayoría de los inmigrantes han sido expulsados ​​sin tener la oportunidad de solicitar asilo.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa tanto al CBP como al USCIS, dijo que la agencia “no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta”. Desde que Joe Biden asumió el cargo en enero, la agencia ha comenzado una revisión interna sobre el uso de la fuerza, así como “para identificar y terminar con los prejuicios intolerables”, agregó.

Según un informe interno de 2017, una mujer cuya nacionalidad está censurada dijo a un oficial de asilo que un agente de la patrulla fronteriza la tiró al suelo varias veces, le hizo sangre y le dio un rodillazo en la parte inferior de la pelvis.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 1.7 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal 2021, que terminó en septiembre, el nivel más alto jamás registrado, según datos obtenidos por The Washington Post.

Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) muestran que las detenciones se dispararon después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, según el medio.

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“A medida que aumentaron los arrestos de CBP la primavera pasada, Biden describió el aumento como consistente con las normas históricas estacionales. Pero los meses de mayor actividad se produjeron durante el sofocante calor de julio y agosto, cuando más de 200,000 migrantes fueron detenidos”, señala el medio.

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Alrededor del 61 por ciento de los 1.7 millones de detenciones han terminado en una deportación exprés gracias a una ley que la Administración Trump activó al iniciar la pandemia, conocida como Título 42, que permite saltar los protocolos normales, según el Post.

Lea también: Preguntas y respuestas sobre la reapertura fronteriza

Se prevé que la agencia dé esta semana las cifras oficiales adelantadas por el medio.

La Administración de Biden han señalado como causa del aumento las dificultades económicas desatadas por la pandemia en Latinoamérica, aunque, según el Post, muchos migrantes también han dicho que se arriesgaron a realizar el viaje ante la promesa del presidente demócrata de ser más abierto a la recepción de migrantes.

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La organización Human Rights Watch reveló los resultados de una acuciosa investigación obtenida a través de una solicitud de registros públicos de las corporaciones de Inmigración que custodian la frontera. A través de 160 informes presentados por funcionarios federales de asilo entre 2016 a 2021, se transmiten los detalles del abuso que los solicitantes de asilo describieron haber experimentado durante las interacciones con los funcionarios fronterizos y mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades de Inmigración.

Además de dichas denuncias por abuso físico, emocional y sexual, los migrantes dijeron en algunos de los informes que “no se les preguntó siquiera si temían persecución” ni les dijeron que no podían solicitar asilo, sino que “fueron presionados con amenazas para firmar documentos y, en algunos casos sus documentos fueron destruídos por los agentes fronterizos, reporta The New York Times.

Durante la administración pasada esta práctica se consideraban “lo normal”, dice la fuente, y con la llegada del nuevo gobierno se han emprendido esfuerzos por desarraigar esta cultura racista y violenta que denigra la humanidad de los inmigrantes, particularmente sin son personas pobres y de color.

De hecho, en un informe preparado por un oficial de asilo, de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), el oficial escribió que “amenazar con violar a una persona por negarse a firmar documentos es un grave delito”. Y tras pedir disculpas al migrante ofendido el oficial recordó haberle dicho que el trato violento que recibió, “No debería haber ocurrido”.

Los relatos de los inmigrantes entrevistados a cerca del despectivo trato que recibieron de los agentes de Inmigración son variados. Por ejemplo, una migrante reportó que en abril de 2017 intentó huir de un agente de la Patrulla Fronteriza, pero “me atrapó y me tiró al suelo de una manera muy agresiva. Y me levantó tres o cuatro veces y siguió tirándome al suelo”. Luego la mujer dijo que el oficial “también me agarró por el cabello y me pateó en el pecho y en la parte inferior de la pelvis”, provocando que sangrara.

En los informes presentados por los oficiales de asilo, los migrantes describieron ser llamados “cerdos”, “manadas de animales” y un “parásito”. “Te tratan como si fueras un inútil, como si no fueras un humano”; también les dicen, “salvajes asesinos sin sentido”, “infrahumanos” e “indignos de ser encendidos por el fuego”.

La fuente señala además que entre los 160 informes presentados por funcionarios federales de asilo, de 2016 a 2021, se cubrieron con tinta muchos otros detalles, incluidas fechas y ubicaciones de los “asaltos”. Si bien las quejas se basan principalmente en interacciones que tuvieron lugar durante la administración Trump, “las escenas del mes pasado de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo en Del Rio, Texas, acorralando a los inmigrantes negros con sus riendas han renovado el enfoque en años de quejas sobre el trato inhumano hacia los inmigrantes indocumentados”.

Marsha Espinosa, portavoz del DHS dijo en un comunicado el miércoles por la noche que “El departamento no tolera ninguna forma de abuso o mala conducta… bajo el liderazgo del Secretario, Alejandro N. Mayorkas; el departamento esta realizando revisiones internas para identificar y acabar con los prejuicios intolerables y reformar sus políticas y capacitación”. Y dijo también haber emitido memorandos sobre “la necesidad de respetar la dignidad de cada individuo, luchar contra la discriminación y salvaguardar los derechos y las libertades civiles”.

Por su parte, el presidente Biden prometió públicamente que los agentes de la Patrulla Fronteriza capturados en cámara en Del Río “pagarán por su comportamiento”. La fuente afirma que está llevando a cabo una investigación interna sobre esas acciones, y que los funcionarios de la administración de Biden han prometido compartir públicamente los hallazgos. Pero como es sabido, en el pasado ha habido poca transparencia sobre tales investigaciones o medidas disciplinarias.

Chris Magnus, el designado de Biden como director de Aduanas y Protección Fronteriza, durante su audiencia de confirmación este martes prometió a los legisladores que hablaría sobre la investigación de Del Rio. “Tengo una larga historia de transparencia y de compartir cosas con el público, sea cual sea el resultado, porque creo que así es como se mantiene y se genera la confianza”.

Según datos de Inmigración, “de 2016 a 2020 hubo 409 mil referencias para entrevistas de miedo creíbles con oficiales de asilo”. Y en una solicitud posterior, Human Rights Watch “descubrió que de más de 2 mil denuncias de mala conducta por parte de funcionarios fronterizos fueron presentadas entre 2012 y 2015; y más del 95 por ciento de esos casos terminaron sin acción contra el acusado.

Las denuncias solicitadas por Human Rights Watch se enviaron al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, pero no ha recibido respuesta. Pero el abogado de asilo Mathew Bowen declaró a la fuente que las opiniones de uno de sus clientes eran “comunes en todo el sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza… Es parte de la cultura de la agencia”, concluye la fuente■

El Gobierno de Estados Unidos registró en el año fiscal 2021 —que terminó en septiembre— más de 1,7 millones de personas detenidas, según datos de la Patrulla Fronteriza publicados por The Washington Post. La mayoría de los migrantes detenidos son mexicanos (608.000) y el segundo grupo más grande (367.000) está compuesto de haitianos, venezolanos, ecuatorianos, brasileños y cubanos. El período del año con más detenciones fueron julio y agosto, con más de 200.000 migrantes arrestados por la Patrulla Fronteriza.

Un grupo de jornaleros afinaba esta semana los últimos detalles para enviar un camión cargado de alimentos y productos de primera necesidad a la comunidad inmigrante de Nueva Orleans, ubicada en el estado de Louisiana.

La ayuda va directamente a las familias inmigrantes que fueron afectadas tras el huracán Ida que devastó el área en septiembre pasado y quienes hasta el momento no han recibido ayuda del gobierno federal.

Entre los ayudantes voluntarios para empaquetar los víveres estaba José Sevilla, un hondureño quien originalmente emigró al estado de Kansas, pero hace tres años se mudó a Los Ángeles.

“Cuando vine, vi este lugar y aquí me ayudaron mucho.Ahora estoy poniendo mi granito de arena para ayudar a otros”, expresó.

El trabajo está siendo realizado por el proyecto Mano a Mano de la Red Nacional de Jornaleros Organizados (NDLON), que comenzó durante la pandemia para ayudar a trabajadores afectados con despensas de comida, en asociación con la organización No Kid Hungry y otras entidades locales.

Nancy Torres, supervisora de Mano a Mano, dijo que es común ver que la comunidad latina e inmigrante es quien usualmente se queda fuera de la ayuda necesaria.

“Desafortunadamente muchos de nuestros trabajadores no pueden beneficiarse de la ayuda gubernamental disponible”, dijo Torres.

Añadió que se estarán enviando más de 1,000 cajas de alimentos para entregar a las familias necesitadas. Cada caja puede durarle a una familia de cuatro hasta por un mes.

Las despensas serán entregadas con la ayuda de organizaciones locales Familias Unidas y El Congreso de Jornaleros, ambas miembros de NDLON. No obstante, los activistas pro-inmigrantes y organizadores aseguraron que la ayuda no termina con la entrega de alimentos.

Un grupo de entrenadores de NDLON llegará este sábado para comenzar a organizar un entrenamiento básico de las leyes de seguridad en el trabajo conocido como Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

Cal Soto, abogado y director de derechos laborales de NDLON, dijo que llegarán para entregar las despensas—al mismo tiempo en que llegará el camión—y luego comenzarán el dar informacción a trabajadores que se quieran capacitar.

El abogado indicó que, con el proceso de reconstrucción de la ciudad, la mano de obra inmigrante ha sido visible de gran manera, sin embargo, los trabajadores no están recibiendo la protección necesaria en el trabajo.

“Nosotros vamos con equipo de jornaleros que tienen su certificación de entrenamiento OSHA 10, es el entrenamiento básico de OSHA para que puedan recibir [su certificación]”, dijo Soto. El entrenamiento de 10 horas será realizado en un periodo de dos días.

Además, agregó que se encargará de dar entrenamientos en derechos laborales, como por ejemplo hacerles saber qué deben hacer los trabajadores si no reciben su pago o si son discriminados.

“Ellos sí tienen derechos y si encontramos casos graves yo los voy a tomar”, dijo Soto.

El alcalde de Pasadena Víctor M. Gordo, agradeció la ayuda desinteresada de los jornaleros, quienes también están en necesidad, pero entienden el valor de la compasión y el compartir.

“Esto está realizado por trabajadores que han sufrido por sus familias y han tenido que trabajar en medio de la pandemia”, indicó.

“Eso dice mucho de estos trabajadores, demuestra que su corazón va más allá de sus propias necesidades y saben sobre las necesidades que tienen otros que tal vez están en peores condiciones”.

MIAMI – Las cifras de arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal cifras nunca vistas hasta ahora, con más 1.7 millones de detenidos, informó este miércoles el diario “The Washington Post”.

El año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre, superó de largo la cifra más alta registrada en los últimos años, cuando cerca de 977,000 inmigrantes fueron interceptados en el año fiscal 2019, y la cifra es más de tres veces superior que la media de la última década.

“The Washington Post” tuvo acceso a las cifras antes de ser publicadas oficialmente por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que, a la espera de contar el último mes, reporta que de octubre de 2020 a agosto pasado más de 1,5 millones de personas habían sido registradas por las autoridades migratorias estadounidenses.

De esa cifra, y en el mismo periodo, más de 930,000 personas fueron, sin embargo, expulsadas del país casi de manera inmediata gracias a que está en vigor una medida sanitaria denominada Título 42, que permite devolver a México a la gran mayoría de los inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan al país con la incidencia de la covid-19 como argumento.

El incremento en esa llegada de inmigrantes se inició en mayo de 2020, después del frenazo registrado debido a la pandemia de coronavirus y todavía con el ahora expresidente Donald Trump todavía en el poder.

Pero la cifra se desbocó a partir de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero pasado, provocando una crisis migratoria en la frontera que puso en entredicho la táctica del mandatario demócrata de ofrecer una política migratoria más “humana”.

La masiva llegada de inmigrantes ha puesto en serios aprietos al gobierno y desatado una ola de críticas de los republicanos, que reprochan a los demócratas que se hayan suspendido medidas de Trump que, en su opinión, tenían la inmigración bajo control.

Si en enero la cifra de inmigrantes interceptados fue de unos 78,000, julio rompió todos los datos históricos de más de dos décadas y se disparó a más 213,000, cifra que se mantuvo similar en agosto pasado, con 208,000, aunque representó el primer descenso desde mayo de 2020.

Con todo, los defensores de los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo están muy decepcionados con la actuación del gobierno de Biden por mantener en pie el polémico Título 42, aplicado por Trump en marzo de 2020 en su intento de sellar la frontera con México.

Y también por no hacer, en su opinión, lo suficiente para tumbar de manera definitiva el programa Protocolos de Protección al Migrante (MPP), también conocido como “Quédate en México”, que ha obligado a unos 70,000 solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en EE.UU.

Biden cerró el programa nada más llegar al poder, pero un juez ordenó hace dos meses que se restableciera alegando deficiencias de procedimiento.

Y el gobierno anunció recientemente que volverá a instaurarlo en noviembre, algo que los activistas consideran una “traición” porque, a su parecer, la Casa Blanca tuvo tiempo suficiente para corregir los problemas apuntados por el magistrado e impedir que MPP volviera a aplicarse en una frontera con más inmigrantes desde que hay datos.

Líderes proinmigrantes aumentaron la presión a congresistas demócratas latinos para que voten no por el plan de infraestructura económica del presidente Joe Biden, si no se incluye la reforma migratoria en el proceso de reconciliación.

“Nos sentimos avergonzados de los políticos latinos que dicen representarnos”, reclamó Francis García, hondureña frente a las oficinas del congresista Tony Cárdenas.

“Dejen de ser cobardes; no van a jugar con nuestra dignidad”, añadió la mujer amparada con TPS. Ella viajó desde Las Vegas para participar en la manifestación en Panorama City.

Los manifestantes de la Alianza Nacional TPS quieren que los congresistas rechacen la opinión de la parlamentaria Elizabeth MacDonough, quien dijo que los demócratas no pueden utilizar el paquete económico de $ 3.5 billones para dar a los inmigrantes la oportunidad de naturalizarse.

Lupe Gómez, de la Federación de Clubes Zacatecanos. (Jorge Macías)
Después de visitar a Cárdenas, quien no se ha comprometido públicamente a respaldarlos, visitaron las oficinas del congresista Jimmy Gómez en Los Ángeles, quien se comprometió en un video a no votar por el plan de Biden si no se incluye la reforma migratoria en el proceso de reconciliación del plan.

Hasta ahora solamente se han comprometido Lou Correa (D-California) y Jimmy Gómez (California), Jesús “Chuy” García (D-Illinois) y Adriano Espaillat (D-Nueva York). Sin respuesta se quedaron ante los congresistas Raúl Ruiz, Norma Torres, Lucille Roybal-Allard y Tony Cárdenas.

“Que den la cara y que saquen la cara por los latinos y cumplan su promesa”, dijo Francis. “Si no tienen tiempo para nosotros, vamos a demostrarles que el poder del voto lo tenemos nosotros”.

“Estamos decepcionadas con los congresistas hispanos”: Yenny Mejía (i). (Jorge Macías)
“Retórica vacía”

Verónica Lagunas, salvadoreña con TPS reclamó que los miembros del Caucus Hispano no han demostrado el mismo nivel de liderazgo que los senadores demócratas Kyrsten Sinema y Joe Manchin. Ambos han estado en el centro de la batalla por bloquear el plan económico de Biden, presionando por un paquete de red de seguridad más amplio.

“Los discursos con retorica vacía agradeciendo simplemente a los inmigrantes no son suficientes en este momento crítico de la historia”, dijo Lagunas, quien vive en el Valle de San Fernando.

“Siguiendo al presidente más antiinmigrante de la historia [Donald Trump], durante una pandemia los inmigrantes están trabajando hasta la muerte sin derechos y es crucial que ustedes hagan más”.

La Alianza Nacional del TPS lanzó una petición en línea preguntando al Caucus Hispano, en la que requieren que el congresista Ruiz y sus homólogos que se unan a la posición oficial de los legisladores “Chuy” García, Lou Correa, Adriano Espaillat y Jimmy Gómez, y voten “No” a cualquier reconciliación final del plan económico de Biden que no incluya la legalización de las familias inmigrantes. La petición se encuentra en este enlace.

“La traición no se ha consumado”

Antes que los miembros de la Alianza Nacional del TPS, diversos activistas angelinos proinmigrantes fustigaron al congresista Jimmy Gómez, tocaron a las puertas de sus oficinas, una representante blanca y un hispano salieron a hablar con ellos brevemente, pero después los dejaron esperando 45 minutos y ya no volvieron a salir.

Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de One Stop Immigration, dijo a La Opinión que, “no hay traición todavía de parte de muchos de nuestros representantes”.

Sin embargo, consideró que “es una inconsciencia que estén jugando con la vida de 11 millones de personas “cuando hablamos de una reforma migratoria”.

Añadió que muchos representantes de California en el Congreso han adoptado que “si nos dan circo, maroma y teatro, ahí se va a quedar todo; pero no, tenemos la opción de no votar más por los demócratas o no votar ya”.

‘Congresistas: escuchen a su pueblo’

Lilia García, una mujer mexicana de Morelos, miembro de la organización La Hermandad — Centro Juvenil Hank Lacayo en Oxnard, California, dio a conocer que, aunque ella es ciudadana estadounidense, tiene muchos familiares indocumentados.

“Yo le pido a los congresistas que escuchen a su pueblo”, dijo.

Ella lucha, además, por su amiga Yenny Mejía, una mujer hondureña de 37 años que es indocumentada.

“La reforma migratoria es necesaria ya”, dijo Yenny. “No podemos salir de este país y seguimos viviendo en las sombras”.

Al cierre de edición los congresistas Lou Correa y Jimmy Gómez no respondieron a las preguntas de La Opinión, incluyendo si la comunidad latina representaba para ellos una prioridad secundaria a los intereses políticos.

El Congreso se encuentra en la recta final de las negociaciones para incluir una vía a la ciudadanía dentro del paquete de infraestructura y millones de inmigrantes indocumentados ponen su esperanza en las decisiones que tomen los legisladores.

Docenas de empleadores han optado por buscar personal para sus empresas fuera de los EEUU, muchos ven las visas temporales de trabajo como la mejor solución a la crisis de falta de trabajadores.

Los demócratas del Senado trabajan en los detalles del Plan C de inmigración, con el que buscan brindar protección y alternativas a millones de indocumentados en el país. Lia Parada, directora de asuntos legislativos de la organización HUB, habló sobre el permiso de trabajo propuesto en el proyecto. “Sería para personas que han estado en los Estados Unidos desde el 2010 y sería un permiso de cinco años que se puede renovar”, afirmó.

El gobierno del expresidente Donald Trump impuso a los jueces de inmigración una cuota de 700 casos por resolver cada año. Sin embargo, el departamento de justicia anunció que esto ya no será así y que “la nueva actuación se enfocará en el equilibrio y la equidad para los diferentes tipos de casos”. Sobre esto, la abogada Julia Toro afirmó que este cambio “aumenta la posibilidad de que el debido proceso sea más solido para los migrantes”. Más noticias aquí.

Las demoras del gobierno en expedir número ITIN ha provocado que muchas familias elegibles en el país no hayan podido acceder o reclamar el auxilio federal. Organizaciones proinmigrantes aseguran recibir a diario quejas al respecto, mientras que IRS argumenta que los retrasos se deben a la pandemia del coronavirus. Más noticias aquí.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que con este documento las personas repatriadas, además, tendrán la oportunidad de abrir una cuenta bancaria e inscribirse en diversos programas. El certificado CURP, como fue denominado, tendrá una vigencia de 180 días y podrá ser tramitado por refugiados inmigrantes que se encuentren legalmente en México. Más noticias aquí.

Armand Eckert has spent the last week catching up on work at the family farm in southern Idaho, since heavy rains set them behind on harvesting this year’s sugar beets.

Now, they race against time — and the weather — to get the sugar beets out of the muddy field.

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Eckert, 71, who’s been in the family farming business since 1955, said he wouldn’t be able to do the work without the migrant workers he employs each year — who usually arrive around March and leave in mid-November.

Most of the workers come from Mexico on what’s known as H-2A visas. It’s a seasonal guest worker program for agriculture work in the US that was set up by the government in 1986 to help tackle the domestic agricultural worker shortage.

For decades, Eckert said he hasn’t been able to find local workers to fill the jobs.

Some rural areas in the US are facing an agricultural labor shortage made worse by the ongoing pandemic. More farmers are hiring seasonal foreign workers each year — they say that immigration and guest worker visa reforms are their only hope for survival. But the migrant workers behind these jobs want lawmakers and employers to consider their experiences, too, before making any sweeping changes.

“I don’t know what we would do if we didn’t have the H-2A program. There’s just no one out there that wants to do that kind of work, regardless of the wage.”

Armand Eckert, farmer, southern Idaho
“I don’t know what we would do if we didn’t have the H-2A program. There’s just no one out there that wants to do that kind of work, regardless of the wage,” Eckert said.

Other farmers are facing a similar struggle, said Allison Crittenden, director of congressional relations with the American Farm Bureau Federation — a group representing farmers.

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“To put it in perspective, just 10 years ago, there were somewhere around 60,000 H-2A workers coming into this country. And now, for this year, we’re on track to exceed 300,000 for the very first time,” she said.

Joel Anderson, executive director of the Snake Rivers Farmers Association in Idaho, is seeing those increases firsthand.

“And so, some of these seasonal jobs that were normally fairly easy to fill over time have become virtually impossible [to fill today],” he said.

The organization helps farmers in more than 15 different states — particularly in the Pacific Northwest region — apply for the H-2A visa program. It’s a process that could start as early as October and go through April, Anderson said. Last year, the organization helped file 850 applications to cover about 5,000 workers — but not all were approved. He expects a similar need for the next fiscal year.

Many farm groups are asking lawmakers to expand the guest worker program so that it now includes nonseasonal work. That is — farmwork that happens year-round, like work at dairy and mushroom farms.

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Rick Naerebout, chief executive of the Idaho Dairymen’s Association, said most in the dairy industry want immigration reform on top of access to the guest worker program. About half of crop farmworkers in the US are undocumented, according to the US Department of Agriculture.

For dairy workers, the numbers are about the same.

“These are individuals typically that have worked a number of years with our dairy producers. They’ve helped us build the industry that we have today, and we want to keep them around.”

Rick Naerebout, Idaho Dairymen’s Association, chief executive
“These are individuals typically that have worked a number of years with our dairy producers,” Naerebout said. “They’ve helped us build the industry that we have today, and we want to keep them around.”

Lawmakers in Congress are considering legalizing those workers as part of the budget reconciliation package, which would also give green cards to thousands of others, including recipients of DACA, or Deferred Action for Childhood Arrivals and Temporary Protected Status. But that plan has stalled in the Senate.

Also under consideration is making the H-2A program affordable. Many farmers who depend on seasonal labor say it’s expensive, since they’re required to provide workers with housing and transportation.

But there are workers’ rights groups worried about what could happen if the program grows.

Workers are often already vulnerable to exploitation, because they’re tied to one employer per season, said Bruce Goldstein, president at Farmworker Justice, a national nonprofit that works on farmworkers’ rights.

“All too often, they’re not paid what they’re told they’re going to be paid,” Goldstein said, “But if they complain, they risk being fired and deported. So, they generally don’t complain and they keep working, and then they go home at the end of the season.”

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That’s what happened to Maritza Pérez, who traveled to the US from Mexico on an H-2A visa in 2018. She was recruited to work on a farm in Alabama. Perez said she faced gender discrimination, wage theft and unsafe working conditions while picking cucumbers and squash during extremely hot and rainy days.

“Our boss wouldn’t give us rain boots when the fields were soaked, ” she said.

And on top of that — not many women get H-2A visas, Pérez said. Most recruiters are looking for men. But when women do get that visa, they typically earn less than men for the same work. Pérez said her boss, who was hired by the rancher to recruit and oversee about 70 migrant workers, would pocket a lot of their money. She complained and was fired.

In early 2021, she and another migrant worker filed a petition to the US under the United States-Mexico-Canada Agreement, asking the government to ensure migrant worker women’s rights to equality and nondiscrimination.

Pérez said she wants workers, especially women, to be treated with respect and have more safety standards in place. She said she’s not against the visa program, but would like to see lawmakers and employers consider workers and their experiences if they’re thinking about revamping the H-2A program.

“The employers benefit from our work and they earn money, and us, too, we also satisfy our needs as workers,” she said. “I think it’s a win-win situation.”

Sen. Bob Menendez, D-N.J., on Wednesday outlined Democrats’ “Plan C” push to include mass amnesty for millions of illegal immigrants in the budget reconciliation bill after prior attempts were rebuffed by the Senate parliamentarian.

Democrats have been trying to include some form of legal status for illegal immigrants in their budget reconciliation bill, which uses the process to avoid a Senate filibuster and pass the legislation with just 50 votes in favor. It could therefore be passed without a single Republican vote.

SENATE PARLIAMENTARIAN RULES AGAINST DEM AMNESTY PUSH IN RECONCILIATION BILL

However, initial attempts to grant a pathway to citizenship for a number of groups of illegal immigrants were shot down by Senate Parliamentarian Elizabeth MacDonough, who said the push involves a “tremendous and enduring policy change that dwarfs its budgetary impact” and is thus inappropriate for a reconciliation bill.

A second effort, involving updating an immigration registry, was also shut down by MacDonough.

On Wednesday, Menendez confirmed to Axios that Democrats are trying again.

This time, they would seek expanded parole powers, which currently are to be used on a case-by-case basis for “urgent humanitarian reasons or significant public benefit” to grant legal status, including work permits, to an estimated 8 million illegal immigrants for up to 10 years.

“We haven’t finalized it yet as we speak, but ‘Plan C’ would probably be a parole option that would give about 8 million of the 11 million undocumented immigrants who meet certain requirements the ability to work lawfully, to have a status that would last five years and would be renewable for another five years, that would protect them from deportation, that would allow them to travel domestically and internationally … that could also potentially gain access to healthcare coverage,” he said.

Menendez said that they were currently in “deep conversations” with immigration advocacy groups to figure out exactly what the presentation to MacDonough will look like.

GOP LAWMAKERS WARN ‘UNCONSTITUTIONAL’ BIDEN ASYLUM RULE WILL FUEL MIGRANT SURGES AT THE BORDER

“I hope she will find her way to say yes this time, but we will not accept no as an answer at the end of the day,” he said.

Menendez pushed hard for a sweeping immigration bill earlier in the year that would grant a pathway to citizenship for millions of illegal immigrants in the country, but it was shot down by a lack of Republican support, as it would have needed 10 senators to beat a filibuster in the typical legislative process.

Republicans are generally opposed to broad amnesty provisions, but even those who had been open to some limited pathways said they wouldn’t consider such a move until the crisis at the southern border has been solved.

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Menendez on Wednesday acknowledged the political realities facing such a push and said that reconciliation is “the only pathway for some broad-based pathway toward some type of status for undocumented immigrants in the country.”

“And without reconciliation and without Republican support in an evenly divided Senate, I don’t see how that pathway would be possible,” he said. “That’s why we’re putting so much effort into this.”

A group of around 40 immigrant advocates gathered outside Harris County Democratic Party headquarters on Wednesday to demand action on immigration reform, which continues to be stalled in Congress.

Activists’ cries for a path to citizenship for immigrants like Dreamers, farm workers and beneficiaries of Temporary Protected States, were met by locked doors at headquarters. The party cited safety issues as to why it did not open the door to protesters.

[PAYWALL]

As Democrats reach to finalize President Biden’s budget, immigration activists are warning they will not be left behind, demanding that a clear pathway to citizenship for illegal immigrants be part of the bill.

The League of United Latin American Citizens said President Biden has promised citizenship rights and anything less than that “is no deal.” LULAC warned of electoral misfortune should Democrats fall short.

“Ignoring our outcry for justice is not acceptable. The Administration should be prepared to face the anger and disappointment of millions of Latinos and the consequences in 2022, which is not far away,” said Domingo Garcia, the group’s national president. “No more empty promises.”

The warning comes as Democrats struggle to figure out what is possible in the massive overhaul of the country’s social welfare programs. Its price tag already has been cut from $3.5 trillion to no more than $2 trillion, and Mr. Biden has seen his plans to tackle climate change in the bill upended.

Now Democrats are trying to figure out what they can do with less money and within the rules of the budget.

Joe Biden blasted by Republicans for rebuffing work rules, means-testing on new entitlement programs
Those budget rules already have blocked two proposals that would have amnestied most illegal immigrants in the country. The Senate’s parliamentarian ruled that granting citizenship was too momentous a policy change to shoehorn into a budget reconciliation package.

Democratic senators are working on a “Plan C” proposal that could grant “parole in place,” a tentative legal status, similar to the current DACA program for illegal immigrant “Dreamers,” which lacks a firm pathway to citizenship.

Immigration groups are debating among themselves over whether that’s acceptable.

LULAC, which bills itself the country’s oldest and largest Latino civil rights group, said the Biden administration needs to tell Congress that citizenship is a must.

“We will not accept anything less,” LULAC CEO Sindy Benavides said Wednesday at a press conference at the U.S. Capitol.

Other activists have been wary of drawing such bright lines and have signaled they might accept the Plan C option of parole.

“A lot of it depends on the details of what the parole language would look like, but we are committed to delivering for people this year,” Lorella Praeli, co-president of Community Change Action, told reporters last week.

Greisa Martinez Rosas, executive director of United We Dream, said they “want as much protection for as many people as possible.”

Activists have told senators not to accept the parliamentarian’s ruling that shot down Democrats’ Plan A, a new pathway to citizenship for perhaps 8 million people, or Plan B, updating the window on an old pathway to citizenship to include most current illegal immigrants.

The activists say the parliamentarian is an adviser to the Senate and senators have the final word. They’ve asked Vice President Kamala Harris to exercise her powers as presiding officer of the chamber to rule that a broad pathway to citizenship does fit within budget rules.

Ms. Harris and the White House have been reluctant to engage in that possibility, and key senators have said overruling the parliamentarian is unlikely.

Sen. Joe Manchin III, the West Virginia Democrat seen as the linchpin of the negotiations, said earlier this month that immigration is likely “too big” for the budget.

There’s pressure on party leaders from the left, though.

At Wednesday’s Capitol Hill press conference, several House Democrats said they have told party leaders their support for the budget package depends on immigration being part of it.

“We have expressed our point of view regarding our votes to leadership,” said Rep. Adriano Espaillat, New York Democrat. “We’re not alone in our thinking that this must happen.”

The proposal to grant only work permits and protection from deportation to some seven to eight million undocumented immigrants is the most recent alternative that the Democrats are trying to include in the Senate’s budget reconciliation, after the rejection of measures that contain a path to citizenship by the body’s own Parlamentarian.

This new hope for immigration, however, encourages moderate expectations, as it only falls within the realm of the probable, not the definitive.

Essentially, the so-called “Plan C” would stop the deportation and grant work permits to people who entered the United States before January 1, 2011. It would be valid for five years and renewable for another five years, for those who comply with the requirements.

But taking stock of this now, in fact, is already a type of torture for millions of human beings who hoped for more from the beginning. The proposal would snatch the dreams of those who had arrived in the country during the last decade. Dejection, of course, will enter homes like a shadow over everything. Once again.

Still, several questions remain. One of them is whether Plan C will pass muster with the Senate Parliamentarian, who has rejected two previous proposals authorizing a path to citizenship. The third time’s the charm, they say, but given the prior rejection of undocumented immigrants by this one person in a democracy, we don’t hold out too much hope.

From there, the next question is what the Democrats will do if Plan C is also rejected by the Parliamentarian. Will they let the issue die, using the ruling by the Senate’s legal advisor as their excuse? Will they try to advance stand-alone legislation, even if it’s chances for approval may be low, considering the Republican opposition en bloc and the fears of Democrats in vulnerable seats in the runup to the 2022 elections?

Or will President Joe Biden follows the path of Barack Obama and advance some type of protection through an executive order? In this last case—and has been seen in recent years with the Dreamers—the situation has also been a tossup. While it temporarily protected these young people, right now they find themselves in the same immigration limbo that no one would want to go through, especially after having grown up with the idea that this is their country. And it is, by rights.

The reality is that the patience of undocumented immigrants and those who support them has already run out. This November 6 will mark thirty-five years since Republican Ronald Reagan signed the 1986 amnesty, which legalized some three million people. And that, as a political symbol, says a lot. But it seems it has not meant enough for the Democrats, who are now being begged to follow through on their promises, not only with immigrants they claim to defend, but because history will also, of course, talk about them if they don’t achieve all that is possible while they have power.

Therefore, it’s incredible that three and a half decades later, there is still no reform, and the undocumented population has almost quadrupled. Republican obstruction and Democratic promises could fill a book. Both sides have used immigrants as a political football, without achieving a favorable solution for this group of people that is one of the axes of our economy and our daily life, but also thoughtlessly discarded.

Right now, protest marches are being organized in different cities across the country to pressure Democrats to follow through, a symptom that shows immigrants do not have to be “wedded” to empty promises, or electoral calculations that only benefit the political class.

Immigrants are always asked to continue waiting, and those who support them are always asked to keep voting for Democrats, because “then we can do it.” But if things turn out the way they are looking, and not even a work permit is won, the Democrats will once again dust off the same old refrain: “we tried but we couldn’t do it, we’ll do it next time.” What they don’t understand this time, perhaps, is that not only immigrants, but also voters, have a much clearer perspective about politics and the use and abuse of promises to achieve power.

Which brings us to another question: what if the Parliamentarian says yes and the so-called Plan C advances?

It’s to be anticipated that the recriminations will begin: that this would be creating a sort of second class citizenry of people without the right to naturalize and then vote. There will be some who take the position of all or nothing and decide that, without a path to citizenship, temporary protection must be rejected. And the Democrats will blame internal divisions in the pro-reform movement for the plan’s potential failure.

But without a real possibility that true immigration reform with a path to citizenship could progress before the Democrats potentially lose control of Congress and the White House, the question is: what would you do?

Even more, one would have to ask immigrants themselves what they prefer. Temporary protection now, or wait for another opportunity in the future for broadscale immigration reform to concretize?

In that scenario, it’s obvious to say that each case is different, each family has their priorities, each person aspiring to achieve full recognition as a U.S. citizen has and maintains their own dreams. But that’s not what promising to protect eleven million people was about. Now they will have to make new adjustments for their families and communities, starting over once again. And that, on top of being unjust, is simply cruel.

Whatever happens, perhaps this whole process will only serve to teach the Democrats a lesson. Undocumented immigrants and the citizens and legal residents who support them are not pawns in a game of political chess. Democrats have spent decades using them as a political football and asking for their support, formulating empty promises they never deliver. The strategy that says the Republicans are the “villain” of the movie is so tired, because the Democrats—as the “heroes” of this same movie—leave much to be desired. And then they complain about apathy among Latinos who don’t vote or who vote for the other party.

With Donald Trump threatening to run for president in 2024, Democrats have all the more reason to keep their promises. If not, what will be the excuse this time?

A Honduran man seeking a safe haven in the United States said a Border Patrol officer told him that he would not be granted asylum — a determination the officer was not authorized to make — and when the migrant refused to sign paperwork, the officer said he would be sent to jail, where he would be raped.

In a report prepared by an asylum officer at Citizenship and Immigration Services, the officer wrote that threatening rape for refusing to sign paperwork was “a gross violation.”

“I’m really sorry that this happened to you,” the asylum officer recalled telling the man. “It should not have happened.”

