Con la presencia de agentes de inmigración en los juzgados enfocándose en víctimas de delitos, queda claro que la prioridad no es la seguridad pública, sino la implacable deportación
Washington, DC — Líderes estatales y locales de las fuerzas del orden y del poder judicial han condenado la presencia de agentes de inmigración en los juzgados durante el gobierno de Trump, señalando que su presencia daña la seguridad pública al disuadir a los inmigrantes de reportar delitos y fungir como testigos. En respuesta, el gobierno ha defendido esta práctica en términos cada vez más extravagantes, al culpar a las políticas “santuario” (asegurandofalsamente que perjudican la seguridad pública, cuando es todo lo contrario) e incluso culpando a potenciales víctimas de delitos.
Ayer, el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), David Lapan, defendió las acciones de seguridad realizadas en los juzgados en contra de los inmigrantes que son víctimas de delitos, al decir: “Solo porque son víctimas en ciertos casos no significa que no haya nada en sus antecedentes con lo que pudieran ser considerados extranjeros deportables. Solo porque son testigos no quiere decir que no puedan ser una amenaza a la seguridad por otras razones”.
Este enfoque perjudica la seguridad pública. En Denver, por ejemplo, laprocuradora de la ciudad, Kristin Bronson, informó que ha tenido que desestimar múltiples casos de violencia doméstica debido a que las mujeres indocumentadas se rehúsan a fungir como testigos por el temor a la presencia de agentes de inmigración en los juzgados. En Los Ángeles, el jefe del LAPD, Charlie Beck, informó recientemente que su depertamento ha visto una drástica baja en los informes de violencia doméstica y abuso sexual, debido al temor entre la comunidad inmigrante a la creciente colaboración entre el sistema de justicia y los agentes de inmigración. El procurador de justicia de San Francisco, George Gascón, dijo recientemente que la presencia de ICE en los juzgados es “una gran miopía… el escalofriante impacto que tiene en toda la comunidad es devastador”.
Según Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund, “ahora queda claro que la prioridad del gobierno de Trump no es la seguridad pública, sino la ciega obsesión de arrestar y deportar inmigrantes a cualquier costo. Es irónico que en cada espacio de transporte público —metro, aeropuerto, estación de tren— se nos insista con el mantra de ‘Si ves algo, di algo’. Bueno, el mensaje del DHS a los inmigrantes es ‘ser miedosos’ y ‘si ves algo, no digas nada’. Esto contradice la buena vigilancia policial y socava la seguridad pública”.
