Washington, DC – Un perturbador artículo del USA Today, basado en una solicitud de la ACLU de Carolina del Norte bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), destaca cómo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha enfocado en llenar cuotas de deportaciones centrándose en inmigrantes considerados de “baja prioridad”. A pesar de una política establecida de que las deportaciones se centrarían en criminales, ICE persigue agresivamente a personas por delitos menores para cumplir con su cuota de 400 mil deportaciones anuales, cuotas a las que ICE llama “medidas de desempeño”.
Un análisis de las cifras del DHS demuestra que en el año fiscal 2012 el departamento deportó a cientos de miles de inmigrantes que se supone fueran de “baja prioridad”, muchos de ellos los mismos inmigrantes que el presidente Obama y una amplia mayoría de los estadounidenses consideran que deben tener la oportunidad de legalizarse y de iniciar un camino a la ciudadanía. Según el análisis, 45% de todos los deportados en el año fiscal 2012 fueron inmigrantes sin ningún historial criminal.
La siguiente es una declaración de Frank, Sharry, director ejecutivo de America’s Voice Education Fund:
“Esto es indignante. ¿Por qué ICE y el DHS insisten en deportar a las mismas personas que el presidente Obama quiere colocar en un camino a la ciudadanía? Se supone que la protección temporal a los Soñadores o DREAMers y la discreción procesal para decidir quién es o no removido del país hubiera reducido la cifra de deportaciones y por una buena razón. Porque simplemente no hay suficientes “criminales peligrosos” entre la población de indocumentados para llenar la cuota anual de 400 mil deportaciones. Pero por razones políticas algunos en el DHS están interesados en apaciguar a ciertos elementos de línea dura aunque eso suponga dividir familias y deportar a muchos de los que podrían ser elegibles para legalizar su estatus y colocarse en un camino a la ciudadanía bajo la reforma migratoria que podría aprobarse y promulgarse en los próximos meses. El presidente Obama debe ordenarle al DHS que siga sus prioridades y que elimine la cuota que no tiene nada que ver con efectividad en la aplicación de leyes sino con acumular puntos políticos y destruir familias que están a punto de ser reconocidas plenamente bajo la ley”.