In a separate account of misconduct, a migrant told an asylum officer that after she tried to run from a Border Patrol officer along the southwestern border in April 2017, “he caught me and threw me to the ground in a very aggressive way. And he pulled me up three or four times, and kept slamming me on the ground.” She said the officer also grabbed her by the hair and kicked her in the rib cage and lower pelvis, causing her to bleed.

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These and other accounts are among 160 reports filed by federal asylum officers from 2016 to 2021, relaying details of abuse that asylum seekers described experiencing during interactions with border officials and while in U.S. custody. The descriptions, disclosed in response to a public records request made by Human Rights Watch, did not include information about the outcomes of the cases, including whether the complaints were found to have merit. And many other details, including dates and locations, were redacted.

While the complaints are mostly based on interactions that took place during the Trump administration, they come at a time of increased concern about the treatment of migrants by American border and immigration officials. Scenes last month of Border Patrol agents on horseback in Del Rio, Texas, corralling Black migrants with their reins have renewed a focus on years of complaints about inhumane treatment of undocumented immigrants.

“The department does not tolerate any form of abuse or misconduct,” a homeland security spokeswoman, Marsha Espinosa, said in a statement on Wednesday night. Ms. Espinosa said that under the leadership of its secretary, Alejandro N. Mayorkas, the department was conducting internal reviews “to identify and terminate intolerable prejudice and reform its policies and training,” and on the use of force. The agency has also added more personnel to its Office for Civil Rights and Civil Liberties, she said, and has issued memos on “the need to respect the dignity of every individual, fight against discrimination, and safeguard civil rights and civil liberties.”

President Biden has promised that the Border Patrol agents captured on camera in Del Rio would “pay” for their behavior. An internal investigation into their actions is underway, and Biden administration officials have promised to publicly share the findings. But in the past, there has been little transparency about such investigations, or disciplinary measures.

During his confirmation hearing on Tuesday, Mr. Biden’s choice to lead Customs and Border Protection, Chris Magnus, promised lawmakers that he would be forthcoming about the Del Rio investigation.

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“I have a long history of transparency and sharing things with the public, whatever the outcome may be, because I think this is how you sustain and build trust,” said Mr. Magnus, the police chief in Tucson, Ariz. Mr. Magnus has a reputation for changing the culture of law enforcement organizations and said that after Del Rio, “examining tactics and training is certainly appropriate.”

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Chris Magnus, President Biden’s choice to lead Customs and Border Protection, promised lawmakers on Tuesday that he would be forthcoming about the inquiry into the Border Patrol agents on horseback in Del Rio.
Chris Magnus, President Biden’s choice to lead Customs and Border Protection, promised lawmakers on Tuesday that he would be forthcoming about the inquiry into the Border Patrol agents on horseback in Del Rio.Credit…Al Drago for The New York Times
When migrants are caught crossing the border illegally, a Border Patrol officer will detain and question them. Although the policy has changed temporarily during the pandemic, the officers are supposed to ask if the migrants fear persecution or harm in their home country. If migrants express a credible fear about returning, they are placed into immigration court proceedings and eventually interviewed by an asylum officer.

The records obtained by Human Rights Watch are of reports that asylum officers made after hearing allegations of law enforcement misconduct. In addition to complaints about physical, emotional and sexual abuse, migrants said in some of the reports that they were not asked whether they feared persecution; that they were told they could not request asylum; that they were pressured with threats to sign documents; and, in a few cases, that they had their documents torn up by border officers.

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“The documents make clear that reports of grievous C.B.P. abuses — physical and sexual assaults, abusive detention conditions and violations of due process — are an open secret within D.H.S.,” said Clara Long, an associate director at Human Rights Watch, using the abbreviations for Customs and Border Protection and the Department of Homeland Security. “They paint a picture of D.H.S. as an agency that appears to have normalized shocking abuses at the U.S. border.”

The documents also show federal asylum officers apologizing for the treatment asylum seekers faced in U.S. custody. In March 2019, one asylum officer said to an immigrant: “U.S. government officials should not be treating you this way. They should be treating you and anyone else with respect.”

It is not clear how many interviews asylum officers conducted during the period that the more than 160 complaints were reported. According to immigration data, from 2016 to 2020, there were 409,000 referrals for credible fear interviews with asylum officers.

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Similar complaints have been disclosed previously. In 2014, the American Immigration Council obtained records detailing more than 800 complaints against border officials, also through a public records request. In a subsequent request, the organization found that out of more than 2,000 allegations of misconduct by border officials filed from 2012 to 2015, more than 95 percent of the cases ended in no action against the accused.

Around 2013, some of the asylum officers working at Citizenship and Immigration Services reached out to a supervisor to see what could be done about the complaints they were hearing from migrants, a former asylum officer said. The former officer was not authorized to publicly discuss the internal workings of the agency and spoke on the condition of anonymity. The reports from migrants were troubling, the former officer said, and they wanted a formal system to document the complaints.

In 2015, the agency issued a directive to asylum officers to report known or suspected misconduct.

The allegations sought by Human Rights Watch had been sent to the Department of Homeland Security’s inspector general. The group asked the department last month about the outcomes of the complaints, but has not received a response, Ms. Long said.

In the reports filed by asylum officers, migrants described being called “pigs,” “herds of animals” and a “parasite.”

“They treat you like you are worthless, like you are not a human,” one asylum applicant said in September 2018.

Mr. Mayorkas said last month that the images from Del Rio “do not reflect who we are as a department, nor who we are as a country.”

But many immigrant advocates said rough treatment of migrants by Border Patrol agents was par for the course.

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This argument was used in defense of a Border Patrol agent who admitted to deliberately running over a Guatemalan migrant, Antolin Rolando Lopez-Aguilar, in December 2017. A few weeks before the episode, the agent, Matthew Bowen, referred in text messages to immigrants as “mindless murdering savages,” “subhuman” and “unworthy of being kindling for a fire.”

In the court filings, Mr. Bowen’s lawyer argued that his client’s views were “commonplace throughout the Border Patrol’s Tucson sector.”

“It is part of the agency’s culture,” he said.

Former Defense Secretary Mark Esper blocked an idea to send approximately 250,000 troops to the U.S.-Mexico border last year, The New York Times reported Tuesday.

The troops would have consisted of over half of the active U.S. Army and a sixth of all American forces, the newspaper noted.

Stephen Miller, a senior adviser to then-President Trump, urged the Department of Homeland Security (DHS) to develop a plan for sending troops to the border, the newspaper reported. The idea was then relayed to the Defense Department’s Northern Command, which handles military operations in the U.S. and along its borders.

Esper was reportedly enraged by the plan and felt that deploying that many troops would undermine the nation’s military readiness in other parts of the world, people familiar with the conversation told the newspaper.

The Defense chief ended conversations about the deployment after a confrontation with Miller in the Oval Office.

The idea was never officially presented to Trump, who regularly focused on securing the U.S.-Mexico border and curbing illegal immigration during his presidency. However, the newspaper noted that it was brought up in White House meetings on closing the border against illegal immigration.

Esper and Miller both declined to comment to the Times about the deployment idea.

Thousands of troops were deployed to the southern border under the Trump administration.

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Border Patrol arrests at highest level ever: report
In 2018, the administration sent roughly 5,800 troops to the border ahead of an expected caravan of Central American migrants.

That mission was supposed to end in October, but DHS asked the Pentagon in May to extend the mission through fiscal 2022. At the time, 4,000 troops were approved to be stationed at the border.

The Pentagon extended the mission, approving an authorization for up to 3,000 personnel, Pentagon press secretary John Kirby said in July.

Arrests by the Border Patrol are at their highest levels ever, The Washington Post reported early Wednesday, citing unpublished U.S. Customs and Border Protection data.

The data also reportedly show that authorities detained more than 1.7 million migrants along the border during the fiscal year that ended last month.

Migrants from outside Mexico and Central America, including Haitians, Venezuelans, Ecuadorans, Cubans, Brazilians and migrants from dozens of other nations that the CBP categorized as “other,” accounted for 367,000 arrests, according to the Post.

Approximately 309,000 migrants from Honduras were also detained, along with 279,000 from Guatemala and 96,000 from El Salvador.

The Biden administration has increasingly relied on Mexican authorities to stem the flow of migrants headed northward to the U.S. border. But Mexico remained the single largest source of illegal migration during the latest fiscal year, according to the Post, with the Border Patrol arresting more than 608,000 Mexican nationals.

Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said earlier this year that the Border Patrol was likely to see a 20-year high in border crossings.

In August, Mayorkas described the situation as “one of the toughest challenges” the country faces.

“It is complicated, changing and involves vulnerable people at a time of a global pandemic,” he said at the time, the BBC reported.

The number of migrants detained at the US-Mexico border in July crossed 200,000 for the first time in 21 years, government data also showed.

The latest developments come as the Biden administration continues to face pressure over the surge in migrants.

An AP-NORC poll in October found that 35 percent of respondents approved of Biden’s handling of immigration, down from 43 percent in April, when it was already one of his administration’s worst-polling issues.

Despite the soaring number of migrants detained at the border this spring, President Biden said in a press conference in April that the flood of migrants in recent months was consistent with patterns that occur “every single, solitary year” in the winter months.

Customs and Border Patrol did not immediately get back to The Hill’s request for comment on the Post’s report.

US authorities reportedly detained 1.7 million migrants trying to cross the US-Mexico border this fiscal year – marking an all-time high and highlighting the deepening political and humanitarian challenges the Biden administration is facing on immigration.

The figures apply for the 2021 fiscal year, which began last October, and were first reported by the Washington Post, and later confirmed by the Reuters news agency.

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The numbers emerged amid increasing pressure on the administration of President Joe Biden over his handling of the growing number of migrants fleeing political instability, poverty and climate change making their way to the US’s southern border with Mexico.

Earlier in his administration, which began in January, Biden reversed many of the hardline anti-immigration policies of his predecessor, Donald Trump. He promised to put in place a more “humane” approach to immigration policy.

Biden’s Republican rivals have claimed Biden’s more welcoming tone has encouraged increasing numbers of migrants to make the trek to the US-Mexico border. They often refer to the situation at the border as “chaos” and a “crisis”.

Immigration advocates have sharply criticised the Biden administration for its swift expulsions of Haitian asylum seekers [Jose Torres/Reuters]
In a stark example of the developments at the border, last month, nearly 15,000 mostly Haitian asylum seekers crossed the Rio Grande River from Mexico and set up a makeshift camp under an international bridge in Del Rio, Texas hoping to claim asylum.

The Biden administration responded by emptying out the camp and expelling nearly 8,000 – according to a count by rights groups – to Haiti, a nation devastated by political crises and natural disasters. Thousands were released into the US immigration system to await hearings. Thousands of others, fearing deportation, returned to Mexico.

But Mexico has also been conducting deportation flights.

Immigration advocates, as well as Democratic leaders, have slammed Biden for the swift expulsions of many of those migrants back to Haiti, a country they said is rife with dangers and is not equipped to handle deportees.

The administration also launched an investigation into the tactics at the border, after videos and pictures circulated showing patrol agents on horseback using whip-like reins in Del Rio to push back Haitians along the river bank.

Most of the Haitians were returned under “Title 42,” a healthcare restriction used by Trump that Biden has kept in place. The policy was implemented in March 2020 at the beginning of the COVID-19 pandemic in an effort to curb COVID infections and allows most migrants to be quickly expelled without a chance to seek asylum.

Title 42 was invoked by the administration of President Donald Trump, citing the need to protect the US from the further spread of the COVID-19 pandemic [File: Jose Luis Gonzalez/Reuters]
Rights groups have said the measure is not based on science and denies migrants the right to seek protection, in violation of US and international laws.

Title 42 involves quick expulsions and not deportations, meaning US officials do not retain records of those sent back. Many of the arrests this fiscal year are believed to be repeat crossings, with some people expelled to Mexico turning around and trying again.

Meanwhile, a federal court has ordered the Biden administration to reinstate another Trump-era policy known as the Migrant Protection Protocols, or Remain in Mexico, a programme that forced thousands of asylum seekers to wait in Mexico for US immigration court hearings.

The administration said it is taking steps to restart the programme in November, pending agreement from Mexico. The policy was highly problematic as it forced asylum seekers including children to wait for months and even years in dangerous border towns in Mexico where many were subjected to violent assaults, rape and other crimes.

About half of the 53,000 Afghan evacuees brought to the U.S. and living at military installations are children, the Pentagon told lawmakers in a recent letter, underscoring the variety of challenges facing officials trying to resettle Afghans.

The disclosure was the first time the military provided a breakdown of the evacuees and was in an Oct. 8 response by Defense Secretary Lloyd Austin to written questions from Sen. James Inhofe (R., Okla), the ranking member of the Senate Armed Services Committee.

According to the letter, which was viewed by The Wall Street Journal, about 22% of the evacuees at U.S. military bases are female adults and 34% are male adults. Mr. Austin’s numerical breakdown was approximate, with many details left unaddressed.

The letter didn’t address how many of the children were unaccompanied by adult guardians, and Mr. Inhofe didn’t ask. Several hundred unaccompanied children were among evacuees at Ramstein Air Base in Germany, posing a challenge for base officials and aid workers there.

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Mr. Inhofe asked Pentagon officials to provide a breakdown of the 124,000 evacuated during the rushed U.S. exit from Kabul’s airport in August, during the final days of its 20-year war.

Defense Secretary Lloyd Austin wrote that the U.S. helped evacuate ‘thousands of third-country nationals and Afghan civilians’ and ‘tens of thousands of allies and partners.
PHOTO: ANDREW HARNIK/ASSOCIATED PRESS
Of that total, 85%, or 105,400, were Afghans, according to the letter. According to United Nations demographic statistics, 41% of Afghanistan’s population is below the age of 14.

The evacuees are expected to remain at U.S. military installations for months, U.S. officials have said, because it is expected to take that long to resettle Afghans following a measles scare and in the midst of a nationwide housing shortage, in addition to paperwork delays that have slowed the process.

Roughly 6,000 have been resettled in American communities, U.S. officials have said.

The U.S. has yet to provide a complete breakdown of the 124,000 evacuees, including their nationality, gender or immigration status. In his response, Mr. Austin wrote that the U.S. helped evacuate “thousands of third-country nationals and Afghan civilians” and “tens of thousands of allies and partners.”

Nine of the 12 questions posed by Sen. Inhofe required Mr. Austin to provide answers that were classified, based on his responses.

Sen. James Inhofe asked Pentagon officials to provide a breakdown of the 124,000 people evacuated during the rushed U.S. exit from Kabul’s airport.
PHOTO: JOSHUA ROBERTS/REUTERS
“I’m glad we finally have some of the answers my colleagues on the Senate Armed Services Committee and I have been asking, about who we evacuated and how the Department of Defense is supporting these evacuees,” Sen. Inhofe said. “It’s clear the Department faces challenges ahead in this regard, and I intend to watch this process closely”

The U.S. military hasn’t said how much it has spent to house the Afghan evacuees. Earlier this month, it said it spent $447 million on the airlift operation out of Kabul.

Congress allocated $6.3 billion to the resettlement effort in a bill late last month, entitling the Afghans living on U.S. military installations to several months of healthcare and cash assistance to help pay for rent, food and English classes.

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For many Afghan evacuees who are able to board a flight out of Kabul, the long journey to their host countries is just beginning. WSJ’s Michelle Hackman explains the steps in the resettlement process and the challenges as they start new lives. Photo: Jesus Hellan/Zuma Press
The evacuees are staying at eight U.S. military installations, Mr. Austin wrote: Camp Atterbury, Ind.; Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst, N.J.; Holloman Air Force Base, N.M.; Fort Bliss, Texas; Fort Lee, Va.; Fort Pickett, Va.; Marine Corps Base Quantico, Va.; and Fort McCoy, Wis.

In addition, evacuees are staying at U.S. bases in Germany, Spain, Italy and Kosovo. In the Middle East, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain and the United Arab Emirates have provided various types of support, the secretary wrote.

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Mr. Austin also said the U.S. was assessing how much U.S.-provided equipment intended for Afghan security forces starting in 2005 could now be under Taliban control, suggesting that the determination could take years to reach.

“This work entails detailed reviews of many years of DoD records of transactions, reviewing data from Afghan logistic automation systems, cross-checking it with DoD maintenance and contractor records, and overlaying some of this information with data and analysis from the intelligence community,” Mr. Austin wrote.

Colin Kahl, the undersecretary of defense for policy, and Army Lt. Gen. James Mingus, the director of operations at the Joint Staff, are slated to testify before the Senate Armed Services Committee on Tuesday, committee officials said.

Almost half of the Afghans evacuated and brought to the U.S. by the military are children, according to data from the Pentagon provided to Senate Armed Services Committee Ranking Member James Inhofe (R-Okla.).

A largely classified letter shares few new details about the 53,000 Afghans brought to the U.S. during the chaotic evacuation. They are now being housed at various military bases across the country.

But it shows that roughly half of those flown out by the U.S. were children, while adult men comprised 34 percent of those evacuated and adult women 22 percent.

The information was shared as part of a wide-ranging series of questions Inhofe sent the Pentagon.

In the letter, the Defense Department declined to provide a detailed breakdown of the status of the Afghans brought into the U.S., failing to reveal how many who received special immigrant visas after assisting the U.S. military were allowed to enter the country. Many who were evacuated were “paroled” into the U.S., temporarily waiving U.S. immigration laws to allow them to apply for the Priority 1 and Priority 2 programs for other vulnerable Afghans that have yet to be fully established.

“Of the population evacuated … 85 percent included Afghans eligible for a SIV, P1, or P2 refugee status and their family members,” Defense Secretary Lloyd Austin wrote in the letter.

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The letter offers no details about those evacuated who have yet to arrive in the U.S. and was first reported by The Wall Street Journal.

Inhofe said the letter gave “some of the answers my colleagues on the Senate Armed Services Committee and I have been asking for about who we evacuated and how the Department of Defense is supporting these evacuees.”

“It’s clear the Department faces challenges ahead in this regard, and I intend to watch this process closely,” he said in a statement.

The U.S. has begun discharging thousands of Afghan evacuees from military facilities and placing them in communities across the country as part of the new phase of a massive, nationwide resettlement effort, the latest government figures show.

In recent weeks, 6,000 Afghan evacuees have left temporary housing sites at U.S. military installations to start new lives in America with the help of nonprofit refugee resettlement agencies, according to Department of Homeland Security data. Another 3,000 U.S. citizens, green card holders and Afghans with close ties in America have left the facilities on their own.

Nearly 4,000 Afghan evacuees were resettled in U.S. communities during the past week alone.

More than 55,000 Afghans, half of them children, remain at eight U.S. military sites in Indiana, New Jersey, New Mexico, Virginia and Wisconsin. Another 5,000 evacuees housed at overseas military bases are waiting to be placed on U.S.-bound flights, according to the DHS statistics.

The pace of relocations from the military sites has ramped up in recent days after the U.S. completed a campaign to vaccinate evacuees against COVID-19 and other diseases. The number of arrivals has also increased after the U.S. lifted a three-week pause on evacuation flights earlier this month.

More than 10,000 evacuees have arrived in the U.S. since the flights resumed, bringing the total number of people relocated since mid-August to more than 75,000, DHS figures show. Roughly 89% of the evacuees are Afghans, while the rest are U.S. citizens or green card holders.

USA flies Afghans out of Germany
Afghan families walk through the waiting area for departure to the U.S. On the wall of the tent is written “Welcome to the USA.” Boris Roessler/picture alliance via Getty Images
Before the mass evacuations started in August, the U.S. government relocated thousands of Afghans who were determined to be eligible for Special Immigrant Visas because of their assistance to American military forces.

A senior Biden administration official, who requested anonymity to speak freely, said the government is working to process evacuees as quickly as possible, while making case-by-case decisions on which U.S. communities can receive them.

“It’s not easy to move large groups. Our overall goal is to get the balance right here,” the official told CBS News. “We certainly could just move people to a big housing facility somewhere. But we’re really keen to move people to their final resettlement destination and a place that meets the needs of their family.”

Resettlement officials said a major hurdle in getting Afghans out of the military bases more expeditiously is the limited housing in U.S. communities where many of evacuees have family ties, including northern California and the Dallas, Houston and Washington, D.C., suburbs.

“The bottom line is that housing is and will remain a major stumbling block, especially in these preferred destinations,” Erol Kekic, a senior vice president at Church World Service, one of the nine national resettlement agencies, told CBS News.

The administration official acknowledged the housing shortage, saying the government is encouraging evacuees to move to states like Oklahoma, which has offered to subsidize their housing for 18 months. The state is set to host the third-largest number of Afghan arrivals during the first resettlement phase.

Afghan evacuees adjusting to life in U.S. 08:14
The administration has also allowed resettlement groups to place Afghans with family members living in the U.S. and outside the typical 100-mile radius limit from a local resettlement office, the official noted. It is also working to identify short-term housing options in popular destinations.

“It’s not ideal to not put people in their final homes right from the very beginning. But in some of these areas where it’s busier, I think it’s probably better to get them at least off the bases, into some kind of housing. Their kids can be registered in their ultimate school, etcetera,” the official said.

Before boarding flights to the U.S, Afghans have been subjected to biometric and biographic security screenings conducted by multiple law enforcement and intelligence agencies, including DHS and the FBI.

Flights of Afghan evacuees were suspended in September after several cases of measles were identified among the new arrivals. Before lifting the suspension in early October, the U.S. vaccinated 49,000 Afghans at the military sites against measles, mumps, rubella and varicella.

Under the terms of their entry into the U.S., Afghan evacuees are also legally required to receive vaccines against polio and COVID-19. As of October 15, approximately 98% of the evacuees had received at least one dose of a coronavirus vaccine, according to DHS data.

As part of a pilot program, personnel at the military sites have been asking evacuated Afghans about their skills and education and whether they speak English. Officials are then including their information in a database that prospective employers can use to hire them, the senior Biden administration official said.

Afghan flights halted over measles 05:14
At the military facilities, adult evacuees have access to English classes and children are receiving ad hoc educational services, the administration official said. Evacuated Afghans are also getting help filing immigration paperwork, including applications for asylum and Special Immigrant Visas, the official added.

The Biden administration has determined that at least 50% of the at-risk Afghans relocated to the U.S. are eligible for Special Immigrant Visas because they aided American forces during the 20-year war in Afghanistan, according to the DHS. Special visa holders become permanent U.S. residents.

Those who do not qualify for the special visas — like journalists, activists and humanitarian aid workers — don’t have a pathway to secure permanent U.S. legal status. Unless Congress legalizes them, they will likely have to seek U.S. status though the backlogged asylum system.

Many Afghans evacuated to the U.S. have family members in Afghanistan or in neighboring countries like Pakistan whom they believe could be harmed by the Taliban. Refugee advocates have urged the administration to set up a process for these individuals to request U.S. resettlement.

The senior Biden administration official said the government will try to make parole — a humanitarian process that authorizes the entry of immigrants without visas — available to certain Afghans overseas, particularly immediate family members of evacuees in the U.S.

“Family reunification for children with parents is always going to be an immediate priority,” the official said. “That is one thing we’re looking at parole for.”

According to internal notices sent this month, U.S. Citizenship and Immigration Services employees have been asked to volunteer to help process “an increasing number of requests for parole for Afghan nationals outside the United States.”

Michigan Congresswoman Rashida Tlaib led two dozen other Democrats in sending a letter pressuring U.S. President Joe Biden to take several “concrete, commonsense steps” to aid Afghan evacuees with “their transition into life in the United States.”

About 53,000 Afghans—roughly half of them children—were brought to the United States during an evacuation of American troops earlier this year. In the letter, Taib and the other lawmakers called on the president to:

Waive fees associated with humanitarian parole applications for Afghans;
Provide funds for legal assistance for Afghan evacuees;
Designate Afghans for Temporary Protected Status (TPS) to ensure that all Afghans living in the U.S. are protected against deportation; and
Create an alternative mechanism to allow vulnerable Afghans to apply for humanitarian parole without visiting a U.S. embassy while we lack diplomatic representation in Kabul.
“Historically, humanitarian parole applications are sent to U.S. embassies in the country of the parolee,” but given the situation in Kabul, “Afghan parolees will be forced to take dangerous routes to third countries” to have their applications processed, the lawmakers explain.

The letter also highlights that “Congress recently authorized significant funding for the resettlement of Afghan parolees” and outlines some relevant portions of the Immigration and Nationality Act.

“The United States has long offered shelter to those seeking refuge from catastrophe,” the letter says. “Now is the time to continue this tradition and stand beside the Afghan people in their time of need.”

Democrats’ demands follow Biden ordering all American troops out of Afghanistan by the end of August after nearly 20 years of war. The messy withdrawal—during which the Taliban seized control of the country—included a U.S. airstrike that killed 10 Afghan civilians, which the Pentagon later admitted was a “horrible mistake,” provoking calls for an end to drone attacks.

The Justice Department is ending the use of case quotas for immigration judges that became a point of contention during the Trump administration for undercutting judges’ authority and discretion, according to an email obtained by CNN.

Immigration judges — employees of the Justice Department — are charged with following the policies set by each administration. They ultimately decide cases on whether an immigrant can remain in the United States or will be removed. Judges argued that the quotas valued expediency over due process and was not an appropriate metric to evaluate judges.
There is a 1.5 million-case backlog facing the immigration court system. The suspension of case quotas is unlikely to make a difference in the speed at which judges tackle that backlog.
In 2018, DOJ released new performance metrics for immigration judges that included completing 700 cases per year to be considered “satisfactory.” It also included other numeric benchmarks that had not been used on prior administrations.

The memo, sent to judges Tuesday, is part of a concerted effort by the Biden administration to distance itself from Trump-era immigration policies that drew criticism from immigration judges.
“The Agency is in the process of developing new performance measures, drawing from past successful measures and appropriate input, that will accurately reflect the workload of an immigration judge. These new performance measures will focus on balance and equity for the various types of docket assignments, and we look forward to sharing them with you shortly,” the Tuesday memo reads.
Under the Trump administration, dozens of immigration judges left or moved into new roles in the immigration court system over frustration of policy changes that, they argued, chipped away at their authority. That included case quotas.
“Suspension of the metrics is an excellent first step,” said Mimi Tsankov, president of the National Association of Immigration Judges, the immigration judges’ union. “We now await the opportunity for management to recognize NAIJ and work with us to establish appropriate measures for the agency to assess its productivity and ensure due process for the parties before us and judges themselves.”

A few weeks ago, a group of 10 Republican governors, headed by Texas Gov. Greg Abbott, released a 10-point “Joint Policy Framework on the Border Crisis,” calling on the Biden administration to embrace their recommendations.

Among their proposals, the governors urge the Biden administration to continue to repel immigrants at the southern border on the basis of Title 42 — our public health law; reinstate the Migrant Protection Protocols, which require asylum seekers to return to Mexico to await their court hearings in the U.S.; end the policy of “catch and release” which the Biden administration adopted to allow migrants encountered by U.S. Customs and Border Protection (CBP) at the border to enter the U.S. pending their immigration hearings; resume the deportation of immigrants with any kind of criminal record, no matter how minor, instead of focusing as the Biden administration does now, on dangerous criminals and deploy even more federal law enforcement officers to the border.

Nearly all of the policies advanced by this group belie an anti-immigrant and mean-spirited agenda. If adopted, not only would these policies make our country less welcoming, they would cause untold numbers of unnecessary deaths and make the United States more of a police state and less a civil society.

President Trump invoked Title 42 ostensibly as a mechanism to prevent the spread of COVID into the U.S. This turned out to be a handy way to justify expelling migrants at the southern border. Despite the fact that no president in the history of the United States had ever invoked Title 42 for this purpose, Biden has since followed in Trump’s footsteps with respect to invoking Title 42 as a deportation tool.

But there is no reliable data to support the government’s contention that immigrants crossing into the U.S. from Mexico are a public health threat to the U.S. The rates of migrants who test positive for COVID are low, and even for those who do test positive, we can quarantine them at the border. We can also easily vaccinate them. The head of the Centers for Disease Control and Prevention has made it very clear that the biggest threat to the public health of U.S. citizens relative to COVID, is the vast numbers of American citizens who are refusing to be vaccinated, putting everyone else at risk, not the migrants seeking to enter the U.S. from Mexico.

Further, the use of Title 42 to expel migrants arguably is illegal. It violates U.S. asylum law, which guarantees those fleeing persecution the right to request asylum from the U.S. and have their requests adjudicated. In addition, there is no language in the public health statute that explicitly gives the U.S. government the right to deport immigrants. This hotly contested issue is playing out in the federal courts and likely will wind up at the Supreme Court.

The Trump administration came up with the extremely inaptly named “Migrant Protection Protocols” (MPP) (also known as the “Remain in Mexico” policy). This inhumane approach to vulnerable people fleeing for their very lives shocks the conscience and violates U.S. asylum law, as well as our international obligations as a signatory to the United Nations Convention on Refugees. But beyond its legal vulnerabilities, the entire idea of forcing vulnerable asylum seekers to wait in Mexico for months in extremely dangerous conditions for future “to-be-scheduled” asylum hearings, is morally reprehensible. The Biden administration was absolutely right to end that heartless, horrific practice. This issue also is in the throes of litigation, as a federal court in Texas has ordered the Biden administration to reinstate this abhorrent policy and the Supreme Court declined to block the order.

There is absolutely no justification for detaining most immigrants in prisons, jails and detention centers. A large percentage of detained immigrants never committed a crime. Studies show that the vast majority of immigrants who are released attend their immigration hearings. And if there is any doubt about whether particular individuals will attend, Immigrations and Customs Enforcement has the ability to impose monitoring devices such as ankle bracelets to keep track of them.

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The recommendations to end catch and release and to flatly increase deportations without prioritizing or differentiating between an immigrant who was arrested for driving with an expired registration and one who was convicted of a violent crime reveals a punitive, enforcement-only mindset. If adopted, these policies would further fuel the ramp-up in large-scale immigration detentions that started growing exponentially over the last 10 years when Congress started providing ICE with increased funding for immigration detention. It’s become a circular problem: Each year when it receives its appropriations, ICE has to use its funding to fill beds in prisons and detention centers with immigrants. So it does. Where is the empathy, and the recognition that so many immigrants detained in this enforcement net have never committed a crime at all or have extremely minor misdemeanor records?

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Finally, we don’t need more law enforcement officers at the southern border. We need a constructive, collaborative and coordinated approach, with jurisdiction and responsibilities shared between properly trained U.S. Citizenship and Immigration Services, CBP, Health and Human Services and Department of State employees, who together must address the myriad legal and humanitarian needs of the migrants seeking to enter our country.

It’s time to move beyond a punitive, anti-immigrant, enforcement-oriented immigration agenda, and to put ourselves into these immigrants’ shoes. For U.S. immigration policy to be fair and just, we must uphold our laws, stop branding and treating immigrants as criminals and reset the moral compass of our U.S. immigration agenda.

Susan J. Cohen is an award-winning attorney, founding chair of Mintz Immigration Practice and author of the new book, “Journeys From There to Here: Stories of Immigrant Trials, Triumphs and Contributions.” In 2017, Cohen worked with the ACLU of Massachusetts to secure a temporary restraining order on President Trump’s travel ban. Opinions expressed in this piece are Cohen’s and do not represent those of the Mintz Firm.

On Oct. 12, Department of Homeland Security (DHS) announced that ICE will no longer conduct mass worksite raids. These resource-intensive operations have resulted in the simultaneous arrest of hundreds of undocumented immigrant workers — and they have been used as a tool by exploitative employers to suppress and retaliate against undocumented workers who report labor law violations.

DHS Secretary Alejandro Mayorkas outlined the new strategy in a worksite enforcement memorandum. ICE will focus its worksite enforcement operations on unscrupulous employers who exploit the vulnerability of undocumented workers. These employers engage in illegal acts ranging from paying substandard wages to imposing unsafe working conditions and facilitating human trafficking.

Moreover, by exploiting undocumented workers and paying them substandard wages, these employers unfairly drive down their costs and disadvantage their business competitors who abide by the law.

To achieve these goals, DHS will adopt policies to facilitate the efforts of the Department of Labor (DOL) and other agencies to enforce wage protections, workplace safety, labor rights, and other labor laws and standards.

This may help DOL, but not as much as additional funding from Congress to cover the cost of expanding its enforcement operations in the industries known to hire large numbers of undocumented immigrants.

Are undocumented immigrant workers safer now?

The National Immigration Law Center believes that ending mass worksite raids will eliminate the fear undocumented workers have of being arrested by ICE during a worksite raid.

The American Immigration Council, agrees. They view the worksite strategy memorandum as an important first step toward lifting the threat of deportation for exploited workers.

But the Biden administration has never permitted ICE to arrest undocumented workers during worksite raids.

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Within a few hours of being sworn in, Biden had his acting DHS secretary issue an interim enforcement guidelines memorandum that restricted immigration enforcement actions to aliens who pose a threat to national security, public safety, or border security. And undocumented immigrants who work without authorization aren’t in any of those categories.

Secretary Mayorkas finalized these guidelines in a second enforcement memorandum entitled, “Guidelines for the Enforcement of Civil Immigration Law,” that he issued two weeks before ending mass worksite raids.

This memorandum made enforcement decisions even more difficult by requiring that they must be based on “an assessment of the individual and the totality of the facts and circumstances.” This has to include consideration of aggravating factors that militate in favor of the enforcement and mitigating factors that militate in favor of declining enforcement action.

It isn’t possible to make such an assessment of undocumented employees during a worksite raid. The information needed simply isn’t available.

In fact, the memorandum ending mass worksite raids acknowledges that arrests during a worksite raid would be inconsistent with the final enforcement guidelines.

If worksite arrests were nevertheless being made, DHS could just have taken disciplinary action against the officers who were making the arrests. It was not necessary to end the raids.

The raids are needed to enforce section 1324a of the Immigration and Nationality Act which gives DHS the authority to fine employers who hire foreign employees who do not have work authorization. These provisions were part of an interior enforcement program that was used to get Republican cooperation for the last legalization program, which was established by the Immigration Reform and Control Act of 1986 (IRCA). And I believe that the failure to enforce them fully is at least part of the reason why it has not been possible to get the Republican support for a legalization program since then.

In any case, I don’t understand why worksite raids were ended with a public announcement. It eliminated whatever uncertainty undocumented workers might have had regarding the likelihood of being arrested at worksites. This will only make the job magnet that draws undocumented workers to the United States even stronger than it already was.

Protecting undocumented workers who report labor law violations

The worksite enforcement memorandum also requires the development of a plan to alleviate or mitigate the fear undocumented workers have of being turned in to ICE if they report unfair labor practices.

This concern is covered in a memorandum of understanding (MOU) between DHS and DOL. ICE agreed to be alert to — and thwart — attempts to manipulate its worksite enforcement activities for illicit or improper purposes, and DOL agreed to report information it gets about such attempts to ICE.

It probably isn’t possible to stop disgruntled employees or unscrupulous employers from reporting undocumented workers to ICE, but I doubt that ICE acts on such tips. It seems quite unlikely that someone reporting undocumented workers will have the information needed to make the assessment required for initiating an enforcement action.

Assisting DOL with its labor law enforcement operations

The advantage to relying on DOL to go after unscrupulous employers who are exploiting vulnerable employees is that DOL does not need to know the immigration status of foreign workers when it investigates labor law violations.

The laws DOL enforces apply to citizens and undocumented workers alike.

For instance, DOL’s Wage and Hour Division enforces the Fair Labor Standards Act which establishes minimum wage, overtime pay, recordkeeping, and youth employment standards affecting employees in the private sector and in federal, state, and local governments.

