La administración Obama debe dejar de deportar a quienes podrían ajustar su estatus migratorio bajo la legislación pendiente
Washington, DC – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el gobierno federal deportó a 368,644 inmigrantes en el pasado año fiscal. Aunque esto representa una reducción con respecto al año anterior, sigue siendo cierto que la administración Obama ha batido récords de deportaciones.
A continuación una declaración de Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice:
“Es repulsivo que la administración Obama esté deportando más inmigrantes que ninguna otra administración en la historia, especialmente cuando la inmensa mayoría de quienes son deportados podrían llenar los requisitos para legalizarse y aspirar a la ciudadanía bajo la legislación que la propia administración Obama apoya. Lo que tienen que hacer el presidente Barack Obama y el nuevo secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, es dejar de deportar a personas que podrían legalizarse bajo la legislación pendiente y decirle a ICE que deje de arrebatar a los trabajadores inmigrantes de sus familias y de sus empleos. En esta etapa del año cuando las familias deben estar celebrando juntas, es desgarrador que nuestro gobierno esté fijando récords por separar familias. Existe además una enorme brecha entre lo que administración dice y lo que hace. En 2011 el DHS anunció la política pública de discrecionalidad procesal sobre las deportaciones para centrar las remociones “en lo peor de lo peor”. Sin embargo, estas políticas públicas no se han implementado debidamente y en su totalidad. Argumentan además que la mayor parte de los deportados son “criminales convictos”, una etiqueta alarmante hasta que uno se da cuenta de que su propia definición de “criminales convictos” supone violaciones de tránsito y otras ofensas menores (ver aquí y aquí). Argumentan también que la única respuesta a esta situación es la vía legislativa, y realmente es la mejor solución y la más permanente, pero se niegan a emplear simultáneamente su sustancial autoridad administrativa para atajar la descontrolada maquinaria de detenciones y deportaciones. Es hora de que la administración haga su parte y deje de deportar personas que no son criminales y que están profundamente enraizadas y hacen enormes contribuciones al país que ahora llaman su hogar”.
