La deportación de la inmigrante guatemalteca Lourdes de León el 10 de mayo, sin su hijo Leo y después de haber firmado una orden de salida voluntaria ( formulario I-210), volvió a encender las alarmas dentro de la comunidad inmigrante.
La deportación de De León fue confirmada a Univision Noticias por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). La mujer fue expulsada el 7 de junio sin su pequeño hijo, al que ahora reclama.
El pequeño Leo es uno de los 2,342 menores que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce haber separado entre el 9 de mayo y el 19 de junio, como parte de la implementación de la política de ‘tolerancia cero’ en la frontera ordenada por el presidente Donald Trump a comienzos de abril.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿sabía Lourdes los riesgos que implicaba firmar una salida voluntaria? Ella asegura que firmó porque le prometieron devolverle a su hijo, pero al final la deportaron sola. ¿Alguien le dijo qué consecuencias tiene un inmigrante cuando firma la salida voluntaria?
El último recurso
Abogados consultados por Univision Noticias advierten los peligros de firmar una orden de salida voluntaria. “Si lo hace, pierde todos los privilegios y derechos de permanencia en Estados Unidos”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
Activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes señalan que en los centros de detención de ICE con frecuencia los agentes piden a los internos que firmen la salida voluntaria para acelerar los procesos. Y los inmigrantes ceden por miedo y desconocimiento del sistema.
“Mire, hay que ser respetuoso con la autoridad. Lo cortés no quita lo valiente. No tiene que firmar una orden de salida voluntaria si no sabe lo que dice, si está en inglés y usted no lo entiende”, agrega Barrón.
El abogado dice además que “ el gobierno puede darle toda la información en su idioma y los inmigrantes tiene derecho a pedir un abogado, pero debe pagarlo el detenido. El debido proceso migratorio es distinto al debido proceso criminal, donde el detenido si no tiene recursos entonces el estado le asigna un abogado de oficio”.
Una vez el inmigrante se entera que pierde sus derechos de permanencia, “entonces si decide firmar que lo haga. Pero debe conocer las consecuencias”, subraya Barrón.