In an article we wrote five years ago, former CIS Ombudsman Prakash Khatri and I proposed the creation of a large-scale, nationwide DOL campaign to stop the exploitation of employees in industries known to hire large numbers of undocumented immigrants.

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The fact that DOL would conduct such operations without inquiring about the immigration status of the workers they encounter should avoid criticism from immigrant advocates, who oppose worksite raids because they think that such enforcement operations punish vulnerable undocumented workers and sow fear in immigrant communities. But DOL has no need to inquire about immigration status to enforce the laws on the books — for all workers.

But as I have already indicated, DOL would need additional funding from Congress to conduct such a campaign.

Nolan Rappaport was detailed to the House Judiciary Committee as an executive branch immigration law expert for three years. He subsequently served as an immigration counsel for the Subcommittee on Immigration, Border Security and Claims for four years. Prior to working on the Judiciary Committee, he wrote decisions for the Board of Immigration Appeals for 20 years. Follow his blog at https://nolanrappaport.blogspot.com.

When he was president, Donald Trump was above all an enemy of immigrants: a Mexican-bashing, Muslim-banning, border-wall-building mogul.

Now, Democrats have a chance to be immigrants’ champions. But nine months into the Biden administration, with control of both chambers of Congress, they have yet to protect millions of undocumented people who helped the nation survive the pandemic by harvesting our food, cleaning our hospitals and more.

President Biden promised to “aggressively advocate for legislation that creates a clear road map to legal status and citizenship” for 11 million, acknowledging them as an “essential” part of his “Build Back Better” plan. But his sweeping bill, the U.S. Citizenship Act of 2021, went nowhere.

Since then, Democrats have twice tried to unilaterally add legalization to a huge social spending bill using a streamlined process known as budget reconciliation, which requires a simple majority vote. But Senate parliamentarian Elizabeth MacDonough, an unelected referee, rejected both attempts — deeming that the policy consequences outweigh the budget impacts. Democrats can disregard her nonbinding advice. They can even replace a parliamentarian, as Republicans have done.

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Instead, Democrats are mulling over a third proposal for her review that would only grant immigrants parole — the right to remain temporarily in the country — rather than green cards, which would provide stability and freedom to cross borders. The parole plan would prolong limbo and second-class status for immigrants who have built their lives in this country.

“It’s just complicity at this point,” Marcelo Hernandez Castillo, author of “Children of the Land,” a memoir about growing up in fear of deportation, said of the Democrats’ lackluster performance. “It is not conferring validity to people’s presence. It’s continuing to relegate them to the margins.”

A new Global Strategic Council survey shows that 90% of Democrats and 75% of independents would be “upset” if Democrats fail to pass a path-to-citizenship proposal.

Some Democrats in the House aren’t giving up. Reps. Jesús “Chuy” García (D-Ill.), Lou Correa (D-Santa Ana), and Adriano Espaillat (D-N.Y.) have said they will vote down any budget reconciliation deal on the multitrillion infrastructure package that does not include “common-sense immigration reform.”

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They called on Vice President Kamala Harris to disregard the parliamentarian’s advice while presiding over the Senate. That move would be subject to appeal. Ultimately, the outcome would depend on how many Democrats have the courage to stand up for immigrants.

Correa told me he won’t accept anything short of a pathway to citizenship. He opposes parole, which allows people to be “held hostage” like the Dreamers, whose temporary protections came under attack by Trump. “We’re tired of being political piñatas,” Correa said. He said he’s frustrated with Democrats’ apparent lack of urgency after 35 years of inaction for immigrants. “Why is it that we’re always second or third priority?” he asked.

Espaillat agreed. “It’s now or never,” he told me. But unlike Correa, he said he’d consider temporary parole. García, meanwhile, told me that parole is “a last resort” and that it’s still possible to secure a pathway to citizenship.

California Sen. Alex Padilla, a Democrat, has been the chief advocate for a pathway to citizenship for essential workers, Dreamers and temporary protected status holders. He says they’ve earned green cards — classified as “essential” during the pandemic. Now, he says, “we have to treat them as essential.”

On whether he would reject a reconciliation deal that lacks green cards, he told me: “There are a number of options, and in my opinion, all of those options are still on the table.”

Other advocates argue that the Congressional Hispanic Caucus, chaired by Rep. Raul Ruiz (D-Coachella), should be more aggressive, even linking arms with García, Correa and Espaillat on an ultimatum. Ruiz hasn’t made that commitment but said in a statement: “We are exploring every option available.”

Pablo Alvarado, co-executive director of the National Day Laborer Organizing Network, fears Democrats plan to hide behind the parliamentarian to distract from weak political will. “That’s the way they pass the buck,” he told me. But he’s hoping the Hispanic Caucus will stiffen its resolve.

Pushing hard for immigration reform is both the right thing and the politically strategic thing to do.

If Democrats don’t deliver for immigrants, they could face a crisis of Latino turnout in the midterm. The Latino vote has become crucial in swing counties and helped save Gov. Gavin Newsom from a recent recall election. Latinos are not monolithic, but more than 80% support legalization for the undocumented.

Nothing would energize Latino voters more than a pathway to citizenship for the undocumented. The majority of Latino U.S. citizens live in households with noncitizens. Failing to deliver on this promise would depress turnout and allow Trump to pick up Latino voters by appealing to distrust and disillusionment.

“The Democratic Party has to do something with immigration that will be a major change, where people will actually see the difference,” said José Palma, coordinator of the Massachusetts TPS Committee and an activist from El Salvador.

Palma recalls door-knocking in 2016 for Hillary Clinton in New Hampshire. Many Latinos told him they were skeptical. President Obama had won in 2008 with the slogan “Yes we can,” echoing “Sí se puede,” the mantra of Dolores Huerta, the Latina labor leader. Latinos had shown up to vote for him in historic numbers. But then Obama deported a record 3 million people.

By pandering to xenophobia, Obama reinforced the criminalization of immigration in the American imagination, fueled the GOP’s nativist hysteria and left Latinos feeling betrayed.

If Democrats fail again to act boldly and instead cater to race-baiting, they’ve already lost. We can never nail the coffin on Trumpism without being willing to fight for immigrants. Cowardice will pave the way for a Trump comeback.

The U.S.’s top envoy to Haiti resigned abruptly on Sept. 22 over the Biden administration’s “inhumane” treatment of Haitian migrants crossing the border via Mexico into Texas.

The resignation came amid debate over the U.S. decision to deport thousands of Haitians entering the U.S. in search of asylum or a better life. Criticism over the policy mounted as images of U.S. Border Patrol agents on horseback and carrying whip-like cords while encountering migrants gained widespread media attention and criticism from the White House. Border agents denied using whips on migrants.

Haiti is beset by extraordinarily desperate conditions of political chaos and natural disasters, as well as the COVID-19 pandemic. The assassination of President Jovenel Moïse in July 2021 catapulted the country into political turmoil. The post-assassination power struggle exacerbated pre-existing political violence and dysfunction. Violent gangs, often with ties to the state, are increasingly a threat.

In addition, Haiti suffered a devastating 7.2 magnitude earthquake in August, just two days before being hit directly by tropical storm Grace, with a combined toll of over 2,200 dead, 12,000 injured and hundreds of thousands displaced, many in remote regions that have yet to receive aid. The pandemic has exacerbated these woes. Less than one-half of 1% of the population has received even a first dose of a vaccine.

This has undoubtedly swelled the number of people trying to leave the nation. But many of the migrants arriving in the U.S. last month left Haiti before the recent turmoil. Haitian migrants have been trapped in Mexico for several years under various Trump-era policies that limited, and then eliminated, the possibility for them to request asylum in the United States. At the same time, others who left Haiti in years past for countries in South America have suffered from deep antipathy and racism in their host countries, living in perilous conditions with only precarious legal status at best.

It appears many asylum seekers in Mexico, including Haitians, took heed of Biden’s promises during the presidential election campaign to restore the asylum system. That may have been a factor in their decision to present themselves at the Texas border seeking the protection guaranteed under law for those fleeing persecution.

It should be remembered that the U.S. has long played a role in Haiti’s troubles. When Special Envoy for Haiti Daniel Foote resigned, coverage focused on his protest against what he described as the inhumanity of returning Haitians to a “collapsed state … unable to provide security or basic services.” Overlooked was his equally damning indictment of the U.S. as a puppet master in Haiti’s political breakdown, for example by supporting the unelected prime minister and his political agenda.

Both international and U.S. law recognize the basic human right to seek asylum. The U.S. has ratified two treaties, the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and the 1984 Convention against Torture, which prohibit the U.S. from returning people to countries where they risk persecution or torture. As a practical matter, this means that people must be able to request asylum at the U.S. border, or within U.S. territory, so that they have the opportunity to prove whether or not they fit within the category of persons legally protected from forced return.

This international legal framework has been codified in U.S. law, primarily through the Refugee Act of 1980, along with later statutes and regulations. It is universally acknowledged, including by the Supreme Court, that in passing these laws Congress intended to bring U.S. law into conformity with the United States’ international treaty obligations.

It is entirely legal to approach U.S. borders and request asylum. Statements by the administration that people should not come, that they are doing something illegal when they seek protection and that there is a right way and wrong way to seek asylum are, in my opinion, not only callous and cruel but also false statements of the law.

The White House has asserted that Haitians are not coming into the country through “legal methods,” which would indeed be impossible since all legal methods have been foreclosed to them.

As part of the Trump administration’s dismantling of the asylum system, the White House in March 2020 ordered the Centers for Disease Control and Prevention, over the objections of its own scientists, to use a 1944 public health law known as “Title 42” to bar asylum seekers from entering the United States. This law had never been used before to dictate the movement of people across U.S. borders, which is instead the province of immigration laws. And despite the Biden’s campaign promises to restore the country’s asylum system, the administration continues to rely on Title 42 — despite most Americans now being vaccinated — to keep asylum seekers out.

Even before COVID-19 struck, Trump administration aide Stephen Miller had inquired about using the government’s public health authority to shut U.S. borders to people seeking asylum. He was told there was no legal authority to do so. The emergence of the pandemic provided a pretext for the unprecedented use of this little-known law dating back over 75 years. It formed part of the Public Health Service Act of 1944 to allow for the quarantine of anyone, including a U.S. citizen, arriving from a foreign country. It was never intended, nor until 2020 was used, to expel noncitizens from the United States. In fact, when Congress enacted the initial version of this law, references to immigration were deliberately omitted precisely to avoid the use of its provisions to discriminate against immigrants.

But the March 2020 order by the Trump administration targets one group, and one group only: noncitizens who lack documentation and arrive by land.

All other people arriving in the U.S., including American citizens, lawful permanent residents and tourists arriving by plane or ship, are exempt. As currently employed by the government, this public health law has displaced existing immigration law, which allows people to request asylum. And in doing so it has also eliminated the due process protections that are part of our immigration laws.

On Sept. 16, a federal court found the use of Title 42 to expel people seeking asylum to be a clear violation of U.S. law and granted a preliminary injunction against the practice. The court stayed its own order for 14 days to allow the government an opportunity to appeal its decision.

Haitians have suffered from discriminatory treatment in immigration for decades, and it would, I believe, be naïve to attribute this adverse treatment to anything other than systemic racism, which pervades so many aspects of American society. Shortly after the U.S. enacted the 1980 Refugee Act, it began to stop Haitians on the high seas and to return them to Haiti so that they could not apply for asylum in this country. This violation of international law was upheld by the Supreme Court in 1993, and the practice continues to this day. Before the border was closed to them, Haitians who reached the U.S. and applied for asylum were denied at a higher rate than just about any other nationality – notwithstanding the dire human rights conditions in their country.

After Haiti’s catastrophic earthquake in 2010, the government gave Temporary Protected Status to Haitians already in the United States, thus shielding them from removal. In 2017 the Trump administration terminated the status for Haitians, giving them until July 2019 to leave or to face deportation.

As I pray that immigration reform will be included in the reconciliation process, including a pathway to citizenship which is supported by a 3-to-1 bipartisan margin in battleground states including Florida, I look to my senators, Rick Scott and Marco Rubio, to finally show some leadership.

You could act today to cosponsor the SECURE Act and provide a path to citizenship for immigrants with Temporary Protected Status (TPS) in Florida, including Venezuelans, Haitians and others here contributing to our communities and our economy.

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That includes me.

I never thought I would leave Venezuela in the 30 years I served as a Catholic priest there before 2017, when I started receiving death threats for my vocal opposition to the corrupt, tyrannical, socialist President Nicolas Maduro.

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Father José De Jesús Palmar Morales lives in St. Cloud. – Original Credit: Courtesy photo
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By that time, I had already been beaten unconscious by the armed thugs of Venezuela’s Cuba-backed and Castro-controlled dictatorship. I had been placed on trial nine times, incarcerated and tortured. I first sought safety in Mexico. But, shortly after I arrived there, my host was gunned down in the street.

Fearing for my life, I crossed the border from Mexico into the United States. After a month in an immigrant detention center in Brownsville, Texas, authorities confirmed my identity and concluded that returning to my home country would put my life at risk.

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I was granted an asylum visa while I await a decision on my application for TPS, which has been delayed due to the COVID pandemic.

There are approximately 320,000 immigrants now living in the U.S. with TPS from 10 countries deemed too dangerous for their safe return, and that number is expected to grow as over 320,000 Venezuelans and 95,000 Haitians are now eligible for TPS.

I am just one of a diaspora of 60,000 Venezuelans living with TPS in Florida today, all of us fleeing tyranny in the only country we had ever known. There is no going back. Through sheer force, Maduro still holds power in Venezuela today.

While my status allows me a work permit, I am also forced to live my senior years in an unrelenting state of anxiety, never knowing if or when I could be forced to flee what has become another homeland for me.

I am grateful to have put down roots in St. Cloud and to be part of Florida’s thriving Venezuelan community, which makes vital contributions to our economy, earning a combined household income of more than $880 million and contributing over $89.4 million in state and local taxes annually.

Our senators know about mine and my compatriots’ struggles — and contributions — all too well. Sen. Rubio is, after all, the son of Cuban immigrants. He knows first-hand the grit and determination it takes to leave your homeland and make it America. In a move of bipartisan goodwill, Sen. Scott has publicly applauded the Biden Administration for granting TPS to Venezuelans.

So, it’s heartbreaking to watch both Florida’s senators sit on the sidelines, refusing to help shape bipartisan immigration solutions and thereby playing politics with our lives.

A recent poll by the American Business Immigration Coalition (ABIC) found that not even Trump voters support deportation — only 17 percent are in favor — yet that is the fate TPS holders face unless senators, including Rubio and Scott, pass a pathway to citizenship.

They should know that Florida’s Venezuelans are paying attention.

Another recent Florida International University poll funded by ABIC found that half of Florida’s voters of Venezuelan descent would no longer support any politician who obstructs a pathway for TPS holders, and half said their support for President Biden increased after his promise of a path to permanent status for TPS holders.

Rubio responded to news about the public poll by professing his hope that we Venezuelans will one day return home, a slap in the face to my community which has already established deep roots here.

As my friend WIlliam Diaz asked him, when Cuba’s regime is gone, will he go back to Cuba to be a governor of a province there?

So I know I speak for my Venezuelan brothers and sisters when I implore Rubio and Scott to cosponsor the SECURE Act and pass sensible immigration reforms that keep our economy strong, our families together and our lives intact. Our community is watching.

Father José De Jesús Palmar Morales lives in St. Cloud.

The U.S.’s top envoy to Haiti resigned abruptly on Sept. 22 over the Biden administration’s “inhumane” treatment of Haitian migrants crossing the border via Mexico into Texas.

The resignation came amid debate over the U.S. decision to deport thousands of Haitians entering the U.S. in search of asylum or a better life. Criticism over the policy mounted as images of U.S. Border Patrol agents on horseback and carrying whip-like cords while encountering migrants gained widespread media attention and criticism from the White House. Border agents denied using whips on migrants.

Haiti is beset by extraordinarily desperate conditions of political chaos and natural disasters, as well as the COVID-19 pandemic. The assassination of President Jovenel Moïse in July 2021 catapulted the country into political turmoil. The post-assassination power struggle exacerbated pre-existing political violence and dysfunction. Violent gangs, often with ties to the state, are increasingly a threat.

In addition, Haiti suffered a devastating 7.2 magnitude earthquake in August, just two days before being hit directly by tropical storm Grace, with a combined toll of over 2,200 dead, 12,000 injured and hundreds of thousands displaced, many in remote regions that have yet to receive aid. The pandemic has exacerbated these woes. Less than one-half of 1% of the population has received even a first dose of a vaccine.

This has undoubtedly swelled the number of people trying to leave the nation. But many of the migrants arriving in the U.S. last month left Haiti before the recent turmoil. Haitian migrants have been trapped in Mexico for several years under various Trump-era policies that limited, and then eliminated, the possibility for them to request asylum in the United States. At the same time, others who left Haiti in years past for countries in South America have suffered from deep antipathy and racism in their host countries, living in perilous conditions with only precarious legal status at best.

It appears many asylum seekers in Mexico, including Haitians, took heed of Biden’s promises during the presidential election campaign to restore the asylum system. That may have been a factor in their decision to present themselves at the Texas border seeking the protection guaranteed under law for those fleeing persecution.

It should be remembered that the U.S. has long played a role in Haiti’s troubles. When Special Envoy for Haiti Daniel Foote resigned, coverage focused on his protest against what he described as the inhumanity of returning Haitians to a “collapsed state … unable to provide security or basic services.” Overlooked was his equally damning indictment of the U.S. as a puppet master in Haiti’s political breakdown, for example by supporting the unelected prime minister and his political agenda.

Both international and U.S. law recognize the basic human right to seek asylum. The U.S. has ratified two treaties, the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees and the 1984 Convention against Torture, which prohibit the U.S. from returning people to countries where they risk persecution or torture. As a practical matter, this means that people must be able to request asylum at the U.S. border, or within U.S. territory, so that they have the opportunity to prove whether or not they fit within the category of persons legally protected from forced return.

This international legal framework has been codified in U.S. law, primarily through the Refugee Act of 1980, along with later statutes and regulations. It is universally acknowledged, including by the Supreme Court, that in passing these laws Congress intended to bring U.S. law into conformity with the United States’ international treaty obligations.

It is entirely legal to approach U.S. borders and request asylum. Statements by the administration that people should not come, that they are doing something illegal when they seek protection and that there is a right way and wrong way to seek asylum are, in my opinion, not only callous and cruel but also false statements of the law.

The White House has asserted that Haitians are not coming into the country through “legal methods,” which would indeed be impossible since all legal methods have been foreclosed to them.

As part of the Trump administration’s dismantling of the asylum system, the White House in March 2020 ordered the Centers for Disease Control and Prevention, over the objections of its own scientists, to use a 1944 public health law known as “Title 42” to bar asylum seekers from entering the United States. This law had never been used before to dictate the movement of people across U.S. borders, which is instead the province of immigration laws. And despite the Biden’s campaign promises to restore the country’s asylum system, the administration continues to rely on Title 42 — despite most Americans now being vaccinated — to keep asylum seekers out.

Even before COVID-19 struck, Trump administration aide Stephen Miller had inquired about using the government’s public health authority to shut U.S. borders to people seeking asylum. He was told there was no legal authority to do so. The emergence of the pandemic provided a pretext for the unprecedented use of this little-known law dating back over 75 years. It formed part of the Public Health Service Act of 1944 to allow for the quarantine of anyone, including a U.S. citizen, arriving from a foreign country. It was never intended, nor until 2020 was used, to expel noncitizens from the United States. In fact, when Congress enacted the initial version of this law, references to immigration were deliberately omitted precisely to avoid the use of its provisions to discriminate against immigrants.

But the March 2020 order by the Trump administration targets one group, and one group only: noncitizens who lack documentation and arrive by land.

All other people arriving in the U.S., including American citizens, lawful permanent residents and tourists arriving by plane or ship, are exempt. As currently employed by the government, this public health law has displaced existing immigration law, which allows people to request asylum. And in doing so it has also eliminated the due process protections that are part of our immigration laws.

On Sept. 16, a federal court found the use of Title 42 to expel people seeking asylum to be a clear violation of U.S. law and granted a preliminary injunction against the practice. The court stayed its own order for 14 days to allow the government an opportunity to appeal its decision.

Haitians have suffered from discriminatory treatment in immigration for decades, and it would, I believe, be naïve to attribute this adverse treatment to anything other than systemic racism, which pervades so many aspects of American society. Shortly after the U.S. enacted the 1980 Refugee Act, it began to stop Haitians on the high seas and to return them to Haiti so that they could not apply for asylum in this country. This violation of international law was upheld by the Supreme Court in 1993, and the practice continues to this day. Before the border was closed to them, Haitians who reached the U.S. and applied for asylum were denied at a higher rate than just about any other nationality – notwithstanding the dire human rights conditions in their country.

After Haiti’s catastrophic earthquake in 2010, the government gave Temporary Protected Status to Haitians already in the United States, thus shielding them from removal. In 2017 the Trump administration terminated the status for Haitians, giving them until July 2019 to leave or to face deportation.

Karen Musalo is a professor of international law at the University of California, Hastings.

La propuesta de conceder únicamente permisos de trabajo y protección de la deportación a entre 7 y 8 millones de indocumentados surge como la más reciente alternativa que los demócratas intentarán incluir en la conciliación presupuestaria del Senado, ante el rechazo de la asesora legal de ese organismo, a medidas que concedan una vía a la ciudadanía.

Este nuevo respiro migratorio, sin embargo, alienta medianamente expectativas porque solo se inscribe otra vez en el ámbito de lo probable, pero no de lo ampliamente definitivo.

En efecto, el llamado “Plan C” ampararía de la deportación y concedería permisos de trabajo a quienes hayan ingresado a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2011. Se trataría de un permiso de cinco años renovable por otros cinco años a quienes cumplan con los requisitos.

Pero ahora hacer cuentas, de hecho, es ya de antemano una tortura para millones de seres humanos que esperaban más desde el principio, de tal modo que la propuesta arrebataría sueños a millones de quienes ya se han arraigado en el país durante la última década. El desánimo, por supuesto, entra en la casa de muchos como una sombra que oscurece todo. Una vez más.

Aun así, hay varias interrogantes. Una de ellas es si el Plan C pasará el cedazo de la Parlamentaria del Senado, quien ha rechazado dos propuestas previas por conceder una vía a la ciudadanía. La tercera es la vencida, se dice, pero la especulación ante el rechazo previo contra los indocumentados por parte de una sola persona en una democracia no da margen a muchas ilusiones.

De ahí que la otra interrogante es qué harán los demócratas si el Plan C también es rechazado por la Parlamentaria. ¿Dejarán morir el asunto tomando como excusa lo que diga dicha asesora legal del Senado? ¿Intentarán impulsar alguna legislación independiente, aunque sus posibilidades de aprobación sean mínimas, considerando la oposición republicana en bloque y los temores de demócratas en escaños vulnerables en las elecciones de 2022?

¿O decidirá el presidente Joe Biden seguir la ruta de Barack Obama para proveer algún tipo de protección mediante orden ejecutiva? En este último caso —y ya se ha visto en los últimos años con los Dreamers—, la situación ha sido también una moneda en el aire, pues si bien se protegió temporalmente a dichos jóvenes, ahora mismo se encuentran en ese mismo limbo migratorio por el que nadie desearía pasar, sobre todo después de haber crecido con la idea de que este es su país. Y lo es, por derecho propio.

Porque la realidad es que la paciencia de los inmigrantes sin documentos y de quienes los apoyan ya llegó a su límite. Este 6 de noviembre se cumplen 35 años de la promulgación por el republicano Ronald Reagan de la amnistía de 1986, que legalizó a unos 3 millones de personas. Y eso, en la simbología política, dice mucho; pero al parecer no ha significado lo suficiente para los demócratas, a quienes se exige ahora mismo que cumplan sus promesas no solo con los inmigrantes que dicen defender, sino con la historia que también, por supuesto, hablará de ellos si no logran hacer todo lo que está en sus manos ahora que tienen el poder.

Así, es increíble que tres décadas y media más tarde, todavía no hay reforma, y la población indocumentada se ha casi cuadruplicado. La obstrucción republicana y las promesas demócratas dan para escribir un libro. Los dos bandos han utilizado a los inmigrantes como balón político sin que se vislumbre una solución favorable a este sector de la población que es uno de los ejes de nuestra economía y de nuestra vida cotidiana, pero que se le desecha sin contemplaciones.

Ahora mismo, se desarrollan marchas de protesta en diferentes ciudades del país para presionar a los demócratas a cumplir, un síntoma de que los inmigrantes no tienen por qué estar “casados” ni con promesas huecas, ni con los cálculos electorales que solo benefician a la clase política.

A los inmigrantes siempre se les pide seguir esperando y a quienes los apoyan siempre se les pide seguir votando por los demócratas, porque “ahora sí se va a poder”. Porque si madura como pinta y no se logra ni el permiso de trabajo, los demócratas volverían a desempolvar su cansado libreto de que “tratamos pero no se pudo, y será para la próxima”. Con lo que no cuentan en esta ocasión, tal vez, es que no solo los inmigrantes, sino los votantes, tienen ahora una perspectiva más clara de la “cosa política” y del uso y abuso de la promesa para lograr el poder.

Lo cual nos lleva a otra interrogante: ¿Y qué tal si la Parlamentaria dice sí y el llamado Plan C avanza?

Es de anticiparse que comiencen las recriminaciones de que se estaría creando una especie de ciudadanía de segunda clase de personas sin derecho a naturalizarse y posteriormente votar. Habrá quienes asuman la postura de todo o nada y decidan que, sin ruta a la ciudadanía, hay que rechazar la protección temporal. Y los demócratas achacarán a las divisiones internas del movimiento pro reforma el potencial fracaso de la iniciativa.

Pero sin la posibilidad real de que una verdadera reforma migratoria con vía a la ciudadanía progrese antes de que los demócratas puedan perder el control del Congreso y de la Casa Blanca, la pregunta es: Usted, ¿qué haría?

Más aún, habría que preguntar a los propios inmigrantes qué preferirían. Una protección temporal o aguardar a otra oportunidad futura para que se concrete una reforma migratoria amplia.

En este escenario, es obvio decir que cada caso es diferente, cada familia tiene sus prioridades, cada aspirante a lograr el pleno reconocimiento como estadounidense tiene y mantiene sus ilusiones personales. Pero de eso no se trataba cuando se prometía proteger a los 11 millones. Ahora habrá que hacer nuevos ajustes familiares y comunitarios, como si se volviera a empezar otra vez. Y eso, además de injusto, ya es cruel.

Pase lo que pase, quizá todo este proceso sirva para aleccionar a los demócratas. Los inmigrantes indocumentados y los ciudadanos y residentes que los apoyan no son piezas de su ajedrez político. Llevan décadas usándolos como balón político y pidiéndoles su apoyo, formulando promesas vacías que nunca cumplen. La estrategia de que los republicanos son el “malo” de la película ya cansa, porque los demócratas —como “heroes” de esa misma película— dejan mucho qué desear. Y después se quejan de la apatía de los latinos que no votan o de quienes lo hacen por otro partido.

Con Donald Trump amenazando con postularse en 2024 para la presidencia, más les vale a los demócratas cumplir de una vez sus promesas. O bien, ¿cuál será su pretexto esta vez?

La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó una petición de los defensores de DACA para retrasar la entrega de argumentos de ambas partes, mientras avanza la nueva regla impulsada por el Gobierno del presidente Joe Biden.

“La última decisión fue el viernes (pasado) y eso fue la negativa a la petición de retrasar los argumentos de la apelación”, explicó Thomas A. Saenz, presidente y consejero general del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF). “Los argumentos deben continuar… y así será”.

Saenz aclaró a este diario que la Administración Biden no ha hecho ninguna petición para aceptar nuevas solicitudes de ‘dreamers’ al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, ya que se enfoca en su nueva regla, al tiempo que obedece la decisión del juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas.

“Eso nunca ocurrió (la petición a la corte), la Administración Biden no ha hecho nada para tratar de mantener nuevas aplicaciones”, indicó el experto. “Lo que propuso fue nuevas reglas y se pidió que se retrasara el periodo de argumentos… mientras concluye el proceso de regulación concluye”.

Es decir, el rechazo a las nuevas aplicaciones a DACA es la determinada por el juez Hanen en julio pasado, acotó el experto. No hay una nueva decisión al respecto, como afirmó la agencia EFE.

“Se ordena que sea negada la moción de los Apelantes de suspender los procedimientos adicionales en este caso hasta que se complete el procedimiento de reglamentación actual y la promulgación de la regla final”.

Juez Stuart Kyle Duncan
Saenz consideró que la nueva regla propuesta por la Administración Biden podría ayudar a resolver las preocupaciones del juez Hanen.

Por ahora, casi 60,000 ‘dreamers’, según un reporte del Center for American Progress (CAP), no pueden solicitar la protección migratoria por primera vez.

El proceso de apelación

Saenz confirmó que el proceso de apelación puede tardar mínimo seis meses para avanzar, ya que las partes deben exponer sus argumentos por escrito y luego hacer una defensa oral ante el panel de tres jueces.

“Básicamente tendremos la oportunidad de explicar por escrito por qué la decisión del juez Hanen es errónea”, indicó. “Después, el estado de Texas y los otros demandantes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos por escrito”.

Luego de que la defensa conozca el detalle del argumento a favor de la decisión de Hanen podrá responder por escrito nuevamente.

Cabe destacar que además los gobiernos republicanos de Alabama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, Carolina del Sur, West Virginia, Kansas y Mississippi, se sumaron a la demanda de Texas contra DACA.

¿Y la nueva regla?

La batalla en tribunales por DACA podría cambiar si la Administración Biden publica su nueva regla, la cual pasa por un periodo de comentarios públicos en el Registro Federal.

“La Administración Biden están defendiendo en contra de la decisión del juez Hanen, diciendo que él está en lo incorrecto”, dijo Saenz. “(El Gobierno) está defendiendo vigorosamente DACA, esa es una diferencia con la Administración de (Donald) Trump”.

Acotó que la nueva regla, que podría tardar entre tres y cuatro meses en ser revelada, podría resolver las objeciones del juez Hanen.

“Podría resolver algunas algunas de las objeciones a DACA del juez Hanen”, expuso Saenz.

El juez Hanen determinó que el reglamento aprobado por el presidente Barack Obama en 2012 violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.

En resumen, la decisión del juez Hanen de julio se mantiene vigente y no hay nuevas aplicaciones de DACA, solamente renovaciones, pero la Administración Biden continúa al defensa del programa y avanza con su nueva regla.

El 83 por ciento de los seguidores del expresidente Donald Trump apoya alguna protección para inmigrantes indocumentados, como el camino a la ciudadanía, esto en estados clave para la elección intermedia del 2022.

“Me cautivaron las cifras de votantes de Trump… El 61 por ciento considera que el argumento económico es una razón convincente para un camino hacia la ciudadanía, el 58 por ciento para los trabajadores agrícolas, el 50 por ciento para los trabajadores esenciales”, destacó el encuestador republicano Daron Shaw, fundador y director ejecutivo de Shaw & Co. Research.

La encuesta fue impulsada por la American Business Immigration Council (ABIC) y los encuestadores demócrata Matt Barreto, de BSP Research, y el republicano Shaw.

“Incluso los votantes de Trump apoyan un camino ganado hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados”.

Rebecca Shi, directora ejecutiva de ABIC
Los resultados importan, debido a que hasta el momento ningún republicano se ha sumado al plan para integrar una protección migratoria a los indocumentados bajo el proceso de Reconciliación, en medio del rechazo de la parlamentaria Elizabeth MacDonough a las propuestas presentadas por los senadores demócratas.

Este diario confirmó que el Plan C –un perdón de deportación y Autorización de Empleo— está en proceso de revisión en la Oficina del Presupuesto del Congrero (CBO) y es posible que a finales de esta semana concluya con su reporte, para luego ser enviado a MacDonough, quien deberá tomar una decisión a más tardar inicios de la siguiente semana.

Shi consideró que los votantes “son sofisticados”, pues reconocen los aportes económicos de estos inmigrantes a los Estados Unidos, un alto porcentaje con 15 o 20 años viviendo en el país.

“Si no aprobamos la reforma migratoria, millones podrían ser deportados, pequeñas empresas y granjas podrían cerrar y nuestra economía sufriría“, advirtió Shi. “Los demócratas deben ser valientes, los republicanos deben dejar de mantenerse paralizados ante la presión de una minoría de sus votantes”.

Entre los votantes de Trump, sólo una pequeña minoría (17%) cree que la prioridad para resolver el sistema de inmigración debe ser la deportación, destacó ABIC.

“Eso significa que el 83% de los votantes de Trump cree que hay mejores soluciones que las deportaciones, como la legalización y la administración de fronteras“, apunta el reporte.

Entre los votantes en general, el 76 por ciento apoya la ciudadanía para indocumentados.

“Con un margen de 76 a 24%, los votantes en 11 estados apoyan la ciudadanía: ahora es el momento de que los demócratas cumplan”, indica ABIC.

Los estados donde se hizo el sondeo fueron Arizona, Colorado, Georgia, Maine, Michigan, New Hampshire, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania, West Virgininia y Wisconsin.

“Una reciente encuesta bipartidista de ABIC realizada en 11 estados de batalla y 70 distritos competitivos de la Cámara de Representantes encontró, por un margen de 3 a 1, el apoyo de los votantes a la legalización y ciudadanía (de indocumentados) como parte del proyecto de ley de Reconciliación presupuestaria”, se agregó.

Exigen acción al Congreso

Los distintos que se mencionan corresponden a 16 estados, donde se cuestionó sobre la protección a ‘dreamers, portadores del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas y otros empleados esenciales.

“En general, el apoyo para incluir un camino hacia la ciudadanía en el proyecto de ley de Reconciliación osciló entre el 65 y el 80 por ciento, y la mayoría de los votantes también dijo que apoyaban las reformas incluso si las impulsaba un solo partido”, se apuntó.

Incluso una muestra especial de votantes, realizada en el estado clave de Arizona, copatrocinada por FWD.us, mostró un apoyo mayor, ya que cuatro de cada cinco votantes respaldan la protección para inmigrantes indocumentados.

Baretto destacó que los votantes consideraron que los demócratas deben aprovechar la oportunidad de su mayoría en el Congreso y “avanzar solos” con una protección a inmigrantes, pues los resultados mostraron que los votantes “están cansados ​​de la inacción”.

“Ya sea a través o alrededor del parlamentario, los demócratas deben cumplir su promesa de cumplir con la ciudadanía”, acotó Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, que retoma los resultados.

Embajadores de la Herencia Hispana de DFW invitan a la clínica de inmigración a todas las personas interesadas en temas de inmigración.

Durante el evento se hablará de cómo solicitar la ciudadanía estadounidense, cómo y quién puede obtener un permiso de trabajo, peticiones familiares y otros tipos de trámites migratorios.

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XFL’s Dallas Renegades Unveil New Uniforms
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Este se llevará a cabo el miércoles 20 de octubre de 6 a 7:30 p.m. en 201 East Abrams Ste 104.

Se pide que se registre previamente ya que habrá un cupo limitado, puede llamar al 972 – 480 75 01 para asegurar su lugar.

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Se pedirá que todas las personas usen mascarillas y mantengan el distanciamiento social.

Clínica de inmigración en Dallas
Qué: Clínica de inmigración

Cuando: El miércoles 20 de octubre

Dónde: 201 East Abrams Ste 104, en Dalllas

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Costo: Gratis

Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, asegura que están trabajando para que “los gobiernos de los distintos países adopten medidas urgentes que garanticen que la migración sea legal, segura, ordenada y, ante todo, humana”. Los gobiernos de Panamá y Colombia anunciaron una cumbre de cancilleres donde el tema de la migración será prioritario y habrá incluso apoyo del Departamento de Estado de EEUU. Más noticias aquí.

Hombres, mujeres y niños fueron abandonados por las personas a las que les pagaron para que los llevaran a México. Las autoridades encontraron al grupo en la salida de la ciudad de Retalhuleu en condiciones precarias por el calor y la deshidratación.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, comenzó este martes en Ecuador su primer viaje a América Latina desde que accedió al cargo.

Blinken se reunió con el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, y su ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo, antes de seguir viaje rumbo a Colombia, donde se verá con su presidente, Iván Duque, y su vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Desde que llegó a la presidencia en enero de este año, Joe Biden no ha hecho grandes anuncios ni tomado grandes decisiones respecto a América Latina, y algunos analistas lo acusan de no contar con una agenda para la región.

Sin embargo, EE.UU. conserva importantes intereses en América Latina, región que da síntomas de emerger tras lo peor de la pandemia de covid. La visita de Blinken será la oportunidad para abordar asuntos que preocupan a Washington.

Estos son los temas que aparecen en lo más alto de la agenda del secretario Blinken.

1- El persistente problema de Venezuela
La Venezuela de Nicolás Maduro ha sido considerada un problema por los gobiernos de Estados Unidos desde hace años.

Nicolás Maduro.
Maduro es un gobernante ilegítimo para Washington.
Estados Unidos mantiene que Maduro es un gobernante ilegítimo y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino.

La crisis política se complicó esta semana con la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde del empresario colombiano, Alex Saab, cercano a Maduro, y la reacción del gobierno venezolano, que anunció la suspensión de su participación en las negociaciones con la oposición en curso en México.

Tan acuciante o más es la crisis económica y social en Venezuela, que ha provocado una diáspora sin precedentes por todo el continente americano que se suma a la presión migratoria hacia Estados Unidos.

Venezuela celebra a finales de año unas elecciones locales y regionales en la que la oposición ha aceptado volver a participar después de años sin hacerlo.

Estados Unidos y sus aliados exigen a Maduro transparencia y limpieza en ese proceso, pero la postura de Washington podría haberse visto debilitada por la emergencia de gobiernos de signo izquierdista en distintos países de la región.

La Patrulla Fronteriza realizó 1,69 millones de arrestos en 1986, según datos históricos que no indican cuántos hubo a lo largo de la frontera sur. En el año fiscal 2021, los agentes detuvieron a 1,66 millones de personas solo en la frontera con México.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 1,7 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal 2021 que terminó en septiembre, y los arrestos por parte de la Patrulla Fronteriza se dispararon a los niveles más altos desde 1986, según datos de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportados por el diario The Washington Post.

Los cruces ilegales comenzaron a aumentar el año pasado, pero se dispararon en los meses posteriores a la toma de posesión del presidente Joe Biden.

El diario indicó que a medida que aumentaron los arrestos de CBP la primavera pasada, Biden describió el aumento como consistente con las normas históricas estacionales. Pero los meses de mayor actividad se produjeron durante el sofocante calor de julio y agosto, cuando más de 200.000 migrantes fueron detenidos.

El martes, durante una audiencia de confirmación de Chris Magnus, el jefe de Policía de Tucson, que Biden nominó para dirigir CBP, los senadores republicanos lo presionaron para que caracterice el aumento como una “crisis”.

El diario estadounidense recordó que Magnus en su lugar lo calificó como un “desafío significativo”, tal y como ha venido afirmando la Administración Biden.

“Los números son muy altos”, afirmó el funcionario.

Está previsto que CBP publique los datos del año fiscal 2021 a finales de esta semana.

Los últimos datos de CBP indican que los desafíos de la administración se extienden mucho más allá de Centroamérica. México fue la principal fuente de migración ilegal durante el año fiscal 2021, ya que la Patrulla Fronteriza arrestó a más de 608.000 ciudadanos mexicanos.

Con estos datos, la Administración Biden estaría dependiendo más de México para reforzar la aplicación de la ley y bloquear a los grupos de caravanas que se dirigen hacia el norte.

La gente cruza un puente peatonal en el puerto de entrada de San Ysidro en San Ysidro, California, foto de archivo.
SEE ALSO:
Estados Unidos abrirá sus fronteras terrestres el 8 de noviembre
Los funcionarios de Biden están en negociaciones con México para cumplir con las órdenes de la corte federal para reiniciar la política de “Permanecer en México” que requiere que los solicitantes de asilo esperen fuera del territorio estadounidense mientras se procesan sus casos.

El segundo grupo más grande estaba compuesto por migrantes de fuera de México y Centroamérica a quienes CBP categorizó como “otros”, incluidos haitianos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos, brasileños y migrantes de docenas de otras naciones que representaron 367.000 arrestos.

Les siguieron migrantes de Honduras (309.000), Guatemala (279.000) y El Salvador (96.000).

Más de 1,3 millones de migrantes han sido detenidos a lo largo de la frontera sur en los nueve meses desde que Biden asumió el cargo, incluidos 192.000 el mes pasado, según muestran las últimas cifras de CBP.

En los años fiscales entre 2012 y 2020, los arrestos fronterizos promediaron alrededor de 540.000. La cifra de 2021 fue más de tres veces esa cantidad y el segundo total anual más alto jamás registrado, reporta The Washington Post.

Los cruces de grupos familiares centroamericanos abrumaron a los agentes estadounidenses este verano, y en septiembre, la llegada repentina de 15.000 migrantes, en su mayoría haitianos a un campamento en Del Rio, Texas, produjo escenas de caos políticamente dañinas y duras tácticas de aplicación por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza en lado de caballo.

¿Qué dice la Administración Biden?
La Casa Blanca ha respondido a las críticas sobre las cifras de arrestos señalando que continúa utilizando la política de salud pública del Título 42 para “expulsar” rápidamente a la mayoría de los adultos que cruzan la frontera hacia México o sus países de origen.

De los 1,7 millones detenidos durante el año fiscal 2021, el 61% fueron expulsados bajo el Título 42, muestran los datos de CBP.

Las expulsiones han provocado un aumento significativo en los intentos repetidos de cruzar por parte de los migrantes que son devueltos, por lo que el número de personas distintas detenidas es menor que el número de arrestos registrados. Las tasas de reincidencia han superado el 25% en los últimos meses, el doble que en años anteriores, según cifras de CBP.

La cifra de 1,7 millones incluye a los migrantes arrestados entre los puertos de entrada por la Patrulla Fronteriza, así como a los que intentaron ingresar a Estados Unidos sin autorización a través de los puertos de entrada oficiales que fueron detenidos por agentes de la CBP.

Datos históricos Vs. 2021
La Patrulla Fronteriza realizó 1,69 millones de arrestos en todo el país en 1986, según datos históricos que no indican cuántos hubo a lo largo de la frontera sur. Durante el año fiscal 2021, los agentes detuvieron a 1,66 millones de personas solo a lo largo de la frontera con México, según muestran las cifras recientes.

El sector del Valle del Río Grande de CBP fue el más activo el año pasado, con 549.000 detenciones de la Patrulla Fronteriza, seguido por el sector de Del Rio, con 259.000, que eclipsó a los sectores históricamente más activos como El Paso y Tucson.

Las cifras de CBP muestran descensos el año pasado en las incautaciones de cocaína, heroína y metanfetamina. Los analistas atribuyen la baja a la disminución del tráfico de vehículos a través de los puertos de entrada como resultado de las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia, así como a un menor número de interdicciones por parte de agentes fronterizos sobrecargados.

Lo que dicen las encuestas
El control fronterizo es clave para Biden y el manejo de la inmigración por parte del presidente sigue siendo su peor problema en las encuestas.

Biden prometió en la campaña electoral hacer que Estados Unidos sea más humano con los inmigrantes, en contraste con el expresidente Donald Trump, cuyas separaciones familiares de tolerancia cero generaron una indignación generalizada en 2018.

Biden ha dicho no obstante desde el comienzo que quiere avanzar con cautela.

No obstante, una vez a cargo de la Casa Blanca, Biden detuvo la construcción del muro fronterizo, puso fin a la política de “Permanecer en México”, revirtió las restricciones de asilo y anunció una pausa de 100 días en la mayoría de las deportaciones y la aplicación de la ley por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 1,7 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal 2021, que terminó en septiembre. Así, los arrestos por parte de las autoridades se dispararon a los niveles más altos jamás registrados, según datos inéditos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtenidos por The Washington Post.

Los cruces irregulares comenzaron a aumentar el año pasado, pero se dispararon en los meses posteriores a la toma de posesión del presidente Joe Biden. A medida que incrementaron los arrestos de CBP en primavera, Biden describió el alza como consistente con los comportamientos históricos de la estación. Pero los meses de mayor actividad se produjeron durante el sofocante calor de julio y agosto, cuando más de 200 mil migrantes fueron detenidos.

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¿Por qué es importante? El control fronterizo se ha convertido en una responsabilidad política importante para Biden: su manejo del tema sigue siendo su mayor problema en las encuestas. El presidente prometió en la campaña electoral hacer que Estados Unidos sea más acogedor con los inmigrantes, en contraste con el expresidente Donald Trump, cuyas separaciones familiares por la política de tolerancia cero generaron una indignación generalizada en 2018.

El martes, durante una audiencia de confirmación para Chris Magnus, el jefe de policía de Tucson que Biden nominó para dirigir CBP, los senadores republicanos lo presionaron para caracterizar la situación como una “crisis”.
Magnus lo llamó un “desafío significativo”, haciéndose eco del término preferido de la administración Biden. Agregó que “los números son muy altos”. Se espera que CBP publique los datos del año fiscal 2021 a finales de esta semana.
Durante la transición, Biden comentó que quería avanzar con cautela en la política de inmigración y evitar terminar “con 2 millones de personas” en la frontera.
Al asumir el cargo, Biden frenó la construcción del muro fronterizo de Trump, finalizó la política de Permanecer en México (Remain in Mexico), revirtió restricciones clave de asilo y anunció una pausa de 100 días en la mayoría de las deportaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
El contexto: El gobierno de Biden inicialmente culpó a las políticas de la administración anterior por el aumento en los cruces fronterizos. Argumentaron que las presiones migratorias se intensificaron como resultado de las consecuencias económicas de la pandemia. Muchos migrantes han dicho a los periodistas que optaron por hacer el arriesgado viaje hacia el norte, con un gran costo y un peligro considerable, con la creencia de que Biden les permitiría quedarse.

A principios de este año, Biden ordenó a la vicepresidente Kamala Harris abordar las “causas fundamentales” de la migración proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica. Pero la estrategia ha tenido poco o ningún efecto medible. Kamala Harris se ha distanciado de los problemas fronterizos y de inmigración en general.
Funcionarios de Biden están en negociaciones con México para cumplir con las órdenes de la corte federal, a fin de reiniciar la política de “Permanecer en México”, que requiere que los solicitantes de asilo esperen fuera del territorio estadounidense mientras se procesan sus casos.
Los datos: De los 1,7 millones de detenidos durante el año fiscal 2021, 61% fueron expulsados ​​bajo el Título 42, según los datos de CBP. México fue la principal fuente de migración irregular durante el año fiscal 2021, ya que la Patrulla Fronteriza arrestó a más de 608 mil ciudadanos mexicanos. Eso deja a la administración Biden en un lugar incómodo, ya que depende cada vez más de México para reforzar la aplicación de la ley y bloquear los grupos que viajan en caravana.

El segundo grupo más grande estaba compuesto por migrantes de fuera de México y Centroamérica, a quienes CBP categorizó como “otros”: incluye haitianos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos, brasileños y migrantes de docenas de otras naciones. Representaron 367 mil arrestos.
Les siguieron los migrantes de Honduras (309 mil), Guatemala (279 mil) y El Salvador (96 mil).
Más de 1,3 millones de migrantes han sido detenidos a lo largo de la frontera sur en los nueve meses desde que Biden asumió el cargo, incluidos 192 mil el mes pasado, según muestran las últimas cifras de CBP.
En los años fiscales entre 2012 y 2020, los arrestos fronterizos promediaron alrededor de 540 mil. La cifra de este año fue más de tres veces esa cantidad y la segunda total anual más alta jamás registrada.

Charlotte. – La administración del presidente Joe Biden ha tomado la medida más relevante para evitar que los inmigrantes sean víctimas colaterales de redadas en los lugares de trabajo.

El memorando emitido por el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el 12 de octubre cambia las prioridades de deportación y establece protecciones para evitar que los trabajadores sean explotados.

321 mil en Carolina del Norte

La medida impactaría a los indocumentados que trabajan en Carolina del Norte, cuyo número fue proyectado por el Instituto de Política Migratoria (MPI) en 321,000 en 2016.

El informe del MPI destacaba que un número significativo de inmigrantes irregulares trabajaban en los sectores de construcción y manufactura, dos de los empleos más peligrosos.

El memorando de Mayorkas suspende las redadas en los lugares de trabajo y se enfoca en que los empleadores respeten las leyes laborales.

Dos meses

El memorando de tres páginas instruye a los directores de los servicios de inmigración (ICE), aduanas y protección fronteriza (CBP) y ciudadanía (USCIS) para que elaboren un plan en dos meses para aumentar las penalizaciones a empleadores, alentar a los trabajadores a reportar prácticas inescrupulosas sin temor y coordinarse con otras agencias, como el Departamento de Trabajo.

Las tres agencias federales tendrían hasta la segunda semana de diciembre para presentar el proyecto.

No a la explotación

“El Departamento de Seguridad Nacional tiene un papel fundamental para garantizar que los lugares de trabajo de nuestra nación cumplan con nuestras leyes”, dijo Mayorkas. “No toleraremos empleadores sin escrúpulos que exploten a trabajadores no autorizados, realicen actividades ilegales o impongan condiciones de trabajo inseguras. Los empleadores involucrados en actos ilegales obligan a concentrarse en nuestros recursos para hacer cumplir la ley. Al adoptar políticas que se centren en los empleadores menos escrupulosos, protegeremos a los trabajadores y a las empresas estadounidenses legítimas”.

Los principios

En el memorando, el secretario enfatiza que, para lograr este objetivo de la mejor manera, se deben adoptar políticas de aplicación de la ley de inmigración para facilitar que el Departamento de Trabajo y otras agencias gubernamentales hagan cumplir las

protecciones de seguridad en el lugar de trabajo, derechos laborales y otras leyes y normas.

Los principios fundamentales de la medida apuntan a:

• Reducir la demanda de empleo ilegal generando consecuencias más severas para

empleadores explotadores y sus agentes.

• Aumentar la disposición de los trabajadores a denunciar violaciones de la ley por parte de empleadores explotadores y cooperar en investigaciones de empleo y normas laborales.

• Ampliar y profundizar los mecanismos de coordinación entre el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Trabajo, el Departamento de Justicia, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la Junta Nacional de Relaciones Laborales y las agencias laborales estatales.

Discreción Procesal

Mayorkas indicó que las autoridades de inmigración deberían comenzar inmediatamente a usar “discrecionalidad procesal” en lo que se refiere a alentar a los trabajadores a denunciar explotación en el lugar de trabajo y prevenir que los empleadores usen amenazas de deportación como represalia.

Este memorando se une al cambio de prioridades para los arrestos y deportaciones de inmigrantes indocumentados por parte de ICE que el Gobierno anunció el pasado 30 de septiembre, y que entrará en vigor el próximo 29 de noviembre.

Las nuevas normas dan prioridad a la expulsión de criminales y a la detención y deportación de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma ilegal.

Trump

En el memorando de Mayorkas señala que las redadas masivas en los sitios de trabajo durante el gobierno del expresidente Donald Trump, “resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores”.

Las redadas en sitios de trabajo fueron comunes durante la presidencia de Trump, incluido un operativo en el 2019 contra plantas procesadoras de pollo en el medio oeste.

En 2019, ICE realizó una redada en una fábrica de armas en Sanford, en la que capturaron a alrededor de 30 indocumentados.

A comienzos de 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llegó a tener un promedio diario de 40 mil personas detenidas. Actualmente tiene poco más de 21 mil en diferentes centros de detención del país.

Las detenciones, que durante el Gobierno de Trump incluyeron redadas en sitios de trabajo, bajaron de 6 mil en diciembre pasado a 3,600 en agosto.

Charlotte. – El cónsul general de Honduras en Charlotte, Raúl Jerónimo Sabillón Rosales, recuerda con nostalgia la ilusión con que trabajó durante 2020 para inaugurar la sede de la representación catracha en la intersección de Sardis Road North con Monroe Road.

La inauguración

Finalmente, en una ceremonia refinada con conexión virtual con el canciller hondureño, el embajador de Honduras en Estados Unidos, los 13 cónsules acreditados en Estados Unidos y la vicecanciller hondureña presencialmente, el 3 de octubre de 2020 el consulado hondureño, con jurisdicción en las Carolinas abrió sus puertas.

Un año y dos semanas después, Sabillón Rosales reconoce que no ha sido sencillo confrontar la sobresaturación de trabajo, la cantidad de connacionales a los que hay que atender y las necesidades de sus paisanos.

“Hemos expedido más de 14 mil pasaportes y realizado otros 3 mil trámites”, cuenta el cónsul.

“Estamos recibiendo más de 1,200 llamadas diariamente”, anota.

Las autoridades estadounidenses detuvieron a más de 1,7 millones de migrantes a lo largo de la frontera con México durante el año fiscal 2021, finalizado en septiembre, mientras que los arrestos por parte de la patrulla de fronteras se dispararon a sus niveles más altos desde 1986, según datos inéditos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP por sus siglas inglés) obtenidos por el Washington Post.

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Los cruces ilegales comenzaron a aumentar el año pasado, pero se dispararon en los meses posteriores a la toma de posesión del presidente Joe Biden. A medida que aumentaron los arrestos de la CBP la primavera pasada, Biden indicó que el aumento era consistente con los patrones históricos estacionales. Pero los meses de mayor actividad se produjeron durante el sofocante calor de julio y agosto, cuando más de 200.000 migrantes fueron detenidos.

Durante una audiencia de confirmación el martes para Chris Magnus, el jefe de policía de Tucson nominado por Biden para dirigir la CBP, los senadores Republicanos lo presionaron para que describiera el aumento como una “crisis”.

Magnus lo calificó como un “desafío significativo”, haciendo eco del término preferido de la administración Biden, y agregó que “las cifras son muy altas”. Se espera que la CBP publique los datos del año fiscal 2021 a finales de esta semana.

El control fronterizo se ha convertido en una deficiencia política importante para Biden, y el manejo de la inmigración por parte del presidente sigue siendo su peor problema en las encuestas. Prometió en la campaña electoral hacer que Estados Unidos sea más acogedor con los inmigrantes, en contraste con el expresidente Donald Trump, cuyas políticas de cero tolerancia y separaciones familiares generaron indignación generalizada en 2018.

Durante la transición, Biden dijo que avanzaría cautelosamente en cuanto a política de inmigración para evitar que llegaran “2 millones de personas en nuestra frontera”.

Una vez juramentado, Biden detuvo rápidamente la construcción del muro fronterizo, puso fin a la política de Trump de “Permanecer en México”, revirtió algunas restricciones de asilo y anunció una pausa de 100 días a la mayoría de las deportaciones y a la aplicación de la ley por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE por sus siglas en inglés).

Los funcionarios de Biden inicialmente culparon a las políticas de la administración anterior por el aumento de los cruces fronterizos y dijeron que las presiones migratorias se intensificaron como resultado de las consecuencias económicas de la pandemia. Muchos migrantes han declarado a la prensa que optaron por hacer el arriesgado viaje hacia el norte, a gran costo y con peligros considerables, basándose en la creencia de que Biden les permitiría quedarse. El boyante mercado laboral de EEUU también ha sido un atractivo.

A principios de este año, Biden solicitó a la vicepresidenta Harris que abordara las “causas fundamentales” de la migración desde las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero la estrategia no ha surtido realmente efectos cuantificables, y Harris se ha distanciado de los problemas fronterizos y de inmigración en general.

Los últimos datos de la CBP indican que los desafíos de la administración se extienden mucho más allá de Centroamérica. México fue la principal fuente de migración ilegal durante el año fiscal 2021, ya que la Patrulla Fronteriza arrestó a más de 608.000 ciudadanos mexicanos. Eso pone a la administración Biden en un lugar incómodo, ya que depende cada vez más de México para reforzar la aplicación de la ley y bloquear a los grupos de caravanas de migrantes que se dirigen hacia el norte desde Centroamérica.

Los funcionarios de Biden están negociando con México el cumplimiento a mandatos recientes de cortes federales que les obligan a reiniciar la política de “Permanecer en México”, la cual requiere que los solicitantes de asilo esperen fuera del territorio estadounidense mientras se procesan sus casos.

El segundo mayor grupo desglosado en las cifras está compuesto por migrantes que no son ni de México, ni de Centroamérica, y a quienes la CBP categorizó como “otros”, incluyendo haitianos, venezolanos, ecuatorianos, cubanos, brasileños y migrantes de docenas de otras naciones. Representaron 367.000 arrestos.

Les siguieron migrantes de Honduras (309.000), Guatemala (279.000) y El Salvador (96.000).

Más de 1,3 millones de migrantes han sido detenidos a lo largo de la frontera sur en los nueve meses desde que Biden asumió el cargo, incluidos 192.000 el mes pasado, según muestran las últimas cifras de la CBP.

En los años fiscales entre 2012 y 2020, los arrestos fronterizos promediaron alrededor de 540.000. La cifra de 2021 es más de tres veces esa cantidad y el segundo total anual más alto jamás registrado.

La extraordinaria afluencia ha producido una serie de problemas para la administración, comenzando esta primavera con un número récord de menores no acompañados que cruzan sin sus padres y que se apiñan hombro con hombro en las carpas de la CBP.

Los cruces de grupos familiares centroamericanos abrumaron a los agentes estadounidenses este verano, y en septiembre, la llegada repentina de 15.000 migrantes, en su mayoría haitianos, a un campamento en Del Rio, Texas, produjo escenas de caos políticamente dañinas debido a las duras tácticas de represión aplicadas por los agentes a caballo de la CBP.

Defensores de los inmigrantes que respaldaron la candidatura de Biden se sienten defraudados por su presidencia, y varios realizaron una huelga virtual el fin de semana pasado durante una reunión con asesores de políticas de la Casa Blanca. Las propuestas de Biden para una reforma migratoria importante están estancadas en el Congreso, y los Republicanos piensan usar su historial fronterizo como un garrote en las elecciones intermedias del próximo año.

La administración Biden ha respondido a las críticas en cuanto a las cifras de arrestos señalando que sigue utilizando la política de salud pública conocida como Título 42 para “expulsar” rápidamente a la mayoría de los adultos que cruzan la frontera, regresándolos a México o a sus países de origen.

De los 1,7 millones de detenidos durante el año fiscal 2021, el 61 por ciento fueron expulsados bajo el Título 42, muestran los datos de la CBP.

Las expulsiones han provocado un aumento significativo de los casos de reincidencia de cruce por parte de los migrantes que son devueltos, por lo que el número de personas detenidas es menor que el número de arrestos registrados. Las tasas de reincidencia han superado el 25 porciento en los últimos meses, duplicando años anteriores, según cifras de la CBP.

La cifra de 1,7 millones incluye a los migrantes arrestados entre los puertos de entrada por la patrulla fronteriza, así como a quienes intentaron ingresar a los Estados Unidos sin autorización a través de los puertos oficiales de entrada pero que fueron detenidos por agentes de la CBP que uniforme azul.

La patrulla fronteriza realizó 1,69 millones de arrestos en todo el país en 1986, según datos históricos que no indican específicamente cuántos hubo a lo largo de la frontera sur. Durante el año fiscal 2021, los agentes detuvieron a 1,66 millones de personas solamente a lo largo de la frontera con México, según muestran las últimas cifras.

El sector de la CBP a cargo del Valle del Río Grande fue el más activo el año pasado, con 549.000 detenciones de la patrulla fronteriza, seguido por el sector de Del Rio, el cual, con 259.000, eclipsó a los sectores históricamente más activos como El Paso y Tucson.

Las cifras de la CBP muestran descensos el año pasado en las incautaciones de cocaína, heroína y metanfetamina. Los analistas atribuyen la disminución a la reducción del tráfico de vehículos a través de los puertos de entrada como resultado de las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia, así como a un menor número de incautaciones por parte de agentes fronterizos abrumados de trabajo.

Información del Autor:

Nick Miroff cubre la aplicación de la ley de inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional para el Washington Post. Fue corresponsal extranjero del Post para América Latina de 2010 a 2017, y ha sido redactor de plantilla desde 2006.

Al señor Esteban los sicarios del narcotráfico le dieron 15 minutos para abandonar el poblado de Aguililla en el estado de Michoacán.

“La verdad, ni nos fijamos de qué cartel eran los que llegaron. Nada más pensamos en salir para salvar nuestras vidas”, platicó a La Opinión en un albergue de Tijuana, todavía temeroso, semanas después del incidente.

Él, su esposa y dos hijos adolescentes tenían algunos fondos en un banco, y usaron parte del dinero para viajar en autobús desde Morelia, la capital del estado, hasta Tijuana.

“No quisimos volar, porque no queríamos gastar mucho y ya no queríamos quedarnos más tiempo en el estado” a la espera de que saliera un vuelo, según dijo el señor.

La familia llegó a la frontera con el plan que apenas unas semanas antes había funcionado a un familiar suyo que también tuvo que huir de la guerra entre carteles en el estado de Michoacán.

Se hospedaron y don Esteban rentó en una agencia un vehículo compacto. Dijo que encontrar la fila de vehículos para cruzar a San Diego le pareció un poco enredado, pero consiguió formarse y avanzar lentamente poco más de una hora.

“Así le había hecho mi primo: manejó hasta adentro y ya estando ahí le dijo al (oficial) de la migración que quería entregarse para pedir asilo, y sí lo dejaron pasar; ahorita está en Denver con otros familiares”, dijo Esteban.

Yo los entiendo porque están desesperados y eso los lleva a buscar nuevas formas para cruzar la frontera.

Esteban, inmigrante.
Pero el resultado fue distinto para esta familia. Don esteban dijo que en cuanto se aproximaban en el auto a la doble línea amarilla que demarca la división entre Estados Unidos y México en la garita de San Ysidro, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les dijeron con señas que mostraran sus documentos para entrar al país.

Sin mostrar los documentos, el padre de familia dijo que intentó hablar con los oficiales, pero ya otros dos estaban enfrente del vehículo sobre la franja amarilla.

“Fue muy penoso, porque nos hicieron ir cruzando todos los carriles, las filas de autos, hasta que salimos al lado derecho que estaba despejado, pero ahí no podíamos manejar en sentido contrario para salir de nuevo a las calles de Tijuana. La policía llamó a una grúa que remolcó el carro”, dijo don Esteban.

La familia se quedó finalmente sin dinero y consiguió refugio en un albergue en Tijuana, ahora sin saber qué puede hacer, excepto aguardar, según dijo el señor.

“Yo los entiendo porque están desesperados, y eso los lleva a buscar nuevas formas para cruzar la frontera”, explicó por su parte un pastor que dirige otro albergue en Tijuana.

El pastor Albert Rivera, del refugio Ágape para migrantes, explicó que cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero, decidió cancelar un programa que obligó a decenas de miles de migrantes a quedarse en la frontera mexicana mientras se revisaban sus peticiones de asilo.

“El presidente decidió que pasaran (a Estados Unidos) unos 25,000 migrantes que tenían todavía casos pendientes en ese programa. Luego, cuando ya pasaron esos miles de personas, comenzaron a dejar pasar nada más de 25 a 40 migrantes cada día a lo largo de toda la frontera”, dijo.

Ese número reducido incluyó únicamente los casos más vulnerables, como personas que necesitaban atención médica de urgencia, mujeres embarazadas que sin atención tendrían que dar a luz en el campamento, en la calle.

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó la petición de la Administración de Joe Biden de recibir nuevas solicitudes al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), lo que deja en peligro de deportación a más de 60,000 ‘dreamers’.

Ese mismo tribunal había rechazado una apelación general del programa, luego de una batalla legal liderada por el gobierno republicano de Texas, pero el juez Stuart Kyle Duncan negó la solicitud de la Administración Biden, según confirmó el Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense (MALDEF), que ha defendido el programa desde su implementación, adelantó la agencia EFE.

La defensa de MALDEF, en colaboración con la firma de Ropes & Gray, se unieron al Gobierno en la apelación luego de que el 16 de julio pasado el juez de Distrito Andrew Hanen, con sede en Texas, determinara que el programa creado por Barack Obama en 2012 violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.

“En su orden, Hanen permitió que DACA continuara para los beneficiarios con protección vigente y permitió el procesamiento continuo de renovaciones, pero no permitió que el Gobierno federal otorgara ninguna nueva solicitud”, indicó entonces la organización civil.

Apenas fue notificada sobre la decisión del Tribunal de Apelaciones, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) canceló las citas programadas para quienes solicitaban la protección por primera vez y, según un análisis del Center for American Progress (CAP), se estima que son casi 60,000 personas.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, Louisiana, atendíó la petición de la Administración Biden para restablecer la aprobación de nuevas solicitudes.

El 27 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que atendería la orden de la corte de Texas, pero anunció la publicación de una nueva regla que reforzará ese programa y, asegura, protegerá mejor a los ‘dreamers’.

“La Administración Biden-Harris continúa tomando medidas para proteger a los ‘dreamers’ y reconocer sus contribuciones a este país”, consideró entonces el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

La regla se publicó el 28 de septiembre en el Registro Federal y estpa abierta a comentarios públicos durante 60 días.

Mayorkas calificó la decisión como “un paso importante”, pero instó al Congreso a brindar protección permanente a los ‘dreamers’ a través de la inclusión de la reforma migratoria en el proyecto de ley de Reconciliación.

La regla publicada aborda la política de DACA “como se anunció en el Memorando Napolitano de 2012”, es decir evitar la remoción de estos inmigrantes.

“Modifica y mejora el proceso de presentación de solicitudes existente, al tiempo que codifica y aclara la política de uso e intercambio de información de largo tiempo del DHS con respecto a las solicitudes de DACA”, adelantó el Gobierno.

El Gobierno del expresidente Donald Trump consideró enviar hasta 250,000 soldados a la frontera con México para frenar la llegada de inmigrantes, y quiso lanzar además operaciones militares en el país vecino contra los cárteles de narcotráfico, según reveló este miércoles el periódico The New York Times.

Este plan hubiera movilizado a más de la mitad del Ejército en activo, convirtiéndose en el mayor uso de militares dentro del país desde la Guerra Civil y en un despliegue un 150% mayor que los 100,000 soldados enviados a Afganistán en el punto más álgido de los 20 años de conflicto en el país asiático.

Durante el pasado año fiscal (de octubre de 2020 a septiembre de 2021) fueron interceptados en la frontera más de 1.7 millones de inmigrantes, el récord histórico desde que se iniciaron los registros en la década de 1980, según informó este miércoles el diario The Washington Post a partir de cifras aún sin publicar de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Donald Trump
Trump durante una visita a una sección inacabada del muro fronterizo en Pharr, Texas, el 30 de junio de 2021.Eric Gay / AP
La propuesta del Gobierno de Trump de desplegar al Ejército se discutió entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, según el citado diario. El entonces asesor principal del presidente y arquitecto de sus políticas migratorias, Stephen Miller, había instado a las autoridades migratorias a enviar tropas a la frontera y sellarla usando como excusa la pandemia de COVID-19.

[El Gobierno promete: “Ningún agente de ICE recogerá a personas cuando vayan al trabajo o de camino a la escuela”]

El plan fue remitido a los militares del Comando Norte, responsables de las operaciones militares en el país y en sus fronteras, según indicaron varios exfuncionarios de alto nivel al medio citado; nunca se presentó formalmente a Trump para ser aprobada pero sí llegó a aparecer en reuniones en la Casa Blanca.

Al enterarse del plan en la primavera de 2020, el exsecretario de Defensa Mark T. Esper se enfureció con Miller y con los funcionarios de seguridad por no consultarle antes de proponerlo al Comando Norte. Tras un enfrentamiento con Miller en el Despacho Oval, Esper puso fin a esta propuesta.

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OCT. 15, 202100:35
Por esas fechas, en marzo de 2020, el Gobierno ya estaba por implementar la medida conocida como Título 42, que permite negar el derecho de asilo a la gran mayoría de migrantes por el riesgo de transmisión del coronavirus.

En esa época, Trump también presionó a sus principales ayudantes para enviar fuerzas militares a México y cazar a los cárteles. Al exmandatario no le pareció mala idea pero desistió cuando sus ayudantes le recordaron que eso podría parecer una declaración de guerra de Estados Unidos a su mayor socio comercial.

Aunque Esper no quiso hacer comentarios al medio citado sobre su papel para desmontar los planes de Trump, en unos meses publicará un libro sobre la Casa Blanca de Trump.

La Corte de Apelaciones del 5to Circuito rechazó un pedido hecho por el gobierno de levantar las restricciones del programa de Acción Diferida de 2012 (DACA), ordenadas por una corte de Texas el pasado 16 de julio.

En esa fecha el juez Andrew Hanen, en respuesta a una demanda presentada por estados gobernados por republicanos -Alabama, Arkansas, Carolina del Sur, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Texas y West Virginia- permitió que el programa permanezca activo solo para dreamers que están amparados de la deportación, pero no aquellos que antes no se habían inscrito.

“Se ordena que la moción opuesta de los Apelantes (el gobierno) de suspender los procedimientos adicionales en este caso hasta que se complete el procedimiento de reglamentación actual y la promulgación de la regla final sea NEGADA”, se lee en el fallo.
La apelación fue presentada el 10 de septiembre poco antes del vencimiento del plazo otorgado por Hanen. Por medio de un escrito, el Departamento de Justicia avisó al tribunal de la introducción de un escrito donde solicitaba permitir el procesar y otorgar protecciones de deportación a nuevas solicitudes.

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DACA fue creado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama en respuesta a la inacción del Congreso en el debate de la reforma migratoria. El programa actualmente protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que ingresaron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.
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El programa incluye además una autorización de empleo renovable cada dos años.

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Detalles de la demanda
La demanda cintra DACA fue presentada en 2018 por un grupo de estados gobernados por republicanos que se opone a la Acción Ejecutiva.

Los detractores alegan que el Ejecutivo violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al no tener en cuenta el comentario público tras la publicación del reglamento en el Registro Federal. Además, señalan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, situación que viola la ley federal.

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En el fallo del 16 de julio, el juez Hanen, quien preside a corte federal del distrito Sur de Texas, dijo que el programa era “ilegal” y por tanto el gobierno debe abstenerse de emitir nuevos permisos para las personas que califican para el plan.

El caso se conoce como Texas v. Estados Unidos. El Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y el co-consejero de Ropes & Gray representan a 22 beneficiarios de DACA que intervinieron en el proceso porque, argumentan, bajo el gobierno de Donald Trump no se defendió adecuadamente el programa en los tribunales.

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Cómo queda el programa
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MALDEF dijo que, tras el fallo de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, el programa DACA queda “en los mismos términos” que tras la decisión del juez Hanen el 16 de julio.

“Es decir, aquellos dreamers cuyas protecciones vencen en los próximos 120 a 150 días deben renovarlas”, dijo Sandra Hernández, vocera de MALDEF.

“Lo que hizo el 5to. Circuito fue denegar la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la apelación en espera de la promulgación de las regulaciones de DACA”, agregó el Fondo.

“Eso significa que nada ha cambiado en términos del caso (desde el 16 de julio) y los beneficiarios de DACA aún pueden solicitar la renovación, pero las nuevas solicitudes no se están procesando”, indicó Hernández.
Tras la sentencia del 16 de julio, los abogados de MALDEF argumentaron que los estados no demostraron daños por la implementación de DACA y que la iniciativa es un ejercicio legal de la discreción presidencial.

“Este caso nunca debió haberse presentado y nunca debió haber progresado más allá de su presentación”, dijo en esa ocasión Thomas A. Saenz, presidente y asesor general de MALDEF.

Agregó que los beneficiarios actuales de DACA “permanecen completamente protegidos, pero la decisión (de julio) amenaza a cientos de miles de personas que también deberían ser protegidas mientras continúan contribuyendo al mejoramiento de nuestra nación”.

DACA fue cancelado el 5 de septiembre durante el gobierno de Donald Trump. Pero tras una larga batalla judicial que llegó hasta la Corte Suprema, el programa fue restablecido en su totalidad hasta que Hanen ordenó suspender el procesamiento de nuevas inscripciones.

America’s Voice ha iniciado una serie titulada “Urge la Reforma Migratoria”, que consiste en videos en español con subtítulos en inglés de entrevistas a migrantes indocumentados para que expliquen en sus propias palabras por qué la legalización es urgente. Vea la primera historia haciendo click en el video.

“Es absolutamente necesario que hagamos todo lo posible para detener la transmisión del covid-19”, dijo Chris Magnus, quién podría ser el próximo comisionado de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. El jefe de policía de Tucson, Arizona, hizo hincapié en la política de salud pública conocida como Título 42, que permite deportar automáticamente a migrantes por la pandemia.

Veinte migrantes cubanos llegaron a los Cayos de la Florida durante el fin de semana en una embarcación casera, dijo el martes la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Los agentes federales acudieron hacia las 4 a.m. del domingo al lugar en Cayo Grassy, en los Cayos Medios, donde encontraron a 16 hombres y cuatro mujeres. Fueron puestos bajo custodia federal y probablemente serán devueltos a Cuba en un cúter de la Guardia Costera. El grupo salió de Matanzas, Cuba, el 15 de octubre y pasó más de dos días en el mar antes de llegar a los Cayos, dijo el portavoz de la Patrulla Fronteriza Adam Hoffner. TOP VIDEOS × El lunes, la Guardia Costera dijo que devolvió otro grupo a Cuba, con un total de 45 personas, después de tres paradas separadas entre el viernes y el sábado, todas ellas debido a “la preocupaciones por la seguridad de la vida en el mar”. Una de las paradas fue a unas 40 millas de Cayo Hueso. Los mejores restaurantes de Miami Haz una búsqueda por barrio y por el tipo de comida que te apetezca LEER MÁS “Hay un medio controlado, seguro y legal de migración a Estados Unidos”, dijo el teniente general Connor Ives, oficial de cumplimiento del Séptimo Distrito de la Guardia Costera. “No seguir este proceso migrando por mar es ilegal y pone en peligro la vida de todos los implicados”. El número de personas dispuestas a realizar la peligrosa travesía desde Cuba al sur de la Florida, normalmente en embarcaciones improvisadas, se disparó este año. Agentes detuvieron un camión que remolcaba una embarcación en los Cayos. Encontraron 32 inmigrantes cubanos en su interior La Guardia Costera hace un seguimiento del número de migrantes capturados por año fiscal, que comienza el 1º de octubre. En el año fiscal 2021, los guardacostas detuvieron a 838 personas, más que en los tres años anteriores juntos. En 2020, la cifra fue de solo 49. Gracias por apoyar el periodismo local. Su suscripción nos permite seguir ofreciendo a nuestros lectores el material periodístico de calidad y relevante que marca la diferencia. Creemos que una plataforma para compartir noticias locales es crítico para nuestra comunidad, y estamos agradecidos de que usted piense igual. ¿Tiene alguna pregunta sobre su suscripción? Lo ayudamos con mucho gusto. Contáctenos Los expertos dicen que el aumento refleja el deterioro de las condiciones económicas, políticas y sanitarias en Cuba. Los arriesgados intentos en el mar se producen años después de que terminara la llamada política de “pies secos, pies mojados”. Esta política permitía a los emigrantes cubanos que pisaban territorio estadounidense por encima de la línea de pleamar permanecer en el país y solicitar la residencia permanente. A su vez, exigía que los capturados por las autoridades estadounidenses en el mar fueran devueltos a su país. “Pies mojados, pies secos”, fue concluida por la administración de Obama a principios de 2017 en una de sus últimas decisiones de política exterior. Desde el 1º de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han detenido a 122 cubanos en el mar, según informó la agencia esta semana.

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Los demócratas preparan nueva propuesta para proteger a millones de inmigrantes de ser deportados y otorgar permiso para trabajar hasta por 10 años.

El Gobierno confirmó el envío de otros 20 millones de dólares a México y Centroamérica para ayudar a comunidades de donde emigran muchas personas hacia EE.UU. El anuncio coincidió con una protesta en la capital de familiares de migrantes desaparecidos.

Tras año y medio alejada de su familia, Lucía Alcalá pudo volver a EE.UU. hace unas semanas gracias a un permiso humanitario. La labor de la organización Dreamers 2Gether y de los dos senadores federales de Florida fue esencial para su regreso.

Muchos de ellos afirman que al no contar con este documento no podrán participar en las elecciones hondureñas, ni mucho menos adelantar diversos trámites. A esto se suman los problemas que se han reportado en las jornadas que se adelantaron para expedir esta identificación. Más noticias aquí.

En pleno auge de la pandemia del coronavirus, la Administración del expresidente Donald Trump consideró enviar 250,000 soldados –el equivalente a la mitad del total de militares activos estadounidenses– a la frontera con México, según un reporte del diario The New York Times publicado el martes .

El envío, que habría equivalido a movilizar una sexta parte del total del Ejército de Estados Unidos a la frontera sur, habría supuesto el mayor uso de tropas estadounidenses desde la Guerra Civil. La idea fue finalmente derribada por el entonces secretario de Defensa, Mark T. Esper, quien estuvo en el cargo entre julio de 2019 y noviembre de 2020.

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Trump lo despidió pocos días después de las elecciones presidenciales que fue ganada por elm actual mandatario, el demócrata Joe Biden.

Pero el despido de Esper llegó meses después del plan revelado por el periódico neoyorquino. De acuerdo con el reporte, fue el principal asesor político de Trump, Stephen Miller, el arquitecto de la polémica estrategia migratoria de tolerancia cero, quien instó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a desarrollar un plan para sellar militarmente la frontera sur del país, que tiene una extensión de 2,000 millas (poco más de de 3,140 kilómetros).
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Los documentos no detallan cómo se calculó la cifra de 250,000 soldados, si el número total de tropas que se requerían salió de funcionarios del DHS o del Pentágono (Departamento de Defensa).

La idea llegó luego a los funcionarios del Comando Norte, responsable de todas las operaciones militares de Estados Unidos. Y aunque no llegó formalmente al escritorio de Trump, fue discutida entre otras medidas para endurecer la política migratoria, dijo The New York Times.

Pelea interna en la Casa Blanca
Las fuentes consultadas por el periódico aseguran que el secretario de Defensa Esper se enfureció por el plan de Miller. Y que los funcionarios del DHS, además, habrían ignorado consultar al Pentágono para una idea que implicaría movilizar la mitad de soldados estadounidenses activos del mundo.

El movimiento de tropas, además, habría implicado debilitar la posición estadounidense en otras partes del mundo.

El reportaje señala asdemás que tras un breve, pero duro encuentro en la Oficina Oval, Esper liquidó la idea de Miller.

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Trump, para entonces había endurecido su política migratoria, que había sugerido ya la construcción de un muro fronterizo, implantó duras medidas que implicaron levantar cargos criminales a los migrantes que llegaban en busca de asilo para poder arrebatarles a sus hijos y causar separaciones forzadas de familias, e incluso habló en público sobre instalar fosos llenos de caimanes o dispararles a las piernas a los extranjeros indocumentados (ilegales como les llamaba) para detenerlos.

El hallazgo de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México impone una nueva marcha que databa de 1986, durante el gobierno de Ronald Reagan, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP).

Aunque la agencia no ha publicado el número de arrestos en el mes de septiembre, la cifra de arrestados superó los 1.7 millones, según reportó The Washington Post este miércoles citando documentos a los que tuvo acceso.

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El diario indicó que la cantidad de inmigrantes indocumentados puestos bajo arresto por la Patrulla Fronteriza alcanzó en más de tres décadas.

La llegada de miles de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos comenzó en 2013 y fue advertida en esa ocasión por expertos de la Universidad de California, quienes elaboraron un informe que fue entregado a Naciones Unidas.
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Ese año el organismo internacional advirtió al gobierno de Barack Obama de la amenaza de una crisis inédita, pero no fue hasta mediados de 2014 que el mandatario reconoció la gravedad de la situación tras el arresto, en lo que iba del año fiscal, de más de 46,000 menores no acompañados e igual número de unidades familiares.

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La crisis de 2021
La nueva oleada de inmigrantes en la frontera sur comenzó en noviembre del año pasado y fue aumentando considerablemente después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca en enero.

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La oposición republicana culpa la política migratoria del gobierno por la crisis. Desde que tomó el poder, Biden ha eliminado gran parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ creada por Trump quien, con órdenes ejecutivas y memorandos, intentó detener la inmigración indocumentada y puso trabas a la inmigración legal.

En 2020, tras la declaratoria de una emergencia nacional debido a la pandemia, Trump cerró las fronteras y activó el Título 42 del Código de Estados Unidos, que le permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportar de forma acelerada a extranjeros por razones de salud pública para evitar la propagación del coronavirus.

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A pesar de que el Título 42 continúa vigente, la data del CBP revela que la detención de indocumentados han aumentado, sobre todo en los meses entre junio y agosto, la temporada más sofocante en la frontera.

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Audiencia de confirmación
El retiro de partes clave de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ revivió el debido proceso migratorio y una serie de protecciones legales vigentes aprobadas por el Congreso, entre ellas el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley de Prevención sobre Tráfico Humano (TVPRA).

Ambas regulaciones determinan el trato y la manera de proceder del gobierno, sobre todo en el trato que debe dar a inmigrantes menores de edad detenidos. El acuerdo Flores, por ejemplo, señala que los niños de países no fronterizos no pueden ser deportados de forma acelerada y que debe ser un juez de inmigración quien decide sus futuros en Estados Unidos.

Pero el avance de los procesos es lento debido al atasco en la Corte de Inmigración, que a la fecha tiene más de 1.4 millones de casos acumulados y en promedio cada expediente tarda más de 3.2 años en ser resuelto.

Simultáneamente, el martes Chris Magnus, el jefe de la Policía de Tucson que Biden nominó para dirigir el CBP, asistió a una audiencia de confirmación en el Senado donde los republicanos presionaron para que avale el aumento de inmigrantes como una crisis.

Magnus lo llamó un “desafío significativo”, haciéndose eco del término preferido de la administración de Biden, y agregó que “los números son muy altos”. Se espera que CBP publique los datos del año fiscal 2021 a finales de esta semana, indicó el Post.

A new internal poll conducted for a large advocacy group shows that the overwhelming majority of Democratic voters in battleground states would be angered if Congress fails to move the needle on immigration, with some potentially staying home in next year’s midterm elections.

The survey, conducted by Democratic consulting firm Global Strategy Council (GSC) for the Immigration Hub, reports that 66 percent of voters — including 90 percent of Democrats and 75 percent of independents — would be “upset” if immigration reform does not pass.

The poll — conducted in Arizona, Florida, Georgia, North Carolina, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania and Wisconsin, all of which have competitive Senate races — found that 13 percent of respondents identified as unmotivated Democrats, who are less likely to vote in 2022.

Of those unmotivated Democrats, 86 percent said they would be upset if no citizenship proposal is passed, and 60 percent said they would be less likely to vote for a senator who votes against such legalization.

Congress is debating a budget reconciliation package that would allow Democrats to pass a broad swath of policies while sidestepping a Republican filibuster.

Among the proposals for that package is a process to grant immigration status to millions of undocumented immigrants and hundreds of thousands of immigrants on temporary humanitarian visas.

Two proposals that would have set millions on a path to citizenship were deemed incompatible with the rules of reconciliation by the Senate parliamentarian, the staff attorney who reviews chamber rules.

A third proposal that would grant temporary work permits without a path to citizenship is under review, but the contents of any final reconciliation bill are still up for debate among Democrats.

Immigration advocates have become increasingly impatient with congressional Democrats and the Biden administration, who they say are hiding behind the parliamentarian to excuse inaction on the issue.

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The Senate’s presiding officer has the final word on whether to take the parliamentarian’s advice, and the full Senate can override the presiding officer’s ruling with a 60-vote majority.

In a polling memo reviewed by The Hill, GSC reported to the Immigration Hub that voters overwhelmingly support immigration proposals related to granting a path to citizenship, but express concerns separately over conditions at the U.S.-Mexico border.

Still, support for immigration provisions is clearly split among party lines.

According to the poll, 69 percent of voters support the DREAM Act — a measure to grant a path to citizenship to undocumented immigrants who arrived in the country as minors — including 89 percent of Democrats, 64 percent of independents and 50 percent of Republicans.

Similarly, 68 percent of voters support citizenship for essential workers, including 88 percent of Democrats, 61 percent of independents and 50 percent of Republicans.

Those numbers are identical in support for citizenship for undocumented farm workers and drop off slightly in support of other undocumented immigrants who have been in the country for more than 10 years.

Harry Reid calls on Democrats to plow forward on immigration
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Only 58 percent of voters support the idea of granting temporary work permits without a path to citizenship, including 79 percent of Democrats, 55 percent of independent voters and 38 percent of Republicans.

The current proposal under consideration by the Senate parliamentarian would grant such temporary permits, after the two proposals with a path to citizenship were nixed.

The poll was conducted online among 1,200 voters in the Senate battleground states between Sept. 17-26. The survey had a confidence interval of 2.8 percent.

Former Senate Majority Leader Harry Reid (D-Nev.) on Tuesday called on Democrats to push forward on immigration reform in 2021.

“If my 2010 reelection to the Senate proved anything, it was that Democrats can fight and win on immigration. It makes policy sense and political sense and not just with Latino voters, but also with Americans of all backgrounds,” said Reid, who famously shifted from being an immigration hawk in the early ’90s to backing liberalization as majority leader in 2010.

“However, the operative word is ‘win.’ With Democrats controlling both chambers of Congress and the White House, Americans expect Democrats to deliver this time on sensible immigration policies,” he added.

Immigrant advocates are wary that Democrats could fail to include any sort of immigration provision in this year’s reconciliation bill, essentially leaving the issue at the mercy of 10 Senate Republicans.

Democrats have attempted to include three different immigration provisions in the bill, but the first two failed to meet muster with the Senate parliamentarian, the rule-keeper for determining what can be included in the package under Senate rules.

The Democrats are crafting a package that cannot be filibustered by Republicans, which will make it possible to get it through the Senate if Democrats are unified around it. But there are specific rules for what provisions can be included in the filibuster-proof measure.

The first two proposals, which gave legal permanent residency to millions of undocumented immigrants and immigrants on humanitarian visas, were deemed by the Senate parliamentarian as incompatible with the rules of reconciliation.

A third, which grants temporary relief but not permanent legal residency — and thus no path to citizenship — for millions of people is currently being negotiated between Senate Democrats and the parliamentarian’s office.

Advocates and some Democrats are growing increasingly tired of the back-and-forth, which they argue is unnecessary, as the parliamentarian’s ruling is advisory in nature, and the chamber’s presiding officer has the final say on what can and cannot be included in reconciliation.

Reid, who as Senate leader weakened the chamber’s filibuster on presidential nominations, did not specify how he wants Senate leaders to push through, but made clear that voters could turn on Democrats if no immigration deal comes through.

“By 3-to-1 margins and across party lines, Americans want legal status for immigrants who have worked hard, paid taxes and made their lives in the United States. After decades of waiting to fix this broken immigration system, the voters that rejected Donald Trump’s nativism, and gave power to Democrats, are not going to give us a free pass if all we come back with are procedural excuses,” said Reid.

Since Reid’s reelection in 2010, Nevada has become more Democratic in large part because of Latino voters and the promise of immigration reform.

Sen. Catherine Cortez Masto (D-Nev.), Reid’s successor, is up for reelection in 2022 in what could become one of the most competitive Senate races in the country.

Democratic poll: 66 percent of voters would be ‘upset’ without…
Facebook settles with DOJ to resolve allegations of discrimination…
Still, both the White House and Democratic congressional leadership have tread carefully on the matter of immigration.

Advocates say the 2021 reconciliation process could be the last opportunity for a broad legalization program for years or decades, arguing that the political and economic benefits of acting boldly on immigration would outweigh any backlash.

“I have seen the human and economic consequences of this broken system. The current system rips families apart, destroys otherwise prosperous businesses, and keeps millions of hardworking people fearing deportation. We must fix this. This is the year. The time is now,” said Reid.

Immigration enforcement took center stage Tuesday at a Senate Finance Committee hearing where senators from both sides of the aisle grilled President Joe Biden’s pick to lead U.S. Customs and Border Protection on the administration’s border policies.

The confirmation hearing for Tucson, Ariz., Police Chief Chris Magnus comes after a monthslong delay, after committee Chair Ron Wyden, D-Ore., held up the nomination over concerns about the use of force by CBP agents to quell civil rights demonstrations in Portland last year.

While the Finance Committee does not have authority over immigration matters, the committee does handle issues related to ports of entry, trade deals and tariffs, which fall under the purview of the CBP commissioner.

“Immigration is not explicitly in the Finance Committee’s jurisdiction. It is sure, however, to come up today from members,” Wyden said in his opening remarks. He lamented that, too often, “trade enforcement has been a secondary issue.”

Yet, Wyden opened his own questioning with an immigration inquiry, asking Magnus how he would ensure, if confirmed, that Border Patrol agents understand immigration and refugee laws and act “humanely” when enforcing them.

Other Democratic senators also pressed Magnus on the treatment of migrants, and unaccompanied children in particular, at the southwest border, particularly following viral images showing Border Patrol agents using reins against Haitian migrants.

“There is no question that we have to meet the challenge of asylum obligations as a nation, and also the security of our borders,” Magnus said, replying to a question from Sen. Benjamin L. Cardin, D-Md., on how to balance the agency’s mission to enforce U.S. immigration laws “with the enforcement of our values.”

“I don’t believe that we have to sacrifice efficiency for humanity,” the police chief continued.

Magnus highlighted his own immigrant roots in his opening remarks, noting his father immigrated from Norway in 1921 and that his husband immigrated from Hong Kong.

But Magnus also stressed he would enforce the immigration laws as written when fielding questions from Republicans attacking the Biden administration’s border policies.

When pressed by Sen. John Cornyn, R-Texas, Magnus conceded that looser immigration enforcement policies are “certainly one part” of the factors driving migrants to journey to the U.S. He also signaled some support for continuing construction of a border wall and other physical border infrastructure.

“I think there is a place for infrastructure, and I think that includes in certain sections, completion of barriers, walls, other things. So this is an area that I want to learn more about,” Magnus said.

He told Republicans it “seems reasonable” to require asylum-seekers released into the country to agree to be vaccinated against COVID-19 and that he would support CBP testing migrants for COVID-19.

When asked about the Biden administration’s use of Title 42, a pandemic-era order allowing border agents to “expel” asylum-seekers without considering their claims for protection, Magnus replied that the order “helps with” curbing the spread of COVID-19. But he also stopped short of offering a vocal endorsement or condemnation of the policy, which has been challenged in court.

“Here’s the bottom line: I will always comply with the law, even as it changes, perhaps regarding Title 42, no matter what it is the courts decide,” he said.

If confirmed, Magnus would take the helm of the border agency as it faces record-high levels of migration to the U.S.-Mexico border. He would also be the first openly gay CBP commissioner.

Border agents encountered a migrant at the border more than 208,000 times in August, and agents have logged more than 1.5 million migrant encounters from October 2020 through August. September’s border data has yet to be released.

The Biden administration has maintained the prior administration’s Title 42 order, which has allowed it to expel more than 950,000 individuals during that time period, including some migrants expelled multiple times.

However, the policy is currently wrapped up in litigation in federal court. A District of Columbia federal judge barred the administration from enforcing the expulsion policy against migrant families, but a federal appeals court gave the government permission to continue expelling families while the lawsuit progresses.

Meanwhile, the administration is in the process of reviving the so-called Remain in Mexico policy, the Trump-era program requiring asylum-seekers to wait in Mexico for decisions in their U.S. immigration court cases, following a Texas federal court order to reinstate the program.

In addition to immigration-related questions, senators also pressed the CBP nominee on how he would tackle various trade matters, including forced labor in China and supply chain issues.

Magnus said that addressing forced labor abroad would be “one of my high priorities” and eliminating the practice would be a “moral imperative.” On supply chain disruptions and shipping delays, he also said that, if confirmed, he would make sure CBP “has the appropriate staffing at the ports.”

Faith leaders from across Maine held a vigil at the Portland office of Sen. Angus King on Monday night, calling on the independent senator to “expend every option” to fix the backlog of unprocessed DACA requests and to finally pass a path to citizenship.

“We, the undersigned leaders of faith from across Maine, urge you to come out in support of clearing the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) backlog of more than 100,000 unprocessed Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) applications and requests,” reads an Oct. 18 letter sent to King’s office by 12 Christian, Jewish and Muslim leaders in Maine. “Furthermore, we urge you to join your colleagues in expending every option to pass a clear roadmap to citizenship for the undocumented families who keep our economy running through budget reconciliation.”

The letter to King, an independent who caucuses with Democrats, comes as the window for meaningful immigration reform, a stated priority of many Democrats and King, appears to be closing.

The U.S. House has proposed a version of the Democrats’ $3.5 trillion 10-year Build Back Better “human infrastructure” package that includes a provision that would provide a pathway to citizenship for eight million immigrants including DACA recipients, Temporary Protected Status (TPS) holders and undocumented essential workers. However, the Senate has removed that provision from its version of the budget package, which is being passed through a budget reconciliation process to avoid an inevitable Republican filibuster.

Last month, Senate Parliamentarian Elizabeth MacDonough, an unelected interpreter of Senate rules, issued a non-binding opinion that immigration reform provisions could not be included in the Senate’s version of the reconciliation bill.

Neither Biden nor Senate Majority Leader Chuck Schumer (D-N.Y.) have pushed to overrule the opinion.

Schumer vowed to keep pursuing reforms through another channel but on Sept. 28 the parliamentarian dealt a second blow, advising against Senate Democrats’ Plan B, which involved attempting to change the immigration registry to allow citizenship for more recent arrivals.

Now, faith leaders in Maine are pressing King to find an alternative avenue to clear the backlog of DACA applicants.

“As we wait for Congress to work through the details of budget reconciliation for permanent protections through a path to citizenship, DACA statuses are expiring, due to USCIS’s unreasonably long processing delays,” the Maine faith leaders wrote. “On average, these delays can take four to nine months, with some cases taking longer than a year.”

As of March, 2020, 50 active DACA recipients lived in Maine. Nine percent of the total immigrant population in the state were undocumented, as of 2016.

In response to the letter, Matthew Felling, a spokesperson for King, stressed that the senator valued immigrants.

“Senator King deeply values the contributions of immigrants to Maine communities, including the many who served as essential workers to help support our state throughout the pandemic,” Felling said in a statement. “He has supported a path to citizenship in prior legislation designed to strengthen our immigration system, including commonsense measures like the DREAM Act, and will continue to do so in the future.”

The DREAM Act, which would establish a path to citizenship for DACA and TPS status immigrants, was first introduced in 2001 but has never been passed by Congress.

Last year, while the Senate was controlled by Republicans, King joined 46 other Senators to call on then Senate Majority Leader Mitch McConnell (R-Ky.) to hold a vote on the 2020 iteration of the DREAM Act. McConnell never brought the bill to a vote.

When asked by Beacon, Felling did specify what King is doing to push for immigration reform now that Democrats control the White House and both houses of Congress.

The pressure on King in Maine comes as immigrant advocacy groups around the country have demonstrated their disapproval of Biden’s record on immigration so far. The Biden administration has launched one of the largest mass deportations of asylum seekers in decades and expelled thousands of Haitian asylum seekers encamped at the Southern Border without due process.

The administration is citing an obscure public health law, Title 42, first deployed by President Donald Trump’s senior advisor Stephen Miller to establish the basis for expelling asylum seekers out of health concerns.

“The moral urgency of this moment cannot be understated,” the Maine faith leaders wrote. “Congress has an opportunity to pass a budget package that would make transformative investments in our communities and ensure that every Maine has what they need to thrive. We believe that all of the proposals in the budget reconciliation package — including a path to citizenship — merit full inclusion in order to achieve a recovery that is truly equitable and inclusive for all, regardless of background or birthplace.”

The past eight months under President Joe Biden have been very disappointing for 19-year-old college student Daniela Chavira.

The Grand Canyon University sophomore is undocumented and an activist for other students like her, known as Dreamers.

She has watched as Biden’s campaign pledge to reform the country’s broken immigration system has largely gone unfulfilled, maintaining the status quo that immigration advocates have worked hard to change for the past two decades.

“They’re always talking about immigration and how they’re going to make immigration reform, stop the deportations and everything. And every time I hear that, and every time I look back at what’s happening now, you haven’t done anything, to put it quite frankly,” Chavira said.

“I’m still in the same situation I was years ago. I’m still in it now,” she added.

Daniela Chavira, 19, is a sophomore and student senator at Grand Canyon University. She is undocumented and is involved in efforts to make undocumented students eligible for in-state tuition.
Daniela Chavira, 19, is a sophomore and student senator at Grand Canyon University. She is undocumented and is involved in efforts to make undocumented students eligible for in-state tuition.
RAFAEL CARRANZA/THE REPUBLIC
On the campaign trail, then-candidate Joe Biden contrasted himself as a polar opposite to then-President Donald Trump on immigration issues. Whereas Trump implemented restrictive and nativist policies, Biden said he would usher in a “fair, orderly and humane” process.

But since taking office, Biden’s immigration priorities have stalled.

His proposal to reform the broken system and offer a pathway to citizenship for some of the estimated 11 million undocumented immigrants in the country is on hold in a gridlocked Congress.

Republicans at the state level have challenged in court his attempts to reverse some immigration policies, like the Migrant Protection Protocols, or new priorities for deportations. But Biden has also opted to keep other policies, such as the controversial Title 42 public health rule at the U.S.-Mexico border, and the private immigration detention system.

That has angered immigration activists who believed Biden was an ally. They are now increasingly voicing their frustration over his lack of progress on immigration, even though Democrats control the White House and both chambers in Congress.

“The frustration is that there’s this expectation that it was going to happen this year. And a lot of people came out in 2020 volunteered a lot of hours, and made calls, put a lot of things on hold so they can make sure to have this opportunity,” said José Patiño, the director for education for Aliento, a Phoenix-based advocacy group for undocumented youth and mixed-status families.

“Now it feels like it’s gone and we didn’t actually get a vote. And we didn’t get an opportunity. So it’s like it was sort of a lie,” Patiño added.

Biden signaled that action was coming
On his first day in office, Biden unveiled a three-pronged plan to overhaul the nation’s immigration system, in addition to a list of memos and executive orders to address other components of the current process.

The centerpiece of the proposed immigration legislation, known as the U.S. Citizenship Act of 2021, would provide an eight-year path to citizenship for Dreamers, farmworkers and Temporary Protected Status recipients. It would boost investment along the U.S.-Mexico border and take on the root causes of migration south of the border.

Ali Noorani, the president and CEO for the National Immigration Forum, which advocates for “responsible” solutions to address immigration, said Biden “set expectations that he himself was going to be deeply engaged in this issue.”

Instead, the White House made the calculation to have other officials within the administration take the lead on the issue, thereby losing the weight of the Office of the President to advance his immigration agenda, he said.

Democratic lawmakers introduced Biden’s bill in Congress in February, but it has failed to overcome Republican opposition and has yet to advance and get a vote.

The dynamics in Congress are familiar to immigration analysts who have seen previous attempts at reform fail.

“Republicans, for their part, they are quick to blame Democrats for the problems, but are very, very slow, to put it generously, to come to the table with solutions,” Noorani said. “And Democrats, they are quick to speak to legalization of Dreamers, but very hesitant to speak to the need to really establish a smarter approach to border security.”

An attempt to pass immigration reform through the budget reconciliation process stumbled last month when the Senate parliamentarian twice blocked Democrats from including a pathway to citizenship for Dreamers, TPS recipients and essential workers in a $3.5 trillion spending bill.

Democrats hoped to bypass a 60-vote threshold in the Senate to pass legislation because they lack the support to overcome a Republican filibuster.

David Bier, an immigration research fellow at the libertarian think tank Cato Institute, said the likelihood to pass immigration reform is now slim.

“The parliamentarian ruling against reconciliation being an option means that bipartisan immigration reform is the only option. And frankly, the Republicans are not willing to entertain any kind of broad amnesty program, so that’s going to eliminate any chance at immigration reform,” he said.

Advocates are urging Democrats to bypass the parliamentarian’s opinion, or to provide “humanitarian parole.”

The Center for American Progress said the move would benefit an estimated 7.1 million undocumented immigrants, including nearly 193,000 people in Arizona. Parole would offer “long-term temporary” relief, rather than a permanent solution such as a pathway to citizenship.

Maribel Cano holds her fist in the air outside the Immigration and Customs Enforcement Phoenix Field Office on North Central Avenue for the National Day of Action Against Immigration and Customs Enforcement in Phoenix on Sept. 23, 2021.
Maribel Cano holds her fist in the air outside the Immigration and Customs Enforcement Phoenix Field Office on North Central Avenue for the National Day of Action Against Immigration and Customs Enforcement in Phoenix on Sept. 23, 2021.
ALEX GOULD/THE REPUBLIC
How Biden administration has addressed immigration
On his first days in office in January, President Joe Biden announced a series of memos and executive actions to address immigration. The most surprising to many was a short-lived 100-day stay in deportations, as well as stricter guidelines on who would be prioritized for removal from the country.

Republican-led states, including Arizona, successfully filed lawsuits to stop the priorities from taking effect. As a result, the Department of Homeland Security issued a new memorandum on Sept. 30 with looser guidelines for who would be eligible for removal.

The memorandum gives Immigration and Customs Enforcement greater discretion over who to deport from the country, establishing “mitigating factors” to defer the deportation for certain immigrants. Examples include youth and the elderly, caregivers, crime victims and people with a “lengthy presence in the United States.”

“They, our neighbors, our teachers, our faith leaders, our fellow congregants, our fellow students,” Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said in an interview with the USA Today Network.

“The exercise of discretion and the goal of achieving immigration justice and protecting and advancing the well-being of our country, independent of the issue of resources, militates in favor of not spending our resources on their apprehension and removal,” he added.

Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas.
Secretary of Homeland Security Alejandro Mayorkas.
JOSE LUIS MAGANA/AP
Republican-led states also mounted a challenge to the Biden administration’s plans to end the Migrant Protection Protocols, a Trump policy also known as “Remain in Mexico.” During a six-month period earlier this year, CBP processed and admitted 13,000 of the more than 71,000 asylum seekers the Trump administration sent to wait in Mexico for their asylum cases to proceed.

In August, the Supreme Court upheld a lower court injunction against the memo, blocking the Biden administration from ending the program. On Thursday, DHS announced it would re-implement the controversial policy by mid-November, pending approval from the Mexican government.

Advocates swiftly rebuked the announcement and denounced the administration for failing to issue a new termination memo that would comply with the Texas federal court’s ruling.

“The fact that it has not done so and is instead moving forward with plans to restart the program in November is a betrayal of the president’s campaign promises and a clear sign that this administration is failing to re-envision border management and the way that we treat people who are seeking protection in the United States,” Jorge Loweree, the policy director at the American Immigration Council, said in a written statement.

Biden kept Title 42, which allows U.S. to quickly expel migrants
Immigration advocates have also expressed concerns about the Biden administration’s continued enforcement of other policies. Chief among them is Title 42, a public health rule that DHS implemented along the U.S.-Mexico border in March 2020 to combat the spread of COVID-19.

The policy allows U.S. border officials to immediately expel migrants from the country, even if they have a credible fear of being returned to their home countries. DHS has kept the policy in place and defended it in court.

“It is a necessary public health measure by reason of the fact that we are in the midst of a pandemic,” Mayorkas said. “And one of the worst phenomenon in the context of the pandemic is to have a large number of individuals encountered at the border in between the ports of entry, have them placed in congregate settings for a certain length of time.”

Mayorkas said they are processing certain asylum-seekers, but mostly if they meet a higher standard for protection under the Convention Against Torture.

However, critics continue to see the policy as an assault on established U.S. laws that guarantee access to asylum, and as a tool to control migration flows at the southern U.S. border.

Since Title 42 took effect, U.S. officials as of August have turned away 1.16 million migrants at the border, according to Customs and Border Protection. The number is now higher, but CBP has yet to release statistics for September.

Even though the policy has been in place for 18 months, Title 42 gained greater scrutiny last month after Border Patrol agents on horseback charged at Haitian migrants who had set up camp in Del Rio, Texas. DHS cleared the camp in a matter of days, expelling the majority of the 15,000 Haitians from the U.S. under Title 42.

Immigration advocates decried Border Patrol’s treatment of Black migrants at the banks of the Rio Grande.

Photos: Haitian migrant worries grow in Del Rio at Texas-Mexico border
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Photos: Haitian migrant worries grow in Del Rio at Texas-Mexico border
Abraham Paulos, the deputy director for the Black Alliance for Just Immigration, said that incident illustrated deep-rooted racial biases ingrained in the immigration system against migrants of color.

Paulos added that while he thought Biden was a better alternative to Trump, he also felt disappointed, but not surprised at the Biden administration’s “violent, visceral response” to Black migrants seeking asylum.

“That response was to deport, to get on these planes, while on the other hand saying we don’t have infrastructure, we don’t have systems to be able to process everybody,” Paulos said. “But they have endless resources and infrastructure and systems to deport thousands of Haitians back to an island that just screams refugee protection.”

Mayorkas said that he was committed to conducting a “thorough and swift” investigation, but said it has not been completed. The DHS secretary said they have developed plans to boost resources if needed, as well as “preventive measures” to avoid a repeat of the situation in Del Rio.

“Should it, we’re already poised to respond, whether it be the deployment of personnel, the ability to call upon humanitarian resources, food supplies, other needs, facilities, transportation, medical care, et cetera, we’re poised,” he said.

“But critical to preventing it is the fact that not only did we learn from it, but the lesson is shared with our partners to the south,” Mayorkas added.

Immigration advocates have voiced disappointment with Biden and his administration over the ongoing use of detention centers, despite campaign pledges to end prolonged detention and the use of private prisons to hold migrants.

Silky Shah, the executive director for the Detention Watch Network, said the number of people in detention has increased in the first few months of Biden’s presidency. The latest data from Immigration and Customs Enforcement showed a 53% increase in the average daily population in ICE custody from January to September.

Shah said she was initially encouraged when Mayorkas directed ICE in May to shut down two detention facilities in Massachusetts and Georgia, hoping it would lead to a reduction in the use of private immigration detention centers.

In the past two months, ICE agreed to reopen two facilities in Pennsylvania, one specifically for women and the other for adults. DHS under Biden budgeted nearly 32,000 detention beds for the upcoming fiscal year.

“For us, the reality is he’s failing on detention reform. He is … doubling down on detention,” Shah said. “Completely committed to the incarceration of immigrants, completely committed to surveillance of immigrants, and he doesn’t actually get that pass from us and we’ve been taking action around that.”

On Oct. 8, 220 community and advocacy groups, led by the Detention Watch Network, sent a letter to Biden and Mayorkas urging them to cancel the contracts and expand his January executive order to phase out the use of private prisons to include ICE facilities.

“Like its predecessors, the Biden administration has made detention central to its response to migration, including to people seeking asylum at our borders. This is a choice,” the letter said.

Activists want to ramp up pressure
Patiño, with Aliento, said the clock is running out for the Biden administration to take any significant action on immigration, especially once the 2022 congressional midterm election campaigns get underway.

In the meantime, the group is adding greater focus to another major vote taking place next year: Arizona voters will decide whether to grant in-state tuition to undocumented students such as Chavira.

Aliento is ramping up a campaign to boost support for the ballot referendum and has selected a new cohort of 20 high school and college students to advocate for undocumented students and mixed-status families.

Luis Hernandez, a Deferred Action for Childhood Arrivals recipient, is one of them. He has lived in Arizona since he was one and said his experience as a DACA recipient navigating higher education has allowed him to help other students who face the same questions.

As a pre-med senior at Arizona State University, Hernandez aspires to become a physician. Not having legal status has limited his opportunities and resources. At ASU, he’s had to pay roughly $7,000 more in tuition each year than in-state students.

“It doesn’t have to be the reality for the future generations of DACA or undocumented students, it just doesn’t have to be that way for them,” he said.

Luis Hernandez, 22, is a pre-med senior at Arizona State University, where he is involved in DreamZone a resource for undocumented students at the university. He’s also a new fellow for Aliento, a youth-led nonprofit that advocates for undocumented youth and mixed-status families.
Luis Hernandez, 22, is a pre-med senior at Arizona State University, where he is involved in DreamZone a resource for undocumented students at the university. He’s also a new fellow for Aliento, a youth-led nonprofit that advocates for undocumented youth and mixed-status families.
RAFAEL CARRANZA/THE REPUBLIC
Patiño said the energy and enthusiasm that the students display gives him hope, despite the lack of progress at the national level on immigration issues.

The group will continue to build on its success, getting the in-state tuition initiative on the ballot, and looking at other ways to ramp up the pressure and affect change.

The end goal remains the same, he said: legalization for undocumented students and their families.

“Hopefully, we can get there,” Patiño said. “It just doesn’t seem right now, it’s too cloudy. Maybe the sun needs to shine a little bit and then we’ll get there, but right now it’s too cloudy.”

Have any news tips or story ideas about immigration issues in Arizona and the U.S.? Reach the reporter at rafael.carranza@arizonarepublic.com, or follow him on Twitter at @RafaelCarranza.

WASHINGTON — Last fall, Joseph R. Biden Jr. made a stop in Miami’s Little Haiti neighborhood during his presidential campaign, pleading with residents to register to vote. “I’ll give you my word as a Biden, I’ll be there,” he told them. “I’ll stand with you.”

But as the Biden administration ignored pleas from advocates and some lawmakers not to deport thousands of Haitians back to their broken country last month after they arrived en masse in Del Rio, Texas, many Haitian Americans say the man they turned out for in last year’s election is nowhere to be found.

“People absolutely felt abandoned when they saw the horrific images in Del Rio,” said Vanessa Joseph, the chairwoman of the Haitian American Voter Empowerment Coalition.

The White House responded with outrage to viral images of Border Patrol agents on horseback, corralling Black migrants in scenes that some compared to the treatment of fugitive slaves. Some also made connections to police violence against Black Americans. Mr. Biden said the agents would “pay” for their actions and awaited the results of a continuing investigation.

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The Border Patrol’s actions in Del Rio were raised repeatedly on Tuesday during the Senate confirmation hearing for Mr. Biden’s choice to lead Customs and Border Protection, Chris Magnus. In response, Mr. Magnus, the police chief in Tucson, Ariz., said, “We can never bypass the criticality of treating people humanely.”

But what happened in Del Rio is not just about the horses, immigration and civil rights advocates said. It is about the poor treatment of Black migrants that has spanned administrations, often overshadowed by the larger debate about the broken immigration system and a persistent focus on waves of migrants from Central America.

Recent reports have found that Black migrants are more often placed in solitary confinement in immigration detention, face a higher rate of deportation than any other race and see higher bonds set by immigration judges.

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Joseph R. Biden Jr. made a campaign stop at the Little Haiti Cultural Center in Miami last year.
Joseph R. Biden Jr. made a campaign stop at the Little Haiti Cultural Center in Miami last year.Credit…Hilary Swift for The New York Times
Alejandro N. Mayorkas, the homeland security secretary, said at a news briefing last month that he “would respectfully disagree” that Black migrants received disparate treatment. He said that in Del Rio, policy was carried out “irrespective of the country of origin, irrespective of the race of the individual.”

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Regardless, the images of agents on horseback drew such a visceral reaction not just from immigration advocates, but also from Black Americans and powerful civil rights organizations like the N.A.A.C.P., that many see this as a moment to effect change.

“The connections have been made for Black people,” said Judith Browne Dianis, the executive director of the Advancement Project, a civil rights organization. “And accountability requires that the Biden administration act, because all Black people saw it, and we can’t unsee it.”

Even after Mr. Biden condemned the corralling of migrants in Del Rio, his administration sent dozens more deportation flights to Haiti, totaling nearly 8,000 people, according to the Haitian Bridge Alliance, an advocacy group. Many say this makes little sense for a country that the administration has described as having “a political crisis and human rights abuses, serious security concerns” and “a dire economic situation” because of the pandemic. On Saturday, gang members in Haiti kidnapped 17 missionaries.

The response to Del Rio is emblematic of the Biden administration’s approach to border security, which many immigration advocates have said looks nothing like the “humane” immigration system that Mr. Biden promised during last year’s campaign. And the mass deportation of Haitians to a crisis-torn country, advocates say, is all the more disappointing from a president who has prioritized racial equity.

The issue could become a political liability for Democrats going into the 2022 midterm elections, said Adrianne Shropshire, the executive director of BlackPAC, a political organizing group. Black voter turnout in 2022, she said, will be critical for the Democrats to hold onto their majorities in the House and the Senate.

“It would be a mistake to think that Black Americans are somehow not paying attention to immigration issues,” Ms. Shropshire said, “particularly because the images that we saw are so jarring.”

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Over a little more than two weeks last month, about 28,000 migrants crossed the border illegally into Del Rio, coming in large groups across the Rio Grande and overwhelming the Border Patrol.

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While officials initially thought most of the migrants were Haitians, recent internal data shared with The New York Times shows that was not the case. There were thousands of others from a wide range of countries including large numbers from Brazil, Nicaragua and Venezuela.

Even so, there were no deportation flights to Venezuela, because the United States is limited in where it can send direct flights based on relations and agreements with individual countries. And despite the number of migrants from Brazil and Nicaragua, there was no increase in the number of deportation flights sent there. The overwhelming majority of deportation flights went to Haiti, with others going to Cameroon, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Liberia, Mexico, Rwanda and Senegal, according to an administration official who was not authorized to speak publicly.

Democrats in Congress have also pushed the administration to temporarily stop deporting Cameroonians, citing armed conflicts in the country. The Trump administration was accused of mistreating people from the central African nation.

At his confirmation hearing, Mr. Magnus also said that ensuring Border Patrol agents enforce the law and treat people humanely should begin at the agency’s training academy. “I think you can make a credible case that it goes all the way back to the traits and characteristics that you look for in the people that you hire,” he added.

The Biden administration has said that it does not racially discriminate in its immigration enforcement actions, and that the response to the Del Rio situation was consistent with its border policy during the pandemic, carried over from the Trump administration. A public health rule put in place at the beginning of the pandemic, which Mr. Magnus said he supported, allows for migrants to be turned back at the border even if they are seeking asylum.

Yet even within the government, anger about the mass deportation of Haitians from Del Rio has boiled over. Daniel Foote, the senior American envoy for Haiti policy, resigned over the administration’s response to the migration surge in Del Rio. And Harold Koh, who recently left his job as a senior adviser at the department, circulated a memo criticizing the administration’s continued use of the public health rule, “especially as it affects Haitians.”

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A makeshift migrant camp in Del Rio last month.
A makeshift migrant camp in Del Rio last month.Credit…Adrees Latif/Reuters
The administration extended temporary humanitarian relief for Haitians who were already in the country by late July, making good on that piece of Mr. Biden’s campaign pledge to Little Haiti a year ago. But many, including Mr. Koh, argue that conditions in Haiti — ravaged by natural disasters and fraught with civil upheaval after its president was assassinated over the summer — continue to be so poor that humanitarian relief should be extended even further.

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“Simply put, Haiti is a humanitarian nightmare,” Mr. Koh wrote in the memo.

Senators on the Foreign Relations Committee recently sent a letter to the secretaries of state and homeland security to express “outrage and disappointment over the cruel treatment of Haitians at our border, and their summary deportations.”

And some progressive lawmakers have grown so dissatisfied with the president’s handling of immigration issues that they have begun taking extraordinary steps to try to hold the administration to account. After hearing conflicting reports from the White House and immigration advocates about what was happening in Del Rio, Representative Cori Bush, Democrat of Missouri, dispatched her chief of staff to scrutinize conditions there and across the Rio Grande in Mexico.

But Cecilia Muñoz, who led President Barack Obama’s Domestic Policy Council and was his top immigration adviser, said she thought that Mr. Mayorkas deserved credit for “trying to deal with this with some humanity.”

The investigation into the treatment of the migrants in Del Rio is being conducted by Customs and Border Protection’s Office of Professional Responsibility. But activists question how thorough it can be when witnesses and victims were deported to Haiti.

“They cleaned the crime scene,” said Nana Gyamfi, the executive director of the Black Alliance for Just Immigration.

Although it was unusual for such a large group of migrants to cross the border illegally at once, what happened in Del Rio is most likely just the tip of the iceberg. Currently, tens of thousands of migrants — including many Haitians — are crossing a dangerous and roadless jungle that connects South America to the north, fleeing economic hardship caused by the pandemic.

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Over a little more than two weeks last month, about 28,000 migrants crossed the border illegally into Del Rio, coming in large groups across the Rio Grande.
Over a little more than two weeks last month, about 28,000 migrants crossed the border illegally into Del Rio, coming in large groups across the Rio Grande.Credit…Fernando Llano/Associated Press
Mr. Mayorkas recently said that the Homeland Security Department was prepared for something similar to the Del Rio surge happening in the future.

But there is little indication that the policies used to turn Haitian and other migrants away in September will change, particularly as the administration fights in court to keep the Trump-era public health rule in place.

“Is the Biden administration ready to do something different when the next wave of Black migrants wind up at the border?” said Ms. Dianis, of the Advancement Project. “I am not confident that they have a different plan than the one that they used this time.”

WASHINGTON — President Trump’s defense secretary thought the idea was outrageous.

In the spring of 2020, Mark T. Esper, the defense secretary, was alarmed to learn of an idea under discussion at a top military command and at the Department of Homeland Security to send as many as 250,000 troops — more than half the active U.S. Army, and a sixth of all American forces — to the southern border in what would have been the largest use of the military inside the United States since the Civil War.

With the coronavirus pandemic raging, Stephen Miller, the architect of Mr. Trump’s immigration agenda, had urged the Homeland Security Department to develop a plan for the number of troops that would be needed to seal the entire 2,000-mile border with Mexico. It is not clear whether it was officials in homeland security or the Pentagon who concluded that a quarter of a million troops would be required.

The concept was relayed to officials at the Defense Department’s Northern Command, which is responsible for all military operations in the United States and on its borders, according to several former senior administration officials. Officials said the idea was never presented formally to Mr. Trump for approval, but it was discussed in meetings at the White House as they debated other options for closing the border to illegal immigration.

Mr. Esper declined to comment. But people familiar with his conversations, who would speak about them only on condition of anonymity, said he was enraged by Mr. Miller’s plan. In addition, homeland security officials had bypassed his office by taking the idea directly to military officials at Northern Command. Mr. Esper also believed that deploying so many troops to the border would undermine American military readiness around the world, officials said.

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After a brief but contentious confrontation with Mr. Miller in the Oval Office, Mr. Esper ended consideration of the idea at the Pentagon.

Mr. Trump’s obsession with the southern border was already well known by that time. He had demanded a wall with flesh-piercing spikes, repeatedly mused about a moat filled with alligators, and asked about shooting migrants in the leg as they crossed the border. His aides considered a heat-ray that would make migrants’ skin feel hot.

Around the same time that officials considered the huge deployment to the American side of the border with Mexico, Mr. Trump also pressed his top aides to send forces into Mexico itself to hunt drug cartels, much like American commandos have tracked and killed terrorists in Afghanistan or Pakistan, the officials said.

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Stephen Miller, the architect of Mr. Trump’s immigration agenda, had urged the Homeland Security Department to develop a plan for the number of troops that would be needed to seal the borders.
Stephen Miller, the architect of Mr. Trump’s immigration agenda, had urged the Homeland Security Department to develop a plan for the number of troops that would be needed to seal the borders.Credit…Doug Mills/The New York Times
Mr. Trump hesitated only after aides suggested that to most of the world, military raids inside Mexico could look like the United States was committing an act of war against one of its closest allies, which is also its biggest trading partner, the officials said.

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In the end, rather than a vast deployment of the military to the border, the Trump administration used an obscure public health rule — which remains in effect to this day — to deny asylum and effectively shut down entry into the United States from Mexico during the pandemic. But taken together, the ideas under discussion that spring underscore the Trump administration’s view of the armed forces as a tool of the presidency that could be wielded on behalf of Mr. Trump’s domestic political agenda in an election year. And it further reveals the breach between Mr. Trump and his top military officials, who worked behind the scenes to prevent what they viewed as the president’s dangerous instincts.

Several aides to the former president did not respond to a request for comment on this story.

In “Peril,” a recently published book by the Washington Post reporters Bob Woodward and Robert Costa, Gen. Mark A. Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff under Mr. Trump, was characterized as saying he was concerned the president could go rogue and had mentally declined.

Now, new reporting reveals General Milley’s frustration that the White House — largely through Mr. Miller and his allies at the Homeland Security Department — tried to pressure the Pentagon leadership to deploy more troops to the southwest border. A spokesman for General Milley said the general declined to comment.

Mr. Esper declined to comment on his role in squelching Mr. Trump’s plans. But he, too, is getting ready to publish another in a long list of books about and from inside the Trump White House, describing his clashes with Mr. Trump.

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A U.S. Customs and Border Protection vehicle in Ruidosa, Texas, in 2020.
A U.S. Customs and Border Protection vehicle in Ruidosa, Texas, in 2020.Credit…Paul Ratje/Agence France-Presse — Getty Images
Pressure for more troops at the border
Mr. Trump’s military commanders have said publicly that they repeatedly deflected the president’s calls to send more troops to the border for years, telling him that the armed forces were stretched thin and that the legal arguments for using military units were flimsy.

The top brass were frightened by what they saw as the president’s pattern of misusing the military. Just days before the 2018 congressional elections, Mr. Trump sent 5,200 troops to the border with Mexico, angering military officials, who believed the forces were being used as political props. And in June 2020, police officers and National Guard troops used tear gas and rubber bullets to clear Lafayette Square of protesters shortly before Mr. Trump walked over from the White House for a photo op. General Milley, who accompanied him, later apologized.

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The coronavirus pandemic also played into Mr. Trump’s fixation with the border. As a candidate, long before the virus arrived in the country, Mr. Trump had asserted falsely that “tremendous infectious disease is pouring across the border.” On March 23, 2020, just a week after addressing the nation from the Oval Office about the virus, Mr. Trump sent a tweet in all capital letters: “THIS IS WHY WE NEED BORDERS!”

As the administration debated ways to secure the southern border against the virus, Mr. Miller urged top officials at the Department of Homeland Security to come up with the actual number of troops it would take to shut the entire border down. He had grown frustrated in the past by requests from the agency for just a few thousand troops at a time.

“What’s the number you would really need?” he prodded officials, according to people familiar with his conversations.

Chad Wolf, who served as acting secretary of homeland security at the time, said that at the start of the pandemic, officials in the department were running a number of “worst-case scenarios,” such as what they would need if they had to seal the border completely.

But he said he does not believe a formal appeal was ever made to the Defense Department for that purpose, and he said discussions about sending 250,000 troops — or anything like that amount — to the border never made it to his level.

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Mark T. Esper, the Defense Secretary, was alarmed to learn of an idea under discussion at senior levels of the Pentagon and at the Department of Homeland Security to send as many as 250,000 troops to the border.
Mark T. Esper, the Defense Secretary, was alarmed to learn of an idea under discussion at senior levels of the Pentagon and at the Department of Homeland Security to send as many as 250,000 troops to the border.Credit…Anna Moneymaker for The New York Times
By the time Mr. Esper confronted Mr. Miller over the use of troops, the administration was already moving toward applying the rarely used legal authority known as Title 42, which gives the Centers for Disease Control and Prevention the ability to turn back immigrants during a health emergency. Mr. Miller, who had prevailed in previous clashes with military officials over troop deployments to the border, did not press the issue, according to a person familiar with his thinking.

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Mr. Miller declined to comment on the idea to deploy troops to the border, but said use of the public health rule was critical to keeping migrants from entering the country.

“With economies and health care systems faltering across the planet, our southwest border would have become the epicenter of illicit Covid fueled migration — one giant, never-ending superspreader event,” he said. “Instead, the border was successfully sealed and the would-be violators and spreaders got the message and stayed home.”

If Mr. Trump had gone through with the troop deployment, it would have represented a force two and a half times the size of the 100,000 American troops in Afghanistan at the height of the 20-year war in that country. It would have also dwarfed the American presence in Iraq during the war there: The maximum number of troops in Iraq at any time was about 170,000.

It is unclear how the Defense Department could have managed such a deployment. The U.S. Army has about 481,000 active-duty soldiers, but many are already deployed around the world, as are thousands of Marines, airmen and other troops. Sending 250,000 troops to the border — much of which crosses difficult, undeveloped lands — would also have required an enormous logistical effort to house and feed the troops.

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A Border Patrol agent at the border wall in Imperial Sand Dunes Park in California in 2020. Much of the southwest border crosses difficult, undeveloped lands.
A Border Patrol agent at the border wall in Imperial Sand Dunes Park in California in 2020. Much of the southwest border crosses difficult, undeveloped lands.Credit…Gabriella Angotti-Jones for The New York Times
Targeting Mexican drug cartels
In November 2019, nine American members of a Mormon family from the United States — three women and six children — were killed by drug cartels in Mexico as they traveled through the Sierra Madre mountains. Mr. Trump and his allies seized on it as evidence of the need to shut down the border, a message echoed by anchors on Fox News and in other conservative outlets.

“This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the Earth. We merely await a call from your great new president!” Mr. Trump wrote on Twitter soon after the attack.

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But inside the White House, Mr. Trump was even more explicit about the use of force, according to former officials who participated in discussions with the president about the issue.

Mr. Trump repeatedly asked about sending troops into Mexico, forcing top national security aides to push back against the idea, pointing out that to most of the world, it would look like an American invasion.

In fact, it would: the United States and Mexico have historically worked together to fight the cartels, usually through joint police and FBI operations at the invitation of the Mexican government. But despite his tweet promising to wait for cooperation with Mexican authorities, there were concerns inside the White House that Mr. Trump was suggesting something different — the unilateral use of military force to go after the cartels without necessarily getting the permission of the Mexican government.

Mexico’s president at the time, Andrés Manuel López Obrador, explicitly rejected Mr. Trump’s tweeted offer to “wage war” on the cartels.

“We appreciate and thank very much President Trump and any foreign government that wants to help, but in these cases we have to act with independence,” he said.

David E. Sanger is a White House and national security correspondent. In a 38-year reporting career for The Times, he has been on three teams that have won Pulitzer Prizes, most recently in 2017 for international reporting. His newest book is “The Perfect Weapon: War, Sabotage and Fear in the Cyber Age.” @SangerNYT • Facebook

Michael D. Shear is a veteran White House correspondent and two-time Pulitzer Prize winner who was a member of team that won the Public Service Medal for Covid coverage in 2020. He is the co-author of “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration.” @shearm

Eric Schmitt is a senior writer who has traveled the world covering terrorism and national security. He was also the Pentagon correspondent. A member of the Times staff since 1983, he has shared three Pulitzer Prizes. @EricSchmittNYT

U.S. authorities detained more than 1.7 million migrants along the Mexico border during the 2021 fiscal year that ended in September, and arrests by the Border Patrol soared to the highest levels since 1986, according to unpublished U.S. Customs and Border Protection data obtained by The Washington Post.

Illegal crossings began rising last year but skyrocketed in the months after President Biden took office. As CBP arrests increased this past spring, Biden described the rise as consistent with historic seasonal norms. But the busiest months came during the sweltering heat of July and August, when more than 200,000 migrants were taken into custody.

During a confirmation hearing Tuesday for Chris Magnus, the Tucson police chief Biden has nominated to lead CBP, Republican senators pressed him to characterize the surge as a “crisis.”

Magnus called it a “significant challenge,” echoing the Biden administration’s preferred term, adding that “the numbers are very high.” CBP is expected to release the 2021 fiscal year data later this week.

Border enforcement has become a major political liability for Biden, and the president’s handling of immigration remains his worst-polling issue. He promised on the campaign trail to make the United States more welcoming to immigrants, in contrast to former president Donald Trump, whose zero-tolerance family separations generated widespread outrage in 2018.

During the transition, Biden said he wanted to move cautiously on immigration policy and avoid ending up “with 2 million people on our border.”

Biden pick to lead CBP says he will enforce immigration laws humanely

Once in office, Biden quickly halted construction on the border wall, ended the “Remain in Mexico” policy, reversed key asylum restrictions and announced a 100-day pause on most deportations and enforcement by U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Biden officials initially blamed the previous administration’s policies for the increase in border crossings and said migration pressures intensified as a result of the pandemic’s economic fallout. Many migrants have told reporters they opted to make the risky journey north, at great cost and considerable danger, with the belief that Biden would allow them to stay. A tight U.S. labor market became another pull.

Earlier this year, Biden directed Vice President Harris to address the “root causes” of migration from Central America’s Northern Triangle nations — Guatemala, Honduras and El Salvador. But the strategy has had little to no measurable effect, and Harris has distanced herself from the border and immigration issues generally.

The latest CBP data indicates that the administration’s challenges extend far beyond Central America. Mexico was the single largest source of illegal migration during the 2021 fiscal year, as the Border Patrol arrested more than 608,000 Mexican nationals. That leaves the Biden administration in an awkward place, as it increasingly relies on Mexico to tighten enforcement and block caravan groups heading north.

Biden officials are in negotiations with Mexico to comply with federal court orders to restart the “Remain in Mexico” policy requiring asylum seekers to wait outside U.S. territory while their cases are processed.

The second-largest grouping was composed of migrants from outside Mexico and Central America whom CBP categorized as “other,” including Haitians, Venezuelans, Ecuadorans, Cubans, Brazilians and migrants from dozens of other nations. They accounted for 367,000 arrests.

They were followed by migrants from Honduras (309,000), Guatemala (279,000) and El Salvador (96,000).

More than 1.3 million migrants have been taken into custody along the southern border in the nine months since Biden took office, including 192,000 last month, the latest CBP figures show.

In the fiscal years between 2012 and 2020, border arrests averaged about 540,000. The 2021 figure was more than three times that amount and the second-highest annual total ever recorded.

The extraordinary influx has produced a series of crises for the administration, starting this spring with record numbers of unaccompanied minors crossing without parents who were crowded shoulder to shoulder into Border Patrol tents.

Crossings by Central American family groups overwhelmed U.S. agents this summer, and in September, the sudden arrival of 15,000 mostly Haitian migrants to a crude camp in Del Rio, Tex., produced politically damaging scenes of chaos and harsh enforcement tactics by Border Patrol agents on horseback.

Immigrant advocates who backed Biden’s candidacy have soured on his presidency lately, with several staging a virtual walkout last weekend during a meeting with White House policy advisers. Biden’s proposals for a major immigration overhaul are stalled in Congress, and Republicans are planning to use his border record as a cudgel in next year’s midterm elections.

The Biden administration has responded to criticism of the arrest numbers by noting that it continues to use the Title 42 public health policy to rapidly “expel” most adult border crossers to Mexico or their home countries.

Of the 1.7 million detained during the 2021 fiscal year, 61 percent were expelled under Title 42, the CBP data shows.

The expulsions have led to a significant increase in repeat crossing attempts by migrants who are turned back, so the number of distinct individuals taken into custody is lower than the number of arrests recorded. Recidivism rates have exceeded 25 percent in recent months, twice as high as in previous years, according to CBP figures.

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The 1.7 million figure includes migrants arrested between ports of entry by the Border Patrol as well as those who attempted to enter the United States without authorization through official ports of entry who were detained by blue-uniformed CBP officers.

The Border Patrol made 1.69 million arrests nationwide in 1986, according to historical data that does not indicate how many were along the southern border. During the 2021 fiscal year, agents apprehended 1.66 million along the Mexico border only, the latest figures show.

CBP’s Rio Grande Valley sector was the busiest last year, with 549,000 Border Patrol apprehensions, followed by the Del Rio sector, with 259,000, which eclipsed historically busier sectors such as El Paso and Tucson.

The CBP figures show declines last year in seizures of cocaine, heroin and methamphetamine. Analysts attribute the decrease to diminished vehicle traffic through ports of entry as a result of pandemic-related travel restrictions, as well as fewer interdictions by overstretched border agents.

QUITO, Ecuador—The Biden administration is trying to enlist South American countries to help halt a new wave of migration by controlling the flow of migrants northward, officials said, stressing that all Latin American countries have a role to play.

As part of the effort, U.S. Secretary of State Antony Blinken will meet Wednesday with counterparts from Latin American countries in Bogotá, Colombia. The meeting comes as the administration has grappled most recently with an influx of migrants from the region, including those from Haiti fleeing dangerous conditions there, and others seeking refuge from economic and political upheaval in Venezuela.

“There’s an unprecedented migratory flow through the Western Hemisphere right now, and we’re going to talk about our shared responsibility for humane migration management,” said Brian Nichols, the assistant secretary of state for Western Hemisphere affairs.

Seventeen countries from the hemisphere will be represented virtually or in person at the meeting, including officials from Argentina, Brazil, Canada, Chile, and Mexico, Colombian officials said.

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Mr. Blinken’s visit to Colombia and a stop Tuesday in Ecuador follow a surge of Haitians, most of whom had been living in Chile and Brazil, to the U.S. border last month. About 30,000 Haitians crossed the border into a small West Texas town and were held under a bridge for days, prompting the U.S. to begin deportations.

The administration has been in talks with the governments of Chile and Brazil as Washington tries to send back Haitians in the U.S. who previously had resided in those countries, according to officials in all three countries. The U.S. has explored the idea of providing funding to Colombia, which has already taken in about two million Venezuelan migrants and which the U.S. hopes can take on more immigrants, officials said.

Migrants waited to be transported out of a makeshift border camp in Del Rio, Texas, in September.
PHOTO: ADREES LATIF/REUTERS
Overall, U.S. officials are eyeing a combination of economic inducements, persuasive diplomatic efforts and public warnings to help control the flow of migrants to the southern border. In a previous meeting focused on migration in San José, Costa Rica, Mr. Blinken emphasized the idea of a “right to remain” in one’s home country. The U.S. has tailored funding in the region to help the police in less secure countries, support democratic institutions and boost vaccination rates during the pandemic.

Underscoring the dangers in Haiti, a group of American and Canadian missionaries was abducted over the weekend by a gang that is asking for $1 million each for their release, a total of $17 million, a Haitian official said. The U.S. has sent investigators from the Federal Bureau of Investigation to Haiti to try to help gain their release.

In Venezuela, the government of Nicolás Maduro jailed six former executives of Citgo Petroleum Corp, a U.S.-based refiner the Venezuelan state once controlled, in apparent retaliation for the extradition to the U.S. of a Venezuelan businessman accused of money-laundering charges. Five of the six have U.S. citizenship.

For the Biden administration, the migration issue and challenges in Latin America represent a potential political liability. The administration came into office pledging to take a new approach to migration, one that involved improving conditions in migrants’ home countries and inducing other countries in the region to share the burden of accepting refugees. But that strategy has stalled amid a historic surge of migrants coming to the U.S.-Mexico border to seek asylum. The administration has concentrated instead on measures to discourage more migrants from coming.

President Biden’s predecessor, Donald Trump, made stopping the flow of undocumented immigrants at the border a central part of his message to voters worried about national security and competition for jobs in the U.S.

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As the U.S. started flying hundreds of migrants from Texas to Haiti, border patrol agents on horseback tried to prevent others from crossing the Rio Grande into the U.S. The Biden administration said it was closing part of the border with Mexico. (Published 9/20/2021) Photo: John Moore/Getty Images
The Biden administration in September began deporting many Haitian migrants entering the U.S. back to Haiti under a pandemic-era authority known as Title 42, drawing criticism from fellow Democrats and immigration advocates, who say the migrants’ lives will be in danger. Most of those sent back to the island nation hadn’t lived there for years, and many had children with Chilean or Brazilian citizenship.

In all, the administration has deported more than 7,500 Haitians so far, according to figures from the Department of Homeland Security, making it one of the largest-scale deportation operations in recent years.

Tens of thousands more Haitians who were en route to the U.S. southern border are stranded at bottlenecks in Colombia, Panama and Mexico.

“It’s not something where we point at Country X and say, ‘You need to do better,’” Mr. Nichols told reporters. Instead, all the countries “need to do better to promote safe, humane, regular migration,” and to counter smugglers, while making sure potential migrants don’t feel pressure to leave their home countries.

In advance of Wednesday’s gathering, Colombian Foreign Minister Marta Lucia Ramirez told reporters in Bogotá that countries need to work to “contain their own migrants, improve controls but also come up with structural solutions of development, progress and work.”

Washington is confronting a stark change in migration patterns this year driven by the pandemic and by political unrest across Latin America. Typically, most migrants attempting to cross the southern border illegally were Mexican—and since about 2014 have come from the troubled Central American countries of Guatemala, Honduras and El Salvador, known collectively as the Northern Triangle.

Migrants from South America and the Caribbean have been showing up at the U.S.-Mexico border in numbers that have accelerated in the past six months. In the government’s fiscal year that began in October 2020 through August, about one in five migrants were from countries other than Mexico and the Northern Triangle. As recently as 2007 such migrants represented less than 1%.

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Top diplomats from the U.S. and Brazil on Tuesday discussed the rise of regional migration between the two countries and ways to slow it.

State Department spokesman Ned Price told Reuters that Secretary of State Antony Blinken spoke with Brazilian Minister of Foreign Affairs Carlos Franca on collaborating to halt the growing numbers.

Price said Blinken also praised Brazil for assisting vulnerable populations of migrants, including those from Haiti and Venezuela, according to Reuters.

Brazilians have been among a recent wave of Latin American migrants fleeing their countries, many of which have been badly hit by the ongoing COVID-19 pandemic.

According to Customs and Border Protection data, U.S. officials apprehended 46,280 Brazilian migrants at the southern border during the first 11 months of fiscal 2021, more than two times the 17,893 Brazilian migrants reported in 2019.

Brazilian panel accuses Bolsonaro of homicide over handling of…
Since 2004, Mexico has not required visas for Brazilian migrants, giving them an easier path to migrate to the U.S., Reuters reported, though the Mexican government has said that is set to change.

The International Organization for Migration last month asked Brazil to host Haitian migrants who were camped at the U.S.-Mexico border, Reuters noted.

The Hill has reached out to the State Department for comment.

U.S. border agents found a dead migrant on an abandoned panga fishing boat in Carlsbad this past April. A month later, a cabin cruiser, overloaded with three dozen migrants, crashed into a reef near Point Loma, killing three people. Then, after a boat capsized near Encinitas in July, two migrants were hospitalized with hypothermia.

Customs and Border Protection agents stopped more migrants at sea in 2020 than during the previous three years, according to CBP data. Apprehensions along the Pacific Coast drove that increase, increasing from 44 stops in fiscal year 2017, to 766 in 2020.

Encounters at sea are still substantially lower than those on land, but experts say the shift to maritime crossings — in response to restrictive border policies and the devastation from COVID-19 across the hemisphere — is amplifying the danger these migrants face as they seek to reach the United States.

Since Oct. 1, 2020, agents in the CBP’s San Diego region, which stretches along the California coast from Imperial Beach to the Oregon border, have intercepted more than 330 marine vessels with 1,751 people. The number of people includes the migrants intercepted and U.S. citizens suspected of smuggling them.

Border officials acknowledged in an August news release the movement northward of smugglers along the California coast. Recently, agents have stopped boats farther north up the coast, near Long Beach, Catalina Island, Malibu and Santa Barbara. Early Monday, a 30-foot fishing boat landed on the beach in Ventura County with 21 Mexican migrants and one Guatemalan migrant, a CBP spokesperson said.

Marine interdiction agents patrol in a boat off the coast.
Marine interdiction agents patrol off the coast of Border Field State Park in San Diego.
One of the three people who drowned in the cabin cruiser crash last May was Maria Eugenia Chavez Segovia, a 41-year-old single mother of two. It was her fifth attempt at crossing the border.

Chavez had made three attempts by land. Smugglers priced a successful crossing at $14,000. But each time, border agents had returned her to Tijuana within a couple hours. Back in Mexico, she would phone her younger sister, who lived in Salinas, to let her know she was safe.

After her third attempt by land, she told her sister she didn’t think she would make it over the border without getting caught. For an extra $4,000, the smugglers suggested a sea crossing.

In late April, Chavez got on a boat for the first time with nine other migrants. But the group was intercepted at sea and returned to Mexico. Afterward, she told her sister: “It was scary, hermana. But they say it’s safe and that I’ll make it on the next try.”

The plight of maritime migrants in Europe and other parts of the world has received an outsized share of media attention. In California, land border crossings dominate the narrative.

But for CBP marine agents like Evan Wagley, that’s changing. Wagley coordinated the agency’s response to the abandoned panga boat on April 17 and called the medical examiner to retrieve the body. Authorities never determined who was responsible for the tragedy, he said.

“Once these pangas make landfall, they can get in a car within minutes,” Wagley said of smuggling groups. “We have no way of knowing who drove it, who was in it. That makes our job tough, especially when there’s deceased people involved, because that’s the last thing we want to see.”

Marine interdiction agents Evan Wagley and J.J. Posey on a boat.
Marine interdiction agents Evan Wagley, left, and J.J. Posey on patrol in San Diego.
San Diego has the fourth largest port in California. Hitting the water each day on a 41-foot speedboat near Coronado Beach, CBP agents check other vessels for migrants, drugs and other contraband. Mostly, they intercept boats carrying migrants. A journey of even a few hours can be dangerous, Wagley said. Boats carrying migrants almost never have enough life vests or water. Some people end up with bruised ribs or concussions from turbulent seas. Prolonged sun exposure brings dehydration, seasickness and hyperthermia.

“When people think of San Diego they think of blue skies and sun, but once you get off shore it can be unforgiving,” said Wagley, an experienced fisherman who joined CBP’s Air and Marine Operations from Border Patrol in Calexico.

Near Playas de Tijuana, where a steel border fence extends 300 feet into the water, CBP agents commonly intercept people on jet skis and kayaks, as well as swimmers. Smugglers will take one or two people at a time, hoping they blend in with regular beachgoers, and head for the closest landing north of the border, Wagley said. Farther up, the traffic shifts to boats between 20 and 50 feet.

On a sunny day in August, The Times accompanied CBP agents who shadowed a working team. Agents heading back from the Tijuana border spotted a shabby sailboat and stopped to question the two passengers.

It was a fairly windy day but the driver was using the motor instead of the sails. That could be suspicious, Wagley explained, because many smugglers don’t know how to sail.

Marine interdiction agents board a sailboat from their boat after stopping the vessel.
Marine interdiction agents Nathan Wickham and Charles Cason board a sailboat after stopping the vessel during a standard maritime patrol in San Diego.
Agents Charles Cason and Nathan Wickham boarded the boat to perform a document check. They asked where the sailors were coming from and going, who the registered owner was and checked the cabin for any other passengers. With everything clear, the agents continued on their way back to Point Loma.

Early that morning, a different crew had reported a boat off Point Loma going south and attempted to pull the driver over. He fled.

Agents fired multiple rounds to stop the engine. They boarded the boat just before 6 a.m., four miles from where the chase had started, and reported one man, a Mexican citizen, on board. Agents believe he had just dropped off migrants into the U.S. and was on his way back to Mexico.

“It’s really a culmination of desperation on the migrants’ part and business practices on the criminal organizations’ part,” Wagley said. “They’re looking to exploit these people to make a buck.”

That was the case for Maria Eugenia Chavez Segovia. Smugglers told one of her sisters, who lives in Salinas, that Chavez would be on a big boat that would start in Ensenada and stop at a restaurant along the way so as to not look suspicious. That sister asked The Times not to publish her first name out of fear of retribution from organized crime groups.

At 8 a.m. on May 2, Chavez told her sister she was going to try again. By the next day, when the sister still hadn’t heard from Chavez, she asked one of the smugglers what happened.

“There was an accident, but nothing happened,” he told her, assuring her that everything was fine.

One of Maria Eugenia Chavez Segovia’s sisters, Gabriela, clutches a picture of her at her home in Northern California.
One of Maria Eugenia Chavez Segovia’s sisters, Gabriela, clutches a picture of her at her home in Northern California. Another sister, who asked The Times that her first name not be used, said she spoke with the smugglers about Chavez’s journey.
Last year, maritime apprehensions in Southern California surpassed even those in the Caribbean, CBP data show, and were more than three times the number out of the Miami region.

The Miami region saw a high of 2,095 apprehensions in 2016 due to the sharp increase in Cuban migration following then-President Obama’s renewal of ties with the island nation. But apprehensions there sharply declined after Obama did away with a longstanding policy allowing Cubans who show up at a port of entry to apply for permanent residency.

There is still significant movement in the Caribbean, with a recent uptick in Haitians fleeing their impoverished and politically unstable nation by boat. Border authorities have intercepted more than 1,000 Haitian migrants at sea during the past year.

Haitian migrants are also arriving to the U.S.-Mexico border on land. Thousands were expelled last month from Texas after making their way up through Central and South America.

Some immigrant advocates say the United States’ restrictive, pandemic-era border policy is in large part behind the increased attempts by migrants to cross the San Diego border by sea. Federal officials use that policy, known as Title 42 for the section of the health statute where it originated, to quickly expel migrants who are stopped along the U.S. border “in the interest of public health” without allowing them to apply for asylum.

Photo of a woman with votive candles in front of it.
Photo of Maria Eugenia Chavez Segovia at the family home in Mexico.
Luis Magaña, an advocate for farmworkers in the San Joaquin Valley, helped Chavez’s family in the aftermath of her death. He said the issue goes beyond Title 42 and other recent changes in border enforcement, or even the economic impact of COVID-19 in the migrants’ countries of origin.

Migrants used to come and go easily in response to labor demands. During World War II, the U.S. signed agreements with Mexico to bring in temporary farm laborers. When those workers returned home to Mexico, they had contacts of people who could help others gain safe passage to the U.S. for work, Magaña said. But in the 1990s when the federal government started cracking down on illegal immigration, people found new routes to enter the country.

“All of this migration is because they interrupted a system,” he said. “These days, it’s organized crime. The typical coyote has changed.”

When one migration route is made harder, others pop up, said Kathleen Newland, a senior fellow and co-founder at the nonpartisan Migration Policy Institute and author of the 2016 book, “All at Sea: The Policy Challenges of Rescue, Interception, and Long-Term Response to Maritime Migration.”

“Homeland Security has built out the border into the Pacific Ocean quite a ways, but they’re never going to cover the whole ocean,” she said. “The farther they build it out, the farther the boats will go. And the route becomes more dangerous and often more expensive.”

Maritime crossings to the U.S. are inherently riskier, in part because of high interception rates, Newland said. But it’s impossible to know the real casualty rates globally, she said, “because even their skeletons won’t be discovered.”

“It’s a risk calculation,” she said. “Because the attention has been much more on the land border, smugglers may be selling the story that nobody is watching the coast. But they are.”

Authorities might be less on the lookout for a cabin cruiser like the one that crashed in Point Loma in May, said Newland. Pleasure crafts are more expensive to operate than fishing boats, which are the most common. But she said such boats could be a new strategy on the part of smugglers.

After the accident with Chavez’s boat, her sister asked one of the smugglers with whom she’d had contact for a photo, and the image he sent of a capsized boat made her uneasy. Her 18-year-old daughter found news reports and started calling hospitals.

A casket is carried to its grave site.
The casket of Maria Eugenia Chavez Segovia is carried to its grave site at Tultepec Cemetery in Amealco de Bonfil, Mexico.
“For us the loss is still so sad,” Chavez’s sister said in a recent interview. “I would like justice for her and for the other people.”

But she is in the country illegally and said she was afraid that if she talked to police, the smugglers would go after her. When they found out Chavez had died, she says the smugglers cut off communication.

The phone number she had, with a Mexican area code, now goes straight to voicemail.

San Diego Union-Tribune staff contributed to this report.

LAREDO, Texas (Border Report) — The hammering of construction workers echoes off the Rio Grande across the banks into Nuevo Laredo, Mexico, as the Department of Homeland Security has started building court facilities in Laredo, Texas, to be used by asylum-seekers who starting next month could be returned to Mexico as part of the Migrant Protection Protocols (MPP) program.

DHS officials, in a court statement, last week announced that by mid-November, the Biden administration is expected to reimplement MPP, but said that the U.S. government is still awaiting approval and compliance from the Mexican government.

“The U.S. Government cannot unilaterally implement MPP without an independent decision by the GOM (government of Mexico) to accept individuals that the United States wishes to send to Mexico. As a sovereign nation, Mexico decides who it allows to cross its borders,” Blas Nuñez-Neto, DHS acting assistant secretary for border and immigration policy, wrote in a court declaration.

The Biden administration has staunchly opposed restarting the Trump-era program, however, the Supreme Court in late August refused to block a lower federal court’s ruling in a lawsuit brought by Texas and Missouri to force the administration to reimplement the remain-in-Mexico program.

Migrant advocate questions Supreme Court’s decision to bring back ‘Remain in Mexico’ policy
Although the details are not completely worked out yet, Nuñez-Neto says construction contracts totaling $14.1 million have been issued to build “soft-sided Immigration Hearing Facilities” (IHF) in the South Texas border cities of Laredo and Brownsville.

The court facilities will be located on the same spots where they previously were built in 2019 under then-President Donald Trump, and will be the go-to location for all asylum hearings once MPP is restarted, U.S. Rep. Henry Cuellar, a Democrat from Texas, told Border Report.

U.S. Rep. Henry Cuellar, D-Texas, is at the base of the Gateway to the Americas International Bridge in Laredo, Texas, on Oct. 18, 2021, where soft-sided immigration court buildings are being built for migrants put in MPP. (Sandra Sanchez/Border Report)
On Monday, Cuellar took Border Report near the site in Laredo, his hometown, where crews have begun working. The facility is being built in front of the La Posada Hotel and close to international bridges I and II, formally known as the Gateway to the Americas International Bridge and Juarez-Lincoln International Bridge, respectively, that lead to Nuevo Laredo, Mexico.

In Brownsville, a soft-sided facility is being built near the Gateway International Bridge, which leads to Matamoros, Mexico, Cuellar said.

Both sprawling facilities were among those that many of the 70,000 asylum-seekers who were placed in MPP starting in 2019 used for court hearings with U.S. immigration judges.

‘Just to think that this is going to be coming back is not OK,’ South Texas nun says of MPP ruling
Nuñez-Neto wrote in a statement to the U.S. District Court for the Northern District of Texas Amarillo Division that construction should take about a month.

“As noted in the declaration filed on Thursday, DHS is taking necessary steps to comply with the court order, which requires us to reimplement MPP in good faith. We are working to do so, despite our appeal of the court’s order, including, for example, by issuing contracts to rebuild temporary immigration-hearing facilities near the Southwest border,” a DHS spokesman told Border Report on Tuesday.

“We have made great progress and are, as a result, ready to begin reimplementing MPP in mid-November, subject to the GOM’s (government of Mexico’s) independent decision to accept those that the USG (U.S. government) seeks to return,” Nuñez-Neto wrote.

“DHS and DOS (Department of State) have sufficiently advanced discussions with the GOM to the point that we will shortly finalize and communicate to GOM a plan for reimplementation that addresses the concerns they have identified. DHS has also taken all the necessary steps to reimplement MPP — including contracting for the IHFs, working to establish robust COVID-19 protocols, and updating policies and guidelines.”

The judicial tent facility in Brownsville, Texas, as seen on Feb. 4, 2021, was built by a New York contractor that will resurrect the facility in the next month. (Sandra Sanchez/Border Report File Photo)
The cost to operate the two facilities will be $10.5 million per month, according to the declaration. And DHS has gone ahead to execute the contracts, despite no firm commitment from Mexican officials, Nuñez-Neto said.

Read Nuñez-Neto’s Oct. 14 court declaration.Download
This is different from his statements just a month earlier and Cuellar said are indicative of several recent talks that Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas and Secretary of State Anthony Blinken have had with top Mexican officials lately.

On Oct. 8, Blinken and Mayorkas traveled to Mexico City and met with Mexican President Andrés Manuel López Obrador as well as Mexican Foreign Secretary Marcelo Ebrard and they discussed future terms for MPP and safety and security for border communities on both sides of the Rio Grande.

“DHS believes that it makes sense to proceed with contracting now despite the lack of a final decision by GOM,” he wrote.

“They’re going to set it up the way it was prior to this administration. They’re going to do the same thing in Brownsville. It’s the same contractor from New York,” said Cuellar, who is vice chairman of the House Homeland Security Appropriations Committee.

Laredo is a South Texas border town of 225,000. (Sandra Sanchez/Border Report)
“So either you’ll have people who come to the bridge to ask for asylum or if Border Patrol catches somebody and returns them back to Mexico those persons or those people can turn around, come to the bridge and ask to be orally processed so they can get their asylum claims in,” Cuellar said.

Most of the hearings in Laredo will be with immigration judges in San Antonio, Cuellar said.

Cuellar said he has asked the Biden administration to ensure that migrants returned under MPP have access to legal aid.

The other big concern is for their safety and security, as well as that of Mexican border communities, according to Nuñez-Neto. Other issues to be worked out with Mexico include:

Whether Mexico will receive non-Spanish speaking migrants, such as Haitians. Previously Mexico only accepted the return of migrants from Spanish-speaking countries and Brazil.
The exact time and location that asylum-seekers will be accepted back on a daily basis.
How many individuals can be returned daily.
The nationalities that Mexico will receive back.
Assurances by the United States that vulnerable individuals — the sick, elderly, or LGBTQI — will not be sent to Mexico because “this placed an undue burden on the services provided by local communities in Mexico.”
Mexico also has concerns about the United States’ 1.45 million backlogged immigration cases and the length of time that the migrants could be waiting in Mexico.

Transactional Records Access Clearinghouse, a research nonprofit from Syracuse University that tracks all U.S. immigration cases, reports the backlog is the highest in history.

Graphic by Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC)
Migrant advocates say MPP is a cruel process and further traumatizes vulnerable migrants who endure kidnappings and other violence in trying to claim asylum in the United States.

Cuellar complained it’s “a lot of money” but said the Biden administration must comply with court rulings. He urges that the United Nations High Commission on Refugees (UNHCR) actively get involved when MPP is reimplemented to ensure protections are in place for the migrants, as well as border communities.

A migrant encampment in Matamoros, which sprang up in the summer of 2019, grew to 4,000 asylum-seekers and was the cause of much criticism by Mexican officials for the filthy conditions where hundreds of children also lived.

A migrant child is seen outside his family’s tent on Jan. 17, 2020, in Matamoros, Mexico, across from Brownsville, Texas. (Sandra Sanchez/Border Report File Photo)
“We’ve seen what happens when people don’t follow an orderly process to get into the United States,” Cuellar said. “Just to have people rush across the Rio Grande is not the way we’re supposed to be having this process.”

Visit the BorderReport.com homepage for the latest exclusive stories and breaking news about issues along the United States-Mexico border.
Laredo Mayor Pete Saenz told Border Report that last week DHS officials called him to inform that construction of the courts would start this week. And he hopes they will follow through to ensure that migrants are not let loose in his city of 225,000.

Laredo Mayor Pete Saenz is seen at City Hall in Laredo, Texas, on Oct. 18, 2021. (Sandra Sanchez/Border Report)
“They did call basically notifying me, the mayor for the city of Laredo, that the MPP program would begin shortly by way that they had to follow the Supreme Court’s ruling and that they would soon begin (construction). So we’re accustomed to it. We had it before. It continues here. That is something the federal government has done before and it will begin again, restart again,” Saenz said.

Saenz added that the UNHCR was involved in Laredo when MPP was previously. There were about four migrant centers in Nuevo Laredo that helped the asylum-seekers. And he blames Congress for not enacting immigration reform to rectify the situation on the border.

“Ideally, if they’re entitled to asylum if I were them I’d want to get processed as soon as possible but unfortunately Congress hasn’t moved to change even to possibly retain or bring down immigration judges where they can have more presence on the border and they can hear cases and adjudicate it accordingly,” Saenz said.

In an exclusive interview, we speak with Jean Montrevil, an immigrant rights leader who was deported to Haiti in 2018. He returned home to New York and reunited with his family Monday on a special 90-day parole. He hopes to stay longer. Montrevil was a founding member of the New Sanctuary Coalition, which worked with Families for Freedom to engage churches in immigrant defense. ICE targeted him for his activism, using a decades-old conviction as pretext to deport him. In his first interview since landing, Montrevil tells Democracy Now! he will continue to speak out and implore the current administration to “take a second look at their policies and to stop deportations to Haiti.” His longtime lawyer Alina Das says, “We don’t believe that anyone should be targeted for deportation, to be jailed, to be taken away from their family, to be expelled from this country because they’ve chosen to speak out.”

TRANSCRIPT
This is a rush transcript. Copy may not be in its final form.

AMY GOODMAN: This is Democracy Now! I’m Amy Goodman, with Juan González, as we turn to an incredible story Democracy Now! has followed for more than a decade.

As reported in headlines, activists blocked the Port of Miami Monday to protest deportations to Haiti, where people face extreme economic and political instability. Around the same time Monday, here in New York, Jean Montrevil, a prominent Haitian American immigrant rights activist, father of four U.S.-born children, returned home to New York, this after he was deported to Haiti in 2018. In a remarkable development, he was allowed to fly back, after receiving a 90-day special parole.

Like many Black immigrants, Jean faced the double punishment of deportation after he served a harsh sentence decades ago at the height of the war on drugs. When he was released from prison in 2000, he reported for years to check-ins with Immigration and Customs Enforcement, or ICE, and also helped found the New Sanctuary Coalition to engage churches in immigrant defense with another group called Families for Freedom.

Jean Montrevil was first on Democracy Now! in 2010, after ICE detained, then released him, following the devastating earthquake in Haiti that year. We last spoke to Jean in Port-au-Prince, after he was deported in 2018. Well, on Monday, Jean Montrevil’s children and supporters greeted him at the airport as he returned home, and his defense committee shared this video with us.

TED DAWSON: Here, hold this.

SUPPORTER 1: We will not be deterred.

RAVI RAGBIR: You can’t deport a movement.

SUPPORTER 1: No, that’s right.

JANIAH MONTREVIL: My name is Janiah Montrevil. I’m Jean Montrevil’s daughter. Today we’re at JFK Airport at the baggage claim, waiting for my father to get off his flight. He recently got his 90-day pardon, and so he’ll be coming back from Haiti.

JAHSIAH MONTREVIL: I’m Jahsiah Montrevil. And as my last name implies, I’m his son. Feeling a lot of different things, mainly excited, still in shock that it’s happening. Like, I don’t think I’ll be able to fully process it until I actually see and hug him. For once, I’m going to take him out shopping this week.

SUPPORTER 2: Do you know if the plane arrived?

JANIAH MONTREVIL: Yes, the plane has landed. I could check. They should be unboarding now and going through ICE.

SUPPORTER 2: What do you think is happening back there?

JANIAH MONTREVIL: I honestly don’t know. I feel like, since I know he didn’t have a passport, and they just gave him, like, papers, so they might, like, have to do like an extra scan through. I don’t know. A part of me want to like run back there and see what’s going on.

JANE TREUHOLD: I’m Jane Treuhold, and I’ve been accompanying Jean on this journey since 2007. We, you know, did check-ins, but we’ve also become good friends, and he’s been to my house and with his kids. And he’s a very special person.

TED DAWSON: My name is Ted Dawson. I’m a member of Judson Memorial Church. And I’m here to celebrate Jean coming home. I’m part of a team here that began accompanying Jean to his check-ins 10, 12, 15 years ago. We became very close to him during that process. And we became much, much more involved as the process went along and we could see the injustices that were happening across the board in the immigration system, in ICE, in particular. And we just grew to love Jean and his family. And when this happened to him, it was part of us. They deported us also, because Jean was deported because of his activism.

RAVI RAGBIR: I’m Ravi Ragbir. And Jean and I go way back. They have been trying to deport us for many years. In fact, I was in Krome Detention Center with him when he was deported. We have been working as, you know, collaborators to stop our own detention, but other people’s detention, so it has been a long struggle. And I’m excited that Jean is here and that he will continue to support the end of deportation for people. And this will be — it will be able to give people the strength and the knowledge that they can — if they fight, they can win. So it will allow hope for many people who have been in the same struggle with like Jean and myself.

SUPPORTERS: Jean! Jean! Jean! Jean! Jean! Jean! Jean!

JEAN MONTREVIL: Hey, guys! Linda! Well, I’m excited. I’m excited to be with my family. It has been my whole dream. And the trip was OK. I’ve been up since 4:00 this morning. I haven’t ate nothing. I’m really happy to be with my family. This has been my whole fight, fighting to be with my kids. And I’ve always wanted to be with my kids. And now I get a second chance to be with them again. Exactly, they have — Oh my god!

SUPPORTER 3: Are you real? Are you a facsimile of yourself?

AMY GOODMAN: Jean Montrevil being greeted at the airport, with people holding signs, “Welcome home Jean!” with his face on some of those signs. Special thanks to Laura Bustillos for filming that joyous reunion of Jean with his family and supporters after returning home yesterday. He was deported in 2018, then granted a 90-day special parole, which is why he’s back, hoping to stay for much longer.

In this Democracy Now! exclusive, Jean, how does it feel — in this first interview back, how does it feel to be home?

JEAN MONTREVIL: It feels great, Amy. And thank you for having me again today. I mean, I’m very excited just to be here with my kids again. As you know, this has always been about my kids. And now I finally got a second chance and to see my kids again. I cannot tell you how excited that I am. Very excited, man. I’m so happy.

AMY GOODMAN: And I should say that we’re also joined by Alina Das, Jean Montrevil’s lawyer and co-director of the Immigrant Rights Clinic at NYU School of Law. You had not been home to Haiti in, what, some 30 years. Talk about your plans now. As so many Haitians are being deported back to Haiti, you have been able to come home.

JEAN MONTREVIL: Yes. And it’s heartbreaking, man. It’s very — it hurt my heart a lot just to see people getting deported back to a country where there’s no government, a country that’s being run by gang members. And the U.S.A. know that. They know Haiti don’t have a functioning government. Everybody is afraid to go outside. Things are getting so expensive. People cannot eat. People cannot do nothing in Haiti. It’s really very heartbreaking. It broke my heart just to see that Biden government cannot take — are deporting people. Just, like, they need to take a second look at the policies. To watch people walk two months on foot, walking, crossing the Darién forests just to be here, knock on your door, and then you still deport them back with their kids. And it’s very heartbreaking. I think the Biden administration needs to take a second look and to stop the deportation to Haiti. You cannot deport people to where there’s no government. There is no government in Haiti. The country is being run by gang members. Gangs are everywhere, just like you mentioned earlier, the 400 Mawozo, the Martissant group. You know, it’s terrible. And the government know that. They know that.

JUAN GONZÁLEZ: I wanted to ask Alina Das to talk about the campaign to bring Jean back, especially the role of the pardon that Governor Northam gave to him, how that helped. And also, if you could talk about the Biden administration’s change of policy, for instance, Alex Mayorkas, the homeland security chief, basically directing that activists who are exercising their First Amendment rights should not be targeted for deportation? How extensive has that been in the past?

ALINA DAS: Well, thank you so much, and thank you for having us.

And I think all of these victories are really a signal of how important the work Jean has been doing for so long is. I mean, Jean has been organizing in the immigrant rights movement since 2005. He saw what was happening to him and his family, and he realized that this was happening to families everywhere. And he inspired a movement. And so, when his voice made him a target for deportation in 2018 and he was deported to Haiti, that movement lived on. He taught us to keep fighting. And so, with his church, with Families for Freedom, with the New Sanctuary Movement, with so many others, we didn’t give up, and we’ve fought until he’s here. I can’t believe he’s here sitting right next to me in New York. And I think that that is a victory for family unity. It’s everything that Jean has envisioned for an immigration system, one that welcomes, one that protects immigrant voices.

And we are so grateful to see a change in that policy, to see Secretary Mayorkas say that immigrants will not be targeted for engaging in First Amendment activity, for speaking out about the injustices they see. And what we want to see now is that principle be put into action. You know, Jean is here with us. He’s been given this special parole. But the fight isn’t over. We have to make sure that Jean is with us to stay and that other immigrant activists can be — rest assured that they can be here and remain with their families, to continue to speak out and to speak up and protect our rights, without fear of deportation.

AMY GOODMAN: And, Alina, explain the role of the Virginia governor, Governor Northam.

ALINA DAS: Yes. Governor Northam gave us a tremendous gift. He recognized — and this is the power of clemency — that people deserve second chances. Jean received a deportation order nearly 30 years ago because of a very old conviction that he received at the height of the war on drugs. After he served his time and lived his life, raised his family, four children, incredible community, it was only then that he faced a second punishment of deportation. And we believe in second chances. And the pardon, which is something that the governor of Virginia granted to Jean, recognizes that. It gives him an opportunity to try and reopen his case, to get his lawful permanent residency back and to be able to live here in this country, that is his home, with his family.

JUAN GONZÁLEZ: And, Jean, you’re also pursuing a federal lawsuit against immigration officials for targeting you, because, again, there’s some reports that as many as a thousand immigrant rights activists have been deported in the past, basically because of their speaking out.

JEAN MONTREVIL: Yes. This was during the Trump administration. Trump targeted immigrant right activists like myself who were speaking out against ICE, which is a terrible, terrible, terrible institution. They didn’t care about family unity. They didn’t care about what you was standing for. And because of that, I made the lawsuit Alina filed. And thanks to her. I want to say, you know, a big thank you to Alina. And she probably saved my life. And I will refer to her on the lawsuit. I really don’t know much.

JUAN GONZÁLEZ: Alina, could you talk about it?

ALINA DAS: Yeah, no, I think the lawsuit itself is an incredible testament to the voice that Jean gave to the movement. He spoke out. And we don’t believe that anyone should be targeted for deportation, to be jailed, to be taken away from their family, to be expelled from this country because they’ve chosen to speak out and to educate all of us about what’s really happening in the immigration system. So, that lawsuit continues to be pending, and we’re just so grateful that people are listening. They’re listening to Jean. They’re willing to stand up for those who have been targeted for their activism.

AMY GOODMAN: Jean, the old slogan for your campaign was “Bring Jean home.” Monday, as people stood at the airport, they held signs that said “Welcome home, Jean.” Today it’s “Keep Jean home.” What is next? And talk about your message for both the DHS secretary, Mayorkas, and for President Biden, and for immigrants and activists around this country.

JEAN MONTREVIL: Well, for immigrants, I will tell them: Don’t give up. Don’t give up. Don’t be afraid to fight. Fight for your kids. Fight for what’s right. We deserve to be here. America has always been a country of immigrants. And nothing has changed in the immigrants’ world. People travel to here just to find a better way to live, to support their families back home. There’s nothing changed in the immigration world. You can talk about a hundred years, from 200 years ago. It has always been the same. You move somewhere to flee your country from persecution, from poverty, to find a better way to take care of your family.

Imagine all these Haitians who walks through 11 countries, Amy, just to get to the Texas border, and then you put them back on a plane to say, “No, you cannot welcome here.” It’s racism. It’s racism. That’s all it is. Haiti has always been suffering for racism in this country.

And one other: I think it’s time for the Biden administration to take a second look. You cannot have these people suffering just to knock on your door, and then you take them back to a country where you know there’s no government. And it’s really heartbreaking. It breaks my heart. And I hope the Biden administration really thinks twice. And they need to take a second chance. And I will continue to speak out. I’m not going to give up.

AMY GOODMAN: Jean —

JEAN MONTREVIL: I will be there, probably —

AMY GOODMAN: We have to leave it there, but, again, welcome home, Jean. That’s Jean Montrevil, Haitian immigrant and activist, just back in New York Monday, and Alina Das, Jean’s lawyer and co-director of the Immigrant Rights Clinic at NYU School of Law. Special thanks to Renée Feltz. I’m Amy Goodman, with Juan González.

In the harshest attack yet in the GOP race for U.S. Senate, Agriculture Commissioner Gary Black launched a radio ad accusing former football standout Herschel Walker of supporting “amnesty” for undocumented immigrants.

[PAYWALL]

The backlog of applications for eligible immigrants to become U.S. citizens more than doubled between 2015 and 2020, according to a report from a Government Accountability Office that portrays U.S. Citizenship and Immigration Services as a strained and inefficient agency.

USCIS is tasked with processing and adjudicating immigration benefits, like work visas, green cards, citizenship applications and Deferred Action for Childhood Arrivals requests. The GAO report found USCIS cited the pandemic, changes in application processes that made the review of cases more time-consuming and insufficient staffing as factors contributing to the increasing caseload.

The total USCIS backlog increased 85% from fiscal years 2015 through 2020, the report found. For Phoenix resident Eleuterio Galindo, 58, it means the application for citizenship he submitted in June 2020 still hasn’t been processed.

Galindo has lived in the country for more than 40 years and works at an aluminium manufacturing company. He has been a permanent resident and eligible to apply for citizenship for many years, but chose to keep renovating his green card — until last year.

“Now it’s time to become a citizen. It’s been many years and it’s necessary,” Galindo said. But after waiting for over 15 months, he’s questioning whether he made the right decision. During that time, his green card expired, he said.

“This is taking too long, and I need to travel outside of the country,” Galindo said. “I’ve thought of just renewing my green card.”

Galindo’s wait is above the national and Phoenix average for processing naturalization applications. Between October 2020 and September 2021, citizenship applications took an average of 11.5 months to adjudicate, according to USCIS historical processing times table. The wait time for naturalization requests to be processed in Phoenix is between 11 and 14.5 months, according to the USCIS processing times tool.

The backlog for naturalization applications recently peaked in March, reaching more than 950,000 pending applications nationwide. Most recent data for June shows a slight decrease to 907,000.

In Arizona, there were 11,447 people waiting for their citizenship applications to be processed in June, USCIS shows.

The backlog is also impacting other immigration applications that USCIS adjudicates. The Deferred Action for Childhood Arrivals program, commonly known as DACA, has life-altering benefits for eligible undocumented immigrants who arrived to the country as children.

For more than two years following the Trump administration’s 2017 announcement that it would phase out DACA, people eligible for the program who wanted to apply for the first time were barred from doing so.

But after a court ruled that Trump’s government couldn’t end DACA as planned, USCIS announced in December 2020 that it would accept initial DACA applications, opening the door for thousands of immigrants to temporary protection from deportation and a renewable work permit.

That window of opportunity for new applicants to submit the document-heavy DACA form to USCIS abruptly closed in July, when a Texas judge declared the program unlawful. The decision added more distress to a three-year roller coaster of rulings in several lawsuits and legislative back-and-forth that has made uncertainty the only constant among generations of dreamers and their families.

In September, the Biden administration announced a proposed rule change that is expected to keep DACA in place.

For now, only those who currently have DACA can apply to renew their work permits and receive temporary protection from deportation.

As of June 30 there are 22,260 residents in Arizona who have DACA, according to USCIS data.

USCIS ended fiscal year 2021 with 82,621 pending applications for first-time applicants, according to its data. For those seeking to renew, there were about 84,413 pending applications as of June 30. (The GAO review didn’t include DACA applications.)

Michale Browder is among those nearly 83,000 people nationwide who had hoped to obtain DACA but were cut off by the long backlog and court ruling.

“Everything stopped before I got approved. It’s horrible, it’s bad,” he said. “I’m very lucky and blessed to have a job, but I know a lot of people don’t have the same opportunity that I do — maybe they can’t even go to school and stuff, they don’t have a way to get a job or anything, or a drivers license.”

Browder applied for DACA in December 2020. He got an approval letter, and went to get his fingerprints taken, which is the last requirement before DACA is granted. A few weeks later, the Texas judge ended the program.

Arizona groups that have been key in the advocacy movement to push Congress to pass permanent reform to provide a pathway to citizenship to dreamers and their families are continuing to put pressure on the Biden administration and senators to secure these changes before the end of the year.

The chaotic evacuation of Americans and Afghans from a deteriorating Afghanistan played out in real time on television this summer, but for those Afghans who stood up for democracy and civil rights, their new life in America requires a longer-term attention span and a greater commitment.

On Sept. 30, President Joe Biden signed a continuing resolution to keep the U.S. government funded until early December. The spending bill includes $6.3 billion to help resettle a projected 95,000 Afghan evacuees through 2022.

That is a big first step toward providing Afghan evacuees with the support they need. Besides funding, it also expands access to resettlement services and benefits for those now living in the United States.

But Afghans in the U.S. still face unique challenges, chief among which is the lack of any clear pathway to permanent legal status.

If we want Afghan immigrants and refugees to integrate as successfully as possible, Congress must go a step further and allow evacuees to be processed securely but quickly and, ultimately, obtain lawful permanent residence.

While many of those evacuated likely would have been eligible for permanent status through the refugee or special immigrant visa, or SIV, process, those pathways are heavily backlogged and take years to complete. The failure of the Biden administration to heed calls in the spring to ramp up the SIV process made the last-minute evacuation much more complicated. Instead — as in several previous emergency evacuations — U.S. officials have granted entry largely through humanitarian parole.

But under humanitarian parole, Afghan nationals can remain in the U.S. only temporarily; parolees are granted protection from deportation for just two years, during which they are eligible to apply for temporary work authorization.

But these measures don’t provide the firm foundation for a new life that permanent status does. The Afghans being resettled in the U.S. have escaped imminent danger and gone through rigorous vetting procedures; many risked their lives in support of U.S. military efforts. For all intents and purposes, they are refugees. But refugees have access to permanent status, and — without action from Congress — Afghan parolees do not.

No other options currently available are viable. Afghans who aren’t able to complete the SIV process and are ineligible for refugee status could go through the asylum process. But federal agencies will struggle to handle the expected tens of thousands of applicants, given our already overburdened asylum system. A December 2020 U.S. Citizenship and Immigration Services report noted that the backlog in asylum applications had grown to more than 350,000 cases. Forcing Afghan evacuees to engage with such a system would be setting them up for failure and frustration.

We need a different solution: a special legal pathway specifically designed for this unique class of people seeking refuge.

An Afghan Adjustment Act would allow evacuees to adjust their status and apply for lawful permanent residence after a certain amount of time in the U.S. It would fulfill our humanitarian obligation to vulnerable Afghans contending with an uncertain future. It would also allow Afghans, particularly those in high-risk groups, an opportunity to rebuild their lives in the U.S. without the hurdles that come with uncertain immigration status. And it would help keep us secure by speeding the integration of evacuees into American society.

Providing this kind of legal pathway has historical precedent. In 1966, Congress passed a bill to allow Cuban parolees who had fled the communist regime to apply for legal permanent residence after one year of residence in the U.S. Likewise, Congress acted in 1977 to allow for more than 150,000 refugees from Southeast Asia to apply for permanent residence.

The resettlement of Afghan evacuees in the U.S. will be the largest undertaking of this type since the Cold War. Given the size and nature of the Afghan evacuee population, an Afghan Adjustment Act would be the most effective and humanitarian solution for the tens of thousands for whom a future in the U.S. is their sole opportunity for safety and freedom. It is also the least our country can do to honor the sacrifices our Afghan allies made to work with the United States in support of democracy and freedom.

Congress should pass an Afghan Adjustment Act.

Stewart Verdery is the CEO and founder of Monument Advocacy and a member of the Council on National Security and Immigration. He previously worked on Capitol Hill and was assistant secretary for border and transportation security policy and planning at the Department of Homeland Security under President George W. Bush.

The U.S. war on immigrants is worsening the labor shortage.

But some Americans would rather destroy the supply chain and shutter industries than admit it – and do something about it.

Evidence of scarce workers is everywhere. Shipping containers remained unopened from Los Angeles to Georgia. Restaurants, hotels, trucking and other industries are begging for workers.

The Wall Street Journal reports that “employers are struggling to fill more than 10 million job openings and meet soaring consumer demand.”

Industries hardest hit by a record number of workers quitting include manufacturing, retail, trade, transportation and utilities. And those workers don’t appear to be in any hurry to return to the daily grind, even if they are no longer getting federal unemployment benefits and employers are offering higher pay incentives.

Senate GOP won’t budge, so Dems have a new idea
Economists are appropriately sounding the alarm over the short-term and permanent labor crisis but politicians aren’t listening.

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Immigrants already in the country and foreigners willing to come on work visas are part of the answer to the deepening labor shortage.

But the 50 Republican U.S. senators aren’t willing to even consider that possibility. Their stubbornness doesn’t make sense and is hurting America’s economy.

With no Republican support, Democrats have tried and failed to convince the Senate parliamentarian to let them legalize essential workers and “Dreamers” through the budget reconciliation bill.

They’re now pushing a third option – just relief from deportation (parole) and work permits for millions of immigrants already in the country working in the shadows.

Democrats have asked the Congressional Budget Office to review the proposal to present it to the parliamentarian.

Why don’t they see immigrants’ economic benefit?
Manufacturing, retail, trade, transportation and utility industries have been especially hard hit by labor shortages.
Manufacturing, retail, trade, transportation and utility industries have been especially hard hit by labor shortages.
MIKE DE SISTI / MILWAUKEE JOURNAL SENTINEL
Meanwhile, the U.S. Chamber of Commerce and others are essentially begging Congress to double the number of employment-based H-1B and H-2B visas to help ease the labor crisis.

“A worker shortage is holding back job creators across the country” and is “leading to supply-chain bottlenecks and higher prices for businesses and consumers,” according to the powerful business group.

The Chamber wants the Biden administration and Congress to double the number of visas for specialty occupations from 140,000 to 280,000 per year – which, of course, is reasonable since the worker shortage is across sectors.

Why won’t Senate Republicans see the economic benefit of legalizing immigrants willing to take the jobs Americans won’t?

Let’s be clear. Many of these immigrants are already working illegally in a variety of industries from agriculture to restaurants to hospitality. Employers are evidently turning a blind eye to their immigration status or relying on loopholes to go around it. Somebody is hiring them, right?

It’d be a lot easier and faster for everyone to do it legally. But hey, everyone at some point gets tired of begging.

The COVID-19 pandemic triggered American workers to rebel against employers – against America’s work-till-you-die mentality. They are no longer begging. They’re reassessing their way of life.

Immigrants already here and foreigners who’ve long dreamed of coming to America also could stop begging and look elsewhere for opportunities.

Elvia Díaz is an editorial columnist for The Republic and azcentral. Reach her at 602-444-8606 or elvia.diaz@arizonarepublic.com. Follow her on Twitter, @elviadiaz1.

The United States is facing a historic labor shortage. Throughout the summer, more than 10 million jobs were unfilled—the most ever and well over double the historical average. The shortage is causing businesses to reduce hours, close, raise prices and reduce services.

Americans are losing out, but there is a straightforward solution: legal immigrants.

At the very moment that job openings reached their unprecedented highs, the backlog of qualified immigrants waiting for legal permanent residence in the U.S. established its own record: over 9 million—with most of them waiting in other countries. Nearly all of these immigrants are qualified for legal permanent residence, can pass a background check and have a family member or employer to sponsor them. If they don’t die in line, they will almost all make it here… eventually.

The problem is that they are being forced to wait by either administrative processing delays or a lack of space under the annual legal immigration caps.

The processing delays are the fault of outdated bureaucratic systems—such as a paper-only filing system and a ban on web-based interviewing—as well as incomprehensible pandemic protocols keeping most U.S. consulates at reduced capacity.

But the bigger issue is that Congress has capped the number of family and employer-sponsored immigrants at very low levels, which were last updated more than three decades ago in 1990. These caps for family– and employer-sponsored immigrants are just 366,000 for an entire year. There were more than 30 times as many job openings in a single month in 2021 alone.

This 30-year pause on cap increases makes no sense. The U.S. economy has more than doubled since 1990, and the country has added about 35 million more households. The family and employment-based immigration limits should have at least adjusted to keep up, but they haven’t, and because of the administrative delays, the government is actually wasting tens of thousands of the few cap slots this year too.

These caps for family– and employer-sponsored immigrants are just 366,000 for an entire year.

The solution is simple: Congress should eliminate arbitrary caps on qualified legal immigrants during times when the labor market clearly needs workers. It should require the executive branch to adopt streamlined procedures for processing these applications and ensure that the workers can make it into the country in time to meet employers’ needs.

The stakes are high. Every week that these jobs remain open is costing the U.S. economy, consumers, and businesses tens of billions of dollars in lost productivity. Prices continue to rise, and families are suffering. In some sectors—like healthcare—the shortage is literally a matter of life and death. One estimate found that alleviating the shortage would save thousands of lives per year.

Indeed, the 9 million backlogged immigrants mainly just need the government to create cap space, so that they can acquire their green cards, get jobs and contribute to the economy. Since the government can create more cap space with one or two lines in a bill, it can easily solve the backlog and let immigrants into the country.

For immigrants who have already approved petitions by sponsors and who are awaiting visa processing outside the United States — four million people, according to government data — nearly a third are Mexicans who could easily reach the United States tomorrow if visas were available. (Detailed data on the 3.2 million with petitions pending and the 1.8 million who have applied as immediate relatives of U.S. citizens or have applied in the U.S. is not available.)

Immigrants fill jobs, but they also create jobs for others. Because they tend to work in sectors where U.S. workers are less likely to want jobs, immigrants increase demand for U.S. workers in complementary positions. As immigrants move in, U.S. workers move up: from employee to supervisor, from brick layer to foreman, from back-of-the-kitchen to restaurant manager.

Now is the time to change the law and address the growing wait times. If Congress fails to act, hundreds of thousands of these immigrants will die waiting for the chance. But right now, an acute labor shortage exists, and legal immigrants stand ready to solve it. America should let them, thank them and get our economy back on track.

La farmacéutica Wendy Andrade es una hija de inmigrantes mexicanos y la primera de su familia en graduarse de la universidad. En el Día Nacional del Farmacéutico habla sobre los riesgos y retos que asumen estos profesionales de la salud en medio de la pandemia. Ver más noticias aquí.

Por: EFE 19 de Octubre 2021
Asilo, un camino a la ciudadanía y acabar las deportaciones automáticas en la frontera con México. Grupos de inmigrantes y agricultores del centro de Florida pegaron pancartas en las entradas y vías de acceso a los parques temáticos de Orlando dirigidas a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris.

Con mensajes de “Pare las deportaciones de haitianos, termine el Título 42” y “Otorgue la ciudadanía para nuestras comunidades” adheridos en las entradas de Universal Studios y Walt Disney World, los activistas instaron a Harris a cumplir las promesas migratorias del presidente Joe Biden.

Los grupos instaron a Harris a rescindir de una vez por todas el Título 42, que permite repatriar a los inmigrantes sin permitirles presentar una solicitud de asilo.

Le recordaron a Harris que estos parques temáticos fueron unos de los principales donantes de la campaña presidencial demócrata de 2020 y emplean un gran número de inmigrantes, entre ellos “soñadores“, trabajadores esenciales y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Miles de inmigrantes los mantienen “limpios, seguros y en funcionamiento durante la pandemia”, subrayaron en un comunicado.

Las organizaciones, entre ellas la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación Campesina de Florida, pidieron a Harris y a los demócratas del Senado un camino hacia la ciudadanía a través del proyecto de ley de Infraestructura de Biden, que está estancado en el Congreso.

En referencia al Título 42, la asociación campesina urgió eliminar de inmediato esa herramienta “racista contra los solicitantes de asilo”.

Camino a la reforma migratoria
Nezahualcoyotl Xiuhtecutli, coordinador de la asociación, además pidió a Harris que haga uso de su autoridad como presidenta del Senado y despeje en el Congreso una reforma migratoria.

Los grupos subrayaron que casi 8 millones de estadounidenses indocumentados y documentados temporalmente en Estados Unidos podrían beneficiarse de un camino propuesto hacia la ciudadanía en dicho proyecto.

“VP Harris, salimos y votamos por usted y ahora necesitamos que nos ayude al cambio”, dijo Sara Ruiz, directiva de Hope Community Center.

Para los activistas, el proyecto de ley de reconciliación de Biden representa “una oportunidad para la reforma migratoria”.

“Muchos de nosotros tenemos familia en el limbo y hemos tenido que sacrificar años de separación familiar. Esta Administración tiene la oportunidad de cumplir finalmente”, dijo Yaretzi P., de Florida Immigrant Youth Network.

“Como inmigrante negro y alguien cuya organización tiene muchos jóvenes haitianos, la situación en la frontera es deplorable (…) tenemos que dar cuenta de los 4.000 ciudadanos haitianos que siguen desaparecidos”, expresó David Caicedo, directivo de Florida Student Power Network. Otras de las organizaciones que se unieron a la iniciativa son Florida Student Power Network, Poder Latinx y Florida Rising, Florida Immigrant Youth Network.

El padre, la madre, el hijo de 9 años y una mujer que los acompañaba fueron masacrados en un bosque cuando creyeron que emprenderían el viaje hacia EE.UU. Las autoridades no descartan el vínculo de los criminales con pandilleros.

Facebook alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia para cerrar con el pago de una multa la investigación abierta por presunta discriminación a trabajadores estadounidenses en favor de inmigrantes con visas temporales, según informaron este martes fuentes oficiales.

El gigante tecnológico también alcanzó otro acuerdo con el Departamento de Trabajo por posibles infracciones cometidas a la hora de contratar a través del programa PERM, que pone empleos a disposición de titulares de visas temporales.

Facebook no ha dado a conocer las causas de la falla en sus plataformas
La compañía defendió sus prácticas a la hora de contratar personal, pero aceptó para una multa.Richard Drew / AP
La investigación se deriva de una denuncia presentada bajo la Administración del expresidente Donald Trump en diciembre de 2020, según la cual Facebook discriminó a los trabajadores estadounidenses reservando ciertos puestos para personas con visas temporales desde al menos el 1 de enero de 2018 hasta al menos el 18 de septiembre de 2019.

[Facebook, WhatsApp e Instagram sufrieron una caída por horas por un “cambio de configuración defectuoso”]

Facebook aceptó pagar una multa civil de 4.75 millones de dólares, según los términos del acuerdo, y pondrá a disposición hasta 9.5 millones de dólares para indemnizar a potenciales trabajadores que no fueron contratados, según un comunicado.

“No nos quieren dar papeles, no tenemos trabajo, nos sentimos presos aquí”, dice Ramón Jaques, un inmigrante de la República Dominicana que lleva más de cuatro meses atrapado en Tapachula (sur de México fronterizo con Guatemala) intentando seguir viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo. Dice que está pensando incorporarse a la caravana que saldrá el 23 de octubre “porque aquí no tenemos futuro”.

Jaques es uno de los miles migrantes que aguardan en esa ciudad intentando conseguir un estatus como refugiado y un permiso para continuar viaje al norte. Pero las autoridades mexicanas están saturadas de pedidos y las esperas por una cita demoran entre cuatro y seis meses.

“Nos dijeron que hiciéramos cola en la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), pero muchos todavía estamos esperando para que nos den turno. Ahora están diciendo febrero del próximo año, pero no hay seguridad que será cierto”, agrega.
Y cuando por fin los atiendan en la Comisión, deberán iniciar un segundo tramite ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para que les den papeles y un permiso de trabajo, proceso que puede demorar otros cuatro o seis meses.

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“Por eso queremos irnos”, añade Jaques. “Estamos atrapados en Tapachula. Todo es difícil aquí, cada día es más difícil que otro. Y todos los días llega más gente que está durmiendo en las calles y pidiendo comida para sobrevivir. Mendigamos. Queremos ir hasta la frontera de Estados Unidos porque aquí, en verdad, no hay nada”, asegura.
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Exigen respeto a sus derechos
“La caravana arrancará el 23 (de octubre) porque la gente tiene la necesidad de caminar”, dijo a Univision Noticias Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, A.C. en Tapachula. “Esto es un éxodo de justicia y también de pobreza. Son más de 95,000 personas las que permanecen hacinadas en esta ciudad pidiendo que se respeten las leyes y se atiendan sus derechos”.

El activista se anticipó a señalar que las organizaciones que planean la caravana “no estamos conspirando contra nadie, sino ayudando a que la gente encuentre una mejor vida”.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que trabajan en el sur de México brindando asistencia humanitaria a los migrantes dicen que la mayoría de ellos desembarcaron en Tapachula este año. Y que la mayoría son originarios del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), quienes huyen de sus países a causa de la pobreza, el narcotráfico, la violencia y los efectos negativos provocados por el cambio climático, como la sequía y el desplazamiento interno.

“Pero también hay miles de haitianos que escaparon de su país por la violencia política y la pobreza extrema”, señala García.
“Y también hay haitianos que llegaron de Chile y Brasil, desde donde iniciaron un largo viaje porque en esos países no encontraron trabajo ni sustento para sus familias”.

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México dice que fueron engañados
El gobierno de México tiene una respuesta diferente para explicar el fenómeno de la inmigración haitiana. La tercera semana de septiembre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad, dijo a periodistas durante una conferencia de prensa (en el marco de una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken), que las caravanas de haitianos que se encuentran en el sur del país provenían de Chile y Brasil, donde tenían estatus de refugiados.

Aseguró que estas personas no estaban solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje, y lo que estaban pidiendo a las autoridades mexicanas era que se les dejara el paso libre hacia Estados Unidos, donde peridían asilo.

“Los están engañando, es un periplo, imagínense salir de Haití, ir a Brasil, a Chile, tener condición de refugio, tener trabajo, hay niños que son nacidos en Chile o en Brasil y que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos porque nos van a dar la residencia o nacionalidad posiblemente. Es un engaño monumental, no es cierto”, declaró Ebrad.
Sin embargo, a pesar de las advertencias hechas por las autoridades mexicanas, grupos y organizaciones que asisten a los migrantes en Tapachula prosiguen con los preparativos de la caravana.

EEUU INMIGRACIÓN
Miami, 19 oct (EFE).- Grupos de inmigrantes y agricultores del centro de Florida pegaron pancartas en las entradas y vías de acceso a los parques temáticos de Orlando en las que piden a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, asilo, un camino a la ciudadanía y acabar las deportaciones automáticas en la frontera con México.

Con mensajes de “Pare las deportaciones de haitianos, termine el título 42” y “Otorgue la ciudadanía para nuestras comunidades” adheridos en las entradas de Universal Studios y Walt Disney World, los activistas instaron a Harris a cumplir las promesas migratorias del presidente Joe Biden.

Los grupos instaron a Harris a rescindir de una vez por todas el título 42, que permite repatriar a los inmigrantes sin permitirles presentar una solicitud de asilo.

Le recordaron a Harris que estos parques temáticos fueron unos de los principales donantes de la campaña presidencial demócrata de 2020 y emplean un gran número de inmigrantes, entre ellos “soñadores”, trabajadores esenciales y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Miles de inmigrantes los mantienen “limpios, seguros y en funcionamiento durante la pandemia”, subrayaron en un comunicado.

Las organizaciones, entre ellas la Coalición de Inmigrantes de Florida y la Asociación Campesina de Florida, pidieron a Harris y a los demócratas del Senado un camino hacia la ciudadanía a través del proyecto de ley de Infraestructura de Biden, que está estancado en el Congreso.

En referencia al Título 42, la asociación campesina urgió eliminar de inmediato esa herramienta “racista contra los solicitantes de asilo”.

Nezahualcoyotl Xiuhtecutli, coordinador de la asociación, además pidió a Harris que haga uso de su autoridad como presidenta del Senado y despeje en el Congreso una reforma migratoria.

Los grupos subrayaron que casi 8 millones de estadounidenses indocumentados y documentados temporalmente en Estados Unidos podrían beneficiarse de un camino propuesto hacia la ciudadanía en dicho proyecto.

“VP Harris, salimos y votamos por usted y ahora necesitamos que nos ayude al cambio”, dijo Sara Ruiz, directiva de Hope Community Center.

Para los activistas, el proyecto de ley de reconciliación de Biden representa “una oportunidad para la reforma migratoria”.

“Muchos de nosotros tenemos familia en el limbo y hemos tenido que sacrificar años de separación familiar. Esta Administración tiene la oportunidad de cumplir finalmente”, dijo Yaretzi P., de Florida Immigrant Youth Network.

“Como inmigrante negro y alguien cuya organización tiene muchos jóvenes haitianos, la situación en la frontera es deplorable (…) tenemos que dar cuenta de los 4.000 ciudadanos haitianos que siguen desaparecidos”, expresó David Caicedo, directivo de Florida Student Power Network.

Otras de las organizaciones que se unieron a la iniciativa son Florida Student Power Network, Poder Latinx y Florida Rising, Florida Immigrant Youth Network.

El presidente Biden y su gobierno encaran el difícil reto de restablecer una política migratoria en la que no creen: la de los Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés. El eufemismo designa a la práctica mejor conocida como “Quédate en México”, la cual ostensiblemente tiene más desventajas que ventajas. Pero es favorita de republicanos radicales como los gobernadores de Texas y Missouri, quienes han logrado imponerla con la venia incluso de la Corte Suprema de Estados Unidos.

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A los radicales les gusta cómo suena la política: “Quédate en México”. Creen que eso le envía un mensaje al vecino del sur de que deberá hacerse cargo, indefinidamente, de cientos de miles de migrantes de diversos países a los que da acceso al territorio mexicano para que eventualmente intenten cruzar hacia Estados Unidos. La consideran el complemento de otra política excluyente de migrantes que los enardece: la del muro “grande y hermoso” con México. De hecho, trabajan sin descanso por rehabilitar las dos medidas que puso en marcha el gobierno de Donald Trump con resultados cuestionables y que el gobierno de Biden suspendió al llegar al poder. Cuentan, además, con el aval importante de jueces conservadores designados por Trump.

Pero “Quédate en México” ha sido y probablemente seguirá siendo un desastre sin paliativo. No importa que ahora, impelido por decisiones judiciales, el gobierno de Biden sugiera que la reinstaurará y aplicará “de buena fe”. La medida devuelve a México a hombres, mujeres y niños que de manera invariable quedan a la merced de contrabandistas humanos y de drogas, secuestradores y otros delincuentes. Y es permanente motivo de discordia con el gobierno de México. Trump pretendió zanjar esa discordia a las malas, amenazando con imponer tarifas a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos.

Mediante el programa “Quédate en México”, los migrantes devueltos pueden comenzar a tramitar sus solicitudes de asilo del otro lado de la frontera. Pero el trámite demora. Una consecuencia es el aumento exponencial de la lista de espera de solicitantes de asilo. La semana pasada, un sindicato presentó una demanda judicial a favor de esos solicitantes. En ella documenta las deficiencias del proceso que ha agravado el MPP. Desde que se implementó, abogados de inmigración se habían quejado de que no pueden representar adecuadamente a los migrantes regresados a México.
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Los fallos judiciales difícilmente dejarán otra alternativa por ahora que restablecer el programa. Pero tanto el gobierno del presidente Biden como el de México tienen la obligación de hacerlo de la forma menos traumática posible para los migrantes. Las decisiones judiciales reconocen que, por ser un estado soberano, México deberá aceptar el programa. Eso le otorga al gobierno mexicano la facultad de influir de forma constructiva, exigiendo, por ejemplo, un plazo razonable para que Estados Unidos tramite a los solicitantes de asilo que permanezcan en su territorio. Los excesos del MPP han sido tales que algunos migrantes han pasado más de dos años a la espera de que se atiendan sus casos. México también debería comprometerse a proteger y darles un trato humanitario a los migrantes devueltos. Y Estados Unidos a ayudar en esos propósitos con recursos y supervisión adecuados.

El presidente Biden personalmente repudia el MPP. “Erradicar las prácticas de Quédate en México”, dice, “(de migrantes) que se sientan a la orilla del Río Grande en condiciones turbias, sin comida suficiente – no daré disculpas por eso”. Y agrega: “Tampoco las daré por terminar programas que no existían antes de que Trump fuera presidente, las cuales han tenido un impacto increíblemente negativo sobre la ley y también sobre la dignidad humana”.

Con tales palabras, Biden selló su compromiso con las personas a las que se les aplicó antes y a las que en el futuro se les aplique la política de Quédate en México. El presidente y su gobierno tienen ahora la obligación de explicarle al público como la usarán de tal forma que, en efecto, se respete la dignidad humana de los destinatarios de la política.

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Biden debería inspirarse en sus propios sentimientos para buscar una alternativa razonable a Quédate en México. Una alternativa así requiere la cooperación con México en el trato compasivo a los migrantes; la ampliación de la cuota de refugiados que acepta Estados Unidos, la cual el presidente aumentó a 125,000 hace unos días, pero que debería ser más alta; y el suministro de recursos y personal suficientes para diferenciar entre quienes tienen motivos legalmente justificables para recibir asilo y quienes no los tienen.

En suma, lo que Estados Unidos necesita, y lo que merecen los migrantes devueltos a México, es la reforma migratoria que sigue resultando elusiva porque los republicanos y algunos demócratas del Congreso se niegan a considerarla. En su defecto, es responsabilidad del gobierno el buscar una opción que pueda justificar legal y moralmente ante todos los estadounidenses.

Luego de marchar por México, estas madres que buscan a sus hijos desaparecidos en su anhelo del sueño americano llegaron hasta el Capitolio. Algunas llevan más de una década tratando de encontrar a sus seres queridos y no pierden la esperanza.

El alguacil de la zona asegura que pese a los numerosos operativos para combatir los cruces irregulares, organizados por el Gobierno federal y el estatal, nada ha cambiado.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos pondrá a fin de mes en operación una red de vigilancia en Centroamérica y Sudamérica de las caravanas de migrantes que se dirigen hacia su frontera sur, según un informe de la cadena de televisión NBC.

La cifra mensual de migrantes que arriban a la frontera de Estados Unidos con México ha estado aumentando desde mayo de 2020 y entre octubre del año pasado y agosto de 2021, la Patrulla Fronteriza efectuó más de un millón de millones de capturas.

Un ejemplo de lo que quieren evitar fue lo sucedido el mes pasado cuando al gobierno del presidente Joe Biden le tomó de sorpresa la llegada de más de 17,000 migrantes, en su mayoría haitianos, que se congregaron bajo un puente internacional en Del Río, en Texas, tras cruzar la frontera con México.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planifica la creación de una célula de recolección de información que vigile más estrechamente y pronostice mejor los movimientos de migrantes“, indicó NBC, que citó como su fuente a ex funcionarios de esa agencia y un documento de planificación.

Esta nueva unidad, según NBC, proveerá a DHS con “indicios y advertencias” de posibles oleadas de migrantes recolectando datos de personal de la agencia en América Central y América del Sur.

La cadena añadió que el documento de planificación de DHS indica el propósito de “establecer vigilancia aérea de los camiones y campamentos de migrantes que se congregan en las fronteras, y un incremento de la comunicación con las agencias de inteligencia y de policía en otros países”.

La información permitirá que DHS asigne recursos y personal a las áreas de la frontera donde se esperan las caravanas y, según funcionarios que NBC cita pero no identifica, ayudará a contrarrestar los mensajes en redes sociales que aseguran, falsamente, que EE.UU. permitirá a ingresar y quedarse a los migrantes que llegan hasta su frontera.

Uno de los funcionarios citados dijo que la estrategia apunta a contrarrestar esos mensajes “antes que los migrantes emprendan las travesías peligrosas porque ‘una vez que están en México, ya es tarde’”.

En este sentido, la pasada semana el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió al Departamento de Justicia (DOJ) federal que investigue la supuesta “facilitación del tráfico de personas” en la frontera por parte de Facebook.

Brnovich pidió en una carta al DOJ que detenga el estímulo activo y la facilitación de la entrada irregular de inmigrantes por parte de la red social, que, en su opinión, permite que las “publicaciones que promueven el tráfico de personas y la entrada ilegal a Estados Unidos lleguen regularmente a sus miles de millones de usuarios”.

El fin de semana pasado, líderes de organizaciones civiles se conectaron a una reunión virtual con miembros del equipo del Gobierno del presidente Joe Biden, pero solamente para dejar en claro que están “hartos” de las promesas incumplidas en asuntos migratorios, sobre todo tras el anuncio en el reinicio del programa “Permanecer en México”. Tras ello, se desconectaron del encuentro.

“Los defensores del asilo de la frontera sur y los aliados nacionales abandonaron una reunión con funcionarios de alto nivel de Biden en protesta por los planes del gobierno de restablecer el cruel e inhumano programa ‘Permanecer en México’ de la era Trump”, dijeron en un comunicado conjunto las organizaciones.

Los activistas, como la coalición Welcome with Dignity (Bienvenida con dignidad), también critican la aplicación del Título 42 para deportación expedita de personas bajo argumentos de salud pública por la pandemia de COVID-19.

La relación entre activistas y la Administración Biden está cada vez peor y ahora aseguran que no volverán a reunirse con los responsables de las políticas migratorias hasta que tengan un plan de cómo cancelarán el programa “Permanecer en México”, también conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

Luis Guerra, defensor de los derechos de los inmigrantes e integrante de la organización Catholic Legal Immigration Network (CLINIC), reconoció el elevado nivel de “hartazgo y cansancio” de estos grupos por la posición del Gobierno les llevó a dejar la reunión con una decena de altos funcionarios del Gobierno.

“Existe una decepción, una frustración (con el Gobierno) como no ha existido antes”, aseguró.

El plan económico del presidente Joe Biden en Centroamérica tardará todavía mucho tiempo para rendir frutos y evitar la inmigración irregular, pero el demócrata busca detener lo antes posible las caravanas migrantes, por lo cual planea una red de vigilancia en esa región y Sudamérica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), liderado por Alejandro Mayorkas, es el responsable de la planificación y la integración de una célula de recopilación de inteligencia para monitorear los movimientos de grupos de migrantes hacia los Estados Unidos.

Así lo reportó NBC News con base en documentos que obtuvo, donde se indica que la célula de vigilancia operaría a finales de este mes.

“Proporcionaría a la agencia ‘indicaciones y advertencias’ de posibles oleadas de migrantes mediante la recopilación de inteligencia del personal del DHS“, se indica. “Buscaría establecer vigilancia aérea de camiones y campamentos de migrantes. concentrarse en las fronteras y aumentar la comunicación con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y las agencias de aplicación de la ley en otros países”.

Funcionarios del DHS confirmaron el plan y aseguraron que se destinarán recursos a áreas específicas donde se considera que puede haber concentración de inmigrantes camino a los EE.UU.

La Administración Biden defiende la estrategia asegurando que los grupos que promueven estas caravanas dan falsas esperanzas a las personas, al asegurar que EE.UU. permitirá a todos los no ciudadanos “quedarse en el país”.

“La estrategia de Estados Unidos es contrarrestar los mensajes falsos antes de que los migrantes se embarquen en viajes peligrosos“, dijo un funcionario.

Las autoridades consideran que si los inmigrantes llegan a México, “ya es demasiado tarde” para detener su camino a la frontera con EE.UU.

La estrategia significa un cambio en las políticas federales, ya que la La recopilación y difusión de información de inteligencia sobre los movimientos migratorios solía recaer en la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS, acusando que el Gobierno de Donald Trump dejó de realizar esa actividad.

“Dos exfuncionarios que trabajaron en la Administración Trump dijeron que la oficina se debilitó, en gran medida, durante la administración anterior“, indicaron.

Agregaron que el enfoque del pasado Gobierno fue el muro fronterizo, una estrategia que no ha funcionado para detener el paso de inmigrantes.

“El enfoque casi singular de la Administración Trump en la construcción de un muro fronterizo como solución para detener la migración ilegal y la entrada de drogas ilegales al país en realidad resultó en lo contrario”, consideró un funcionario.

El secretario de Estado, Antony Blinken, informó sobre una reunión que tuvo con el ministro de Exteriores chileno, Andrés Allamand, para evaluar los requisitos que exige Chile a los migrantes para regularizar su situación.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, explicó en un comunicado que ambos conversaron sobre la documentación que Chile requiere a los migrantes para llevar a cabo el proceso de regularización.

Blinken aplaudió también la participación de Chile en una reunión ministerial sobre migración en Bogotá y agradeció a Allamand por el apoyo chileno a los refugiados y migrantes en la región, en especial a los procedentes de Venezuela y Haití.

Por su parte, Price afirmó que durante el encuentro telefónico debatieron sobre las metas “comunes” en los lazos bilaterales, como la adopción de acciones inmediatas para respaldar una migración “ordenada, segura y humana” en la región, así como la búsqueda para tratar de controlar el flujo de indocumentados en el continente.

Blinken también anunció el inicio de una ronda de visitas hacia Colombia y Ecuador, donde se entrevistará los presidentes Iván Duque y Guillermo Lasso, respectivamente.

PUERTO RICO INMIGRACIÓN
San Juan, 19 oct (EFE).- Unas 40 personas fueron detenidas en la mañana de este martes al tratar de llegar ilegalmente por la costa suroeste de Puerto Rico, informó la Policía local.

Las nacionalidades de los detenidos aún no han sido reveladas por las autoridades.

Según se detalló en un comunicado de prensa, personal adscrito a la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico fue el cual encontró una embarcación de fabricación casera cerca de la Bahía de Playa Sucia en el mencionado municipio y donde viajaba el grupo.

Por otra parte, otros oficiales de la FURA son respaldados con colegas de la Guardia Costera estadounidense con otra embarcación en el área de Isla de Mona, en el extremo oeste de Puerto Rico, con más personas de estatus migratorio no definido.

Los manifestantes exigían un camino a la ciudadanía para los indocumentados, así como un alto a las deportaciones de migrantes haitianos. Diez de ellos fueron detenidos tras formar una cadena humana y acostarse en el piso de la entrada del puerto.

El grupo fue arrestado mientras se trasladaba en una camioneta, luego de que en una playa cercana a Los Ángeles fuera encontrada la embarcación, conocida como panga, que los había trasladado desde México.

Varias personas y grupos latinos presentaron el lunes una demanda que impugna los mapas de redistribución de distritos elaborados por la Legislatura de Texas, alegando que diluyen los derechos de voto de los latinos.

La demanda fue presentada el lunes por la tarde cuando la Legislatura de Texas estaba a punto de completar los mapas de la Cámara de Representantes que apuntalan a los republicanos y no añaden distritos adicionales de mayoría latina, a pesar de que los latinos representan más de la mitad del crecimiento del estado.

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Los mapas del Congreso seguían negociándose el lunes mientras la Cámara de Representantes y el Senado de Texas limaban asperezas.

La Ley de Derecho al Voto protege el derecho de los votantes de las minorías a elegir quién los representa, sea o no una persona de color.

Thomas Sáenz, presidente y consejero general del Fondo Mexicano-Americano para la Defensa Legal y la Educación, o MALDEF, un grupo legal latino de derechos civiles, señaló que los mapas son típicos de los intentos anteriores de la Legislatura de Texas, controlada por el Partido Republicano, de diluir los derechos de voto de los latinos.

MALDEF representa a los demandantes.

“Texas tiene un historial único de desprecio por el crecimiento de la comunidad latina que se remonta a décadas atrás y que lleva a demandas exitosas por parte de MALDEF y otros”, dijo Sáenz. “Los mapas son típicos de ese historial único y de larga recorrido de desprecio por los derechos civiles de los latinos”.

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SEPT. 21, 202102:48
La demanda alega que los mapas trazados para los distritos congresionales, legislativos y de la Junta Estatal de Educación violan la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto y deben ser desechados. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Oeste de Texas.

En su decisión de 2013 en el caso Shelby contra Holder, el Tribunal Supremo básicamente liquidó la Ley de Derecho al Voto al anular la protección de la Sección 5 contra la discriminación.

La demanda nombra al gobernador Greg Abbott y a José Esparza, subsecretario de Estado, como demandados.

Los republicanos han defendido los mapas, diciendo que fueron trazados sin tener en cuenta la raza y que pasan las pruebas legales.

[Greg Abbott prohíbe los mandatos de vacunas contra el COVID-19 en Texas]

El censo de 2020 reveló que la población de Texas creció en casi 4 millones de personas, lo que lo convierte en el único estado que agregó dos escaños en el Congreso debido al crecimiento de la población.

La secretaria electoral del condado de Harris, Nora Martínez, a la izquierda, ayuda a un votante, en Houston, Texas, el 29 de junio de 2020.
La secretaria electoral del condado de Harris, Nora Martínez, a la izquierda, ayuda a un votante, en Houston, Texas, el 29 de junio de 2020.David J. Phillip / AP
La población latina en Texas creció en 1.98 millones de personas, mientras que la población blanca sólo creció en 187,252. Los latinos van camino de superar en número a los blancos a finales de año o principios del próximo, y se encuentran casi en paridad con la población blanca de Texas.

El aumento de otras poblaciones minoritarias, incluidas las personas que se identifican como más de una raza, fue responsable del 95% del aumento de la población, según la demanda.

La demanda también argumenta que el censo de 2020 muestra que los mapas ordenados por el tribunal que se utilizaron en las elecciones generales de 2020 “no reflejan los cambios de población que se produjeron en la última década y están inconstitucionalmente mal repartidos”.

Nina Perales, vicepresidenta de litigios de MALDEF, dijo en un comunicado de prensa: “Texas ha vuelto a adoptar planes que diluyen la fuerza del voto latino. Los nuevos planes de redistribución de distritos son un intento ilegal de frustrar el cambiante electorado de Texas y deben ser anulados”.

[Una corte federal de apelaciones permite que Texas siga prohibiendo la mayoría de los abortos]

Las impugnaciones a los últimos mapas de redistritación de Texas se prolongaron durante casi una década.

En 2018, el Tribunal Supremo, en una decisión de 5-4, anuló las sentencias de tribunales inferiores que afirmaban que Texas diluía el poder de voto de los latinos del estado y que el estado no pudo demostrar que su mapa no era discriminatorio. El alto tribunal dictaminó que era un error obligar a Texas a demostrar que no discriminaba y no le obligó a dibujar sus mapas de 2010.

MALDEF presentó la demanda el lunes, incluso cuando está resolviendo el pago de los honorarios de los abogados de una demanda de hace una década que presentó contra Texas por su última ronda de redistribución de distritos.

“Al mismo tiempo que el tribunal está determinando cuántos millones de dólares tendrán que pagar por violar la ley hace 10 años, aquí están haciendo lo mismo de nuevo, poniendo en riesgo más y más dinero de los contribuyentes, porque van a perder de nuevo”, afirmó Sáenz.

Los demandantes son: la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el Proyecto de Educación para el Registro de Votantes del Suroeste, Mi Familia Vota, el Foro Americano de IG, La Unión del Pueblo Entero, la Asociación de Abogados México-Americanos, los Hispanos de Texas Organizados para la Educación Política, el Instituto William C. Velásquez, FIEL Houston Inc, la Asociación de Administradores y Superintendentes Latinos de Texas y Emelda Menéndez, Gilberto Menéndez, José Olivares, Florida Chávez y Joey Cárdenas.

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Por otra parte, el Caucus Legislativo Mexicano-Americano solicitó que se tomara declaración a un operativo republicano de redistribución de distritos que fue contratado por el estado para determinar el papel que desempeñó en la redistribución de distritos de Texas.

Los miembros del grupo dijeron que quieren la deposición para una investigación de posibles violaciones de las leyes de Gobierno abierto del estado.

El diario Texas Tribune informó que Foltz ayudó a trazar los mapas legislativos de Wisconsin que fueron desechados por un juez y criticó el secretismo de Foltz en el trazado de los mapas.

La inmigrante Lina Hidalgo se toma muy en serio su trabajo y su deseo de “llevar a cabo ciertos cambios”. Esta joven jueza critica la gestión de la pandemia del gobernador, Greg Abbott, así como su posición extremista con respecto al aborto.

Para Fernando Tapia ha sido una espera frustrante durante 27 años, incluida la imposibilidad de entrar a la universidad por no tener documentos. En los últimos 10 años las peticiones de asilo aumentaron un 400%.